Titulación de la relatoría 25.376 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SOLIDARIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL / RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIÓN TEMPORAL / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Está probado el incumplimiento del contrato por parte del contratista en el pago de obligaciones parafiscales y respecto de la herramienta informática denominada “autenticador electrónico del ciudadano”?
Respuesta al problema jurídico: Si
En ese contexto, la Sala (i) mantendrá la declaración de incumplimiento, porque se acreditó que la contratista no cumplió a cabalidad sus obligaciones respecto del pago de salarios y aportes parafiscales ni tampoco con la calidad de la herramienta denominada “autenticador electrónico del ciudadano” (...) En el presente proceso, no se analiza la imposición de sanciones al contratista ni la legalidad de alguna de estas sino, puntual y específicamente, el cumplimiento del contrato y sus efectos, frente a lo cual son solidariamente responsables todos los integrantes de la unión temporal contratista, razón por la cual los argumentos de algunas de las apelantes, tendientes a que se realice un análisis individual de su comportamiento contractual, no son de recibo. (...) [L]a Sala concluye que se probó el incumplimiento de la contratista respecto de la solución informática denominada autenticador electrónico del ciudadano porque, pese al recibo extemporáneo de la aplicación, quedaron pendientes que, según la confesión de las demandadas y el informe técnico rendido por la entidad nunca fueron corregidos, documento que no se desvirtuó con otras pruebas, circunstancias que sustentan la conclusión del fallo apelado respecto del incumplimiento de esa precisa obligación. (...) Está probado que el FONTIC adelantó una actuación administrativa tendiente a declarar incumplida a la unión temporal demandada respecto de las obligaciones correspondientes al pago de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social, la cual fue archivada con la Resolución número 02044 de 6 de octubre de 2010 (...) [R]eposan en la actuación diversos documentos posteriores a la decisión de archivar el procedimiento administrativo que demuestran que la contratista incumplió, definitivamente, su obligación de pagar aportes al sistema de seguridad social y también salarios de personal (...) Aunque no se conoce en este proceso el resultado de las investigaciones administrativas en contra de la unión temporal que debían adelantar las autoridades antes las cuales se informó tal circunstancia, lo cierto es que las evidencias allegadas demuestran que el contratista no cumplió con la obligación del numeral 6.11 del contrato y este no demostró lo contrario en el curso de la presente actuación, por lo cual se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró incumplida dicha obligación.
DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / COMPETENCIA DEL JUEZ ADMINISTRATIVO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es requisito que la entidad haya declarado el incumplimiento del contrato mediante acto administrativo para que se puedan y deban estudiar las pretensiones tendientes a obtener que se declare que el contratista no ejecutó a satisfacción lo acordado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l hecho de que el FONTIC no hubiera declarado el siniestro de incumplimiento mediante acto administrativo no es impedimento para que puedan y deban estudiarse las pretensiones tendientes a obtener que se declare que su contratista no ejecutó a satisfacción lo acordado; el artículo 141 del CPACA prevé que las partes del contrato pueden pedirle al juez que declare el incumplimiento y no dispone requisito alguno de procedibilidad para tal efecto; bien podía la administración, como lo hizo, abstenerse de emitir pronunciamiento y acudir al juez para que dirima la controversia; sin embargo, en este escenario le correspondía la carga de acreditar en el curso de este proceso los incumplimientos alegados, debido a que no hizo uso de la facultad que la ley le otorga para declararlos mediante acto administrativo revestido de presunción de legalidad, por lo cual se analizan a continuación las pruebas aportadas al proceso para efectos de determinar si efectivamente estos se probaron.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLIDARIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / UNIÓN TEMPORAL / RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL / RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIÓN TEMPORAL / MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es obligación por parte de la entidad informar el estado de cumplimiento del contrato en el proceso administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala interpreta la inasistencia del representante legal de Zortek Systems y la renuencia a responder asertivamente por parte de los demás respecto de la ejecución de los ítems pendientes del AEC como indicio grave en contra de la parte demandada, en los términos del artículo 205 del Código General del Proceso, toda vez que encuentra inadmisible que quienes acudieron a la audiencia como representantes de las demandadas se limitaran a señalar que no les consta nada respecto del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la unión temporal, frente a las que, según se advirtió supra, se obligaron en forma solidaria; por el contrario, se estima que, en los términos del inciso tercero del artículo 198 ibidem, conocido el objeto del litigio les correspondía informarse debidamente sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones del contrato y, de manera veraz y leal, responder el interrogatorio que se les formuló; la división del trabajo entre los distintos miembros de la unión temporal durante la ejecución del contrato no es, a juicio de la Sala, justificación admisible para no responder sobre los hechos concretos y particulares de la ejecución que estaban obligados a conocer, razón por la cual se interpreta su actitud procesal como indicio en su contra; adicionalmente, la representante legal de Consulting Net SA insistió en que la solución fue recibida por la contratante pero evadió responder lo correspondiente a la solución de las observaciones o pendientes que quedaron plasmados en el acta de recibo.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 198, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 205
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / DICTAMEN / DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / DICTAMEN PERICIAL INCOMPLETO / PRUEBA TÉCNICA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Se probó mediante dictamen pericial el cumplimiento del contrato, es decir, se probó el funcionamiento del software?
