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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

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Consejo de Estado Providencia

La Sala confirmará la decisión de negar las pretensiones

Sentencia — Sentencia 2023-10-24 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 76001233300020130074801 LEY 1437 REPETICION
¿Los demandados en repetición tenían la condición de empleados públicos, trabajadores oficiales o contratistas del Estado? No
La acción de repetición solo procede contra quien tenga la calidad de servidor público, trabajador oficial o contratista del Estado, o de particular que ejerza función pública, de modo que los demandados que no tienen ninguna de esas calidades carecen de legitimación en la causa por pasiva. Una razón es que los profesionales de la salud que atendieron al paciente no tenían relación legal y reglamentaria, vínculo contractual ni de otra índole con la entidad pública condenada, por lo que no eran servidores públicos. Otra razón es que el expediente muestra que sus vínculos se originaban en un contrato de prestación de servicios de salud con un tercero, lo que no los convierte en agentes del Estado ni en particulares que cumplan funciones públicas. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de la demanda de repetición, por falta de legitimación en la causa por pasiva, sin necesidad de examinar la culpa grave. Su consecuencia práctica es que la entidad que pretende repetir debe demostrar, antes de estudiar la conducta, que el demandado tiene la calidad de agente del Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿Los demandados tenían la condición de servidor público, se trataba de particulares que ejercían funciones públicas o eran contratistas del Estado? ¿Se encontró algún vínculo contractual o laboral de la entidad demandante con los profesionales demandados? ¿La demanda presentada se interpuso dentro de la oportunidad legal?
CONFIRMA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Aptitud de la demanda

2018_15001-23-31-000-2000-00472-01_34051 2018-07-25 Sección Tercera
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,APTITUD DE LA DEMANDA,EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO,CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD,INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL – Jurisdicción,Competencia del Consejo de Estado,Sentencias inhibitorios,Razones que las justifican,Cláusulas excepcionales,Limitación,Facultad propia del derecho privado,Supuestos para la procedencia,Incumplimiento del contrato,Contra – Mes: julio – Año: 2018…
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Acto administrativo

2016_25000-23-26-000-2011-00822-02_56453 2016-08-03 Sección Tercera
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD,FORMACIÓN DEL CONTRATO,DEBERES DEL ADJUDICATARIO,OFERTA,CONTRATO ESTATAL,FALSA MOTIVACIÓN,ACTO ADMINISTRATIVO – Continuidad,Integralidad,Transcendencia del principio de planeación,Procesos de contratación estatal,Responsabilidad,Principio de buena fe,Contratación estatal,Suscripción del contrato,Contrato Estatal,Obligación,Consecuencias de – Mes: agosto – Año: 2016…
También resuelve: Contrato de prestación de servicios de salud: continuidad, integralidad Contrato de prestacion de servicios de salud: trascendencia del principio de planeación, procesos de contratación estatal, régimen jurídico aplicable Escogencia del contratista: principios rectores de contratación estatal, contrato de prestación de servicios de salud
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Contrato de prestación de servicios de salud: 25000 23 26 000 2001 01469 01_25892

