Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (PROCEDENCIA DE LA LESIÓN ENORME EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2024-05-22
Radicado
25000232600020110119201
Número interno
56879
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
CONSTRUCCIONES TECNICAS DE INGENIERIA-CONTEIN LTDA
Demandado
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA- SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA

Síntesis de la providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Lo que dijo la Sala

El Distrito Capital, a través del Secretario de Educación, y Construcciones Técnicas de Ingeniería Ltda. suscribieron el Contrato 0282 de 2006, cuyo objeto consistía en la ejecución de obras de mejoramiento integral de la Institución Educativa Distrital John F. Kennedy.… Culminado el plazo y entregada a satisfacción la obra, el contratista radicó cuenta de cobro por ciento siete millones ciento ochenta y dos mil novecientos catorce pesos ($107’182.914), bajo el concepto de mayor valor de obra y obra no prevista, la cual —afirmó— pese a haber sido reconocida por el contratante no había sido pagada.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Cuando el recurso de apelación contra una sentencia se limita a transcribir los argumentos de la demanda y de los alegatos de primera instancia, sin formular inconformidad alguna contra las razones de la sentencia recurrida, la impugnación no está debidamente sustentada desde el plano material y el tribunal no puede decidir sobre esos aspectos. La regla se sostiene en tres razones: la apelación debe confrontar los argumentos del fallo impugnado para delimitar el objeto de la segunda instancia; la reproducción literal de escritos anteriores carece de objeto de discusión frente a la decisión; y, por ello, no es posible emitir decisión sobre las pretensiones que la apelación no cuestionó. En el caso, la sala confirmó la sentencia en lo relativo a esas pretensiones, y frente a la condena en costas de primera instancia negó la procedencia de la condena al no existir temeridad ni mala fe. El documento cita una sentencia de la sección sobre las circunstancias de indebida sustentación; la consecuencia práctica es que el apelante debe señalar qué razón concreta de la sentencia controvierte.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La impugnación propuesta estuvo debidamente sustentada desde el plano material?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, arts. 129, 132 núm. 5 y 136 núm. 10

También resuelve

  • ¿De acuerdo con el Código Contencioso Administrativo, aplicable a este proceso, debió condenarse en costas de primera instancia al ente demandado por haber sido la parte vencida?
  • ¿El fallo recurrido envuelve una contradicción, porque afirmó que el ente demando había pagado una suma que, luego, condenó a pagar y, si existía duda sobre el pago…
  • ¿Al ser desestimadas las pretensiones de incumplimiento contractual, debió desestimarse, a su vez, la pretensión de liquidación del contrato por ser consecuencial —no autónoma— a aquellas…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO PAGO DEL CONTRATO PAGO DE GASTOS ADICIONALES DISTRITO CAPITAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL CONTRATO ESTATAL TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA CUENTA DE COBRO MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA PRECIO DEL CONTRATO PAGO DE LA FACTURA RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTO EN LA DEMANDA ALEGATOS DE CONCLUSIÓN SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA VIGENCIA DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONDENA EN COSTAS CONDUCTA DE LAS PARTES CONDUCTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS TEMERIDAD PROCESAL MALA FE INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL INEXISTENCIA DE MALA FE IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA MAYOR VALOR DE LOS COSTOS TRÁMITE DEL PROCESO CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA FALTA DE PRUEBA PRUEBA DEL PAGO CARGA DE LA PRUEBA OBLIGACIÓN DE PAGAR SUMA DE DINERO NEGACIÓN INDEFINIDA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ COMPROBANTE DE PAGO PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO OMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN DEMANDA FUNDAMENTOS DE HECHO FUNDAMENTOS DE DERECHO ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CONFIRMACIÓN DEL FALLO IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Terminación unilateral Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Adición y prórroga del contrato Condena en costas y agencias en derecho

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C)
Se configuró la excepción de cosa juzgada por identidad de partes
Consejo de Estado 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C)
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto
Consejo de Estado 2023-09-07 Sección Tercera (Subsección B)
La decisión impugnada será modificada para señalar que la condena decretada deberá ser pagada en favor de la sociedad demandante y el litisconsorte.
