Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: la competencia funcional del juez de segunda instancia se encuentra limitada a los argumentos del recurso de apelación
Lo que dijo la Sala
La competencia funcional del juzgador de segunda instancia se circunscribe a los argumentos expuestos por el recurrente en contra de la decisión que se hubiera adoptado en primera instancia, y que resultó desfavorable o perjudicial a sus derechos o interés. Por lo cual, en principio, los demás aspectos se excluyen del debate en la instancia superior, pues en el recurso de apelación opera tanto el principio de ninguna reforma para empeorar (non reformatio in pejus) como el principio dispositivo, según el cual, es el recurrente quien delimita, con la formulación y sustentación del recurso, el objeto que con él se persigue.
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Síntesis síntesis automática
En la apelación, la competencia funcional del juez de segunda instancia se circunscribe a los argumentos que el recurrente expone contra la decisión desfavorable de primera instancia. Los demás aspectos quedan, en principio, excluidos del debate superior, porque el recurso delimita el alcance de la revisión. La regla se sostiene en dos razones. Primera, en la apelación opera el principio de non reformatio in pejus, que impide empeorar la situación del recurrente cuando no existe otra impugnación que habilite la revisión. Segunda, opera el principio dispositivo, según el cual es el recurrente quien delimita, con la formulación y sustentación del recurso, el objeto que persigue frente a la providencia. La providencia confirma la decisión de primera instancia y reitera ese alcance de la competencia funcional. En la práctica, los argumentos que el apelante no formula ni sustenta en su recurso no serán resueltos por el juez de segunda instancia, salvo las decisiones que deba adoptar de oficio en los casos previstos por la ley, por lo que la sustentación debe dirigirse a cada punto que se pretende revisar.
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Problema jurídico
¿La competencia funcional del juez de segunda instancia se encuentra limitada a los argumentos del recurso de apelación?
Respuesta: Si
También resuelve
- ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?
- ¿El medio de control de repetición fue presentado dentro de los dos años siguientes al pago de la condena?
- ¿El régimen vigente aplicable al medio de control de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001?
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Titulación de la relatoría 14.080 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS / PRINCIPIO DISPOSITIVO
Problema jurídico:
¿La competencia funcional del juez de segunda instancia se encuentra limitada a los argumentos del recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a competencia funcional del juzgador de segunda instancia se circunscribe a los argumentos expuestos por el recurrente en contra de la decisión que se hubiera adoptado en primera instancia, y que resultó desfavorable o perjudicial a sus derechos o interés. Por lo cual, en principio, los demás aspectos se excluyen del debate en la instancia superior, pues en el recurso de apelación opera tanto el principio de ninguna reforma para empeorar (non reformatio in pejus) como el principio dispositivo, según el cual, es el recurrente quien delimita, con la formulación y sustentación del recurso, el objeto que con él se persigue.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 2001 . En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, conforme lo establecido por el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), así como el mencionado artículo 7 (inciso 3º) de la Ley 678 de 2001.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 3
PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿El medio de control de repetición fue presentado dentro de los dos años siguientes al pago de la condena?
Respuesta al problema jurídico: Si
El plazo para el ejercicio oportuno de la presente acción comenzó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 2001 y el CPACA, pues la demanda de repetición se presentó el veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014) De acuerdo con el literal l) del artículo 164 del CPACA, la acción de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años contados a partir del día siguiente a aquel en el que el organismo hubiera pagado la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de las condenas. En este caso, el cómputo del inicio del plazo bienal corresponde al previsto en el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (CCA), esto es, dieciocho (18) meses, pues el proceso de reparación directa que culminó con la sentencia condenatoria fue tramitado bajo esa norma adjetiva . En este caso se encuentra acreditado que, en virtud del acuerdo de pago suscrito el veintiséis (26) de diciembre dos mil doce (2012) , las partes del proceso de reparación directa consensuaron que la cancelación del monto de la condena se realizaría en tres (3) desembolsos. De acuerdo con la certificación expedida por el tesorero general del Hospital Rosario Pumarejo de López y las constancias de transacciones bancarias exitosas, el pago total de la suma se acreditó el veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013), tal como consta en las tres (3) transferencias realizadas a la cuenta bancaria del apoderado de los beneficiarios, el primero (1°), por ciento treinta millones de pesos ($130.000.000).
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 LITERAL I, LEY 678 DE 2001
PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD TRIBUTARIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / VIGENCIA DE LA LEY / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEY 678 DE 2001
Problema jurídico:
¿El régimen vigente aplicable al medio de control de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior (...) Por ende, como en este caso la intervención quirúrgica que originó el hecho dañoso atribuido al centro asistencial ocurrió el 18 de mayo de 2005, la normativa aplicable a los aspectos sustanciales también lo es la Ley 678 de 2001.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al régimen jurídico aplicable al medio de control de repetición, consultar sentencia de 8 de mano de 2007, Exp. 30330, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de 18 de junio de 2018, Exp. 54692, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001
CULPABILIDAD / DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / VALOR VINCULANTE DE LA SENTENCIA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado demuestra automáticamente el dolo o la culpa grave del funcionario?