25000-23-26-000-2001-01469-01_25892 2013-09-27 Sección Tercera
Contrato de prestación de servicios de salud,Existencia,Requisitos para acreditarlo – Mes: enero – Año: 1900…
También resuelve: Contrato de prestación servicios de salud: régimen jurídico aplicable En este sentido es menester iniciar por hacer algunas precisiones sobre el régimen jurídico aplicable al contrato, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del I.S.S., que en el cas o concreto actuaba como Entidad Promotora de Salud. Al respecto, debe señalarse que el régimen de seguridad social adoptado por la Ley 100 de 1993, específicamente respecto del Instituto de Seguros Sociales, en su artículo 275 confirmó su naturaleza de emp resa industrial y comercial del Estado, con el agregado de que en lo atinente a los servicios de salud que prestara, actuaría como una entidad promotora -E.P.S.- y, en ciertos casos, como prestadora de servicios de salud -IPS-, con jurisdicción nacional, d e manera que en cuanto a su disciplina jurídica se aplicarían las normas generales correspondientes a esa fisonomía. Quiere decir lo anterior que, para la fecha de los hechos que originaron el presente proceso, el régimen jurídico de contratación aplicable al Instituto de Seguros Sociales -I.S.S.- es el previsto en las normas comerciales y civiles, es decir, el derecho privado, al tenor de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, en cuyo artículo 179 indicó que «las Entidades Promotoras de Salud prestarán directamente o contratarán los servicios de salud con las Instituciones Prestadoras y los profesionales», y que para racionalizar la demanda por servicios, podrían «adoptar modalidades de contratación y pago tales como capitación, protocolos o presupuestos globa les fijos, de tal manera que incentiven las actividades de promoción y prevención y el control de costos ». Así, cuando es evidente que un contrato estatal debe, en todos los casos, cumplir con principios de la función administrativa y fiscal como la publi cidad, la economía, la responsabilidad de los funcionarios públicos y, sobre todo, la transparencia en las actuaciones adelantadas, no puede pensarse en la posibilidad de un contrato que sea celebrado de una forma que no permita el cumplimiento de estos principios. Por lo tanto, aunque ni las leyes comerciales ni las civiles prevean la necesidad de la constitución de un documento que contenga los elementos fundamentales de un contrato de este tipo para que se predique su existencia, tratándose de un contra to estatal éste requisito sí es indispensable para el perfeccionamiento del acuerdo, porque de otra forma, con la aceptación de la posibilidad de un contrato estatal de carácter consensual, se hace imposible la aplicación de los principios a los que arriba se hizo referencia. No resulta viable la existencia de un contrato que no esté, por ejemplo, sujeto a la posibilidad del escrutinio por parte de un organismo de control que requiera verificar el cumplimiento de mandatos legales en su celebración o ejecución, o que en él se haya producido una correcta ejecución fiscal. Estos argumentos, adquieren mayor fuerza cuando se trata de un contrato como el presente, en el que, por la naturaleza de los recursos públicos que se manejan por regla general en el régimen de seguridad social en salud, se hace necesaria la mayor pulcritud, justeza y prolijidad en la contratación de los servicios de salud, los cuales requieren de las partes una total certeza sobre las obligaciones a su cargo, las prestaciones de tratamientos y medicamentos que reconocerá el contratante y los requisitos para ese reconocimiento. En conclusión, aunque la Sala debe ser congruente con la posición jurisprudencial que ha desarrollado sobre el régimen jurídico aplicable a los contratos de este tipo -en la que, valga decir, no se ha declarado en ningún caso la existencia de un contrato consensual celebrado por una