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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la Sala no tiene sustrato jurídico que pueda ser objeto de estudio en esta instancia, la confirmará

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Fecha
2022-06-08
Radicado
25000233600020150245501
Número interno
59133
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO CORREDOR VIAL
Demandado
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la Sala no tiene sustrato jurídico que pueda ser objeto de estudio en esta instancia, la confirmará

Lo que dijo la Sala

En el recurso de alzada el Consorcio no cuestionó ni formuló ninguna razón de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia. Por el contrario, la parte actora le concedió la razón al a quo porque si bien rememoró que antes de la postura unificada de la Sección Tercera de esta Corporación, los integrantes de los consorcios debían ser notificados individualmente sobre el inicio del procedimiento administrativo, luego de la unificación este ya no era el caso, por lo cual se acogía a la posición expresada por el Tribunal en la sentencia de primer grado. Así las cosas, dado que no existen razones de disenso entre la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación, la Sala no tiene sustrato jurídico que pueda ser objeto de estudio en esta instancia, por lo que, en consecuencia, la confirmará.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Cuando el recurso de apelación no formula razones de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia, la Sala no tiene sustrato jurídico para estudiar y debe confirmar la decisión. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el apelante, en este caso un consorcio, aceptó la razón del juez de primera instancia, pues después de la postura unificada de la Sección Tercera ya no se exige notificar individualmente a sus integrantes sobre el inicio del procedimiento administrativo, y se acogió a la posición del tribunal. La segunda es que el consorcio no logró desvirtuar la presunción de legalidad de las resoluciones demandadas, porque el procedimiento sancionatorio se adelantó con las garantías del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y los consorcios son unidades de hecho y de derecho que deben responder por su incumplimiento. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia apelada. La nota de relatoría remite a la unificación de 25 de septiembre de 2013 sobre la capacidad de los consorcios, y el documento no indica que modifique un precedente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El Consorcio formuló alguna razón de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia?

Respuesta: No

También resuelve

  • ¿El Consorcio logró desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan las resoluciones demandadas?
  • ¿El Consorcio varió la causa petendi al introducir en el recurso de apelación un argumento nuevo que no fue debatido en la primera instancia?
  • ¿La parte demandante incurrió en falta de técnica de la demanda?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN FUNDAMENTOS DE HECHO FUNDAMENTOS DE DERECHO SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DECLARACIÓN DEL TRIBUNAL FALLO DE UNIFICACIÓN SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO MIEMBROS DEL CONSORCIO MECANISMOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA MUTUO DISENSO FALLO DE PRIMERA INSTANCIA RECURSO DE APELACIÓN DESAPARECIMIENTO DEL FUNDAMENTO JURÍDICO ESTUDIO DE FONDO DE LA SENTENCIA CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA CONSORCIO PRIVADO DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO COMPETENCIA DE INVÍAS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO APLICACIÓN DE LA NORMA CONCEPTO DE CONSORCIO UNIÓN TEMPORAL EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO OBLIGACIONES DEL CONSORCIO DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO TRÁMITE ADMINISTRATIVO PODER DEL ABOGADO ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL SOLICITUD DE ADICIÓN A LA SENTENCIA DECISIONES DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA INDICACIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LA NORMA ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SUSTENTACIÓN DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE LA NORMA VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DERECHO AL DEBIDO PROCESO PARTE DEMANDADA ARGUMENTACIÓN DE LA PRUEBA ALTERACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA ARGUMENTO NUEVO PRIMERA INSTANCIA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA AMPLIACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA ESTUDIO DE LA DEMANDA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO VIOLACIÓN