Titulación de la relatoría 21.845 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / SENTENCIA INCONGRUENTE / SENTENCIA / SENTENCIA EXTRAPETITA / SENTENCIA EXTRAPETITA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FALLO / FALLO EXTRA PETITA / IMPROCEDENCIA DEL FALLO EXTRA PETITA / LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Se produjo un fallo incongruente en primera instancia, por haber liquidado el contrato con un saldo a favor del ente demandado, pese a que no se haya pretendido la liquidación del contrato ni se haya formulado demanda de reconvención?
Respuesta al problema jurídico: Si
El fallo extra petita se presenta cuando el juzgador se pronuncia sobre asuntos que no fueron pedidos en la demanda o cuando se profiera condena contra el demandado por causa diferente a la invocada en la demanda, pues estos procederes están proscrito en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, como un desarrollo del principio procesal de congruencia, de acuerdo con el cual la sentencia debe guardar consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda y con su contestación, así como con las excepciones que aparezcan probadas de conformidad con la ley. Si bien esta regla admite ciertas excepciones, como lo es la declaración oficiosa de la nulidad absoluta del contrato y de las excepciones, entre otras, estas deben estar previstas en la ley. La liquidación Judicial del contrato es una de las muchas pretensiones que puede tener cauce a través del medio de control de controversias contractuales. Así lo prescribía el artículo 136.10.d del CCA. Esta es una pretensión legítima y procedente cuando, no habiendo llegado las partes a un acuerdo bilateral de liquidación, la administración tampoco ha hecho uso de la prerrogativa que le confiere el ordenamiento jurídico al tenor del artículo 61 de la Ley 80 de 1993, vigente al momento de la suscripción del contrato bajo examen, de realizar esa liquidación en forma unilateral; o cuando, habiéndose ejercido dicha prerrogativa, se trae al contencioso contractual la pretensión de anulación del acto de liquidación unilateral y se demanda de manera consiguiente la liquidación del contrato por el juez. A falta de pretensión expresa en la demanda, o en la demanda de reconvención, la liquidación judicial es improcedente, puesto que, aunque el juez debe decretar de oficio toda excepción que encontrare probada, la falta de liquidación no obra como hecho constitutivo de excepción, y además, porque la liquidación judicial del contrato no fue enlistada en los asuntos que el legislador previó como de forzoso y aun oficioso pronunciamiento por el juez. En cuanto corte de cuentas, es asunto que concierne a las partes, y en forma supletiva de la común voluntad de contratante y contratista, a la administración en forma unilateral. Como ocurre con toda decisión que en la esfera del contrato concierne a las partes, solo a petición de, al menos, una de ellas, se abre la puerta al juez de lo contencioso administrativo para que la realice. (...) En el caso objeto de decisión, ni las demandas que fueron acumuladas en este proceso, ni los escritos de contestación del llamamiento en garantía, formularon solicitud expresa de liquidación judicial del contrato (...) Tampoco entiende la Sala que la solicitud que hizo Agrícolas de Seguros en sus demandas acumuladas, para que las condenas en su favor fueran compensadas con las sumas que le fueran exigibles al contratista, equivalgan a una pretensión de liquidación judicial del contrato. (...) Vistos los fundamentos de esta demanda, observa la Sala que estos se enfocaron en denotar la falta de competencia temporal del INVÍAS para declarar la caducidad y para liquidar el contrato. No encuentra aquí alusión alguna a la compensación, ni a las actas de obra y ajustes de precio cuyo pago deprecó (en la primera demanda). Aseguró, en cambio, que el anticipo había sido invertido correctamente, e infirió de allí que la aseguradora no estaba obligada a pagar suma alguna por concepto de la correcta inversión del anticipo. En esos términos, no queda más que concluir que, al pedir la compensación entre las sumas reconocidas al contratista y las exigidas al asegurador, la demandante indicó la procedencia de deducir, de cualquier suma que resultare a cargo del asegurador, aquellas que, conforme a las resultas del proceso, se probaren correctamente invertidas por el contratista. Tampoco hubo allí pretensión alguna de liquidación del contrato núm. (...), ni menos aún, de pretensión de condena en favor del INVÍAS. (...) No existía, por demás, en las demás demandas acumuladas en este proceso, súplica alguna que permitiera inferir la existencia de pretensión de liquidación del contrato, ni de reconocimiento en favor del INVÍAS, pues, con estas, los miembros del consorcio contratista únicamente pidieron la nulidad de los actos de declaración de la caducidad y de liquidación del contrato (...), la consiguiente condena al INVÍAS por los perjuicios ocasionados con tales actos, y el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. (...) al liquidar el contrato(...) con una condena a favor