entidad estatal -, reiterando que debe ser el de derecho privado, considera menester aclarar que tratándose de un contrato estatal, debe aplicar aquellos requisitos que procuren la efectivización de los principios constitucionales de la función administrativa y la gestión fiscal [artículos 209 y 267 de la Constitución Política ], dentro de las cuales se encuentra el de que los contratos del Est ado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. CONTRATO ESTATAL, existencia, requisitos para acreditarlo Cabe anotar que la falta de acreditación de la elevación a escrito del acuerdo que la p arte demandante alega haber celebrado con la EPS I.S.S. no puede ser suplida con ninguna otra pieza probatoria obrante en el plenario, dado que en materia de la demostración de la existencia o perfeccionamiento de un contrato estatal, su aludida naturaleza solemne proscribe esa posibilidad, por lo que resultan inocuos los testimonios o documentos cruzados entre las partes que pudieran dar fe de la suscripción del pacto . Se reitera entonces que: La jurisprudencia de la Sala ha determinado, en relación con l a prueba de la existencia de los contratos celebrados por el Estado, que en la generalidad de los casos, su existencia pende y se acredita mediante el documento escrito, razón por la cual se reputan solemnes, tal como lo han dispuesto las distintas regulac iones contractuales, así: artículo 18 del Decreto 150 de 1976, artículo 26 del Decreto -ley 222 de 1983 y artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993. Igualmente ha señalado la Sala que constituye presupuesto para el perfeccionamiento de todo contrato celebrado por el Estado y regido por el Estatuto de Contratación Estatal, la formalidad del escrito, exigencia consagrada igualmente en los estatutos contractuales que antecedieron al actualmente vigente, normas en las cuales se exigía el cumplimiento de varios requ isitos que sólo podían satisfacerse si el contrato constaba por escrito. Esta formalidad de la instrumentación escrita para que el contrato alcance su perfeccionamiento, conviene reiterarlo Consejo de estado Sala de lo contencioso administrativo
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-10-10 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 05001233100020060064202 ACCION CONTRACTUAL
¿Se acreditó que Cajanal SA EPS, con ocasión de la ejecución del contrato de prestación de servicios de salud no. 258 de 2003, incurrió en el incumplimiento de la obligación de pago de los servicios efectivamente prestados, facturados y no pagados, generando con ello unos perjuicios económicos a la parte actora susceptibles de indemnización? No
La Corporación Médica CMD SA pretende la declaración de incumplimiento de Cajanal SA EPS de la obligación de pago y el reconocimiento de los perjuicios ocasionados por cuenta de ello, peticiones que sustenta con un total de trescientas dos (302) facturas… . El análisis de los documentos y facturas que conforman el expediente evidencia que de un total de trescientas dos (302) facturas, ciento ochenta y ocho (188) ya habían sido objeto de pronunciamiento por parte del agente liquidador de Cajanal SA EPS, razón por la cual, tales súplicas comportaban actos administrativos cuyo cuestionamiento de legalidad debió ser objeto de demanda, pues, su motivación se circunscribió al cumplimiento de la orden de supresión y liquidación de Cajanal SA EPS emitida con el Decreto 4409 de 2004, por lo que deberán denegarse tales pretensiones.
También resuelve: ¿Los actos del liquidador de la sociedad Cajanal SA EPS tienen naturaleza jurídica de actos administrativos, con presunción de legalidad…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No están probados los perjuicios causados y, se impone negar las pretensiones de la demanda que persiguen la responsabilidad contractual del contratista demandado y su aseguradora, pero por las razones aquí expuestas.