DE LA NORMA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FUNCIONES DEL INVÍAS ERROR EN LA TÉCNICA DE LA DEMANDA INADMISIÓN DE LA DEMANDA CLASES DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA SUBSANACIÓN DE LA DEMANDA FIJACIÓN DEL LITIGIO TRÁMITE DE LA AUDIENCIA INICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTENIDO DE LA DEMANDA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CODIFICACIÓN DE LA NORMA CAUSALES DE NULIDAD CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR OBLIGACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA CONTENIDO DE LA NORMA REMISIÓN DE LA NORMA PRINCIPIO DE COHERENCIA PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA HECHOS DE LA DEMANDA PRETENSIONES DE LA DEMANDA IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA OBJETO DE LA DEMANDA SEGURIDAD DE LAS PARTES DEL PROCESO FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PRECLUSIÓN DEBERES DE LAS PARTES DEL PROCESO GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA ETAPAS DEL PROCESO REFORMA DE LA DEMANDA TÉRMINO PARA LA REFORMA DE LA DEMANDA

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Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Adición y prórroga del contrato

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Medio de control de repetición: Sentencia
Titulación de la relatoría 12.847 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / FUNDAMENTOS DE HECHO / FUNDAMENTOS DE DERECHO / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / DECLARACIÓN DEL TRIBUNAL / FALLO DE UNIFICACIÓN / SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / MIEMBROS DEL CONSORCIO / MECANISMOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL / INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / ANÁLISIS DEL TRIBUNAL / DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA / MUTUO DISENSO / FALLO DE PRIMERA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / DESAPARECIMIENTO DEL FUNDAMENTO JURÍDICO / ESTUDIO DE FONDO DE LA SENTENCIA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿El Consorcio formuló alguna razón de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia? Respuesta al problema jurídico: No [E]n el recurso de alzada el Consorcio no cuestionó ni formuló ninguna razón de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia. Por el contrario, la parte actora le concedió la razón al a quo porque si bien rememoró que antes de la postura unificada de la Sección Tercera de esta Corporación, los integrantes de los consorcios debían ser notificados individualmente sobre el inicio del procedimiento administrativo, luego de la unificación este ya no era el caso, por lo cual se acogía a la posición expresada por el Tribunal en la sentencia de primer grado. Así las cosas, dado que no existen razones de disenso entre la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación, la Sala no tiene sustrato jurídico que pueda ser objeto de estudio en esta instancia, por lo que, en consecuencia, la confirmará. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la capacidad para comparecer como parte en los procesos judiciales los consorcios y uniones temporales, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de septiembre de 2013, rad. 19933, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. CONSORCIO PRIVADO / DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO / COMPETENCIA DE INVÍAS / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / APLICACIÓN DE LA NORMA / FALLO DE UNIFICACIÓN / SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / CONCEPTO DE CONSORCIO / UNIÓN TEMPORAL / EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO / OBLIGACIONES DEL CONSORCIO / DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO / REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO / TRÁMITE ADMINISTRATIVO / PODER DEL ABOGADO / ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / MIEMBROS DEL CONSORCIO / FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL / SOLICITUD DE ADICIÓN A LA SENTENCIA / DECISIONES DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿El Consorcio logró desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan las resoluciones demandadas? Respuesta al problema jurídico: No [E]l Consorcio no logró desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan las resoluciones demandadas porque: (i) el INVIAS adelantó el procedimiento administrativo sancionatorio con observancia de las garantías establecidas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011; (ii) de conformidad con la posición unificada de la Sección Tercera de esta Corporación, los consorcios y uniones temporales son unidades de hecho y de derecho que ejecutan las obligaciones derivadas de un contrato