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Auto interlocutorio — Auto que resuelve liquidación de condena o perjuicios2025-04-21Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 08001233100020060184703ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente aplicar las disposiciones contenidas en el CPACA y al CGP, para resolver el incidente de liquidación de condena que promovió el demandante, si la demanda de reparación directa fue presentada el 16 de octubre de 2003? No
El contratista no puede aplicar las disposiciones del Código Contencioso Administrativo y del Código General del Proceso para resolver un incidente de liquidación de condena si la demanda de reparación directa fue presentada antes del 2 de julio de 2012, ya que estos códigos resultan de aplicación supletiva y la norma especial de transición del CPACA establece que los procesos iniciados antes de esa fecha deben seguir rigiéndose por el Código Contencioso Administrativo y el Código de Procedimiento Civil. Además, tanto el régimen jurídico anterior como el del CPACA y el CGP establecen un término de 60 días para presentar el incidente de liquidación de condena, contado a partir de la notificación del auto de obedecimiento al superior, y no desde la notificación de la sentencia de segunda instancia, por lo que la presentación del incidente fuera de este plazo resulta improcedente.síntesis automática
También resuelve:¿El CCA y el CPACA establecen un término de oportunidad para presentar el incidente de condena, el cual no puede ser desconocido por la parte actora so pretexto de una nulidad por indebida…¿Resulta procedente acceder a la petición elevada por la parte actora relativa a la prevalencia del derecho sustancial, cuando el artículo 6 del CPC es enfático en señalar que las autoridades…
¿El Juzgado de primera instancia incurrió en error de interpretación del artículo 1º del Decreto 392 de 2018 y desconoció el principio de selección objetiva al encontrar que el acto de adjudicación no adolecía de nulidad por otorgar puntaje ponderable a una certificación de planta de personal expedida antes de la fecha de cierre del proceso de selección? No
El contratista no puede ser privado del puntaje adicional previsto en el artículo 1º del Decreto 392 de 2018 por presentar una certificación de planta de personal expedida antes de la fecha de cierre del proceso de selección, siempre y cuando dicha certificación permita verificar objetivamente el cumplimiento del requisito de tener trabajadores con discapacidad en la planta de personal. La Sala establece que la norma no impone que el documento deba expedirse exactamente el mismo día del cierre, sino que busca garantizar que la entidad contratante cuente con información cierta y verificable sobre la situación laboral del proponente al momento de la evaluación. En el caso concreto, el contratista aportó una certificación del revisor fiscal que indicaba el número total de trabajadores y aquellos en condición de discapacidad, certificación respaldada por el Ministerio de Trabajo, lo que permitió verificar el cumplimiento del requisito en su esencia. La Sala reitera que en materia de contratación estatal se debe dar aplicación al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre lo meramente formal, lo que implica que no se puede rechazar una propuesta por la ausencia de requisitos meramente formales.síntesis automática
También resuelve:¿Puede o no el juez acudir o no a la Real Academia Española para precisar el significado de palabras o expresiones de una norma?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve nulidades procesales2024-02-01Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 18001233100020110020201ACCION DE REPETICION
¿Resulta procedente declarar la nulidad del proceso por la inobservancia de la plenitud de las formas del juicio, dada la sustitución íntegra del procedimiento ejecutivo, conforme a las pretensiones de la demanda, cuando se observa que la causal de nulidad alegada no encuadra en las causales taxativas previstas en el artículo 133 CGP, normativa procesal aplicable en razón al tránsito legislativo del caso? Sí
De acuerdo con lo relatado por el ente accionante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Caquetá que declaró configurada la cosa juzgada, la responsabilidad del médico… fue analizada y decidida en el proceso de reparación directa en el que fue declarado patrimonialmente responsable “por el hecho dañoso”, a título de culpa grave. En este contexto, la pretensión formulada consistió en “librar mandamiento de pago” por la suma de dinero pagada en cumplimiento de la sentencia condenatoria.
¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento del contrato de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público e hizo efectiva la cláusula penal, por haberse vulnerado el debido proceso de la contratista, porque la entonces directora del DADEP omitió tramitar la recusación formulada en su contra antes de proferir la Resolución 245 de 8 de julio de 2019 por la cual se resuelven dos recusaciones promovidas contra la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica? No
No existe una causal de nulidad autónoma denominada violación del debido proceso, pues las causales previstas en el artículo 137 del CPACA se refieren a formas de vulneración de alguno de los componentes de ese derecho, de modo que el reproche debe encuadrarse en un vicio concreto de forma o de expedición irregular del acto. Tampoco pueden estudiarse los cargos contra actos que no fueron demandados, pues estos se presumen legales mientras no se pida su nulidad. Por ello, la omisión de tramitar una recusación debe demostrarse como vicio específico del acto que se cuestiona y no puede invocarse de manera general. En el caso concreto, la contratista alegó que la omisión de tramitar una recusación antes de resolver otra vulneró su debido proceso, y la providencia confirmó la sentencia de primera instancia que negó la nulidad de los actos que declararon el incumplimiento del contrato y ordenaron hacer efectiva la cláusula penal. Como consecuencia práctica, quien impugne actos de incumplimiento por vicios procedimentales debe identificar la causal específica del artículo 137 y demandar también los actos que resuelven la recusación.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento del contrato de administración…¿Resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2022-09-29Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020180013400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Resulta improcedente el recurso de reposición en el caso concreto, puesto que, la liquidación de costas debe realizarse de conformidad con lo establecido por el artículo 366 del Código General del Proceso, es decir, una vez ejecutoriada la providencia que le pusiera fin al proceso, y no como lo indica el demandante? Sí
El contratista no puede interponer un recurso de reposición para cuestionar la liquidación de costas, ya que ésta debe realizarse de acuerdo con el artículo 366 del Código General del Proceso, es decir, una vez ejecutoriada la providencia que pone fin al proceso, no antes. La entidad estatal procedió correctamente al liquidar las costas con el SMLMV vigente en la fecha de ejecutoria de la providencia, y no en la fecha de la sentencia o aclaración, como pretendía el contratista. Además, si el proceso es de única instancia, el recurso de apelación puede adecuarse a un recurso de súplica para garantizar el principio de prevalencia del derecho sustancial, y el expediente debe remitirse al consejero que siga en turno. Este precedente reitera la importancia de cumplir con los plazos y condiciones legales para la interposición de recursos, y subraya la necesidad de adecuar los recursos conforme a la naturaleza del proceso en cuestión.síntesis automática
También resuelve:¿Puede adecuarse el recurso de apelación del caso concreto a un recurso de súplica, en cuanto el proceso del cual se originó el auto apelado es de única instancia…
¿La declaratoria de nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, habilita la variación de la causa petendi de la demanda? No
El contratista no puede variar la causa petendi de la demanda después de que se declara la nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, ya que la solicitud de nulidad no cumplió con los requisitos legales y no puede servir para alterar la base original del pleito. La entidad estatal, en este caso el Fondo Nacional del Ahorro, no expide actos administrativos cuando selecciona al mejor postor en licitaciones comerciales, ya que actúa en igualdad de condiciones con el sector privado, aunque esto no excluye la posibilidad de que se analice la responsabilidad precontractual del FNA si se acredita que la entidad no contrató con el mejor postor. Además, el contratista debe cumplir rigurosamente con los requisitos establecidos por la entidad para participar en la licitación, incluyendo la acreditación mediante acto administrativo del funcionamiento de sucursales o agencias en otras ciudades, lo que implica que la entidad no puede ser responsabilizada por exigir la demostración de una realidad específica para puntuar ciertos aspectos de la propuesta.síntesis automática
También resuelve:¿Las decisión precontractual adoptada por el Fondo Nacional del Ahorro por medio de la cual escogió al oferente para suscribir el contrato, es un acto administrativo susceptible de ser demandado?¿La sociedad demandante cumplió con las reglas de participación establecidas por el Fondo Nacional del Ahorro respecto de la acreditación, mediante acto administrativo…¿La exigencia de allegar con la propuesta los actos administrativos que autorizaban el funcionamiento de las sedes, era un requisito necesario para verificar la coincidencia con el registro mercantil…
¿Puede una entidad estatal interpretar y aplicar las reglas especiales del pliego de condiciones con prevalencia sobre las disposiciones normativas aplicables a la contratación estatal?
