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Consejo de Estado Providencia

Acción de repetición: Sentencia

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Fecha
2022-08-22
Radicado
50001233100020014054401
Número interno
61007
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-
Demandado
NORBERTO PELAEZ RESTREPO

Síntesis de la providencia

Acción de repetición: Sentencia

Lo que dijo la Sala

La procedencia de la acción de repetición pende de la constatación de la concurrencia de cuatro (4) presupuestos, a saber: (i) la condición de servidor o ex servidor público de la persona contra la que se repite; (ii) la obligación reparatoria a cargo del Estado; (iii) el pago efectivo de la obligación reparatoria; y (iv) la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público. Siendo los primeros tres elementos de carácter objetivo y el último de carácter subjetivo.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista debe cumplir con cuatro presupuestos para proceder con la acción de repetición: la condición de servidor o ex servidor público de la persona contra la que se repite, la obligación reparatoria a cargo del Estado, el pago efectivo de la obligación reparatoria y la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público. La Sala modifica la interpretación anterior al establecer que el término de caducidad de la acción de repetición comienza a correr a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, en caso de que no se haya pagado la totalidad de la condena en el plazo inicialmente establecido. Esto implica que el cómputo del término de caducidad no se inicia necesariamente desde la fecha del pago total, sino desde la fecha límite del plazo de 18 meses, lo que puede afectar la oportunidad de presentar la acción de repetición.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Los presupuestos para la procedencia de la acción de repetición, son: la condición de servidor o ex servidor público de la persona contra la que se repite, la obligación reparatoria a cargo del Estado, el pago efectivo de la obligación reparatoria y la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?
  • ¿El término de caducidad de la acción de repetición empieza a correr a partir de la fecha en que se realice el pago total o, a más tardar…
  • ¿Constituye una certificación emitida por la tesorera general de la entidad accionante prueba del pago efectivo de la obligación reparatoria…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO CONDENA CONTRA EL ESTADO PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN DEMOSTRACIÓN DEL DOLO DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PAGO TOTAL PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE LA NORMA PAGO DE LA CONDENA PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA CERTIFICACIÓN DEL BANCO COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE PAGO DE LA CONDENA DOCUMENTO PÚBLICO CONTENIDO DEL DOCUMENTO PÚBLICO VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO PRUEBA DEL PAGO ORDEN DE PAGO DOCUMENTO PÚBLICO AUTÉNTICO ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO DOLO CONFIGURACIÓN DEL DOLO PRUEBA DEL DOLO CULPA GRAVE PRUEBA DE LA CULPA GRAVE RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE ACCIÓN DE REPETICIÓN POR CONDENA EN PROCESO LABORAL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO RETIRO DEL SERVICIO POR INCONVENIENCIA DEL EMPLEADO DEL INPEC RECONOCIMIENTO DEL PAGO DEL SALARIO DEJADO DE PERCIBIR CARGA DE LA PRUEBA EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Acción de repetición: Sentencia
Titulación de la relatoría 11.944 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE Problema jurídico: ¿Los presupuestos para la procedencia de la acción de repetición, son: la condición de servidor o ex servidor público de la persona contra la que se repite, la obligación reparatoria a cargo del Estado, el pago efectivo de la obligación reparatoria y la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a procedencia de la acción de repetición pende de la constatación de la concurrencia de cuatro (4) presupuestos, a saber: (i) la condición de servidor o ex servidor público de la persona contra la que se repite; (ii) la obligación reparatoria a cargo del Estado; (iii) el pago efectivo de la obligación reparatoria; y (iv) la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público. Siendo los primeros tres elementos de carácter objetivo y el último de carácter subjetivo. NOTA DE RELATORÍA: Referente a los presupuestos de procedencia de la acción de repetición, consulta sentencia de 5 de diciembre de 2006, Exp. 