estatal, por lo cual son estos los que deben responder ante su incumplimiento y no las personas que los integran, motivo por el cual era el Consorcio, y no sus integrantes, el que debió ser citado para actuar dentro del procedimiento convocado por el INVIAS; (iii) el representante del Consorcio tenía la facultad para representarlo en el trámite administrativo y para conferir poderes a la abogada que actuó, la cual no impugnó ni se quejó de las decisiones del INVIAS de adelantar el trámite contra la parte actora y no sus integrantes. Nada se dijo ni decidió sobre una supuesta falta de competencia temporal; de hecho, los integrantes del Consorcio demandante no presentaron solicitud de adición del fallo, lo que ratifica una vez más que el Tribunal no dejó de decidir un aspecto sujeto a su competencia, y que el actor tenía plena conciencia y certeza de ello. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la ejecución de las obligaciones derivadas de un contrato estatal de los consorcios, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de septiembre de 2013, rad. 19933, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86 CONSORCIO PRIVADO / DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA / INDICACIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LA NORMA / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SUSTENTACIÓN DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE LA NORMA / VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PARTE DEMANDADA / ARGUMENTACIÓN DE LA PRUEBA / ALTERACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ARGUMENTO NUEVO / PRIMERA INSTANCIA / ARGUMENTACIÓN JURÍDICA / CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / COMPETENCIA DE INVÍAS / AMPLIACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA Problema jurídico: ¿El Consorcio varió la causa petendi al introducir en el recurso de apelación un argumento nuevo que no fue debatido en la primera instancia? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l Consorcio no satisfizo […] el requisito establecido en el numeral 4º del artículo 162 del CPACA pues no señaló una norma violada por los actos administrativos y unas mínimas razones con soporte en las cuales afirmara esa vulneración, lo que impide desarrollar cualquier labor interpretativa al respecto. [R]esultaría imposible para la Sala, sin vulnerar los principios de imparcialidad, congruencia y, por contera, el derecho al debido proceso de la demandada, construir un argumento en ese sentido, el cual, evidentemente, sorprendería al INVÍAS en una instancia en la que ya no podría hacer ningún pronunciamiento al respecto, ni encaminar su actividad probatoria a desacreditar ese supuesto. En ese contexto, la Sala puede afirmar con claridad que el Consorcio varió la causa petendi al introducir en el recurso de apelación un argumento nuevo que no fue debatido en la primera instancia. En consecuencia, no es posible en esta conocer sobre un argumento relacionado con la caducidad de la facultad sancionatoria del INVIAS porque con ello se cambiaría el objeto de lo pedido por la demanda y se vulneraría el derecho de defensa del INVIAS. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 162 NUMERAL 4 ESTUDIO DE LA DEMANDA / CONSORCIO PRIVADO / FUNDAMENTOS DE DERECHO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VIOLACIÓN DE LA NORMA / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / FUNCIONES DEL INVÍAS / ERROR EN LA TÉCNICA DE LA DEMANDA / INADMISIÓN DE LA DEMANDA / CLASES DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SUBSANACIÓN DE LA DEMANDA / ANÁLISIS DEL TRIBUNAL / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA / FIJACIÓN DEL LITIGIO / TRÁMITE DE LA AUDIENCIA INICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / INDICACIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LA NORMA / CONTENIDO DE LA DEMANDA / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / MIEMBROS DEL CONSORCIO / TRÁMITE ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE INVÍAS Problema jurídico: ¿La parte demandante incurrió en falta de técnica de la demanda? Respuesta al problema jurídico: Si [A]nalizada la demanda, la Sala observa que el Consorcio no incluyó un acápite de fundamentos de derecho en el que desarrollara cargos de nulidad y el concepto de su violación contra las Resoluciones […] expedidas por el INVIAS. Esta falta de técnica de la demanda dio lugar a que el Tribunal la inadmitiera, entre otras cosas, para aclarar el alcance y sentido de las pretensiones. Al subsanar la demanda, la parte actora se limitó a reiterarlas. [C]omo el Consorcio no precisó el alcance de sus pretensiones mediante la inclusión de un capítulo de fundamentos de derecho en el que se incluyeran los cargos de violación contra los actos, esta falencia tuvo que ser suplida por el Tribunal mediante la interpretación que hizo de ella al fijar el objeto del litigio en la audiencia inicial […]. En esa oportunidad el a quo requirió a la parte actora a precisar el concepto de su violación porque en la demanda tan solo se hacía una escueta alusión a la vulneración del derecho al debido proceso de los integrantes del Consorcio en el trámite administrativo adelantado por el INVIAS. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / CODIFICACIÓN DE LA NORMA / INDICACIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LA NORMA / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SUSTENTACIÓN DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE LA NORMA / VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO / CAUSALES DE NULIDAD / CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO / ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / OBLIGACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE Problema jurídico: ¿Incumplió la parte demandante la exigencia atinente a la explicación del concepto de la violación? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l cumplimiento de la exigencia atinente a la explicación del concepto de la violación, requiere tanto de la identificación de la norma infringida como de la explicación de las razones por las cuales se considera que el acto entra en contradicción con ella, por lo que no basta que el demandante simplemente afirme y no sustente que un determinado acto administrativo vulneró el ordenamiento jurídico o que lo hizo por alguna de las causales establecidas en el artículo 137 del CPACA. Dicho de otra manera, con la sola indicación de una determinada causal de nulidad no le es dable al juez interpretar la demanda a efectos de establecer la razón del disenso en que se funda el cargo del demandante contra el acto —dado que las hipótesis de violación de una norma abstracta por un acto administrativo de carácter particular y concreto pueden ser innumerables—, por lo cual, es la parte interesada la que está llamada a explicar, mediante razones, esa discordancia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las razones de vulneración del ordenamiento jurídico por un acto administrativo, cita: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 7 de noviembre de 1995, rad. 1415, C. P. Mario Rafael Alario Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137 APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONTENIDO DE LA NORMA / REMISIÓN DE LA NORMA / PRINCIPIO DE COHERENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / HECHOS DE LA DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PARTE DEMANDADA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA / OBJETO DE LA DEMANDA / CLASES DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SEGURIDAD DE LAS PARTES DEL PROCESO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / PRECLUSIÓN / DEBERES DE LAS PARTES DEL PROCESO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / OBLIGACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ETAPAS DEL PROCESO / REFORMA DE LA DEMANDA / TÉRMINO PARA LA REFORMA DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La sentencia debe guardar coherencia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda? Respuesta al problema jurídico: Si El principio de congruencia, consagrado en el artículo 281 del Código General del Proceso (en adelante, CGP), aplicable en el sub judice en virtud de la remisión contemplada en el artículo 306 del CPACA, establece que la sentencia debe guardar coherencia con “los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades” a las que se refiere ese código, por lo que el demandado no puede ser condenado por “objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente invocada en ésta”. Tal principio impide que se sorprenda a las partes con decisiones que recaigan sobre aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso, salvo los que, de conformidad con la ley, deban ser resueltos de oficio. Al lado de tal principio, se presentan como presupuestos la preclusión y la regla de señalamiento, que imponen a las partes exhibir de manera clara y precisa lo que se pide, manifestación que requiere, como garantía del debido proceso y del derecho de contradicción y defensa, que quien demanda no pueda modificar la causa petendi mediante señalamientos alegados por fuera de las etapas procesales previstas legalmente para ello, esto es, la demanda o su reforma, que son las oportunidades que la ley dispuso para que se precise la controversia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la congruencia de la sentencia en los procesos en que se impugna un acto administrativo contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, rad. 27723. C. P. Hernán Andrade Rincón. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281