Consejo de Estado 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C)
No hay lugar al reconocimiento de los costos administrativos por la mayor permanencia en obra
Consejo de Estado 2026-01-30 Sección Tercera (Subsección A)
El contratista tenía el derecho de aportar y controvertir pruebas
Consejo de Estado 2025-09-26 Sección Tercera (Subsección A)
No se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales
Titulación de la relatoría 16.985 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / PAGO DEL CONTRATO / PAGO DE GASTOS ADICIONALES / DISTRITO CAPITAL / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL / CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / CUENTA DE COBRO / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / PRECIO DEL CONTRATO / PAGO DE LA FACTURA / RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN LA DEMANDA / ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿La impugnación propuesta estuvo debidamente sustentada desde el plano material? Respuesta al problema jurídico: No El Distrito Capital, a través del Secretario de Educación, y Construcciones Técnicas de Ingeniería Ltda. suscribieron el Contrato 0282 de 2006, cuyo objeto consistía en la ejecución de obras de mejoramiento integral de la Institución Educativa Distrital John F. Kennedy. […] Culminado el plazo y entregada a satisfacción la obra, el contratista radicó cuenta de cobro por ciento siete millones ciento ochenta y dos mil novecientos catorce pesos ($107’182.914), bajo el concepto de mayor valor de obra y obra no prevista, la cual —afirmó— pese a haber sido reconocida por el contratante no había sido pagada. El otrora contratista pretende, en este contencioso, que se liquide el contrato, con el pago de la suma adeudada y que, además, se le reconozcan los gastos adicionales en los que habría incurrido a causa de una mayor permanencia en obra, así como la actualización de precios y los costos financieros en que habría incurrido por el impago de facturas en el término pactado. […] [E]l recurso de alzada interpuesto por Contein Ltda., se limitó a transcribir, in extenso, los mismos razonamientos plasmados tanto en la demanda como en los alegatos de conclusión de primera instancia. […] De esta forma, Contein Ltda. no planteó inconformidad alguna en contra de los argumentos expuestos en la sentencia de primera instancia; circunstancia que permite afirmar que la impugnación propuesta por ese extremo procesal no estuvo debidamente sustentada desde el plano material o, lo que es igual, carece de objeto de discusión para definir si existe o no mérito para acceder a todas las súplicas propuestas y, en consecuencia, tal carencia imposibilita emitir una decisión en tales aspectos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las circunstancias en las que se considera indebidamente sustentado el recurso de apelación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de octubre de 2023, rad. 68162, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / VIGENCIA DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS / CONDUCTA DE LAS PARTES / CONDUCTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / TEMERIDAD PROCESAL / MALA FE / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE MALA FE / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿De acuerdo con el Código Contencioso Administrativo, aplicable a este proceso, debió condenarse en costas de primera instancia al ente demandado por haber sido la parte vencida? Respuesta al problema jurídico: No Para la época en que fue presentada la demanda estaba vigente el CCA, cuyo artículo 171, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, preceptuaba que en la condena en costas debía considerarse la conducta procesal de la parte vencida. Este aspecto subjetivo fue, luego, aclarado por la Corte Constitucional que, con apoyo en la hermenéutica fijada previamente por esta Corporación, estimó que la condena en costas solo procedía cuando la parte vencida actuara de manera temeraria, malintencionada o de mala fe. En este orden de ideas, se observa que, aun cuando el a quo omitió referir las razones por la cuales consideró que no se daban los supuestos para condenar en costas a la parte demandada, lo cierto es que esta Subsección no encuentra que la SED hubiera actuado dentro del trámite de primera instancia de forma malintencionada, temeraria o de mala fe. Por lo tanto, confirmará la decisión de no condenar en costas. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la condena en costas después de analizar la conducta de las partes, cita: Corte Constitucional, sentencia del 27 de enero de 2004, C-043/04, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 1999, rad. 10775, C. P. Ricardo Hoyos Duque. