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Consejo de Estado Providencia

Cabe rememorar que la etapa para formular alegatos de conclusión no es la oportunidad procesal para formular pretensiones

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233100020100049402 ACCION CONTRACTUAL
¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión? Sí
El juez de segunda instancia resuelve la apelación únicamente sobre los reparos concretos formulados por el apelante, sin perjuicio de pronunciarse de oficio sobre las cuestiones necesarias para decidir el mérito, como la caducidad, la falta de legitimación en la causa o la indebida escogencia de la acción. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 320 del Código General del Proceso, aplicable en segunda instancia por remisión del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, limita el objeto del recurso a los reparos concretos del apelante. Segunda, el artículo 328 del mismo código restringe la competencia del juez de segunda instancia a los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones oficiosas que la ley prevé. Tercera, los alegatos de conclusión no son la oportunidad para formular pretensiones ni plantear o reformular cargos del recurso, de modo que el cargo propuesto en esa etapa no se estudia. La providencia confirma la decisión y no analiza el cargo introducido en los alegatos. La consecuencia práctica es que los argumentos nuevos, incluidos los que se presentan en los alegatos de conclusión, no sustituyen los reparos del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales se interpuso dentro de la oportunidad prevista por la Ley? ¿Los incumplimientos de las obligaciones contractuales que condujeron a la imposición de la multa desaparecieron debido a las modificaciones contractuales realizadas por las partes? ¿El Tribunal se equivocó al valorar los testimonios practicados, o por valorar documentos que no fueron mencionados durante el procedimiento administrativo de imposición de la multa?
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Consejo de Estado Providencia

No resulta procedente el decreto oficioso de nulidad procesal advertida por el Ministerio Público, relativa a la falta de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por existir cláusula compromisoria facultativa.

Sentencia — Sentencia 2022-09-14 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 05001233100020020253201 ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente el decreto oficioso de nulidad procesal advertida por el Ministerio Público, relativa a la falta de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por existir cláusula compromisoria facultativa? No
El contratista no puede obtener la nulidad procesal de oficio por parte del Ministerio Público basada en la falta de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa cuando existe una cláusula compromisoria facultativa en el contrato, ya que esta permite a las partes optar entre los mecanismos de resolución de controversias establecidos, y la Sala considera que la jurisdicción contencioso administrativa es competente para resolver la controversia. Además, el juez de segunda instancia no puede estudiar cargos de apelación que no fueron expuestos en el escrito de demanda, ya que ello violaría el principio de congruencia de la sentencia. Finalmente, la Sala reitera que si un acuerdo concordatario se somete a una condición suspensiva que nunca se cumple, la novación no se produce, y por lo tanto, la entidad que se comprometió a asumir los pasivos no queda obligada a responder por las obligaciones contractuales del deudor original.síntesis automática
También resuelve: ¿En el marco del principio de congruencia de la sentencia de segunda instancia, resulta procedente el estudio de los cargos de apelación que no fueron expuestos en el escrito de la demanda? ¿Si bien es cierto que el trámite concordatario del Ingenio desembocó en un negocio jurídico mediante el cual el Departamento de Antioquia se comprometió a asumir los pasivos de la entidad en…
Colombia Compra Eficiente Concepto

Las entidades estatales y los contratistas pueden celebrar, en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, este tipo de acuerdos.

C-807 de 2020 2020-12-29
¿Es jurídicamente viable la suscripción de un contrato de transacción en el marco de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que permita novar la obligación, que en principio era cesión a título gratuito para modificar la tipología contractual a compraventa?
Tanto la transacción, como la novación, son modos de extinción de las obligaciones aplicables en la contratación estatal, por expresa disposición de los numerales 2º y 3º del artículo 1.625 del Código Civil, al que remite el artículo 13 de la Ley 80 de 1993. Así las cosas, las entidades estatales y los contratistas pueden celebrar, en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, este tipo de acuerdos. Sin embargo, no pueden desconocer el principio de planeación; muy por el contrario, pueden convertirse, a veces, incluso, en instrumentos correctivos de algunas violaciones al postulado de la planeación, para buscar el cumplimiento de los fines del Estado.
También resuelve: Transacción: concepto, requisitos, clases, judicial y extrajudicial Novación: concepto, clases, contratación estatal, procedencia
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020170147901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Ante la falta de acreditación de la fecha en que se efectuaron los pagos en dólares estadounidenses respecto de los computadores objeto del contrato de suministro, era improcedente aplicar la fórmula de reajuste por la variación de la Tasa Representativa del Mercado en favor de la Unión Temporal demandante? Sí
El contratista no puede aplicar la fórmula de reajuste por la variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en favor de la Unión Temporal demandante cuando no acredita la fecha en que se efectuaron los pagos en dólares estadounidenses por los computadores objeto del contrato de suministro, ya que la cláusula de reajuste establece que solo se aplica si la variación de la TRM supera el 8,81%, lo cual requiere pruebas precisas sobre la fecha de los pagos. La entidad estatal actuó de buena fe al negarse a aplicar la fórmula por falta de evidencia, garantizando al contratista la posibilidad de allegar la información faltante. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en contratos estatales que implican pagos en moneda extranjera, y subraya que la falta de acreditación de la fecha de los pagos impide la aplicación de la fórmula de reajuste, lo que puede afectar significativamente los reclamos por sobrecostos.síntesis automática
También resuelve: ¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto por tratarse de una controversia contractual en la que es parte una persona jurídica sin ánimo de lucro de… ¿Computadores para Educar es una persona jurídica sin ánimo de lucro de carácter público y con capital estatal, que cuenta con capacidad plena para acudir a los procesos judiciales? ¿Al tratarse de una asociación constituida por entidades del orden nacional, su régimen de contratación será aquel que rige a dichas entidades públicas que conformaron a la persona jurídica sin ánimo…
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Consejo de Estado Providencia