Texto extraído del PDF oficial 54.869 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintidós (2022) Expediente: 250002336000201502455 01 (59.133) Demandante: Consorcio Corredor Vial Demandado: Instituto Nacional de Vías -INVIAS- Acción: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que profirió la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. La controversia versa sobre la legalidad de las resoluciones a través de las cuales el Instituto Nacional de Vías (en adelante, INVIAS) declaró el incumplimiento del contrato de interventoría No. 1219 de 2009 suscrito con el Consorcio Corredor Vial, hizo efectiva la cláusula penal y declaró la ocurrencia del siniestro del amparo de buen manejo del anticipo. I. LA SENTENCIA IMPUGNADA 1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 9 de noviembre de 2016, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió: “PRIMERO: NEGAR la nulidad de las Resoluciones No. 6883 del 6 de noviembre de 2014, por medio de la cual el INVIAS declaró el incumplimiento definitivo del contrato No. 1219 de 2009, suscrito con el CONSORCIO CORREDOR VIAL NIT. 900.304.068; se impuso a título de cláusula penal del Contrato No. 1219 de 2009, la suma equivalente a SESENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($68.056.623), declaró ocurrido el siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo del contrato No. 1219 de 2009 en suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SIETE PESOS ($374.961.007) e hizo efectiva la PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 24 GU017034, expedida por la Aseguradora CONFIANZA en el amparo de cumplimiento por la suma de $68.056.623 y el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo por la suma de $374.961.007 y la Resolución No. 2250 de 16 de abril de 2015 que confirmó la anterior decisión. SEGUNDO: Negar las demás pretensiones de la demanda. TERCERO: Condenar en costas a la parte demandante. Fíjese por concepto de agencias en derecho a favor de la parte demandada la suma de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($8.800.000), los cuales deberán ser pagados cuando cobre ejecutoria la sentencia. Expediente: 250002336000201502455 01 (59.133) Demandante: Consorcio Corredor Vial Demandada: Instituto Nacional de Vías -INVIAS- Acción: Controversias contractuales 2 CUARTO: La anterior decisión se notifica en estrados.”1 2. El anterior proveído decidió la demanda 2 presentada el 26 de octubre de 20153 por Jesús Alberto Almeida Saaibi, J.R. Ingenieros Ltda. y Noriega Campiño y Cía S. en C. 4, en calidad de integrantes del Consorcio Corredor Vial (en adelante, el Consorcio o el demandante), cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos jurídicos se desarrollan a continuación: Pretensiones 3. El demandante formuló las siguientes pretensiones5: “1. DECRETAR LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 6883 DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y 02250 DEL 16 DE ABRIL DE 2015. 2. DECRETAR la falta de competencia de la entidad para iniciar y promover procesos sancionatorios a mi poderdante, derivados del contrato de interventoría No. 1219 de 2009.” Hechos 4. En apoyo de sus peticiones, la parte actora, en síntesis, relató los siguientes hechos: 4.1. El 20 de agosto de 2009, suscribió con el INVIAS el contrato No. 1219 de 2009, cuyo objeto consistió en realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera sobre las obras de reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación de las vías comprendidas en el Plan Regional 2.500 Fase II en las siguientes ubicaciones: (i) tramo 1 comprendido entre las Pavas y Restrepo del K4+000 al K4+500 y obras complementarias del K4+500 al K19+500 con longitud de 0,5 Km; (ii) tramo 2 comprendido entre Zacarías – Sabaleta – Agua Clara del K 5+430 al K7+430 con longitud de 2,0 Km; (iii) tramo 3 comprendido entre El Palo – Toribío – Jalambó del PR27+600 al PR30+000 (Toribío) con una longitud de 2,40 Km, y (iv) tramo 4 comprendido entre Morales – La Loma – Suárez del PR8+280 al PR14+780 con una longitud de 6,50 Km, todos ellos localizados en el departamento de Valle del Cauca. 4.2. Indicó que el contrato se ejecutó con normalidad hasta el mes de noviembre de 2010, pero que, en esa fecha, el Consorcio requirió al contratista de obra a cumplir con sus obligaciones y rindió informe al INVIAS sobre los incumplimientos observados. Anotó que el Instituto abrió un pliego de cargos en contra del contratista de la obra con el propósito de declarar su incumplimiento, pero que el procedimiento administrativo terminó por no encontrarlo acreditado. 