Sentencia — Sentencia 2022-07-06 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233100020070153601 ACCION CONTRACTUAL
¿La parte actora demostró los perjuicios que le ocasionó el contratista derivados del incumplimiento del contrato y por ende procede la efectividad de la garantía de cumplimiento? No
El contratista no debe indemnizar los perjuicios reclamados por la entidad estatal derivados del incumplimiento del contrato de salud, ya que la entidad no probó adecuadamente la existencia y cuantía de dichos perjuicios, a pesar de su carga probatoria. Aunque el incumplimiento del contrato se demostró, la entidad no presentó pruebas suficientes para establecer la afectación específica y cuantificable de sus derechos. La Sala reitera la importancia de la carga probatoria en acciones de controversias contractuales y matiza la aplicación de la cláusula compromisoria en contratos de seguro de cumplimiento, considerando la postura vigente al momento de la presentación de la demanda, lo que implica que las partes deben estar atentas a las interpretaciones jurisprudenciales vigentes en el tiempo de la presentación de sus acciones.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales fue presentada en término?
Consejo de Estado Providencia

Procede declarar de oficio la caducidad del medio de control en relación con la pretensión de nulidad parcial del contrato.

Sentencia — Sentencia 2025-10-17 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 52001233300020210020401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede declarar de oficio la caducidad del medio de control en relación con la pretensión de nulidad parcial del contrato? Sí
El contratista no puede promover la nulidad parcial del contrato mediante un medio de control de controversias contractuales cuando han transcurrido más de dos años desde su perfeccionamiento y la ejecución del mismo ya ha concluido, ya que la Sala declara de oficio la caducidad del medio de control en estos casos, modificando la sentencia apelada. Además, la Sala confirma que la liquidación unilateral del contrato es válida si no se acredita la ilegalidad de la misma, y establece que el término para demandar inicia a partir del día siguiente a la notificación del acto que resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del acto inicial de liquidación. Esto implica que los plazos para presentar demandas son estrictos y que la Sala puede declarar la caducidad del medio de control de oficio, limitando así las posibilidades de los contratistas para impugnar la liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Se encuentran caducadas las pretensiones relacionadas con la nulidad de la liquidación del contrato de ejecución sucesiva? ¿Se acreditó la ilegalidad de la liquidación unilateral del contrato de prestación de servicios en salud? ¿Procede la condena en costas contra la parte demandante vencida en el proceso?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Se acreditaron circunstancias imprevisibles que dieran lugar al desequilibrio económico del contrato de prestación de servicios

Sentencia — Sentencia 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 08001233100020100006001 ACCION CONTRACTUAL
¿Se acreditaron circunstancias imprevisibles que dieran lugar al desequilibrio económico del contrato de prestación de servicios de salud? Sí
El contratista no acredita el desequilibrio económico del contrato de prestación de servicios de salud debido a la falta de pruebas que demuestren que las circunstancias alegadas eran imprevistas y no imputables a las partes, por lo que la Sala mantiene la decisión que desestima las pretensiones principales. La Sala también decide de fondo la pretensión subsidiaria de enriquecimiento sin causa, pero la deniega porque todo lo reclamado tiene sustento contractual, y liquida judicialmente el contrato debido a la conciliación prejudicial agotada. La regla establece que para reclamar la ruptura del equilibrio financiero del contrato, el contratista debe demostrar la grave alteración de las condiciones económicas del contrato y la causa imprevista o propia de la conducta de la contratante que lo determinó, lo que implica que los contratistas deben presentar pruebas sólidas para acreditar la existencia de circunstancias imprevistas que afecten el equilibrio económico del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Se pueden acumular pretensiones de naturaleza contractual y extracontractual? ¿Se agotó en debida forma el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial respecto de la pretensión de liquidación judicial del contrato…
Consejo de Estado Providencia

Liquidación del contrato: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-11-30 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000232600020070069801 ACCION CONTRACTUAL
¿La falta de liquidación unilateral del contrato por parte de la Administración configura un incumplimiento contractual a partir del cual pueda atribuirse responsabilidad a la entidad contratante? No
La falta de liquidación unilateral de un contrato estatal por parte de la entidad no constituye, por sí misma, un incumplimiento contractual, porque la liquidación unilateral es una potestad que la ley le otorga y no una obligación cuyo no ejercicio genere responsabilidad. Una razón es que la liquidación bilateral requiere el consenso de las partes, y ante la ausencia de acuerdo la entidad puede adoptarla unilateralmente, pero decidir no ejercer esa prerrogativa no causa un perjuicio cierto al contratista. Otra razón es que no se conoce en qué términos la entidad habría liquidado ni si la decisión habría beneficiado o perjudicado al contratista, de modo que no hay obligación contractual incumplida. En el caso, las partes quedaron habilitadas para pedir la liquidación judicial, que es la vía en la que se determina el cruce final de cuentas. La Sala revocó la decisión que había reconocido el incumplimiento y confirmó la negación de las pretensiones de incumplimiento y de perjuicios derivados. Su consecuencia práctica es que el contratista debe acudir a la liquidación judicial y no reclamar perjuicios por no liquidar.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la liquidación judicial con inclusión de unas sumas concretas de dinero en favor del contratista por concepto del valor de la prórroga del contrato acordada en forma bilateral? ¿Procede la liquidación judicial con inclusión de unas sumas concretas de dinero en favor del contratista por por servicios prestados luego de expirado el término del contrato? ¿Se acreditó temeridad o de mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-11-08 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 13001233100020100028001 ACCION CONTRACTUAL
¿La potestad de adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando la parte actora ha señalado una vía procesal inadecuada, resulta aplicable al caso concreto? No
El contratista no puede adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando ha señalado una vía procesal inadecuada, ya que la reforma del CPACA que otorga dicha potestad no es aplicable en este caso, dado que la acción de controversias contractuales es indebida y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es extemporánea. La entidad estatal revoca la sentencia de primera instancia para declarar la indebida escogencia de la acción de controversias contractuales, lo que implica que no se puede adecuar el medio de control sin cumplir los requisitos que permitan un análisis juicioso y completo de la legalidad del acto administrativo, evitando así una violación del debido proceso y del principio de congruencia.síntesis automática
También resuelve: ¿En consonancia con la hipótesis general que fijó la Corte Constitucional, se pueden proferir de manera excepcional decisiones inhibitorias? ¿No cabe duda sobre los reproches que hizo la demandante a la legalidad de la decisión que rechazó el pago por falsa motivación del acto? ¿El medio de control dispuesto por el ordenamiento para procurar el restablecimiento o reparación del daño causado por un acto administrativo ilegal…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La recurrente no presentó ningún argumento de inconformidad dirigido a rebatir las conclusiones por las cuales el Tribunal