El pliego de condiciones es ley para las partes y debe establecer la regulación del procedimiento de contratación conforme a la ley, garantizando la selección objetiva del contratista. Según el concepto, el pliego tiene una doble naturaleza: antes de la celebración del contrato y de la adjudicación es un acto administrativo de carácter general que rige el proceso de selección, y una vez suscrito el contrato hace parte del marco jurídico de la relación contractual, determinando su contenido y alcance. Por esa razón, sus disposiciones deben sujetarse al ordenamiento jurídico, en particular a la ley, al reglamento y a la Constitución, y su interpretación debe hacerse en armonía con esas normas superiores y con los principios de la contratación pública. El concepto reitera, con apoyo en el artículo 228 de la Constitución, que las formas no pueden convertirse en obstáculo para el derecho sustancial, de modo que las normas procesales son un medio para la efectividad de los derechos. En consecuencia, las reglas especiales del pliego no se sobreponen a las normas superiores que regulan la contratación estatal, y deben interpretarse dentro de ese marco normativo y del contenido mínimo que fija el Decreto 1082 de 2015.síntesis automática
También resuelve:Pliegos de condiciones: naturaleza, interpretación, normas superioresPrevalencia del derecho sustancial: principio constitucional
¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 en los aspectos sustanciales de este asunto, considerando que, los hechos que sustentaron la condena en contra del demandante ocurrieron el 8 de junio de 1998, cuando fue suscrito el oficio 056447 con el que se ordenó la entrega del vehículo automotor? No
Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior.
También resuelve:¿La existencia de una condena judicial en firme, que impuso una sentencia condenatoria en contra del ente demandante, presta mérito como presupuesto de la responsabilidad del funcionario…¿El actuar gravemente culposo del inspector de tránsito demandado no se configuró, debido a que la Ley 678 de 2001 no estaba en vigor cuando sucedieron los hechos que dieron lugar a la condena del…¿Aunque los testimonios provienen de exfuncionarios de la entidad demandada en el proceso de reparación directa y resultan sospechosos, no pueden desecharse de plano por el juez…
¿Cuál es el alcance de la omisión de los documentos exigidos en el pliego de condiciones para acompañar la manifestación de interés dentro de un proceso de selección abreviada de menor cuantía, particularmente frente a la habilitación del interesado para presentar oferta?
El contratista debe cumplir con la manifestación de interés en la selección abreviada de menor cuantía como requisito habilitante para participar en el proceso, lo cual implica expresar su intención de participar y cumplir con los documentos exigidos por el pliego de condiciones, aunque la omisión de estos documentos no necesariamente impide la presentación de la propuesta económica si la entidad estatal considera que la falta es subsanable y no afecta la asignación de puntaje, siempre que no se trate de circunstancias ocurridas después del cierre del proceso. Esta regla reitera la importancia de la subsanación de aspectos puramente formales y la prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal, permitiendo que la entidad requiera al proponente que haga la subsanación correspondiente, lo que implica que la omisión de documentos anexos no necesariamente impide la participación del interesado en el proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve:Manifestación de interés: noción, finalidad, requisito habilitanteSubsanabilidad: aplicación, regla generalPrevalencia del derecho sustancial: principio constitucional
¿En un contrato estatal en el que el valor se estipula simultáneamente en pesos y en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), cuál de las dos formas de estipulación prevalece?
Cuando las reglas del pliego de condiciones presentan contradicciones con otros documentos del proceso, prevalecen sobre los demás documentos del contrato, incluso sobre la minuta, que solo formaliza el acuerdo de voluntades. Así lo ha reiterado la Sección Tercera del Consejo de Estado, que exige interpretar las disposiciones con vacíos o contradicciones conforme a los principios generales del derecho, a los de la función administrativa, a la finalidad del pliego y a la protección del interés general, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 80 de 1993. Para ello, la entidad puede acudir, en lo pertinente, a las reglas de interpretación de los artículos 1618 a 1624 del Código Civil, tanto objetivas como subjetivas, y debe optar por la interpretación que mejor se adecúe a la finalidad que persigue con el pliego y sus anexos. Como ejemplo, si el pliego y el formato de la oferta económica se contradicen, prima facie prevalece lo señalado en el pliego. Las contradicciones o ambigüedades no pueden afectar a los proponentes o contratistas, y las cláusulas oscuras se interpretan contra quien debió explicarlas.síntesis automática
También resuelve:Documentos precontractuales: otros documentos, contradicción informaciónInterpretación: reglas de interpretación, prevalencia del derecho sustancial, principio constitucional
¿Procede el rechazo de la oferta económica por no expresar el valor del ofrecimiento económico en letras sino solo en números, a pesar de no existir esta exigencia en el pliego de condiciones dispuesto por la entidad contratante o dicho aspecto es subsanable?