Respuesta al problema jurídico: Si
Por su parte, la sociedad Consulting Net SA presentó un dictamen pericial de parte (fls. 1 – 5 c. 3) elaborado por el ingeniero de sistemas Mario Sebastián Sánchez Sánchez en el cual se conceptuó sobre la forma y tiempos en los cuales se pueden realizar las pruebas de funcionamiento de una solución informática; refirió el perito que las pruebas para determinar el funcionamiento de una solución de software se pueden realizar una vez recibida esta con sus “fuentes” y que se ejecuten ensayos de cargas para simular situaciones reales de trabajo, proceso que estimó no puede tardar más de unas semanas. El experto autor del dictamen compareció a la audiencia de pruebas (cd. fl. 382 cdno. 1, 1h1’20’’) en la cual insistió en las conclusiones de su informe y precisó que toda solución de software puede tener errores que pueden corregirse durante el período de garantía. La Sala encuentra que esa prueba técnica se refirió en forma genérica al procedimiento para probar el funcionamiento de una solución de software, lo cual nada aporta respecto del cumplimiento de la contratista sobre aquellos ítems que quedaron pendientes en el acta de recibo del AEC; de otra parte, resulta llamativo que el dictamen no se hubiera referido puntualmente a la ejecución de esos ítems o al funcionamiento del aplicativo que eran los temas técnicos en debate.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Es procedente el reconocimiento del valor de la cláusula penal pecuniaria a favor del contratante como tasación anticipada de los perjuicios teniendo en cuenta que no hay prueba de los perjuicios que padeció el FONTIC producto de los incumplimientos?
Respuesta al problema jurídico: Si
[Se] reconocerá el valor de la cláusula penal en favor de la contratante y a cargo de la contratista como tasación anticipada de los perjuicios para lo cual no es óbice la falta de prueba de su cuantía y denegará su reducción proporcional (...) La asiste razón a las demandadas apelantes respecto de la ausencia absoluta de prueba de los perjuicios que padeció el FONTIC producto de los incumplimientos descritos; en efecto, (i) respecto del pago de salarios y aportes, la entidad no refirió en su demanda algún reclamo concreto respecto de las consecuencias del no pago oportuno de los referidos aportes, esto es, que por virtud de la mora que en algún momento de la ejecución ocurrió sobre ese punto la entidad contratante sufrió algún perjuicio y, (ii) tampoco existe prueba del valor que debió asumir la entidad para solucionar los defectos del AEC, lograr su efectiva funcionalidad o ajustarlo a los requerimientos técnicos contratados o cualquier otro daño derivado de la incompleta ejecución del item. 2) Sin embargo, la falta de demostración de los perjuicios causados por el incumplimiento no conduce en este caso al fracaso de las pretensiones toda vez que las partes los estimaron de manera anticipada (...) De acuerdo con lo expuesto, con independencia de la prueba sobre el monto de los perjuicios, el incumplimiento definitivo del contratista le otorga derecho a la contratante a cobrar la cláusula penal pecuniaria en la cual se tasaron anticipadamente. La Sala no comparte la conclusión del tribunal respecto del entendimiento de la expresión “incumplimiento definitivo”, según la cual esto solo ocurre cuando no se logra “cumplir con la finalidad del objeto contratado”, por el contrario, los incumplimientos fueron definitivos, porque se trató de obligaciones que no se ejecutaron y quedaron inconclusas lo cual es aplicable tanto al pago de salarios y aportes como a la calidad de la solución informática denominada “autenticador electrónico del ciudadano”; la cláusula penal no quedó sujeta a incumplimiento total del objeto del contrato sino al incumplimiento definitivo de las obligaciones, por tanto aplicable a cualquiera de ellas y no necesariamente al conjunto de todas ellas. (...) En el contrato no se acordó que la estimación anticipada de los perjuicios contenida en la cláusula penal solamente fuera exigible por el incumplimiento de la obligación principal, sino, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, por lo cual, en este caso, procede su aplicación tanto por la inejecución plena del objeto del contrato, así como también, por el no pago de la obligación accesoria correspondiente a los aportes al sistema de seguridad social, parafiscales y demás cargas de índole laboral; en este caso concreto la estipulación