Titulación de la relatoría 21.778 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE SUMINISTRO / PROGRAMA COMPUTADORES PARA EDUCAR / PAGO DE LA OBLIGACIÓN COMERCIAL / MONEDA EXTRANJERA / DÓLAR / FALTA DE PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / FÓRMULA PARA EL REAJUSTE DE PRECIO / VARIACIÓN DEL PRECIO / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LIBERTAD PROBATORIA / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Ante la falta de acreditación de la fecha en que se efectuaron los pagos en dólares estadounidenses respecto de los computadores objeto del contrato de suministro, era improcedente aplicar la fórmula de reajuste por la variación de la Tasa Representativa del Mercado en favor de la Unión Temporal demandante?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a cláusula de reajuste por la fluctuación de la TRM fue una previsión efectuada por CPE desde el pliego de condiciones, aplicable cuando se paga en dólares estadounidenses, que rige el contrato No.115-14 del 18 de junio de 2014 y según la cual, toda oscilación de dicho índice superior al 8,81% genera que los costos adicionales de tal circunstancia sean asumidos por la entidad contratante, aspecto para el cual es necesario tener total claridad sobre tal figura el día que se adjudicó el contrato y cuando se realizó desembolso dinerario por UT DELTA, respecto de los bienes que adquirió a sus proveedores en divisa extranjera. (…) [E]s claro que UT DELTA no demostró la fecha en que se efectuaron los pagos en dólares estadounidenses respecto de 22.050 computadores (...), lo cual tiene una incidencia en su reclamación, pues esa fecha final era determinante para establecer si la variación de la TRM fue superior al 8,81% (…), aspecto frente al cual no existe una tarifa legal (...). Por lo tanto, no se evidencia ninguna infracción a los principios inherentes a la contratación estatal por el hecho de que CPE se hubiera negado a aplicar la fórmula de reajuste por la fluctuación de la TRM en favor de UT DELTA, pues no existían elementos suficientes para concluir que el índice osciló en un porcentaje superior al 8,81%, de ahí que, contrario a lo advertido por la parte apelante, la demandada actuó de buena fe, no solo porque basó su decisión en la ausencia de pruebas existente, sino porque le garantizó al reclamante la posibilidad de plasmar los argumentos de lo que pretendía, así como lo requirió para que allegara la información faltante, sin que hubiera procedido en tal sentido. (...) Como consecuencia de la improsperidad de todos los cargos de apelación, esta
Corporación confirmará la sentencia del 8 de julio de 2020, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, aunque por las
razones expuestas en esta decisión.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROGRAMA COMPUTADORES PARA EDUCAR / PERSONA JURÍDICA SIN ANIMO DE LUCRO / SELECCIÓN ABREVIADA DEL CONTRATISTA / UNIÓN TEMPORAL / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto por tratarse de una controversia contractual en la que es parte una persona jurídica sin ánimo de lucro de carácter público?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, vigente para la fecha de presentación de la demanda, pues el contrato No.115-14 del 18 de junio de 2014 fue suscrito por Computadores Para Educar -en tanto persona jurídica pública sin ánimo de lucro-, con ocasión del procedimiento de selección abreviada 001 de 2014 (…). [E]l Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la mayor cuantía para la fecha de presentación de la demanda, 9 de agosto de 2017, supera los 500 S.M.L.M.V.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5
PROGRAMA COMPUTADORES PARA EDUCAR / CONTRATACIÓN ESTATAL CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / PERSONA JURÍDICA SIN ANIMO DE LUCRO / ASOCIACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA / MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL / SENA / DERECHO DE ASOCIACIÓN
Problema jurídico:
¿Computadores para Educar es una persona jurídica sin ánimo de lucro de carácter público y con capital estatal, que cuenta con capacidad plena para acudir a los procesos judiciales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Computadores para Educar es una persona jurídica sin ánimo de lucro de carácter público y con un capital 100% estatal, que fue constituida en ejercicio de lo previsto en los artículos 38 de la Constitución de 1991 y 95 de la Ley 489 de 1998, que tiene a cargo el acceso, uso y apropiación de la tecnología en el ámbito educativo nacional y que cuenta con capacidad plena para acudir a los procesos judiciales, ya sea como demandante o como demandada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la asociación de entidades públicas para desarrollar actividades propias de sus cometidos y funciones y en procura del interés general, ver: Corte Constitucional, sentencia C 671 del 9 de septiembre de 1999.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 38, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 38 NUMERAL 2 LITERAL G, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95
RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ASOCIACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA / MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES / MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL / SENA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / DERECHO CIVIL / DERECHO COMERCIAL / PERSONA JURÍDICA SIN ANIMO DE LUCRO
Problema jurídico:
¿Al tratarse de una asociación constituida por entidades del orden nacional, su régimen de contratación será aquel que rige a dichas entidades públicas que conformaron a la persona jurídica sin ánimo de lucro?
