Expediente: 50001-23-31-000-2001-40544-01 (61007)
Demandante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Radicado número:
Demandante:
Demandado:
Referencia:
50001-23-31-000-2001-40544-01 (61007)
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
Norberto Peláez Restrepo
Acción de repetición
Tema: Repetición. Subtema 1: Reembolso del pago originado en una condena judicial. Subtema 2:
Objeto del recurso de alzada y competencia funcional del ad quem. Subtema 3: Presupuestos para
la prosperidad de la acción de epetición. Subtema 4: Régimen legal aplicable al caso concreto.
Subtema 5: Elemento objetivo - el pago efectivo de la obligación reparatoria. Subtema 6: Elemento
subjetivo — culpa grave o dolo. Subtema 7: Incumplimiento de la carga probatoria.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
De conformidad con la prelación dispuesta en sesión del 5 de mayo de 20051, la
Subsección resuelve el recuiso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la
sentencia proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Meta, el 11 de
septiembre de 2017, en la que declaró probada las excepciones de inexistencia de culpa
grave y de no acreditación del pago y, consecuencialmente, negó las súplicas de la
demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
En el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el Tribunal
Administrativo del Meta condenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en
adelante, "INPEC") al reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de
percibir por José Saulo Díaz Mora, quien se desempeñaba como dragoneante, debido
a la declaración de nulidad de la Resolución 0071 del 12 de enero de 1995 por medio
de la cual Norberto Peláez ilestrepo, en su condición de director general del Instituto,
había retirado del servicio por inconveniencia a aquel servidor público. Como
consecuencia de lo anterior, el INPEC pretende, en este contencioso, que la suma
cancelada en cumplimiento de dicha condena judicial sea reembolsada por el
exfuncionario accionado, al que, de forma general, le atribuye un actuar gravemente
culposo en la expedición d& acto administrativo de retiro.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
El 18 de diciembre de 20012, el INPEC3 presentó, con fundamento en los supuestos
fácticos referidos en la sín:esis del caso, demanda en ejercicio de la acción de
repetición, en contra de Nmberto Peláez Restrepo con la que, en síntesis, pretende: (i)
se le declare responsable de los perjuicios ocasionados "debido a la sentencia EH a
favor de José Saulo Díaz Mora"; (ii) se le condene a cancelar la suma de $39.172.337,
1 Según consta en el acta núm. 15 Euscrita en esa fecha por la Sección Tercera de esta corporación.
2 Folios 50 a 53 del cuaderno 1.
3 Representado por el jefe de la ofitina jurídica del INPEC, con base en la delegación conferida por el director
de la entidad, a través de la resoluc 6n núm. 1972 del 24 de marzo de 1994 (folios 1 a 6, c. 1).
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"por concepto de capital, interés y demás emolumentos pagados por e/ Instituto en virtud
de la sentencia de que trata la pretensión primera".
2.2. El trámite procesal relevante en primera instancia
2.2.1. El 7 de marzo de 20024, el Tribunal admitió la demanda y, posteriormente,
notificó el auto admisorio en debida formas.
2.2.2. Dentro del término de fijación en lista6, el demandado contestó la demanda, con
oposición a todas las pretensiones en ella formuladas. Como argumentos de defensa
propuso las siguientes excepciones: (i) inexistencia deja culpa grave; (11) falta de
defensa técnica del INPEC dentro de la acción que originó esta repetición; (iii)
irretroactividad de la Ley 678 de 2001; (iv) falta de acreditación de los requisitos de
procedibilidad: pago efectivo de la condena y acta del comité de conciliación que ordenó
repetir; (y) cosa juzgada.
2.2.3. El 30 de septiembre de 20167, el Tribunal abrió a phiebas el proceso, y una vez
concluida la etapa probatorias, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
que aquellas alegaran de conclusión y este rindiera concepto de fondog.
2.2.4. Dentro del término de traslado, el demandado alegó de conclusión, con
reiteración de algunas de las excepciones formuladas en la contestaciónw. El ente
accionante guardó silencio. El Ministerio Público rindió qpncepto desfavorable a los
intereses del ente demandante y, consecuencialmente, 'solicitó la denegación de las
pretensiones de la demanda, al estimar que los elementos de prueba aportados eran
insuficientes para acreditar el pago efectivo de la condena impuesta".