22056, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 27 de diciembre de 2006, Exp. 22099, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 3 de octubre de 2007, Exp. 24844, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 26 de febrero de 2909, Exp. 30329, C.P. Ramiro Saavedra Becerra y sentencia de 13 de mayo de 2009, Exp. 25694, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. ACCIÓN DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción contenciosa administrativa conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo (CCA) y el artículo 7 (inciso 1°) de la Ley 678 de 2001. En consonancia con lo anterior, se tiene que esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, conforme lo dispuesto por el mencionado artículo 7 (inciso 3°) de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 CCA. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 3 PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO TOTAL / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL / EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE LA NORMA Problema jurídico: ¿El término de caducidad de la acción de repetición empieza a correr a partir de la fecha en que se realice el pago total o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en la ley? Respuesta al problema jurídico: Si En principio, el término para formular pretensiones de repetición es "de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha de pago total efectuado por la entidad, según el artículo 136.9 del CCA". Sin embargo, la, Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de la anterior disposición", al advertir que en el evento en el cual no se hubiere pagado la totalidad de la condena respectiva en dicho término, este se debe contabilizarse a más tardar desde el vencimiento del plazo de dieciocho (18) meses, previsto en el artículo 177 del CCA. En tales condiciones, se observa que aun cuando en el sub examine está demostrado que el INPEC canceló la totalidad del monto al que fue condenado judicialmente el 20 de octubre de 2000 lo cierto es que dicha fecha no puede ser tomada como punto de partida para realizar el conteo de caducidad, toda vez que dicho pago se efectuó con posterioridad al plazo máximo de 18 meses establecido por la norma mencionada en el párrafo anterior. Entonces, como está demostrado que la sentencia por la que se condenó a dicho Instituto cobró firmeza el 22 de octubre de 1998 el claro que el plazo precitado se cumplió el 22 de abril del 2000 y, subsecuentemente, el término bienal para la presentación oportuna de la acción de repetición vencía el 22 de abril del 2002. Por consiguiente, la demanda presentada el 18 de diciembre de 2001 se ejerció de manera oportuna. NOTA DE RELATORÍA: Referente al cómputo del término de caducidad de la acción de repetición, consultar sentencia de la Corte Constitucional, Exp. C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 9, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CERTIFICACIÓN DEL BANCO / COMPROBANTE DE PAGO / ORDEN DE PAGO DE LA CONDENA / DOCUMENTO PÚBLICO / CONTENIDO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO OBITER DICTUM La Sala estima prudente recordar, como bien lo estableció detalladamente en un pronunciamiento reciente, que la Sección Tercera de esta Corporación no tiene una posición uniforme sobre cómo se debe demostrar, en el marco de las acciones de repetición, el pago efectivo de la condena impuesta judicialmente a una entidad pública, por el contrario existen dos (2) criterios transversalmente opuestos. El primero establece que para acreditar dicho pago es requisito sine qua non aportar certificación bancaria o constancia de recibo del accipiens, pues solo con dichos documentos se puede tener certeza de que la prestación hubiere sido efectivamente cancelada. El segundo criterio, determina que es posible demostrar la acreditación del pago ya fuere con las órdenes de pago o con las certificaciones suscritas por el ordenador del gasto, el secretario, el director o el jefe de presupuesto de la entidad pública, pues dichos documentos se constituyen en públicos y vinculantes, pues contienen y reflejan la propia manifestación de voluntad de la entidad condenada, en el sentido de hacer constar el cumplimiento de la condena. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la prueba del pago de la condena en la acción de repetición, consultar sentencia de 31 de enero de 2020, Exp 42037, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ORDEN DE PAGO / DOCUMENTO PÚBLICO / CONTENIDO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / DOCUMENTO PÚBLICO AUTÉNTICO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO Problema jurídico: ¿Constituye una certificación emitida por la tesorera general de la entidad accionante prueba del pago efectivo de la obligación reparatoria, como requisito de prosperidad de las pretensiones de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala debe concluir que, ante la falta de un criterio uniforme sobre la acreditación del pago, la certificación expedida por la tesorera general del INPEC resulta suficiente para acreditar que la entidad pública demandante cumplió la obligación surgida en la condena judicial impuesta, porque, siguiendo los lineamientos del segundo criterio, se trata de un documento público, pues contiene y refleja la voluntad de la administración de dar cumplimiento a una obligación surgida, acredita el nombre del beneficiario, la fuente de la obligación, la entidad bancaria, el número de cuenta de quien recibió, la suma de dinero plagada y la fecha en que se realizó el pago. Además, se presume auténtico, pues existe certeza del servidor público que los expidió y el cargo que ejercía. Por lo expuesto, la respuesta al primer problema jurídico planteado es afirmativa, porque la certificación mencionada acredita fehacientemente el pacto efectivo de la condena judicial impuesta al INPEC y que sustentó la pretensión de reembolso. ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CONFIGURACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE Problema jurídico: ¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado conlleva automáticamente la configuración del dolo o la culpa grave del funcionario o particular que cumple funciones públicas? Respuesta al problema jurídico: No [E]n el marco de la acción de repetición la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no equivale automáticamente al dolo o la culpa grave del funcionario o particular que cumple funciones públicas, pues el criterio del juez contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad patrimonial del Estado no ata al juez de la repetición", el cual debe centrarse en un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente, bajo las pruebas legalmente acopiadas, cuyo mérito y resultados pueden diferir del que tuvieron las pruebas allegadas al proceso de reparación. NOTA DE RELATORÍA: Referente al elemento subjetivo de la acción de repetición, consultar sentencia de 3 de diciembre de 2007, Exp. 29222, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de 29 de noviembre de 2019, Exp. 43056, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. ACCIÓN DE REPETICIÓN POR CONDENA EN PROCESO LABORAL / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RETIRO DEL SERVICIO POR INCONVENIENCIA DEL EMPLEADO DEL INPEC / RECONOCIMIENTO DEL PAGO DEL SALARIO DEJADO DE PERCIBIR / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Está probado que el accionado incurrió en una conducta gravemente culposa al proferir la Resolución por medio de la cual retiró del servicio a varios funcionario, entre ellos, al actor? Respuesta al problema jurídico: No [F]orzoso resulta concluir que la respuesta al segundo problema jurídico planteado es negativa, pues en el sub examine la parte actora, quien tenía la carga de la prueba, no demostró el actuar gravemente culposo del señor P. R. al presuntamente desconocer de manera consiente una previsión legal que vacía de necesaria para proceder a la desvinculación del servicio del dragoneante D. M. En definitiva, esta Subsección modificará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarará probada solo la excepción de "inexistencia de culpa grave", propuesta por la parte demandada, y, consecuencialmente, negará las pretensiones de la demanda. IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Se acreditó temeridad o mala fe en el actuar de las partes que conlleve a la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: No No hay lugar a la imposición de costas debido a que en el presente asunto no se evidenció actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para proceder de esta forma. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 NUMERAL 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55
Texto extraído del PDF oficial 39.709 caracteres