décima octava del contrato no individualiza ni diferencia frente a qué tipo de obligaciones es aplicable, de lo cual se colige que lo es a todas y/o a cada una de las adquiridas con la suscripción del contrato. (...) Así las cosas, se impondrá en forma plena (en contra del contratista y en favor de la entidad contratante) la estimación anticipada de perjuicios derivados del incumplimiento que las partes pactaron expresamente, porque se verificó el supuesto para su imposición (incumplimiento definitivo de obligaciones), la obligación de entregar un programa autenticador del ciudadano era indivisible y no existe fundamento probatorio que permita acceder a la reducción pretendida respecto de aquella que si podía dividirse. 13) De conformidad con lo expuesto, se modificará la sentencia de primera instancia para, en su lugar, declarar próspera la pretensión sexta principal de la demanda, tendiente a que se condene a las demandas al pago de la cláusula penal pecuniaria en el equivalente al 10% del valor total del contrato, esto es, $1.051.660.813,4. 14) La obligación de pagar esta suma de dinero se hará efectiva únicamente con la ejecutoria de la sentencia, por lo cual, la pretensión octava tendiente a obtener el pago de intereses sobre el valor de la cláusula penal no prospera.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD DEL LLAMADO EN GARANTÍA / CONTRATO DE SEGURO / PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES / PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DEL DERECHO / PRESCRIPCIÓN ORDINARIA / TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN ORDINARIA / PRESCRIPCIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO ESTATAL / EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN / EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN / PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO
Problema jurídico:
¿Se configuró la prescripción de las obligaciones del contrato de seguro del garante del contrato Axa Colpatria SA?
Respuesta al problema jurídico: Si
Aunque en el presente caso se acreditó efectivamente el incumplimiento de obligaciones contractuales y se decretó a cargo del contratista el valor de la cláusula penal pecuniaria, Axa Colpatria SA no será condenada a responder por el valor de ese amparo debido a que operó la prescripción respecto de los derechos derivados de este. El artículo 1081 del Código de Comercio prevé dos tipos de prescripción respecto de los derechos y obligaciones derivados del contrato de seguro, (...) En el seguro de cumplimiento pactado como garantía de las obligaciones derivadas de un contrato estatal, la prescripción ordinaria es aplicable a todo interesado que tenga o haya debido tener conocimiento de siniestro, tal como ocurre con las partes del contrato de seguro y también con el beneficiario cuando este es una entidad estatal que, de acuerdo con la ley, tiene a su cargo la vigilancia y control de la ejecución del contrato6 , posición en virtud de la cual le es exigible enterarse acerca de los hechos que pueden servir de sustento para la efectividad de los amparos otorgados en su favor. 6) En este caso particular, la prescripción que opera en relación con el beneficiario es la ordinaria, toda vez que tenía la carga de verificar el cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones de su contratista. 7) La Sala no comparte la afirmación del tribunal según la cual la prescripción debe contabilizarse en este caso desde la realización de la audiencia de descargos porque, en su criterio, ese fue el momento en el cual se tuvo conocimiento de la ocurrencia del siniestro correspondiente al incumplimiento derivado del no pago de las obligaciones parafiscales por parte del contratista; por el contrario, es evidente que desde la citación a descargos la entidad conocía de los hechos en los cuales se fundamentó, pese a lo cual este tampoco ha de ser el referente para la contabilización del término extintivo. 8) Con independencia del momento en el cual se adelantó el procedimiento administrativo sancionatorio, lo cierto es que los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social, así como las obligaciones de índole laboral, debían realizarse y cumplirse en forma sucesiva, por lo cual, a más tardar a partir del vencimiento del plazo contractual (29 de octubre de 2010), la contratante tuvo conocimiento cierto e inequívoco del incumplimiento definitivo de esta obligación y, por ende, inició a contabilizarse la prescripción. 