Respuesta al problema jurídico: No
En punto al juicio de culpabilidad, viene oportuno recordar que la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no demuestra automáticamente el dolo o la culpa grave del funcionario, pues el criterio del juez contencioso administrativo en el fallo condenatorio no ata al juez de la repetición por tratarse, este último, de un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del servidor que imposibilita extrapolar las conclusiones en torno a las circunstancias que motivaron la condena del organismo, en tanto se centra en la valoración de la conducta del agente conforme a las pruebas legalmente acopiadas, cuyo mérito y resultados pueden diferir del que tuvieron los medios probatorios allegados al proceso judicial que sustentó la pretensión de reembolso.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la valoración de la conducta del agente del Estado, consultar sentencia de 3 de diciembre de 2007, Exp. 29222, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 29 de noviembre de 2019, Exp. 43056, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas y sentencia de la Corte Constitucional SU-354 de 26 de agosto de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / FALTA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Se configuró la culpa grave de R. A. Z. R., por las secuelas que sufrió la señora L. D. N. S. a consecuencia de una peritonitis secundaria a intervención quirúrgica, que le produjo una pérdida de la capacidad laboral del 13.70% y que conllevó a que la entidad Hospitalaria fuera condenada dentro del proceso de reparación directa No. 2008-00005 a indemnizar a la afectada y a sus familiares?
Respuesta al problema jurídico: No
[S]e cae por su propio peso el único cargo de la apelación, según el cual, el fallo objeto de reproche “no desvirtúa la sentencia radicado 2008-0005 del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar”, providencia esta última sobre la que pretendió sustentar el actuar gravemente culposo del galeno demandado, pues tal como se explicó, para efectos de la prosperidad de las pretensiones de repetición, no es suficiente reiterar las consideraciones desplegadas para condenar por reembolso, pues, por el contrario, en este escenario, se requiere demostrar efectivamente el actuar subjetivado del agente implicado en el hecho generador de responsabilidad estatal. Bajo este escenario, lo que puede resultar suficiente para condenar al Estado vía reparación directa no lo es para repetir contra el servidor público, porque la materialización de un daño antijurídico imputable al Estado, como ente abstracto, no implica per sé la configuración de dolo o culpa grave en cabeza del agente o ex agente estatal, como sujeto individualizado. Por esa razón, el extremo demandante tiene la carga de demostrar fehacientemente el dolo o la gravedad de la culpa del servidor contra quien pretende repetir. La inactividad probatoria de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López -tal como así lo advirtió el a quo y el delegado del Ministerio Público en esta instancia- en cuanto no controvirtió el dictamen pericial decretado en el sub examine y no solicitó prueba alguna para demostrar la culpa grave que le endilga al demandado —pues solo se limitó a aportar los fallos ya referidos y el informe médico legal presentado desde el proceso declarativo por el INMLCF— no se compadece con el deber que le asiste a las partes de “(…) probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, en los términos de que trata el artículo 167 del Código General del Proceso; por tanto, debe asumir las consecuencias de su inactividad. En estas condiciones se impone una respuesta negativa al problema jurídico y, en consecuencia, se debe confirmar el fallo apelado que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en el proceso de la referencia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ACCIÓN CIVIL / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CULPA GRAVE / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / PRINCIPIO DE MORALIDAD / PRINCIPIO DE EFICIENCIA DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
OBITER DICTUM
Ahora, el medio de control de repetición constituye “una acción civil de carácter patrimonial”, por medio del cual el organismo estatal pretende el reembolso de la condena causada por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes, para así garantizar, de forma mediata, “los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicio de los fines retributivo y inherentes a ella”. Si bien, de esta forma, la acción de repetición persigue indirectamente un interés público, este no es el asunto que se ventila de forma directa en el proceso. La repetición, como “acción civil de carácter patrimonial” con “fines retributivo y preventivo”, supone un ejercicio razonable del derecho de acción, circunscribiéndolo a los eventos en que el organismo estatal vislumbre un comportamiento doloso o gravemente culposo del servidor acusado por infringir sus deberes funcionales o por la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado, a partir de una comprobación certera de las circunstancias de hecho que sustentan la pretensión de reembolso.
CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / INSUFICIENCIA PROBATORIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: No
Ahora, conforme a las reglas de procedencia de la condena en costas (...), no procede su imposición en segunda instancia por los componentes de expensas y gastos procesales, porque no aparece demostrado en el expediente que la parte demandada hubiera incurrido en ellos.
AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la fijación de agencias en derecho al acreditarse los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa?
Respuesta al problema jurídico: Si
En lo relativo a las agencias en derecho, entendidas como “la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa”, la Sala encuentra demostrada su causación y, por ende, su reconocimiento. Para tal efecto, el Tribunal de origen deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación de costas, debiendo considerar que en esta instancia se fijan agencias en derecho por cuatro millones trescientos ochenta y dos mil novecientos cuatro pesos con ochenta y dos centavos ($4.382.904,82), de acuerdo con las tarifas establecidas en el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003