Respuesta al problema jurídico: Si
[P]artiendo de la premisa de que para la fecha de los hechos de la demanda CPE estaba conformada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Fondo TIC -Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-, el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, corresponde determinar el régimen de dichas entidades, para así definir el que rige a la asociación demandada, suscribiente del negocio jurídico impugnado. Respecto a los Ministerios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de Educación Nacional, así como frente al establecimiento público del orden nacional denominado Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, se evidencia que el régimen que los rige es el de la Ley 80 de 1993 y sus reformas, así como el derecho civil y mercantil, debido a que su artículo 13 indicó que estarían sometidos a tales disposiciones jurídicas las entidades enlistadas en el artículo 2, entre ellas las anteriormente referidas. (…) A partir del esbozo anterior, las entidades públicas que conformaron a la persona jurídica sin ánimo de lucro CPE estaban totalmente regidas por la Ley 80 de 1993 y el derecho civil y mercantil, por lo que esta última asociación también estaba sometida a esas disposiciones jurídicas, en especial, si se tiene en cuenta que, según el pluricitado artículo 2 de dicho estatuto, toda persona jurídica con una participación pública superior al 50%, como lo es la aquí demandada, es considerada una entidad estatal y, en virtud del artículo 13 referido anteriormente, se encuentra sujeta a las fuentes descritas, así como sus contratos son catalogados estatales, por lo que la Sala estudiará el presente asunto bajo ese derrotero.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las disposiciones jurídicas en sede contractual que rigen las entidades que integran la persona jurídica sin ánimo de lucro, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo de 2023, rad. 56370, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia del 13 de marzo de 2024, rad 60908, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
Problema jurídico:
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inició su cómputo desde que finalizaron los plazos para liquidar el contrato de suministro?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]egún lo previsto en el numeral v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, CPE contaba con dos años para impugnar el contrato, contados a partir de cumplidos 2 meses desde el vencimiento del plazo convenido para liquidarlo bilateralmente. En ese sentido, se encuentra que el plazo del contrato (…), luego de haber sido modificado mediante los otrosíes (…), se extendió hasta el 15 de abril de 2015 y 4 meses más, es decir, hasta el 15 de agosto de 2015, fecha en la cual feneció el acuerdo de voluntades. Así las cosas, dado que el contrato referenciado finalizó el 15 de agosto de 2015, y en consideración a que los sujetos negociales estipularon en la cláusula decimonovena del acuerdo de voluntades que se liquidaría en los términos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, esto es, de forma bilateral dentro de los 4 meses siguientes a la terminación y en forma unilateral dentro de los 2 meses posteriores, en el sub examine se contaba hasta el 16 de diciembre de 2015 para convenir el cruce de cuentas, por lo que los 2 meses para que comenzara a correr el derecho de acción finalizaron hasta el 16 de febrero de 2016, fecha a partir de la cual los dos años para demandar transcurrieron hasta el 16 de febrero de 2018. Debido a que UT DELTA radicó el escrito inicial el 9 de agosto de 2017, claramente fue presentado en término, al margen de que la etapa de conciliación extrajudicial se surtió entre los días 22 de julio de 2016, cuando se radicó la solicitud en tal sentido y el 31 de agosto de 2016, cuando se profirió el acta de no conciliación.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / REAJUSTE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO / FÓRMULA PARA EL REAJUSTE DE PRECIO / VARIACIÓN DEL PRECIO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO DE SUMINISTRO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / OTROSÍ AL CONTRATO / CONTRATO DE TRANSACCIÓN / MONEDA EXTRANJERA / DÓLAR / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / MATRIZ DE RIESGOS / TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / NOVACIÓN / VALIDEZ DE LA NOVACIÓN