9) Similar situación ocurrió con la no entrega oportuna del autenticador electrónico del ciudadano, solución informática que no se entregó dentro del plazo contractual y, por el contrario, fue recibida por la entidad por fuera de este (7 de diciembre de 2010), lo cual no desdice del hecho consistente en que FONTIC tuvo conocimiento pleno de la configuración del siniestro de incumplimiento a partir de la expiración del plazo contractual, en efecto, extinguido este el 29 de octubre de 2010 sin la entrega del AEC, se configuró el siniestro de incumplimiento y FONTIC tuvo certeza de ello, por lo cual a partir del día siguiente inició a contabilizarse la prescripción de los derechos derivados del contrato de seguro, en lo relativo al amparo de cumplimiento7 . 10) De acuerdo con lo expuesto, se declarará probada la excepción de prescripción de los derechos derivados del amparo de cumplimiento y, por ende, no prospera el recurso de FONTIC a este respecto.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1081
GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente hacer efectivo el amparo por calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos?
Respuesta al problema jurídico: Si
La sentencia de primera instancia hizo efectivo el amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos, aspecto que controvirtió la compañía aseguradora en su apelación con fundamento en la prescripción y la falta de prueba de la cuantía del siniestro. En el modificatorio número 3 del contrato las partes acordaron que el período de 45 días de estabilización del AEC haría parte de la garantía del software y que la duración total de esta era de 1 año y 45 días posteriores a la entrega, de modo que la prescripción respecto del amparo de calidad de los bienes solo empezó contabilizarse una vez vencido dicho lapso sin que se hubiere dado solución a las fallas reportadas por FONTIC desde la entrega (7 de diciembre de 2010); así las cosas, 1 año y 45 días después, el 22 de febrero de 2012 inició a contabilizarse la prescripción ordinaria respecto del amparo de calidad, toda vez que en este caso particular, solamente una vez expirada la garantía sin recibir las soluciones a cargo del contratista, la entidad tuvo conocimiento del siniestro por lo cual la demanda presentada el 26 de abril de 2013 (fl. 43 cdno. 1) interrumpió la configuración del fenómeno extintivo. No se trata en este caso de exigir un conocimiento cualificado respecto de la ocurrencia del siniestro sino de entender que era perfectamente viable que el contratista corrigiera las incidencias del software dentro del período de garantía, de modo que, solo cuando este expiró sin que ello tuviera lugar, FONTIC tuvo certeza acerca de la ocurrencia del siniestro. 3) Sin embargo, el recurso de apelación formulado por AXA Colpatria SA prospera porque no existe ningún sustento probatorio que permita hacer efectivo el amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos por la suma de $3.154.982.440; el hecho consistente en que la compañía aseguradora garantizó la calidad y funcionamiento de los bienes hasta por la suma de $3.154.982.440 no resulta suficiente para que quede obligada a pagarlo en cualquier caso; para ello era preciso demostrar que ocurrió el siniestro y su cuantía en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio y esto último no quedó demostrado. 4) Como se precisó, la tasación anticipada de los perjuicios contenida en la cláusula penal pecuniaria está cubierta por el amparo de cumplimiento, respecto del cual operó la prescripción; así las cosas, si FONTIC pretendía hacer efectivo el amparo de calidad le correspondía acreditar, no solo la ocurrencia del siniestro sino también su cuantía y no lo hizo. Aunque está probado que el AEC tenía un valor total de $2.029.858.334, probatoriamente se estableció que el contratista presentó diferentes entregables correspondientes a dicha solución, esto es, ejecutó parcialmente el item pero, se desconoce el valor de lo efectivamente ejecutado y entregado en relación con el software autenticador, máxime cuando se acreditó que nunca logró la funcionalidad requerida por FONTIC. 6) En ese escenario no resulta viable hacer efectivo el amparo de calidad de los bienes contratados y, menos aún, por el valor total asegurado, razón por la cual se revocará la sentencia de primera instancia a este respecto y, en su lugar, se denegarán las pretensiones formuladas en contra de Axa Colpatria SA.