del ente demandado que no se aviene con la causa petendi de las demandas presentadas en este proceso acumulado, el fallo apelado incurrió en incongruencia por cuanto obró extra petita. (...) Por otra parte, la Subsección observa que en ninguna de las providencias ni conceptos de esta Corporación que fueron referidos por el tribunal a modo de sustento de su decisión de declarar la nulidad de los actos demandados, el juzgador se arrogó la competencia oficiosa de liquidar el contrato, ni la Sala de Consulta Civil conceptuó que ese fuera el proceder que debía seguirse. (...) No había, pues, lugar a liquidar oficiosamente el contrato que tuvo por objeto este litigio, con base en la jurisprudencia referida. Y es que, como lo manifestó la Sala de Consulta en los conceptos referidos, con base en la jurisprudencia administrativa previa, la Administración sólo pierde la facultad de liquidar unilateralmente el contrato cuando se le ha notificado el auto admisorio de la demanda con la cual se pretende la liquidación del contrato, no pretensiones diferentes, como las formuladas en este contencioso. De acuerdo con la jurisprudencia administrativa referida, no había pues lugar a liquidar oficiosamente el contrato (...). Por lo tanto, la respuesta al primer problema jurídico de esta instancia es afirmativa y la decisión de liquidar el contrato (...) será revocada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el fallo extra petita ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de octubre de 2021, exp. 66758, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 19 de septiembre de 2021, exp. 66091, María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 305, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61
ANTICIPO DEL CONTRATO / ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / ENTIDAD ASEGURADORA / OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / COMPAÑÍA DE SEGUROS / OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS / RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS / CONTRATISTA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿La aseguradora garante del buen manejo y la correcta inversión del anticipo debe ser condenada a indemnizar al beneficiario de la póliza por causa de la falta de amortización de ese anticipo, en este caso?
Respuesta al problema jurídico: Si
Procede la Sala a determinar, a continuación, si, de acuerdo con los cargos de la alzada, y considerando la cobertura de la póliza respectiva, la aseguradora garante del buen manejo y la correcta inversión del anticipo está obligada a indemnizar el perjuicio ocasionado al ente beneficiario del seguro por su no amortización pese a la demostración de su correcta inversión. (...) Lo anterior, por cuanto, en la resolución (...), al declarar la caducidad del contrato (...), el INVÍAS consideró que, si bien había sido amortizada la totalidad del anticipo entregado inicialmente, conforme a lo pactado en el texto modificado del contrato por tres mil ochocientos setenta millones novecientos once mil setenta y cinco pesos ($3.870’911.075), el anticipo entregado con fundamento en el adicional núm. 3 por ochocientos cuatro millones setecientos cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y nueve pesos ($804’758.259) no fue amortizado (...) Como se mencionó anteriormente, mediante el adicional núm. Tres (3) el valor del contrato fue incrementado en mil seiscientos cuarenta y dos millones cuatrocientos treinta y dos mil cuatrocientos nueve pesos ($1.642.432.409), para la ejecución de obras de explanación y obras de arte adicionales, por lo que cabría inferir que, con los trabajos referidos en el acta de obra núm. Dieciocho (18), por obras de arte, fue amortizado el anticipo de dicho adicional; inferencia que se constata al verificar que en el acta de obra núm. Trece (13), inmediatamente anterior a la suscripción de aquel adicional, consta que los dos mil cinco millones doscientos setenta mil novecientos setenta y cuatro pesos ($2.005’270.974) entonces destinados a obras de arte se habían ejecutado en su totalidad, mientras en el acta núm. Dieciocho (18) se lee que de los dos mil trescientos treinta y dos millones cuatrocientos noventa y dos mil ciento cincuenta y cinco pesos ($2.332’492.155) asignados a obras de arte, se habían ejecutado dos mil cuarenta y siete millones seiscientos veintitrés mil seiscientos veintitrés pesos con setenta y tres centavos ($2.047.623.623,73-9. Por lo tanto, los cuarenta y dos millones trescientos cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta pesos ($42.352.650) ejecutados en mayo de dos mil tres (2003), por obras de arte, fueron destinados a la ejecución de las obras añadidas con el adicional núm. 3. Aparte, el acta núm. Trece (13) —anterior al adicional núm. Tres (3)— refiere que se había ejecutado el valor total destinado a la base granular triturada por cuatrocientos cuarenta y dos millones ciento un mil setecientos noventa y nueve pesos ($442’101.799); (...) En consecuencia, los doscientos ochenta y dos millones seiscientos setenta mil novecientos diez pesos ($282’670.910) referidos en las actas mensuales