Sentencia — Sentencia 2023-09-18 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 52001233300020170044201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La recurrente no presentó ningún argumento de inconformidad dirigido a rebatir las conclusiones por las cuales el Tribunal a quo negó sus pretensiones y su impugnación se limitó a reiterar lo planteado inicialmente en la demanda? Sí
Basta con la lectura de… la apelación para concluir que el demandante no expuso razones de oposición fundamentadas en la viabilidad de analizar el asunto por la vía de la reparación directa, que en últimas fue a lo que se rehusó el a quo en su decisión. La Sala concluye que la recurrente no presentó ningún argumento de inconformidad dirigido a rebatir las conclusiones con fundamento en las cuales el Tribunal a quo negó sus pretensiones, en tanto que en la impugnación la parte actora se limitó a reiterar lo planteado inicialmente en la demanda, que fue resuelto en su integridad, y el único cargo nuevo no guarda congruencia con la base de la decisión de primera instancia, de manera que la Sala no puede efectuar ningún juicio de valor sobre la decisión objeto de apelación, ni suponer las razones de inconformidad de quien apela, por lo que confirmará la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño.
También resuelve: ¿La vía procesal adecuada para tramitar las controversias entre las partes era la contractual y no la de reparación directa? ¿El alegato de la parte recurrente se ciñó a ofrecer una reproducción idéntica a la plasmada en la demanda? ¿Era procedente pretender el cobro de unas facturas que se dejaron de tramitar en el momento oportuno?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 68001233100020070057901 ACCION DE REPETICION
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia de primera instancia proferida por un tribunal administrativo? Sí
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado en los artículos 129 y 132 del CCA, pues el proceso inició con vocación de doble instancia al estimar la demanda una cuantía superior a la exigida para la competencia de los tribunales administrativos en primera instancia, equivalente al valor de la condena impuesta al Estado.
También resuelve: ¿La normativa aplicable a la acción de repetición es la vigente al momento en que ocurren los hechos que dieron lugar a dicha acción? ¿La ausencia de uno de los presupuestos de procedencia de la acción de repetición impide la declaración de responsabilidad particular del agente demandado? ¿Las personas jurídicas son sujetos pasivos de la pretensión de reembolso?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

¿Para la pretensión de la existencia del contrato aplica la regla general que señala que el término de caducidad empieza a correr a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento?