Las ofertas en los procesos de selección son, por regla general, subsanables en cuanto a los requisitos habilitantes, y todo aspecto que no es necesario para la comparación de propuestas no es título suficiente para su rechazo. Por ello, el rechazo de la oferta económica por expresar el valor solo en números, cuando el pliego no exigía escribirlo en letras, no tiene sustento en el procedimiento, pues ese defecto no afecta la asignación de puntaje ni la comparación. La postura se apoya en la Ley 1882 de 2018, que mantiene el criterio de la Ley 80 de 1993 y de la Ley 1150 de 2007 según el cual lo que no afecta el puntaje puede aclararse o subsanarse, y en el principio de prevalencia del derecho sustancial del artículo 228 de la Constitución, según el cual las formas no pueden obstaculizar la efectividad del derecho sustancial. Como consecuencia práctica, la entidad debe aclarar la oferta en la etapa de evaluación, sin rechazarla por un defecto formal que el pliego no exigía, y sin extender ese lapso más allá de la adjudicación.síntesis automática
También resuelve:Subsanabilidad: aplicación, r egla general, excepciones, Ley 1882 de 2018Subsanabilidad y aclaración de la oferta: diferenciasPrevalencia del derecho sustancial: principio constitucional
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-10-07Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 08001233100020060184703ACCION CONTRACTUAL
¿Son procedentes los recursos de ley frente al auto que resuelve el recurso de reposición? No
El juez rechaza por improcedente el recurso de reposición interpuesto contra providencias que resuelven otro recurso de reposición o carecen de previsión legal de impugnación. En el presente asunto, el despacho advierte que, conforme al artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, frente al auto que decide el recurso de reposición no procede ningún recurso, máxime cuando el escrito se limita a reiterar los mismos argumentos expuestos desde la solicitud de nulidad inicial.síntesis automática
También resuelve:¿Debe el despacho adecuar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante al trámite de súplica, cuando el auto recurrido fue proferido por el consejero ponente y tiene naturaleza…
¿Procede el rechazo de la oferta económica por no haberse presentado en el formato dispuesto por la entidad contratante?
La consecuencia aplicable a los proponentes que acrediten la propuesta económica en un formato diferente al dispuesto por la entidad contratante, dependerá de las reglas establecidas en el pliego de condiciones.
También resuelve:Subsanabilidad: aplicación, r egla general, excepciones, Ley 1882 de 2018Subsanabilidad y aclaración de la oferta: diferenciasPrevalencia del derecho sustancial: principio constitucional
COMPETENCIA,CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA,SERVICIOS PÚBLICOS,RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL,TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN,ACTIVIDAD CONTRACTUAL,CONTRATISTA,EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO,DERECHO SUSTANCIAL,CONTR – Normatividad,Caducidad de la acción,Competencias funcionales,Régimen de aplicación,Procedencia,Daño Emergente,Ley vigente,Celebración del contrato,Escenarios,Servicio público,Principios constitucionales,Cargas,Finalidad,Pr – Mes: junio – Año: 2018…
También resuelve:Competencia: normatividadControversias contractuales: caducidad de la acciónJuez de segunda instancia: competencias funcionales
¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer un litigio originado en un convenio de cooperación y apoyo financiero suscrito entre entidades territoriales? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los litigios originados en un convenio de cooperación y apoyo financiero suscrito entre entidades territoriales, conforme al artículo 104 del CPACA, por tratarse de partes de naturaleza pública. La regla se apoya en que el convenio, cuyo incumplimiento se alega, fue celebrado por un departamento, un distrito y varios municipios, cuyas actuaciones son de naturaleza pública. Además, la apelación de la sentencia del tribunal corresponde al Consejo de Estado conforme a los artículos 150 y 152 del CPACA, por la vocación de doble instancia del proceso. En el caso, el municipio demandado integra el grupo de entidades territoriales que suscribieron el convenio, y el Consejo de Estado confirma la sentencia de primera instancia. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, los convenios de apoyo financiero entre entidades territoriales que den lugar a incumplimiento quedan sometidos a la jurisdicción contenciosa administrativa, y su conocimiento se distribuye por la instancia que corresponda.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales para conocer una demanda presentada por una sociedad vinculada a un convenio interadministrativo mediante otrosí?¿Conserva la naturaleza de convenio interadministrativo un acuerdo suscrito entre entidades públicas con contenido patrimonial, siempre que no exista conmutatividad ni remuneración entre las partes?¿Se rigen los convenios interadministrativos por las estipulaciones acordadas entre las partes, en virtud de su autonomía de la voluntad?