de obra núm. Catorce (14) y quince (15) fueron destinados a la ejecución de obras por concepto de base granular triturada, que fueron agregadas con el adicional núm. Tres (3). (...) Adicionalmente, ni los dictámenes ni el testimonio practicados en este proceso demuestran que el anticipo del adicional núm. Tres (3) hubiera sido ejecutado en su totalidad. (...) Por ende, como, de acuerdo con lo expuesto en el anterior apartado, no fue invertida una parte del anticipo entregado con el adicional núm. Tres (3), ni se acreditó que este hubiera sido reintegrado por el consorcio contratista, se configuró el riesgo cubierto con la póliza (...), con la que se garantizó el adicional núm. Tres (3). (...) Así, al hacer efectivo con los actos demandados, el amparo de correcta inversión del anticipo por el total de la suma entregada por ese concepto con el adicional núm. Tres 3, esto es, ochocientos cuatro millones setecientos cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y nueve pesos ($804’758.259), se ocasionaría un daño en suma de trescientos veinte millones veintitrés mil quinientos sesenta pesos ($320’023.560), que corresponde al precio de las obras con las que sí fue amortizado dicho anticipo, de acuerdo con los documentos referidos anteriormente, exacción que ni el consorcio contratista ni la aseguradora garante del buen manejo y correcta inversión del anticipo tienen la obligación de soportar. Por lo tanto, como no se ha probado en este proceso que Agrícola de Seguros hubiera cancelado suma alguna a manera de indemnización por el amparo de correcta inversión del anticipo, la Sala, de acuerdo con el artículo 170 del CCA, procederá a, modificar el artículo primero de la resolución (...), confirmada con la resolución (...), y el artículo primero de la resolución núm. 003523 de dos (2) de agosto de dos mil cinco (2005), que aclaró la resolución (...) para, en su lugar, declarar que la aseguradora (Agrícola de Seguros) solo está obligada a pagar, debidamente indexado, a manera de indemnización por ese concepto, el remanente del anticipo que el contratista recibió con ocasión del adicional núm. Tres (3), el cual asciende a cuatrocientos ochenta y cuatro millones setecientos treinta y cuatro mil seiscientos noventa y nueve pesos ($484’734.699), anticipo este que no fue amortizado ni devuelto por el contratista, y que se encuentra cubierto por los anexos modificatorios de la póliza (...). Lo anterior, se ordenará, en subsidio del pago por el Consorcio ICIC LTDA.–(...) de la condena que se proferirá en su contra, a la restitución de dicha suma debidamente indexada por concepto de anticipo no amortizado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el manejo del anticipo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 14 de diciembre de 2022, exp. 68201, fundamento jurídico 9.3.1., C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2014, exp. 29906, C.P. Hernán Andrade Rincón. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de julio de 2020, exp. 62645, C.P. Marta Nubia Velasquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 14 de octubre de 2021, exp. 50623, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de Exp. 28917, C.P. Hernan Andrade Rincon. Sobre la necesidad de producción de un daño con la ocurrencia del siniestro, ver: Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, exp. 16494; y Subsección A, sentencia del 27 de noviembre de 2013, exp. 25742, C.P. Mauricio Fajardo Gomez; Subsección C, sentencia de 14 de octubre de 2021, exp. 50623, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 170
AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO / TESTIMONIO / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO / DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / VÍA DE HECHO POR DESCONOCIMIENTO DE PRUEBAS / VÍA DE HECHO / DEFECTO FÁCTICO / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / VÍA DE HECHO POR DEFECTO FÁCTICO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VÍA DE HECHO / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / RECLAMO / RENUNCIA A PRESENTAR RECLAMO JUDICIAL / RECLAMO JUDICIAL / INEXISTENCIA DE VÍA DE HECHO
Problema jurídico:
¿Incurrió el a quo en una vía de hecho por defecto fáctico, al omitir la valoración del dictamen y el testimonio practicado, que darían cuenta los sobrecostos en la ejecución del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