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 88001233300020150000202 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para la pretensión de la existencia del contrato aplica la regla general que señala que el término de caducidad empieza a correr a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento? Sí
La demandante solicitó que se declare que entre ella y Caprecom existió: (i) un contrato de prestación de servicios de resultado en el área de la salud, el cual se ejecutó en la IPS Caprecom entre abril y julio de 2012, por un valor de $53’122.657; (ii) un contrato de la misma naturaleza que se ejecutó en la IPS Hospital Amor de Patria entre junio y julio de 2012, por un valor de $971’837.608.
También resuelve: ¿La sentencia recurrida no es congruente con los hechos y pretensiones propuestos por COOPASSAI, en tanto estos son expresos… ¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La no prosperidad del recurso no implica ni entraña una valoración

Sentencia — Sentencia 2023-10-17 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 11001032600020230012500 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Las causales de anulación invocadas por el recurrente se configuraron? No
El recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral solo prospera si se configura alguna de las causales taxativas del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, y que un laudo proferido en derecho no se transforma en fallo en conciencia ni es citra petita por no reconocer las pretensiones del convocante. Una razón es que el tribunal resolvió los problemas jurídicos del juicio en derecho, porque no guardó silencio sobre las pruebas necesarias para fallar ni prescindió del ordenamiento jurídico aplicable, y los yerros de esa naturaleza no aparecen de forma palmaria. Otra razón es que la no prosperidad del recurso no implica que la Sala comparta lo decidido, sino que las causales no se configuraron. En el caso, el recurso se declaró infundado y se confirmó la validez del laudo. Su consecuencia práctica es que la anulación por falta de congruencia exige demostrar una omisión del laudo sobre las pretensiones, y no basta con la inconformidad frente a su resultado.síntesis automática
También resuelve: ¿Se declara infundado el recurso extraordinario de anulación? ¿Habría lugar a concluir que los árbitros omitieron estudiar los hechos y fundamentos jurídicos esbozados por la convocante? ¿Las razones fueron esbozadas con base en las pruebas del proceso y en la interpretación judicial del contrato?
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233300020170020701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El extremo activo va contra sus propios actos al demandar el cumplimiento del pago sin haberse allanado previamente a probar el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar? Sí
El contratista no puede demandar el cumplimiento del pago sin acreditar previamente el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar, conforme a los requisitos específicos pactados en el contrato, como la presentación de cuentas de cobro con sus anexos y la certificación del supervisor del contrato, ya que va contra sus propios actos y no cumple con la carga probatoria que le corresponde según el artículo 167 del Código General del Proceso. La entidad estatal no está obligada a pagar sin que se demuestre el cumplimiento de las condiciones pactadas, lo que implica respetar la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de necesidad de la prueba en la contratación estatal. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad de la obligación contractual y la importancia de cumplir con los requisitos específicos para la causación del pago, lo que implica que los contratistas deben acreditar debidamente el cumplimiento de sus obligaciones para poder reclamar el pago.síntesis automática
También resuelve: ¿La ley no impide que las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad acuerden ciertos requisitos contractuales específicos para la causación de la obligación de pago? ¿No es posible apartarse de la carga probatoria que el contrato le imponía al demandante para poder reclamar el pago, en tanto las cláusulas fueron explícitas al fijar tanto las condiciones como el… ¿Es posible hacer un ajuste final de cuentas que permita declarar a las partes a paz y salvo para extinguir el negocio jurídico y poner fin a los derechos y obligaciones que emergieron de la fuente…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: la Sala no debió haber estudiado la pretensión relativa a la liquidación judicial del contrato

Salvamento voto — Salvamento de voto 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 08001233100020100006001 ACCION CONTRACTUAL
¿Se agotó en debida forma el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial respecto de la pretensión de liquidación judicial del contrato? Sí
A juicio de la mayoría de la Sala, sí se agotó en debida forma el requisito de procedibilidad correspondiente a la conciliación extrajudicial respecto de la pretensión de liquidación judicial del contrato. No comparto dicha afirmación, pues en la solicitud de conciliación no se incluyó ninguna pretensión en la que se pidiera la liquidación del contrato. En efecto, debe existir una identidad entre las pretensiones de la solicitud de conciliación extrajudicial y aquellas de la demanda, de lo contrario, como en el caso concreto, no puede entenderse debidamente agotado el requisito de procedibilidad. En virtud de lo anterior, la Sala no debió haber estudiado la pretensión relativa a la liquidación judicial del contrato.