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL,CONTRATO DE INTERVENTORÍA,TERMINACIÓN DEL CONTRATO,EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO,TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN – Caducidad de la acción,Contratos que requieren de liquidación,Copias simples,Valor probatorio,Marco jurídico,Fondo Nacional de Regalías,Comisión Nacional de Regalías,Normativa,Contrato de interventoría,Ejecución del objeto contr – Mes: mayo – Año: 2018…
También resuelve:Controversias contractuales: caducidad de la acción, contratos que requieren de liquidación, comisión nacional de regalías, normativaPrincipio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal: copias simples, valor probatorioContrato de interventoría: marco jurídico, fondo nacional de regalías
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2024-12-09Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 25000232600020120036401ACCION CONTRACTUAL
¿La solicitud de sentencia anticipada debe ser negada por tratarse de un proceso regido por el CCA y el CPC, y en consecuencia, la cosa juzgada debe ser estudiada de fondo al proferir sentencia? Sí
En los procesos iniciados antes de la vigencia del CPACA, el régimen aplicable es el del Código Contencioso Administrativo y el Código de Procedimiento Civil, que gobierna todas las actuaciones hasta su culminación, incluidos los trámites posteriores a la sentencia, como la adición, la aclaración y los incidentes. Por eso, la solicitud de terminación anticipada fundada en el artículo 182A del CPACA no es procedente. En este caso, la demanda se presentó el 29 de febrero de 2012, y la parte demandada alegó que una sentencia de segunda instancia previa había anulado los actos que declaraban el incumplimiento y el siniestro del contrato de obra. Esa circunstancia constituye un hecho modificativo del derecho sustancial que versa sobre el litigio. En aplicación del principio de congruencia y del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, la providencia advierte que ese aspecto se definirá al proferir sentencia, en el orden fijado por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998. La decisión aplica el régimen anterior a un proceso iniciado bajo ese régimen y reitera la línea sobre adición y modificación de sentencias citada en la relatoría.síntesis automática
¿Cuáles son las reglas de interpretación que deben aplicarse cuando existen contradicciones entre el pliego de condiciones y un formato que la entidad establece como requisito en el proceso de contratación?
En relación con el problema jurídico, debe señalarse que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, las reglas de los pliegos de condiciones deben prevalecer sobre los demás documentos del contrato e incluso sobre la minuta, la cual se limita a formalizar el acuerdo de voluntades. Por lo tanto, ha reiterado que las reglas contenidas en los pliegos de condiciones que adolecen de vacíos o contradicciones deben de interpretarse “con sujeción a los principios generales del derecho, a los de la función administrativa, a la finalidad del pliego y a la protección del interés general, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993”.
También resuelve:Pliegos de condiciones: naturaleza, otros documentos, contradicción informaciónInterpretación: reglas de interpretaciónPrevalencia del derecho sustancial: principio constitucional
¿Cómo debe aplicarse la regla de subsanabilidad y la aclaración de las ofertas frente a los requerimientos realizados por la Entidad Estatal dentro de un Proceso de Contratación?
La subsanabilidad es la regla general en los procesos de selección: la falta de entrega y los defectos en la acreditación de requisitos habilitantes son subsanables, siempre que no afecten la asignación de puntaje. La excepción impide subsanar aspectos que otorgan puntaje, validar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre y entregar la garantía de seriedad no aportada con la propuesta. Según el concepto, para determinar si una omisión puede subsanarse, la entidad debe preguntarse, en primer lugar, si lo que falta es un documento que afecte la asignación de puntaje y, en segundo lugar, si el cumplimiento del requisito constituye una circunstancia ocurrida antes o después del cierre del proceso. La subsanación es procedente cuando el defecto no afecta la asignación de puntaje ni la comparación de las ofertas y la entidad solicita la documentación y el proponente la entrega dentro del plazo legal. La aclaración, en cambio, se pide al proponente para precisar elementos de la oferta, con el fin de verificar si el requerimiento es susceptible de aclaración, conforme al numeral 7 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, y solo procede tras el análisis de la entidad.síntesis automática
También resuelve:Subsanabilidad: aplicación, regla general, excepciones, Ley 1882 de 2018Subsanabilidad y aclaración de la oferta: diferenciasCausales de rechazo de las ofertas: origen, límites en su configuración