CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintidós (2022)
Expediente: 250002336000201502455 01 (59.133)
Demandante: Consorcio Corredor Vial
Demandado: Instituto Nacional de Vías -INVIAS-
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia que profirió la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.
La controversia versa sobre la legalidad de las resoluciones a través de las cuales
el Instituto Nacional de Vías (en adelante, INVIAS) declaró el incumplimiento del
contrato de interventoría No. 1219 de 2009 suscrito con el Consorcio Corredor Vial,
hizo efectiva la cláusula penal y declaró la ocurrencia del siniestro del amparo de
buen manejo del anticipo.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 9 de noviembre de 2016,
por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió:
“PRIMERO: NEGAR la nulidad de las Resoluciones No. 6883 del 6 de
noviembre de 2014, por medio de la cual el INVIAS declaró el incumplimiento
definitivo del contrato No. 1219 de 2009, suscrito con el CONSORCIO
CORREDOR VIAL NIT. 900.304.068; se impuso a título de cláusula penal del
Contrato No. 1219 de 2009, la suma equivalente a SESENTA Y OCHO
MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS
($68.056.623), declaró ocurrido el siniestro de buen manejo y correcta inversión
del anticipo del contrato No. 1219 de 2009 en suma de TRESCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL
SIETE PESOS ($374.961.007) e hizo efectiva la PÓLIZA ÚNICA DE
CUMPLIMIENTO No. 24 GU017034, expedida por la Aseguradora CONFIANZA
en el amparo de cumplimiento por la suma de $68.056.623 y el amparo de buen
manejo y correcta inversión del anticipo por la suma de $374.961.007 y la
Resolución No. 2250 de 16 de abril de 2015 que confirmó la anterior decisión.
SEGUNDO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO: Condenar en costas a la parte demandante. Fíjese por concepto de
agencias en derecho a favor de la parte demandada la suma de OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($8.800.000), los cuales deberán ser
pagados cuando cobre ejecutoria la sentencia.
Expediente: 250002336000201502455 01 (59.133)
Demandante: Consorcio Corredor Vial
Demandada: Instituto Nacional de Vías -INVIAS-
Acción: Controversias contractuales
2
CUARTO: La anterior decisión se notifica en estrados.”1
2. El anterior proveído decidió la demanda 2 presentada el 26 de octubre de
20153 por Jesús Alberto Almeida Saaibi, J.R. Ingenieros Ltda. y Noriega Campiño y
Cía S. en C. 4, en calidad de integrantes del Consorcio Corredor Vial (en adelante,
el Consorcio o el demandante), cuyas pretensiones, hechos principales y
fundamentos jurídicos se desarrollan a continuación:
Pretensiones
3. El demandante formuló las siguientes pretensiones5:
“1. DECRETAR LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 6883 DE FECHA 6
DE NOVIEMBRE DE 2014 Y 02250 DEL 16 DE ABRIL DE 2015.
2. DECRETAR la falta de competencia de la entidad para iniciar y promover
procesos sancionatorios a mi poderdante, derivados del contrato de
interventoría No. 1219 de 2009.”
Hechos
4. En apoyo de sus peticiones, la parte actora, en síntesis, relató los siguientes
hechos:
4.1. El 20 de agosto de 2009, suscribió con el INVIAS el contrato No. 1219 de
2009, cuyo objeto consistió en realizar la interventoría técnica, administrativa y
financiera sobre las obras de reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación de
las vías comprendidas en el Plan Regional 2.500 Fase II en las siguientes
ubicaciones: (i) tramo 1 comprendido entre las Pavas y Restrepo del K4+000 al
K4+500 y obras complementarias del K4+500 al K19+500 con longitud de 0,5 Km;
(ii) tramo 2 comprendido entre Zacarías – Sabaleta – Agua Clara del K 5+430 al
K7+430 con longitud de 2,0 Km; (iii) tramo 3 comprendido entre El Palo – Toribío –
Jalambó del PR27+600 al PR30+000 (Toribío) con una longitud de 2,40 Km, y (iv)
tramo 4 comprendido entre Morales – La Loma – Suárez del PR8+280 al PR14+780
con una longitud de 6,50 Km, todos ellos localizados en el departamento de Valle
del Cauca.
4.2. Indicó que el contrato se ejecutó con normalidad hasta el mes de noviembre
de 2010, pero que, en esa fecha, el Consorcio requirió al contratista de obra a
cumplir con sus obligaciones y rindió informe al INVIAS sobre los incumplimientos
observados. Anotó que el Instituto abrió un pliego de cargos en contra del contratista
de la obra con el propósito de declarar su incumplimiento, pero que el procedimiento
administrativo terminó por no encontrarlo acreditado.