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55 SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / MAYOR VALOR DE LOS COSTOS / TRÁMITE DEL PROCESO / CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / FALTA DE PRUEBA / PRUEBA DEL PAGO / CARGA DE LA PRUEBA / OBLIGACIÓN DE PAGAR SUMA DE DINERO / NEGACIÓN INDEFINIDA / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / COMPROBANTE DE PAGO / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN Problema jurídico: ¿El fallo recurrido envuelve una contradicción, porque afirmó que el ente demando había pagado una suma que, luego, condenó a pagar y, si existía duda sobre el pago, se debió decretar una prueba de oficio sobre este hecho? Respuesta al problema jurídico: No Para dar respuesta a este interrogante, la Sala pone de presente que el ente recurrente, al sustentar la alzada, pasó por alto que el párrafo de la providencia apelada en el que se mencionó que los sobrecostos por mayor valor de obra y obra no prevista habrían sido pagados ―en el cual fundamentó su reproche― forma parte de los antecedentes del trámite procesal, particularmente, la síntesis de lo dicho por esta parte en el escrito de contestación de la demanda. No es cierto así que el a quo aceptara que la SED efectivamente hubiera sufragado ciento siete millones ciento ochenta y dos mil novecientos catorce pesos ($107’182.914), por concepto de mayor valor de obra y obras imprevistas en favor de Contein Ltda. Por el contrario, en la parte motiva de la sentencia, el Tribunal refirió claramente que, aun cuando el ente contratante reconoció en el acta suscrita el tres (3) de septiembre de dos mil ocho (2008) que pagaría dicho monto bajo el concepto referido, lo cierto es que no existe prueba en el expediente que permitiera comprobar que fuera cancelado. Así las cosas, dado que la sociedad actora no solo erró en su planteamiento sobre los considerandos expuestos por el fallador de primera instancia, sino que además omitió demostrar el pago efectivo de la obligación que aseguró ya había sufragado, a sabiendas que tenía la carga de la prueba de acuerdo con las disposiciones de la ley procesal, esta Sala no encuentra razón alguna para reformar o modificar lo relativo a la obligación de pagar el monto ya mencionado. Por otra parte, recuerda la Sala que, como lo han precisado la jurisprudencia administrativa y la doctrina, cuando el acreedor refiere no haber recibido pago alguno del deudor, enuncia una negación indefinida, con la cual traslada a su contraparte la carga de probar lo contrario, de conformidad con el artículo 177 del CPC. En consecuencia, en este proceso la SED tenía la carga de probar el pago de la deuda cuya pretermisión le atribuyó la firma demandante; carga que, a su vez, impone al juez la orden a evitar el non liquet, por cuanto debe resolver el litigio superando la incertidumbre que pudiera existir sobre los supuestos fácticos, imponiéndose una decisión desfavorable a quien que no hubiera conseguido acreditar con certeza los hechos que le incumbe acreditar. […] Bajo los lineamientos expuestos, la Sala estima que —contrario a lo afirmado por la SED en alzada— el a quo no estaba en la obligación de hacer uso de sus facultades oficiosas para solicitar los comprobantes de pago que permitieran determinar si, en efecto, dicho órgano canceló los ciento siete millones ciento ochenta y dos mil novecientos catorce coma cincuenta y cinco pesos ($107’182.914,55) que reconoció, por concepto de mayor valor de obra y obras imprevistas, pues, como se dejó expuesto, no debe privilegiarse la inactividad de la parte en la que recaía la carga de la prueba, la cual, por demás, en este contencioso tenía un posición privilegiada para allegar al plenario la prueba de pago correspondiente. De cualquier forma, no debe pasarse por alto que en la parte resolutiva del fallo analizado, el a quo condicionó el pago que ordenó a la comprobación de que este no se hubiera cancelado previamente. Por ende, en caso de que este se hubiera efectuado, como lo arguye el demandado, el fallo no le acarrearía las consecuencias desaforarles que habilitan al ente demandado para impugnarlo, de acuerdo con el artículo 350 del CPC. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la constitucionalidad del artículo 9 del Código Civil relativo a la ignorancia de las leyes que no sirve como excusa, cita: Corte Constitucional, sentencia del 3 de diciembre de 1997, C-651/97, M. P. Carlos Gaviria Díaz. Sobre las afirmaciones o negaciones indefinidas y su deber de probarlas, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de agosto de 2020, rad. 52869, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la carga de la prueba que determina el sentido de una decisión ante la incertidumbre sobre los hechos en contienda, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 2020, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 169, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 171, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 350, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 9 LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / OMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Al ser desestimadas las pretensiones de incumplimiento contractual, debió desestimarse, a su vez, la pretensión de liquidación del contrato por ser consecuencial —no autónoma— a aquellas pretensiones? Respuesta al problema jurídico: No [S]e recuerda que la facultad de liquidar judicialmente un contrato estatal no surge —como mal lo afirmó la SED— de la comprobación de un incumplimiento contractual o de un desequilibrio económico, sino de la ausencia del acto liquidatario, ya sea de manera bilateral o unilateral, o como consecuencia de la invalidez del acto de liquidación. […] La imposibilidad de liquidar bilateralmente el contrato, junto con la subsiguiente omisión del deber de liquidarlo del ente contratante, constituyen así el presupuesto de la pretensión de liquidación contractual, con independencia de las eventuales pretensiones de