2.3. La sentencia recurrida
El 11 de septiembre de 201712, el Tribunal dictó fallo de primera instancia en el que
resolvió "tener por acreditadas las excepciones de inexistencia de culpa grave y de no
acreditación del pago, formuladas por el demandado", y, consecuencialmente, negar las
pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión consideró:
2.3.1. En primer término, que la prosperidad de la acción de repetición requiere la
acreditación de cuatro presupuestos, a saber: (i) la condición de agente del Estado del
demandado; (ii) la decisión judicial que obligue a un ente público a reparar los daños
antijurídicos causados a un particular (iii) el pago total dé los daños; y (iv) la conducta
dolosa o gravemente culposa del agente. Asimismo, advirtió que como los hechos que
dieron lugar a la decisión de condena en contra del aquí' demandado ocurrieron el 12
de enero de 1995 —fecha de expedición del acto administrativo por medio del cual se
retiró del servicio al señor Díaz Mora—, solo se aplicarían los aspectos procesales de la
Ley 678 de 2001.
2.3.1.1. En cuanto al primer y segundo presupuesto, manifestó que se encuentran
debidamente acreditados con: el certificado de vinculación laboral del señor Peláez
Restrepo como director general del INPEC para la época en que se expidió la Resolución
de retiro del servicio del dragoneante Díaz Mora; y el f'allo proferido por el Tribunal
4 Folios 54 a 56 del cuaderno 1.
5 Folio 192 del cuaderno 1.
6 Folios 193 a 199 del cuaderno 2.
7 Folio 203 del cuaderno 2.
6 Folio 206 del cuaderno 2.
9 Folio 208 del cuaderno 2.
15 Folio 209 a 2011 del cuaderno 2.
11 Folio 214 del cuaderno 2.
72 Folios 230 a 241 del cuaderno principal.
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Administrativo del Meta que originó la condena judicial en contra del Instituto ahora
demandante.
2.3.1.2. Con respecto al tercer elemento, argumentó que el documento aportado por la
entidad actora, certificación expedida por la Tesorería del INPEC en la que consta el giró
de los cheques respectivos, es insuficiente para acreditar el pago efectivo, "pues el
mencionado documento no emana del beneficiario del pago, de su apoderado o de la
entidad bancaria en la que se haya realizado la transacción13.
2.3.1.3. Sin perjuicio de lo anterior, arguyó que si en aras de discusión se tuviera por
acreditado el pago de la condena con la certificación mencionada, el cuarto elemento
tampoco estaría demostrado, pues si bien la parte actora aportó tanto la Resolución por
medio de la cual se retiró del servicio al dragoneante Díaz Mora como la decisión judicial
anulatoria de dicho acto adntfinistrativo, "lo cierto es que la jurisprudencia del Consejo de
Estado14, ha referido que la decisión del juez de nulidad no es suficiente para la
acreditación de la culpa grave, pues los argumentos que allí se aducen atañen a un
análisis de la legalidad del acto".
2.4. El recurso de apelación
El 12 de diciembre de 201716, la parte accionante recurrió la providencia antedicha, con
el fin de que sea revocada y, en su lugar, se acceda a las súplicas de la demanda. Como
argumentos de inconformidad adujo:
2.4.1. Respecto a la acreditación del pago que "a /a luz del artículo 1634 del Código Civil
colombiano desconoce la Sala el enunciado en lo que se refiere a que "el pago hecho de
buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito es válido, aunque
después aparezca que el crédito no le pertenecía", que fue la actitud del INPEC al cumplir
con la obligación impuesta".
2.4.2. En relación con la culpa grave del agente —elemento subjetivo— manifestó que "es
equivocada la apreciación y valoración que hace la Sala a la culpa grave en razón a que
el funcionario público está en la obligación de analizar, estudiar y argumentar
razonablemente los actos que expide o realiza, así se puede evidenciar que con la
expedición del acto administrativo el señor Peláez Restrepo actuó de manera gravemente
culposa al no tener en cuenta que le estaba transgrediendo derechos de rango supra al
señor Díaz Mora", máxime si se tiene en cuenta que la producción y sustanciación del acto
por el que se desvinculó al funcionario o procede del actuar de su conciencia plena, sin
tener el sumo cuidado sobre los efectos negativos que su decisión podía producir.
2.5. El trámite procesal relevante en segunda instancia
2.5.1. El 24 de mayo de 201816, esta Corporación admitió el recurso formulado y, luego,
corrió traslado a las partes y al Ministerio Público, para que aquellas alegaran y este
conceptuara en esta instancia17.
2.5.2. Dentro del término de traslado, el demandado presentó alegatos finales18,
aduciendo que comparte la argumentación expuesta por el a quo en cuanto a la falta de
13 Como fundamento de dicha afirmación citó las siguientes providencias: CONSEJO DE ESTADO, Sección
Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2006, exp. 22099; Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24
de j
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