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / PROCESO LIQUIDATORIO
Problema jurídico:
¿Es procedente la liquidación judicial del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
La apelación del FONTIC respecto de la decisión del tribunal que negó la complementación la sentencia de primera instancia es fundada y por tanto deber accederse a ella porque la pretensión de liquidación judicial se formuló (pretensión novena principal) y, por ende, debía ser resuelta, con independencia de la existencia de otro proceso judicial en el cual también se reclamó del juez dicha actuación, máxime porque en aquel no concurrieron la totalidad de las partes del conflicto de modo que la sentencia pueda serles oponible; según se anotó, el referido proceso está suspendido en espera de la presente decisión, por lo cual su existencia no es óbice para resolver la referida pretensión de liquidación judicial del contrato. 2) En los términos del artículo 141 del CPACA, las partes pueden pedir el juez, en ejercicio de la acción de controversias contractuales, la liquidación judicial del contrato y esta debe realizarse siempre que existan bases probatorias para tal efecto. 3) En este caso, se tiene certeza de que el valor total del contrato ascendió a $10.516.608.134 de los cuales se ejecutó un 93,23% según el informe de liquidación del contrato presentado por el FONTIC (fl. 512 cdno. 5) que, las partes no controvirtieron durante la presente actuación (...) En consecuencia, el valor a pagar al contratista corresponde a lo ejecutado, es decir, $9.804.703.733 (...) De lo expuesto que colige, (i) que el anticipo se amortizó en su totalidad8 , (ii) que la ejecución “amortizada”, incluidos los recursos del anticipo (sumatoria de la comuna amortización ejecutada) equivale a lo ejecutado, esto es, a $9.804.703.733 y, (iii) que no hay lugar a pagar los $711.904.401 porque esto fue lo que el contratista no ejecutó, aspectos y montos que no fueron desvirtuados en el presente proceso5) Seguidamente, es del caso verificar lo efectivamente pagado al contratista para establecer si quedan diferencias y en favor de quién, a lo cual se procede con sustento en el informe final de la interventoría (...) Como conclusión del balance anterior, se liquida judicialmente el contrato en la suma de $1.330.126.783,4 en favor de FONTIC y a cargo de las demandadas integrantes de la Unión Temporal Interfactory, sin perjuicio de las sumas que el contratista debe reintegrar a este por concepto de rendimientos financieros generados por el anticipo, si aún no lo hubiere hecho. 11) Las referidas sumas se actualizan de conformidad con el IPC, entre la fecha en que terminó la ejecución contractual (octubre de 2010) y la fecha de emisión de la presente sentencia, con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo, en el entendimiento de que se trata de la misma suma de dinero actualizada y no de un valor nuevo o adicional. Sobre este particular, la Sala precisa que el valor de la cláusula penal fue acordado con una estimación anticipada de los perjuicios, esto es, con carácter indemnizatorio y, por tal razón, en aplicación del principio de reparación integral del daño se impone ajustar su valor para que el beneficiario reciba una suma equivalente a la que se estimó en el contrato y no un valor depreciado y, por ende, inferior. Igual ocurre con los saldos en favor del FONTIC, que deben ser reintegrados con su correspondiente ajuste de valor, por lo cual se indexa la totalidad de la suma de dinero producto de la liquidación.
CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Proceden condenar en costas en segunda instancia teniendo en cuenta que se condenó en costas en primera instancia pero prosperó el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
En los términos del numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso no se impondrá condena en costas en la instancia porque el recurso de FONTIC también prosperó. Respecto de las costas de la primera instancia, se mantiene la decisión de condenar en costas a la parte vencida, que para este caso y con las modificaciones introducidas en esta instancia corresponde únicamente a los integrantes de la unión temporal, en el 1% del valor de la condena a su cargo, los cuales asumirán por partes iguales.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365