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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no debe aplicarse la Ley 678 de 2001 al caso sub examine

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Fecha
2023-08-08
Radicado
05001233100020090022402
Número interno
59686
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN
Demandado
EMILIO LEON ARANZAZU Y GUSTAVO ALCIDES QUINCENO GIRALDO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no debe aplicarse la Ley 678 de 2001 al caso sub examine

Lo que dijo la Sala

Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior. Pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior… Por ende, como en este caso los hechos que sustentaron la condena en contra de… [demandante] ocurrieron el veintiuno (21) de junio de mil novecientos noventa y tres (1993), la Ley 678 de 2001 no es aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 al caso sub examine, teniendo en cuenta que los hechos que sustentaron la condena en contra del demandante ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la misma?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 678 de 2000, art. 124
  • Ley 678 de 2001, arts. 121, 122 y 2
  • Constitución Política

También resuelve

  • ¿Los documentos allegados por la demandante acreditan el pago efectivo de la condena judicial?
  • ¿Se configuró culpa grave o dolo por parte de los demandados en el caso sub examine, por haber actuado de forma imprudente en los hechos en que perdió la vida una persona?
  • ¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine en cuanto la parte demandada no intervino en segunda instancia?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPETICIÓN APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO LEY 678 DE 2001 CONDENA ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD RETROACTIVIDAD DE LA LEY CONDENA JUDICIAL PAGO DE CONDENA JUDICIAL DOLO CULPA GRAVE DOCUMENTO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO VALIDEZ DEL DOCUMENTO REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PAGO DE LA CONDENA PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PAGO DE LA OBLIGACIÓN OBLIGACIÓN DE DAR OBLIGACIÓN DE HACER OBLIGACIÓN DE NO HACER PRUEBA DOCUMENTAL PAZ Y SALVO DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN JUEZ DEBERES DEL JUEZ MEDIOS DE PRUEBA VALIDEZ DE LOS MEDIOS DE PRUEBA VALORACIÓN DE LA PRUEBA SISTEMA DE SANA CRÍTICA PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA ENTIDAD PÚBLICA DOCUMENTO PÚBLICO VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO CERTIFICACIÓN CONTABLE ORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO DE LA CONDENA COMPROBANTE DE EGRESO DE CONTABILIDAD INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA MUERTE DE PERSONA PRUEBA DEL PAGO PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE CARGAS PROCESALES INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES DEFICIENCIA PROBATORIA INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE PRUEBA DE LA CULPA GRAVE VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE CULPA CONCEPTO DE CULPA GRAVE JUEZ ADMINISTRATIVO FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDAD DEL ESTADO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR AGENTE DEL ESTADO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO SERVIDOR PÚBLICO ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN DAÑO ANTIJURÍDICO DAÑO SENTENCIA JUDICIAL AUSENCIA DEL DOLO CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES

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Titulación de la relatoría 17.267 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / LEY 678 DE 2001 / CONDENA / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / RETROACTIVIDAD DE LA LEY / CONDENA JUDICIAL / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / DOLO / CULPA GRAVE Problema jurídico: ¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 al caso sub examine, teniendo en cuenta que los hechos que sustentaron la condena en contra del demandante ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la misma? Respuesta al problema jurídico: No Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior. Pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior (…) Por ende, como en este caso los hechos que sustentaron la condena en contra de (…) [demandante] ocurrieron el veintiuno (21) de junio de mil novecientos noventa y tres (1993), la Ley 678 de 2001 no es aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de marzo de 2007, exp. 30330, C.P. Ruth Stella Conto Díaz y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 18 de junio de 2018, exp. 54692, C.P. Jaime Orlando Santofimio. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 91, LEY 678 DE 2000 - ARTÍCULO 124, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 121, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 122, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 DOCUMENTO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / OBLIGACIÓN DE DAR / OBLIGACIÓN DE HACER / OBLIGACIÓN DE NO HACER / PRUEBA DOCUMENTAL / PAZ Y SALVO DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / MEDIOS DE PRUEBA / VALIDEZ DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / SISTEMA DE SANA CRÍTICA / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / ENTIDAD PÚBLICA / DOCUMENTO PÚBLICO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / CERTIFICACIÓN CONTABLE / ORDEN DE PAGO / ORDEN DE PAGO DE LA CONDENA / COMPROBANTE DE EGRESO DE CONTABILIDAD / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / MUERTE DE PERSONA / PRUEBA DEL PAGO / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Los documentos allegados por la demandante acreditan el pago efectivo de la condena judicial? Respuesta al problema jurídico: Si El pago implica el cumplimiento concreto de una obligación a cargo del deudor, que consiste en la ejecución de la prestación que se debe (artículo 1626 Código Civil). Es una conducta positiva o de abstención dar, hacer o no hacer, según el caso, que tiene la capacidad extintiva del vínculo obligacional (artículo 1625 ejusdem) contraído por voluntad propia, por la causación de un daño o por el apremio de la ley (artículo 1494 del Código Civil). Nuestra codificación civil no establece un modo o tarifa legal para probar el pago de una obligación, pues estableció la libertad de las partes para acudir a cualquier medio legalmente válido, a fin de acreditar ese acto extintivo de obligaciones, postura que fue recogida y adoptada por el Código de Procedimiento Civil en su momento y que se mantiene vigente en el actual Código General del Proceso. Si bien es cierto que el Código Civil hace referencia a la "carta de pago", así como al recibo o paz y salvo, que es la declaración del acreedor de haber recibido de forma satisfactoria el pago, la cual es una prueba documental que por provenir del acreedor tiene la entidad suficiente para acreditar el pago o la solución de la obligación, no es esta la única prueba que prevé el ordenamiento jurídico para tal efecto, pues, se recuerda, no hay tarifa probatoria para acreditar el pago efectivo y, por ende, el deudor puede valerse de cualquier medio legalmente válido. En este orden de ideas, el juez debe valorar de forma conjunta los medios de prueba allegados, bajo los parámetros de la sana crítica. (…) El Consejo de Estado, desde el año 2013, ha revisado la postura sostenida hasta ese momento en relación con el pago efectivo de la condena y ha considerado que, si bien los documentos aportados por las entidades públicas eran elaborados por ellas mismas, lo cierto es que gozan de plena validez y capacidad probatoria, como quiera que, en virtud de quien los expide, se trata de documentos públicos. El legislador también elevó esta interpretación a rango normativo, razón por la que [lo] estableció en el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 (…) Claro está que lo anterior no implica que tales documentos de naturaleza pública sean prueba definitiva e incontrovertible, por cuanto su contenido acreditaría el hecho que se certifica, siempre que, estando a disposición de la parte contraria, no hayan sido controvertidos, objetados o tachados de falsos. (…) Pues bien, al expediente fueron allegados: i) certificación expedida por el Área de Gestión Financiera de las Empresas Varias de Medellín(…) ii) orden de pago en favor del abogado (…) por concepto "condena por acción de reparación directa instaurada por (…), radicado 1993-1990"; iii) copia del comprobante de egreso núm. 99, expedido por la oficina de tesorería de las Empresas Varias de Medellín, en el cual se refleja el monto de cuatrocientos quince millones trescientos cincuenta mil pesos ($415'350.000.00), cuyo pago fue consignado en favor del mencionado abogado (…) a la cuenta corriente núm. 37127 del Banco de Occidente. (…) Para la Sala, los anteriores documentos registran la erogación que se hizo en cumplimiento de la sentencia del 23 de abril de 2008, dictada la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se reconocieron los perjuicios causados por la muerte de la señora (…) a sus familiares. Por consiguiente, son suficientes para comprobar el pago de la condena, de acuerdo con las consideraciones expuestas anteriormente. (…) NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de septiembre de 2013, exp. 25631, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. De igual forma, ver, Corte Constitucional, sentencia C-523 de 2009, M.P. María Victoria Calle. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 175, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 165, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 176, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1625, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1626, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1628, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1653, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1654, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1669 ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / CARGAS PROCESALES / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES / DEFICIENCIA PROBATORIA / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / CULPA / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / JUEZ ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / SERVIDOR PÚBLICO / ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / DAÑO ANTIJURÍDICO / DOLO / DAÑO / MUERTE DE PERSONA / CONDENA JUDICIAL / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / SENTENCIA JUDICIAL / PRUEBA DOCUMENTAL / AUSENCIA DEL DOLO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Se configuró culpa grave o dolo por parte de los demandados en el caso sub examine, por haber actuado de forma imprudente en los hechos en que perdió la vida una persona? Respuesta al problema jurídico: No Al respecto, como se dijo anteriormente [apartado 4.41, el régimen jurídico aplicable para determinar la responsabilidad de los demandados y, por ende, establecer si actuaron con culpa grave, es el vigente a la fecha en que los hechos ocurrieron [Código Civil]; por tanto, no hay lugar a acudir a las presunciones establecidas