1 Folio 130, cuaderno del Consejo de Estado.
2 Folios 2 a 17, cuaderno 1.
3 La fecha de presentación de la demanda consta en el sello impuesto por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (folio 2, cuaderno 1).
4 Según consta en el documento de conformación del consorcio del 28 de enero de 2009 que obra a folios 25 y
26 del cuaderno 1.
5 Folio 15, cuaderno 1.
Expediente: 250002336000201502455 01 (59.133)
Demandante: Consorcio Corredor Vial
Demandada: Instituto Nacional de Vías -INVIAS-
Acción: Controversias contractuales
3
4.3. Manifestó que, el 27 de diciembre de 2010, se suscribió entre el INVIAS y el
Consorcio Corredor Vial un contrato adicional en el cual se prorrogó el plazo del
contrato de interventoría hasta el 20 de mayo de 2011. Pese a la prórroga del plazo,
en febrero de 2011, el INVIAS inició un proceso administrativo contra el Consorcio
con el objeto de declarar el incumplimiento definitivo del contrato de interventoría.
4.4. Sostuvo que el 14 de febrero de 2011 se llevó a cabo una aud iencia en la
que el Consorcio y el contratista de la obra manifestaron que los retrasos obedecían
a que en ciertos puntos era imposible pasar maquinaria y a que la situación de orden
público dificultaba los trabajos. El demandante no señaló cuál fue el res ultado de
este procedimiento administrativo.
4.5. Aseveró que, mediante comunicación DT -CAU 30445 del 30 de mayo de
2011, el INVIAS abrió un nuevo procedimiento sancionatorio contra el Consorcio, el
cual terminó mediante Resolución No. 771 del 16 de febrero de 2012. Sin embargo,
a través de Resolución No. 2513 del 15 de mayo de 2012, el INVIAS revocó su
decisión.
4.6. Señaló que a través de oficio No. SGT/GPD48313 del 8 de agosto de 2012,
el INVIAS inició otro procedimiento administrativo con fundamento en las mism as
razones del trámite anterior, el cual terminó mediante la expedición de la Resolución
No. 525 del 11 de septiembre de 2012 en la que se declaró el incumplimiento del
contrato de interventoría No. 1219 de 2009. Agregó que, una vez más, mediante
Resolución No. 7443 del 28 de diciembre de 2012, el INVIAS revocó su decisión.
4.7. Expuso que, el 7 de febrero de 2013, el INVIAS inició nuevamente un
procedimiento administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento definitivo
del contrato de interventoría, e l cual terminó mediante la expedición de la
Resolución No. 6883 del 6 de noviembre de 2014 a través de la cual se declaró el
incumplimiento, se hizo efectiva la cláusula penal pactada en el contrato y se declaró
la ocurrencia del siniestro con cargo a la p óliza de cumplimiento, todo por un valor
de $443’017.636; esta decisión fue confirmada a través de la Resolución No. 2250
del 16 de abril de 2015.
4.8. Manifestó que, dado que el Consorcio no interpuso el recurso de reposición
contra la Resolución No. 6883 de 2014, presentó una solicitud de revocatoria directa
con fundamento en que el poder otorgado a la apoderada del Consorcio —la
abogada Adriana Alejandra Santos 6— para actuar dentro del trámite, fue irregular
en la medida en que solo fue conferido por el representante legal del demandante y
no por todos los integrantes del Consorcio. Agregó que el INVIAS no se pronunció
respecto de esa solicitud.
Los fundamentos de derecho de la demanda
5. Aunque la parte actora no agrupó sus fundamentos de derecho en un acápite
específico de la demanda —aspecto que se revisitará en las consideraciones de
esta providencia —, se puede deducir de los planteamientos jurídicos en ella
contenidos, que considera que las resoluciones impugnadas violan las siguientes
6 Folio 30, cuaderno 3.
Expediente: 250002336000201502455 01 (59.133)
Demandante: Consorcio Corredor Vial
Demandada: Instituto Nacional de Vías -INVIAS-
Acción: Controversias contractuales
4
normas: los artículos 44 del Código de Procedimiento Civil y los artículo s 66 a 68
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA). El concepto de violación de estas disposiciones lo concretó en el
siguiente cargo:
5.1. Violación del derecho al debido proceso. Afirmó que el Consorcio carecía de
personería jurídica para actuar a través de su representante dentro del
procedimiento administrativo que culminó con la expedición de las resoluciones
demandadas. Ese hecho obligaba al INVIAS a notificar personalmente a cada uno
de sus integrantes acerca del inicio del procedimiento administrativo y de todas las
actuaciones surtidas dentro de este, para que, cada uno confiriera poder a su
representante, lo que no ocurrió. Dijo que, como el INVIAS notificó sobre las
actuaciones administrativas únicamente al representante del Conso
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.