Problema jurídico:
¿La fórmula de reajuste por la variación de la tasa representativa del mercado era aplicable al contrato de suministro, dado que el incumplimiento por parte del contratista fue superado en el término adicional que le fue otorgado por el contratante para el cumplimiento de sus obligaciones, mediante la suscripción del contrato de transacción y otrosíes?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A]unque está debidamente acreditado que la extensión en el plazo del contrato de suministro de computadores tuvo por origen un incumplimiento de UT DELTA, lo cierto es que aquel fue superado mediante los otrosíes que convinieron las partes, encaminados a ampliar el plazo y cambiar las especificaciones de los bienes del suministro, sin que la desatención obligacional tuviera la vocación de hacer nugatoria la fórmula de reajuste por el incremento de la TRM, habida cuenta de que CPE se allanó a la mora y, por lo tanto, otorgó un término adicional para que se cumpliera el contrato, inclusive, con computadores y ratones con especificaciones superiores a las iniciales. En tal sentido, le asiste razón a la parte actora en que operó la novación de la obligación de entrega de computadores y ratones en el contrato de suministro, en concordancia con el artículo 1687 del Código Civil, debido a que, si bien inicialmente se convino tanto un plazo como unas especificaciones detalladas de los productos que luego fueron incumplidos por UT DELTA (...), en realidad las partes modificaron el alcance del objeto negocial en varias ocasiones por la mora obligacional, para pasar a fijar un nuevo término y, adicionalmente, computadores y ratones con cualidades diferentes, por lo que mal haría CPE en alegar ahora que dicho incumplimiento le impedía aplicar la fórmula de reajuste por el incremento de la TRM cuando lo validó y superó. A su turno, cuando se presentó el incumplimiento de UT DELTA y se suscribió tanto el acuerdo de transacción del 6 de octubre de 2014, como los otrosíes (…), en ninguno de tales convenios se excluyó la aplicación de la fórmula de reajuste por la variación de la TRM, sino que, por el contrario, en todos los eventos se ratificó que las demás disposiciones del acuerdo de voluntades se mantendrían vigentes, lo que debía llevar a concluir que, con ello, la totalidad de los mandatos de los pliegos de condiciones seguían rigiendo la relación negocial, por más de que se hubiera incrementado su plazo. De ese modo, es claro que la cláusula de reajuste por la fluctuación de la TRM era aplicable al contrato (…) con todo y que aquel se extendió en su plazo y se modificaron las especificaciones del suministro por cuenta de un incumplimiento de UT DELTA, debido a que CPE se allanó a tal desatención obligacional y, además, en los otrosíes suscritos para conjurar tal aspecto no se excluyó la aplicación de dicha fórmula.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1687
RECLAMACIÓN ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / OPORTUNIDAD PARA LA CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / FÓRMULA PARA EL REAJUSTE DE PRECIO / REAJUSTE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / VARIACIÓN DEL PRECIO / CONTRATO DE SUMINISTRO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / CRITERIO DE EVENTUALIDAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿Las reclamaciones efectuadas por la unión temporal demandante para que se hiciera efectivo el reajuste por la variación de la tasa representativa del mercado, se efectuaron en tiempo?