La cuantía es un factor para determinar la competencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativa

Sentencia — Sentencia 2022-02-28 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000232600020080008502 ACCION CONTRACTUAL
¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativa? Sí
El contratista puede ejercer la acción de controversias contractuales para solicitar la nulidad del acto precontractual de adjudicación y, en consecuencia, la nulidad absoluta del contrato, siempre que la demanda se presente dentro del término de 30 días siguientes a la notificación del acto de adjudicación, según lo establecido por el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo y la jurisprudencia del Consejo de Estado. En el caso específico, la resolución de adjudicación fue notificada el mismo día de su proferimiento, y el contrato se celebró antes de que transcurrieran los 30 días siguientes a dicha notificación. Como resultado, la acción de controversias contractuales fue la procedente para procurar la nulidad del acto de adjudicación y del contrato estatal, pero no para solicitar el restablecimiento del derecho o la indemnización de perjuicios, ya que estas pretensiones caducaron al presentarse la demanda después de la celebración del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales es la acción procedente para solicitar la declaratoria de nulidad del acto precontractual de adjudicación y en consecuencia la nulidad absoluta del contrato? ¿Al interponerse la acción de controversias contractuales luego de 30 días de celebrado el contrato, caducaron las pretensiones de restablecimiento del derecho pero no las pretensiones anulatorias… ¿Los proponentes vencidos en el proceso de selección de contratista están legitimados en la causa por activa para pedir la nulidad del acto de adjudicación y del contrato?
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-04-12 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020190090301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Prosperan las pretensiones económicas del demandante, por cuanto declaró a paz y salvo a la entidad contratante en relación con las obligaciones derivadas del contrato? No
Cuando las partes liquidan bilateralmente el contrato mediante un acuerdo en el que se declaran a paz y salvo por todo concepto, sin salvedades ni reservas, ese negocio es obligatorio y pone fin al cruce de cuentas, de modo que las reclamaciones económicas fundadas en obligaciones del contrato no prosperan si la nulidad del acuerdo no fue pretendida en la demanda. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la liquidación bilateral constituye el cruce final de cuentas entre las partes y es vinculante para ellas mientras no sea anulada. Segundo, la declaración de paz y salvo sin reservas comprende los aspectos que se reclaman, como el inicio tardío de las obras, la ampliación del plazo, los trabajos adicionales y los descuentos tributarios, por lo que la demanda que no impugna ese acuerdo no puede prosperar en sus pretensiones económicas. La providencia confirma la sentencia apelada; en la práctica, quien suscribe una liquidación bilateral con paz y salvo sin salvedades debe impugnarla expresamente en la demanda si pretende reclamar sumas derivadas del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿La liquidación bilateral suscrita por las partes es un acuerdo de voluntades con fuerza jurídica vinculante? ¿La liquidación del contrato es la oportunidad para la creación de nuevas relaciones jurídicas o para novar las obligaciones contenidas en el contrato? ¿Hay lugar a condenar en costas del proceso a la parte vencida?
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Consejo de Estado Providencia

Liquidación bilateral del contrato estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-09-14 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 15001233300020160068401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuándo se trata de contratos que se han liquidado en forma bilateral, el estudio de las pretensiones de la acción contractual está hilado, de forma ineludible, a la existencia de salvedades o vicios del consentimiento, sin las cuales no es posible desatender el contenido obligacional incorporado en el documento, en virtud de la fuerza obligatoria de los contratos, la aplicación del principio según el cual nadie puede alegar su propia culpa para fundar una pretensión, la teoría del acto propio y el principio de la buena fe, que deben inspirar el comportamiento de los contratantes? Sí
En los casos de liquidación bilateral de contratos estatales, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha establecido que el estudio de las pretensiones de la acción contractual está intrínsecamente ligado a la existencia de salvedades o vicios del consentimiento, excluyendo cualquier pretensión que no se base en estos elementos. Esta regla implica que, en la liquidación bilateral, solo pueden ser controvertidos aspectos que hayan sido objeto de salvedad expresa o que puedan probarse un vicio del consentimiento, como errores, fuerza mayor o dolo. La fuerza obligatoria de los contratos, el principio de que nadie puede alegar su propia culpa, la teoría del acto propio y el principio de buena fe, son fundamentales para respaldar esta posición, ya que garantizan la integridad del proceso y la confianza entre las partes.síntesis automática
También resuelve: ¿La liquidación del contrato, más que una convención es un pacto jurídico, por cuanto su propósito o finalidad está encaminado a extinguir ¿Con los fundamentos invocados en la ¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: Aclaración voto

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-04-12 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 08001233300020160062401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez podía agregar un término para cumplir el contrato? No
Me aparto de la decisión de incluir, de oficio, un término de un año para dar cumplimiento a las obligaciones del convenio. En primer lugar, esto no hacía parte de los puntos apelados, por lo que, de conformidad con lo establecido en los artículos 320 y 328 del CGP, el juez no podía agregar un término para cumplir el contrato. De otra parte, la Sala se pronunciaba sobre una obligación incumplida, desde la teoría de las obligaciones, esto implica sencillamente una obligación que se hizo exigible y no se extinguió en tiempo por el deudor, con lo cual resulta exótico crear un término adicional para que vuelva a hacerse exigible, como si de una novación judicial se tratara.