1 Folio 130, cuaderno del Consejo de Estado. 2 Folios 2 a 17, cuaderno 1. 3 La fecha de presentación de la demanda consta en el sello impuesto por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (folio 2, cuaderno 1). 4 Según consta en el documento de conformación del consorcio del 28 de enero de 2009 que obra a folios 25 y 26 del cuaderno 1. 5 Folio 15, cuaderno 1. Expediente: 250002336000201502455 01 (59.133) Demandante: Consorcio Corredor Vial Demandada: Instituto Nacional de Vías -INVIAS- Acción: Controversias contractuales 3 4.3. Manifestó que, el 27 de diciembre de 2010, se suscribió entre el INVIAS y el Consorcio Corredor Vial un contrato adicional en el cual se prorrogó el plazo del contrato de interventoría hasta el 20 de mayo de 2011. Pese a la prórroga del plazo, en febrero de 2011, el INVIAS inició un proceso administrativo contra el Consorcio con el objeto de declarar el incumplimiento definitivo del contrato de interventoría. 4.4. Sostuvo que el 14 de febrero de 2011 se llevó a cabo una aud iencia en la que el Consorcio y el contratista de la obra manifestaron que los retrasos obedecían a que en ciertos puntos era imposible pasar maquinaria y a que la situación de orden público dificultaba los trabajos. El demandante no señaló cuál fue el res ultado de este procedimiento administrativo. 4.5. Aseveró que, mediante comunicación DT -CAU 30445 del 30 de mayo de 2011, el INVIAS abrió un nuevo procedimiento sancionatorio contra el Consorcio, el cual terminó mediante Resolución No. 771 del 16 de febrero de 2012. Sin embargo, a través de Resolución No. 2513 del 15 de mayo de 2012, el INVIAS revocó su decisión. 4.6. Señaló que a través de oficio No. SGT/GPD48313 del 8 de agosto de 2012, el INVIAS inició otro procedimiento administrativo con fundamento en las mism as razones del trámite anterior, el cual terminó mediante la expedición de la Resolución No. 525 del 11 de septiembre de 2012 en la que se declaró el incumplimiento del contrato de interventoría No. 1219 de 2009. Agregó que, una vez más, mediante Resolución No. 7443 del 28 de diciembre de 2012, el INVIAS revocó su decisión. 4.7. Expuso que, el 7 de febrero de 2013, el INVIAS inició nuevamente un procedimiento administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento definitivo del contrato de interventoría, e l cual terminó mediante la expedición de la Resolución No. 6883 del 6 de noviembre de 2014 a través de la cual se declaró el incumplimiento, se hizo efectiva la cláusula penal pactada en el contrato y se declaró la ocurrencia del siniestro con cargo a la p óliza de cumplimiento, todo por un valor de $443’017.636; esta decisión fue confirmada a través de la Resolución No. 2250 del 16 de abril de 2015. 4.8. Manifestó que, dado que el Consorcio no interpuso el recurso de reposición contra la Resolución No. 6883 de 2014, presentó una solicitud de revocatoria directa con fundamento en que el poder otorgado a la apoderada del Consorcio —la abogada Adriana Alejandra Santos 6— para actuar dentro del trámite, fue irregular en la medida en que solo fue conferido por el representante legal del demandante y no por todos los integrantes del Consorcio. Agregó que el INVIAS no se pronunció respecto de esa solicitud. Los fundamentos de derecho de la demanda 5. Aunque la parte actora no agrupó sus fundamentos de derecho en un acápite específico de la demanda —aspecto que se revisitará en las consideraciones de esta providencia —, se puede deducir de los planteamientos jurídicos en ella contenidos, que considera que las resoluciones impugnadas violan las siguientes 6 Folio 30, cuaderno 3. Expediente: 250002336000201502455 01 (59.133) Demandante: Consorcio Corredor Vial Demandada: Instituto Nacional de Vías -INVIAS- Acción: Controversias contractuales 4 normas: los artículos 44 del Código de Procedimiento Civil y los artículo s 66 a 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). El concepto de violación de estas disposiciones lo concretó en el siguiente cargo: 5.1. Violación del derecho al debido proceso. Afirmó que el Consorcio carecía de personería jurídica para actuar a través de su representante dentro del procedimiento administrativo que culminó con la expedición de las resoluciones demandadas. Ese hecho obligaba al INVIAS a notificar personalmente a cada uno de sus integrantes acerca del inicio del procedimiento administrativo y de todas las actuaciones surtidas dentro de este, para que, cada uno confiriera poder a su representante, lo que no ocurrió. Dijo que, como el INVIAS notificó sobre las actuaciones administrativas únicamente al representante del Conso

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https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201502455011100103