Por otro lado, los recurrentes censuraron el fallo apelado, por no haber valorado el dictamen pericial ni la prueba testimonial, que acreditarían el desequilibrio económico del contrato (...), cuyo restablecimiento pretenden. Encuentra la Sala que, sin embargo, tal valoración no era necesaria, pues ―como lo consideró el a quo―, al suscribir los convenios adicionales, el contratista reconoció que las prórrogas que con estos pactaron no generarían sobrecostos, que no se alteró el equilibrio contractual y que no presentaría reclamación alguna, ante lo cual resulta inválida esta reclamación en vía judicial, según los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, y el artículo 871 del Código de Comercio, de acuerdo con los cuales “a nadie le es lícito venir contra sus propios actos” (...) Como lo ha precisado esta Subsección, los pactos de exclusión o limitación de responsabilidad son admitidos en el derecho colombiano, según los artículos 1604 y 1731 del Código Civil, de acuerdo con los cuales el régimen de imputación de responsabilidad contractual puede ser modificado por acuerdo mutuo, en cuanto esta estipulación no suponga la condonación del dolo futuro, ni contravenga el derecho público, las buenas costumbres ni el orden público, o suponga una condición meramente potestativa; circunstancias estas que no han sido argüidas ni demostradas en el presente asunto. La jurisprudencia recientemente unificada de esta Sección, además de ratificar la anterior postura, ha precisado que, incluso, la ausencia de salvedades en los convenios modificatorios ―como aquellos que ocasionaron la mayor permanencia en obra que, según los demandantes, generó el desequilibrio contractual cuyo restablecimiento reclaman― puede interpretarse como una renuncia a reclamaciones futuras, cuando, de acuerdo con las reglas de la hermenéutica contractual, se infiera que esa ha sido la voluntad de las partes. Con mayor razón no cabe pues reclamar el restablecimiento del equilibrio contractual por mayor permanencia, cuando se ha renunciado expresamente a ello en los convenios modificatorios con los que fue prorrogado el plazo el plazo de ejecución contractual, como en este asunto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la ausencia de salvedades por parte del contratista y la validez de los pactos de exclusión o limitación de responsabilidad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de noviembre de 2013, exp. 21865, C.P. Mauricio Fajardo Gomez; Subsección C, sentencia de 2 de julio de 2021, exp. 51307, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas y sentencia de 21 de octubre de 2021, exp. 63722, C.P. Nicolas Yepes Corrales; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 4 de agosto de 2021, exp. 45004, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, fundamento jurídico 7.9. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación de 27 de julio de 2023, exp. 39121, C.P. Guillermo Sánchez Luque
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602, LEY 57 DE 1997 - ARTÍCULO 1603
INVÍAS / RESPONSABILIDAD DE INVÍAS / PERJUICIO MORAL / DEMOSTRACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / NEGACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL
Problema jurídico:
¿El ente demandado debió ser condenado al pago de perjuicios morales, por haber sido vencido en este proceso?
Respuesta al problema jurídico: No
No cabe afirmar, por demás, que deba condenarse al INVÍAS al pago de perjuicios morales por el simple hecho de ser la parte vencida, como lo arguyó el contratista demandante en sustento de la alzada. Esta Corporación ha precisado que, si bien es posible que la declaración de caducidad contractual cause afectación emocional a la parte afectada, esta afectación no se presume, sino que debe acreditarse en el proceso, así como las causas, efectos y magnitud de esa afectación. Por ende, se impone una respuesta negativa al cuarto problema jurídico planteado.
CONDENA EN COSTAS / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / INVÍAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / REVOCATORIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿El ente demandado debió ser condenado al pago de costas, por haber sido vencido en este proceso?
Respuesta al problema jurídico: No
El tribunal condenó al pago de costas con base en los artículos 361 y 365 del Código General del Proceso, sin dejar claro la parte que fue condenada a pagarlas, pues se limitó a referir las normas mencionadas, para decidir finalmente en el numeral sexto de la parte resolutiva: “Costas para la parte actora ICIC Ltda. – (...) L.G.”. Esta ambigüedad fue censurada por los recurrentes, quienes manifestaron que el INVÍAS debía ser condenado al pago de costas. En todo caso, no procede la condena en costas a favor de alguna de las partes de este proceso, porque, al haber iniciado antes de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se rige por el Código Contencioso Administrativo, que contenía una disposición expresa al respecto, de acuerdo con la cual debía condenarse en costas teniendo en cuenta la conducta asumidas por las partes (artículo 171); disposición que, conforme a la jurisprudencia administrativa, reiterada por la Corte Constitucional, daba lugar a la imposición de costas para quien hubiera desplegado una conducta procesal temeraria, la cual no tuvo lugar en este proceso. Por lo tanto, la imposición de costas en primera instancia será revocada y no se condenará en costas en esta instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la condena en costas, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 1999, exp. 10775, C.P. Ricardo Hoyos Duque; Subsección C, sentencia del 21 de noviembre de 2022, exp. 60629, C.P: Jaime Enrique Rodríguez Navas; Corte Constitucional, sentencia C-043 de 2004.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 176