responsabilidad que puedan acumularse. Por ende, aun cuando la liquidación judicial de un contrato sea formulada, frecuentemente, como una pretensión consecuencial a otras pretensiones declarativas de incumplimiento o desequilibrio, lo cierto es que aquella también puede formularse de manera autónoma —cómo en el sub judice— siempre y cuando no se hubiera liquidado el contrato. Por consiguiente, como bien lo comprobó el a quo, ante la ausencia de estas dos actuaciones en el contrato bajo análisis, procedía, en efecto, la liquidación judicial del contrato 0282 de 2006. En definitiva, de conformidad con las consideraciones reseñadas, la Subsección confirmará íntegramente la sentencia de primer grado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la posibilidad de solicitarle al juez la liquidación del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2006, rad. 14287, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre los requisitos de procedencia de la liquidación judicial del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2019, rad. 59727, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de diciembre de 2021, rad. 53727, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / DEMANDA / CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / FUNDAMENTOS DE HECHO / FUNDAMENTOS DE DERECHO / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONFIRMACIÓN DEL FALLO Problema jurídico: ¿La carga de sustentación que les corresponde asumir a los recurrentes se satisface con la simple manifestación de disenso frente a la providencia recurrida, o con la simple solicitud de que se revoque para que, en su lugar, se acceda a los intereses de la parte inconforme; o con la mera reiteración de las razones expuestas en el curso de la primera instancia? Respuesta al problema jurídico: No El artículo 212 del CCA exigía al extremo inconforme con la decisión de primera instancia interponer y sustentar el recurso de apelación ante el a quo para luego ser enviado al superior. La carga argumentativa de la alzada fue definida en el parágrafo 1° del artículo 352 del CPC, aplicable al sub examine por remisión expresa del artículo 267 del CCA […]. […] En consonancia con las normas referidas, con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y con la doctrina, las diferentes Subsecciones de la Sección Tercera han precisado, en diversas oportunidades, que la carga de sustentación que les corresponde asumir a los recurrentes no se satisface con la simple manifestación de disenso frente a la providencia recurrida, ni con la simple solicitud de que se revoque para que, en su lugar, se acceda a los intereses de la parte inconforme; ni, menos aún, con la mera reiteración de las razones expuestas en el curso de la primera instancia, bien sea en la demanda, en la contestación o en los alegatos de conclusión. […] En razón a ello, la ley impone que se ataquen los fundamentos de hecho o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en aquello que se considere desfavorable, no solo porque la decisión sea contraria a los intereses de quien la impugna, sino porque exista en realidad una razón por la que considere que lo fallado en primera instancia no corresponde, en derecho, a la decisión acertada. Es, de esta forma, la argumentación del impugnante, que la ley procesal le impone a las personas interesadas en recurrir una providencia, la que faculta al juez de segundo grado para pronunciarse sobre los reproches formulados […]. Así, en el evento en que el superior advierta una sustentación insuficiente, cuyos fundamentos sean simples afirmaciones genéricas o reproducciones de lo afirmado en la demanda, sin un cuestionamiento, siquiera implícito, de la providencia impugnada, no tendrá opción diferente que confirmar el proveído apelado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la carga argumentativa que deben asumir los recurrentes, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2021, rad. 48450, C. P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de septiembre de 2022, rad. 59258, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de septiembre de 2021, rad. 54739, C. P. Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de diciembre de 2022, rad. 2014-00723-01(AG), C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de octubre de 2023, rad. 68162, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de noviembre de 2023, rad. 59104, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la apelación como recurso al cual solo debe acudirse en aquellos supuestos en los que existan elementos sólidos que den cuenta de que el juzgador de primera instancia incurrió en una equivocación, cita: Corte Constitucional, sentencia de unificación del 11 de septiembre de 2019, SU-418/19, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 212, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 350, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 352 PARÁGRAFO 1 IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL Problema jurídico: ¿Hay lugar a la imposición de costas cuando no se evidencia actuación temeraria de las partes? Respuesta al problema jurídico: No No hay lugar a la imposición de costas debido a que en el presente asunto no se evidenció actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para proceder de esta forma. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201101192011100103