Expediente: 50001-23-31-000-2001-40544-01 (61007) Demandante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022) Radicado número: Demandante: Demandado: Referencia: 50001-23-31-000-2001-40544-01 (61007) Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) Norberto Peláez Restrepo Acción de repetición Tema: Repetición. Subtema 1: Reembolso del pago originado en una condena judicial. Subtema 2: Objeto del recurso de alzada y competencia funcional del ad quem. Subtema 3: Presupuestos para la prosperidad de la acción de epetición. Subtema 4: Régimen legal aplicable al caso concreto. Subtema 5: Elemento objetivo - el pago efectivo de la obligación reparatoria. Subtema 6: Elemento subjetivo — culpa grave o dolo. Subtema 7: Incumplimiento de la carga probatoria. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA De conformidad con la prelación dispuesta en sesión del 5 de mayo de 20051, la Subsección resuelve el recuiso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la sentencia proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Meta, el 11 de septiembre de 2017, en la que declaró probada las excepciones de inexistencia de culpa grave y de no acreditación del pago y, consecuencialmente, negó las súplicas de la demanda. I. SÍNTESIS DEL CASO En el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el Tribunal Administrativo del Meta condenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante, "INPEC") al reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir por José Saulo Díaz Mora, quien se desempeñaba como dragoneante, debido a la declaración de nulidad de la Resolución 0071 del 12 de enero de 1995 por medio de la cual Norberto Peláez ilestrepo, en su condición de director general del Instituto, había retirado del servicio por inconveniencia a aquel servidor público. Como consecuencia de lo anterior, el INPEC pretende, en este contencioso, que la suma cancelada en cumplimiento de dicha condena judicial sea reembolsada por el exfuncionario accionado, al que, de forma general, le atribuye un actuar gravemente culposo en la expedición d& acto administrativo de retiro. II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda El 18 de diciembre de 20012, el INPEC3 presentó, con fundamento en los supuestos fácticos referidos en la sín:esis del caso, demanda en ejercicio de la acción de repetición, en contra de Nmberto Peláez Restrepo con la que, en síntesis, pretende: (i) se le declare responsable de los perjuicios ocasionados "debido a la sentencia EH a favor de José Saulo Díaz Mora"; (ii) se le condene a cancelar la suma de $39.172.337, 1 Según consta en el acta núm. 15 Euscrita en esa fecha por la Sección Tercera de esta corporación. 2 Folios 50 a 53 del cuaderno 1. 3 Representado por el jefe de la ofitina jurídica del INPEC, con base en la delegación conferida por el director de la entidad, a través de la resoluc 6n núm. 1972 del 24 de marzo de 1994 (folios 1 a 6, c. 1). Expediente: 50001-23-31-000-2001-40544-01 (61007) Demandante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) "por concepto de capital, interés y demás emolumentos pagados por e/ Instituto en virtud de la sentencia de que trata la pretensión primera". 2.2. El trámite procesal relevante en primera instancia 2.2.1. El 7 de marzo de 20024, el Tribunal admitió la demanda y, posteriormente, notificó el auto admisorio en debida formas. 2.2.2. Dentro del término de fijación en lista6, el demandado contestó la demanda, con oposición a todas las pretensiones en ella formuladas. Como argumentos de defensa propuso las siguientes excepciones: (i) inexistencia deja culpa grave; (11) falta de defensa técnica del INPEC dentro de la acción que originó esta repetición; (iii) irretroactividad de la Ley 678 de 2001; (iv) falta de acreditación de los requisitos de procedibilidad: pago efectivo de la condena y acta del comité de conciliación que ordenó repetir; (y) cosa juzgada. 2.2.3. El 30 de septiembre de 20167, el Tribunal abrió a phiebas el proceso, y una vez concluida la etapa probatorias, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y este rindiera concepto de fondog. 2.2.4. Dentro del término de traslado, el demandado alegó de conclusión, con reiteración de algunas de las excepciones formuladas en la contestaciónw. El ente accionante guardó silencio. El Ministerio Público rindió qpncepto desfavorable a los intereses del ente demandante y, consecuencialmente, 'solicitó la denegación de las pretensiones de la demanda, al estimar que los elementos de prueba aportados eran insuficientes para acreditar el pago efectivo de la condena impuesta". 