Respuesta al problema jurídico: Si
De la lectura e interpretación de la cláusula por la variación de la TRM se evidencia que, si bien se dispuso la posibilidad de revisar los movimientos de tal índice durante cada entrega, con el propósito de establecer su comportamiento, en realidad ello se consagró como una “recomendación”, es decir, una eventualidad, que no una obligación, circunstancia que, por tal motivo, no era exigible de manera imperativa al contratista y, al no haberse restringido en el tiempo el momento para reclamar, se podía efectuar cuando finalizara el acto jurídico o antes, como en efecto sucedió (...). Sobre el particular, la Subsección pone de presente que, según el artículo 1618 del Código Civil, conocida con claridad la intención de las partes, debe estarse sujeto a aquella, lo que tiene una repercusión directa en el asunto que ocupa la atención de la Sala, ya que la revisión de la variación de la TRM al momento de cada entrega fue dispuesta como una simple sugerencia o posibilidad y no como un deber, situación que a todas luces habilitaba a UT DELTA a realizar sus reparos al respecto inclusive al momento de finalizado el acuerdo de voluntades.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la intención de las partes del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2012, rad. 25390, C. P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618
REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MORA DEL CONTRATANTE / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO
Problema jurídico:
¿La carga de la prueba en eventos en que se pretende la declaratoria de incumplimiento del contrato, recae sobre el demandante quien debe demostrar la mora del contratante?
Respuesta al problema jurídico: Si
[V]ale la pena destacar lo previsto en el artículo 167 del CGP, según el cual corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, lo que representa que, expresado en otros términos, en los eventos en que, en sede del medio de control de controversias contractuales, se efectúan reproches de incumplimiento de un acuerdo de voluntades, se debe demostrar que los elementos para dicha mora se hayan configurado, so pena de que se entienda que el contrato fue satisfecho debidamente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la carga de la prueba en el medio de control de controversias contractuales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de julio de 2022, rad. 67937, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. Corte Constitucional, sentencia C 099 del 17 de marzo de 2022.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
DICTAMEN PERICIAL / CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / FALTA DE PERTINENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / DIVISAS / MONEDA EXTRANJERA / PRUEBA DEL PAGO / FALTA DE PRUEBA / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL / FALTA DE IDONEIDAD DEL PERITO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / INCONDUCENCIA DE LA PRUEBA / PRUEBA INÚTIL
Problema jurídico:
¿La prueba pericial aportada para acreditar el pago en moneda extranjera de los computadores objeto del contrato de suministro, carece de valor probatorio por fundarse en datos especulativos ?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l certificado donde consta que UT DELTA le adeudaba $1’453.540 a la sociedad foránea ATG no da cuenta del pago, sino solamente de un préstamo, aunado a lo cual el correo electrónico sin firma solo es una afirmación que no está fundada en ningún soporte. Lo propio sucede con los extractos de fiducia, en los que obran los ingresos y egresos del patrimonio autónomo, pero no a quién iban dirigidos tales movimientos transaccionales, situación que evidencia que, frente a las pruebas descritas no está acreditado el supuesto pago con divisa extranjera que los aquí demandantes afirman haber realizado. (...) [E]l dictamen aportado adolece de distintas falencias, como el hecho de que el perito no presentó los soportes de que es contador (...), ni referenció los insumos sobre la base de los cuales estableció la fecha en que UT DELTA supuestamente efectuó el pago en divisa extranjera, al punto de que, durante la práctica de la prueba afirmó que los datos sobre la base de los cuales fundó sus cálculos fueron aportados directamente por la parte actora, sin contar con soporte alguno sobre el particular (...), todo ello, en contravía de lo previsto en el artículo 226 del CGP, según el cual el peritaje debe basarse en soportes y se deben acreditar las cualidades de quien lo rinde. En ese sentido, resulta evidente para la Sala que la experticia está fundada en datos especulativos y no es congruente con las demás pruebas del expediente, en las que no obra que se hubiera efectuado el pago en moneda extranjera a ATG (...), debía fundarse en pruebas efectivas de que se llevó a cabo la cancelación de los saldos dinerarios pendientes en moneda extranjera, nada de lo cual sucedió, de ahí que se le deba restar eficacia probatoria al dictamen, por no ser congruente con la realidad y, por ende, por ser inconducente e inútil.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 226
CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e condenará en costas a las sociedades MICROHARD S.A. y PROVEDATA S.A.S., miembros de UT DELTA, quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que su impugnación no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del CGP, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las costas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso. En el sub lite se causaron agencias en derecho en segunda instancia, pues CPE actuó con apoderado en esa etapa y presentó alegatos de conclusión, motivo por el cual la Sala las determinará, con base en lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, según el cual, en los procesos declarativos en general, cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, las agencias en derecho en segunda instancia se establecerán entre 1 y 6 SMLMV.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366