en esta materia por la Ley 678 de 2001. En los términos del citado artículo 63 del Código Civil; la culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran. Con el juicio sobre la culpa se imputa así la obligación de reparar un daño previsto o que, siendo previsible, confió imprudentemente en su capacidad de evitarlo, teniendo en cuenta que el ejercicio de una función o servicio público implica unos deberes expresamente establecidos en la ley o el reglamento derivados de las funciones detalladamente definidos en estos que el funcionario o servidor se ha comprometido a cumplir. En consecuencia, este no podrá excusar su responsabilidad arguyendo la ignorancia de los conocimientos necesarios para su ejercicio, ya que ello lo colocaría en una culpa inicial. La culpa grave, a su vez, al tenor del referido artículo 63 del Código Civil, implica un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario en la causación del daño. En esa perspectiva, la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no equivale automáticamente al dolo o la culpa grave del funcionario, pues el criterio del juez contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad patrimonial del Estado no ata al juez de la repetición, el cual debe centrarse en un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente, bajo las pruebas legalmente acopiadas, cuyo mérito y resultados pueden diferir del que tuvieron las pruebas allegadas al proceso de reparación. El elemento subjetivo implica que la actuación del servidor público, conforme a la normatividad vigente para la época en que se presentó el daño antijurídico, hubiera sido negligente, despreocupada, imprudente o carente del deber objetivo de cuidado (culpa grave), o se hubiera realizado con la intención positiva de desconocer los deberes propios del empleo (dolo). En este juicio, resulta oportuno establecer: (i) si la actuación está directamente relacionada con el daño que motivó la condena judicial objeto de la pretensión de reembolso, (u) si el comportamiento fue determinante en la ocurrencia de esa afectación, teniendo en cuenta las funciones contempladas en la ley y el grado de diligencia atribuible al servidor público en razón de los requisitos del cargo, la jerarquía o la retribución económica recibida y, (iii) cuál fue el grado de participación del agente. Para acreditar la conducta que se reprocha a los demandados, el extremo demandante únicamente aportó copia de las decisiones adoptadas en el marco del proceso de reparación directa, esto es, la sentencia de 23 de abril de 1998, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia y de 23 de abril de 2008, proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado. No se probó la conducta gravemente culposa imputable a los señores (…) en tanto que el fundamento de la imputación se soportó únicamente en aquellas decisiones, sin que se allegara al expediente ninguna otra prueba tendiente a demostrar la responsabilidad de dichos demandados. (…) Desde esta perspectiva, como lo ha sostenido la Sección Tercera desde el 3 de octubre de 2007, la administración tiene la carga de probar la conducta irregular (dolosa o culposa) del agente o exagente que ocasionó la condena y este tiene la oportunidad de demostrar en el juicio de la acción de repetición que su actuación no fue con dolo, o con culpa grave, sin que para ello sea suficiente con solo aportar las sentencias correspondientes al proceso primigenio en el que se profirió la condena, pues no puede desconocerse por el juez de la repetición que "( ... ) las sentencias son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y las actuaciones procesales, pero no sirven para probarlos hechos que le sirvieron de fundamento. En cada proceso el juez debe fundarse en las pruebas allegadas al mismo (art. 174 CPC hoy 164 del CGP) y las partes deberán tener la oportunidad para contradecirlas". No puede la Sala, entonces, fundar su decisión únicamente en las conclusiones a las que se llegaron en aquella instancia del juicio de responsabilidad anónima en contra de la parte demandante, por cuanto las solas sentencias no constituyen prueba suficiente para estructurar en este caso la culpa grave en contra de los demandados. De la misma manera, aunque el Consejo de Estado haya condenado a la accionante pagar una indemnización en favor de los familiares de la señora (…) ello no configura per se la responsabilidad patrimonial de los señores (…) hoy, ex trabajadores de la demandante. Debía probarse el dolo o culpa grave, carga probatoria que no cumplió Empresas Varias de Medellín. (…) Bajo este panorama, lo que puede resultar suficiente para condenar al Estado vía reparación directa no lo es para repetir contra el servidor o exservidor público, porque la materiaIización de un daño antijurídico imputable al Estado, como ente abstracto, no implica per se la configuración del dolo o. la culpa grave en cabeza del agente o exagente estatal como sujeto individualizado. Por esa razón, el extremo demandante tiene la carga de demostrar fehacientemente tales presupuestos subjetivos contra quien recae la acción de repetición. La inactividad probatoria de la parte demandante, en cuanto no solicitó prueba adicional para demostrar la culpa grave o el dolo que les endilga a los demandados pues solo se limitó a aportar los fallos ya referidos no se compadece con el deber que le asiste a las partes de "(...) probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen", en los términos de que trata el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil [hoy, art.167 del Código General del Proceso]. Por consiguiente, debe asumir las consecuencias de su inactividad probatoria (…). En consecuencia, se confirmará el fallo apelado, en cuanto negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en la presente decisión. NOTA DE RELATORÍA: Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 26 de febrero de 2015, exp. 32207, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz (E); sentencia del 30 de agosto de 2017, exp. 45295, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 1 de octubre de 2018, exp. 46328, C.P. ; del 29 de noviembre de 2019, exp. 43056, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 7 de septiembre de 2020, exp. 49069, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, exp. 29222, C.P. Ruth Stella Correa; sentencia del 3 de octubre de 2007, exp. 41001-23-31-000-1995-08354-01, C.P. Ruth Stella Correa; Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C, sentencia del 19 de noviembre de 2021, exp. 13001-23-31-000-2006-00358-02, exp. 46393, C.P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia del 12 de abril y 25 de junio de 2021, exps. 15001- 23-31-000-2011-00567-01(63984) y 13001-23-31-000-2002-00680-02 (42103), C.P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122 INCISO 10, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122 INCISO 2, DECRETO 400 DE 1970 - ARTÍCULO 174, DECRETO 400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 164, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 63 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine en cuanto la parte demandada no intervino en segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: No Según el CGP, la condena en costas procede contra la "parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto" (CGP, artículo 365, numeral 1). Sin embargo, también señala prevé que "[s]olo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación" (numeral 8, ejusdem). Como la parte demandada no intervino en segunda instancia, la Sala se abstendrá de condenar en costas a su favor. (…) FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000200900224021100103