2.3. La sentencia recurrida El 11 de septiembre de 201712, el Tribunal dictó fallo de primera instancia en el que resolvió "tener por acreditadas las excepciones de inexistencia de culpa grave y de no acreditación del pago, formuladas por el demandado", y, consecuencialmente, negar las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión consideró: 2.3.1. En primer término, que la prosperidad de la acción de repetición requiere la acreditación de cuatro presupuestos, a saber: (i) la condición de agente del Estado del demandado; (ii) la decisión judicial que obligue a un ente público a reparar los daños antijurídicos causados a un particular (iii) el pago total dé los daños; y (iv) la conducta dolosa o gravemente culposa del agente. Asimismo, advirtió que como los hechos que dieron lugar a la decisión de condena en contra del aquí' demandado ocurrieron el 12 de enero de 1995 —fecha de expedición del acto administrativo por medio del cual se retiró del servicio al señor Díaz Mora—, solo se aplicarían los aspectos procesales de la Ley 678 de 2001. 2.3.1.1. En cuanto al primer y segundo presupuesto, manifestó que se encuentran debidamente acreditados con: el certificado de vinculación laboral del señor Peláez Restrepo como director general del INPEC para la época en que se expidió la Resolución de retiro del servicio del dragoneante Díaz Mora; y el f'allo proferido por el Tribunal 4 Folios 54 a 56 del cuaderno 1. 5 Folio 192 del cuaderno 1. 6 Folios 193 a 199 del cuaderno 2. 7 Folio 203 del cuaderno 2. 6 Folio 206 del cuaderno 2. 9 Folio 208 del cuaderno 2. 15 Folio 209 a 2011 del cuaderno 2. 11 Folio 214 del cuaderno 2. 72 Folios 230 a 241 del cuaderno principal. 2 Expediente: 50001-23-31-000-2001-40544-01 (61007) Demandante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) Administrativo del Meta que originó la condena judicial en contra del Instituto ahora demandante. 2.3.1.2. Con respecto al tercer elemento, argumentó que el documento aportado por la entidad actora, certificación expedida por la Tesorería del INPEC en la que consta el giró de los cheques respectivos, es insuficiente para acreditar el pago efectivo, "pues el mencionado documento no emana del beneficiario del pago, de su apoderado o de la entidad bancaria en la que se haya realizado la transacción13. 2.3.1.3. Sin perjuicio de lo anterior, arguyó que si en aras de discusión se tuviera por acreditado el pago de la condena con la certificación mencionada, el cuarto elemento tampoco estaría demostrado, pues si bien la parte actora aportó tanto la Resolución por medio de la cual se retiró del servicio al dragoneante Díaz Mora como la decisión judicial anulatoria de dicho acto adntfinistrativo, "lo cierto es que la jurisprudencia del Consejo de Estado14, ha referido que la decisión del juez de nulidad no es suficiente para la acreditación de la culpa grave, pues los argumentos que allí se aducen atañen a un análisis de la legalidad del acto". 2.4. El recurso de apelación El 12 de diciembre de 201716, la parte accionante recurrió la providencia antedicha, con el fin de que sea revocada y, en su lugar, se acceda a las súplicas de la demanda. Como argumentos de inconformidad adujo: 2.4.1. Respecto a la acreditación del pago que "a /a luz del artículo 1634 del Código Civil colombiano desconoce la Sala el enunciado en lo que se refiere a que "el pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía", que fue la actitud del INPEC al cumplir con la obligación impuesta". 2.4.2. En relación con la culpa grave del agente —elemento subjetivo— manifestó que "es equivocada la apreciación y valoración que hace la Sala a la culpa grave en razón a que el funcionario público está en la obligación de analizar, estudiar y argumentar razonablemente los actos que expide o realiza, así se puede evidenciar que con la expedición del acto administrativo el señor Peláez Restrepo actuó de manera gravemente culposa al no tener en cuenta que le estaba transgrediendo derechos de rango supra al señor Díaz Mora", máxime si se tiene en cuenta que la producción y sustanciación del acto por el que se desvinculó al funcionario o procede del actuar de su conciencia plena, sin tener el sumo cuidado sobre los efectos negativos que su decisión podía producir. 2.5. El trámite procesal relevante en segunda instancia 2.5.1. El 24 de mayo de 201816, esta Corporación admitió el recurso formulado y, luego, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público, para que aquellas alegaran y este conceptuara en esta instancia17. 2.5.2. Dentro del término de traslado, el demandado presentó alegatos finales18, aduciendo que comparte la argumentación expuesta por el a quo en cuanto a la falta de 13 Como fundamento de dicha afirmación citó las siguientes providencias: CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2006, exp. 22099; Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de j

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=500012331000200140544011100103