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Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición2023-08-10Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 70001233100019980028901ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente la petición de impulso procesal reiterada por el demandante, con miras a obtener fallo definitivo, cuando se observa que aún existen actuaciones procesales pendientes por surtirse en el trámite del proceso? No
El demandante que reitera solicitudes de impulso procesal con la pretensión de obtener un fallo definitivo anticipado se enfrenta a una respuesta negativa por parte del despacho judicial cuando en el expediente constan actuaciones pendientes por surtir, tales como el trámite y resolución de objeciones a dictámenes periciales. El juez tiene el deber ineludible de garantizar el respeto al principio de preclusión y a las etapas procesales previstas en la ley para salvaguardar la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de los sujetos procesales. Las peticiones recurrentes sobre un mismo punto no agilizan la adopción de la sentencia definitiva, por lo que el operador jurídico debe resolver cada solicitud en orden riguroso antes de proceder a emitir la decisión de fondo que ponga fin al litigio contencioso administrativo.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2025-11-07Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 25000233600020210032501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente el recurso de súplica contra el auto que niegue el decreto o la práctica de una prueba? Sí
El juez establece que el recurso ordinario de súplica procede contra el auto que niegue el decreto o la práctica de una prueba de conformidad con el artículo 246 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En el caso, al haberse interpuesto la impugnación de forma oportuna frente al auto notificado el 17 de junio de 2025 que negó por extemporánea la solicitud probatoria basada en un hecho sobreviniente del proceso penal, la Subsección analiza el asunto y confirma la decisión suplicada.síntesis automática
También resuelve:¿Vulnera el principio de eventualidad o preclusión que el juez o las partes realicen o admitan actuaciones procesales por fuera de los términos legales o judiciales establecidos para cada etapa del…¿Es procedente rechazar por extemporánea la solicitud de incorporación de una supuesta prueba sobreviniente presentada en segunda instancia…
25000233600020180046101 de 20262026-07-03Sección TerceraRad. 25000233600020180046101
El contratista no puede acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuando el acto controvertido es un acto jurídico precontractual de carácter privado, como la acta de adjudicación en el régimen de contratación de entidades financieras de carácter estatal, ya que estos actos no tienen la naturaleza de acto administrativo y deben ser enjuiciados a través del medio de control de reparación directa. La entidad financiera Fiduprevisora, sometida al régimen de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, no está sujeta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por lo que la decisión de no calificar la oferta del contratista debido a la omisión en la entrega de formatos digitales requeridos para la calificación se ajusta a las condiciones previstas en la invitación pública. Esta resolución reitera la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la naturaleza jurídica de los actos precontractuales en entidades no sometidas al Estatuto General de la Administración Pública, lo que implica que los medios de control deben ser aplicados de acuerdo con la naturaleza del acto controvertido.síntesis automática
También resuelve:Fiduprevisora s.a: naturaleza jurídicaActo jurídico precontractual de entidades con régimen excepcional: naturaleza jurídica del acta de adjudicación, carácter privado del acto, inexistencia de acto administrativoMedio de control de nulidad y restablecimiento del derecho: no procede, no es acto administrativo, procedencia, medio de control de reparación directa
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2024-03-04Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 25000233600020130176901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Tiene competencia la Sala para resolver el recurso de súplica contra la decisión que rechazó la apelación adhesiva? Sí
La interposición de un recurso de apelación que luego es declarado desierto impide admitir la apelación adhesiva, porque la parte ya había recurrido y no cumple la condición de quien no apeló. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el parágrafo del artículo 322 del Código General del Proceso exige que la parte no haya apelado para que proceda la apelación adhesiva. Segunda, el recurso formulado con anterioridad cuenta para ese efecto aun cuando más adelante se configure una causal para declararlo desierto. Tercera, el principio de preclusión procesal impide reabrir una oportunidad ya consumida por la interposición del recurso. La providencia confirma el rechazo de la adhesiva y reconoce la competencia de la Sala para resolver la súplica, conforme a los artículos 125 y 246 del CPACA. La consecuencia práctica es que la parte que apeló y vio desierto su recurso no puede adherirse después a la apelación de la contraparte.síntesis automática
También resuelve:¿La interposición de un recurso de apelación que posteriormente es declarado desierto conduce a negar la admisión de la apelación adhesiva?¿Se cumplen los requisitos dispuestos en la ley para que proceda la apelación adhesiva?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2026-10-07Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 05001233300020240010001Controversias contractuales
¿Es aplicable al llamado en garantía la ampliación del término para aportar un dictamen pericial prevista en el numeral 5 del artículo 175 del CPACA para el demandado que anuncia dicha prueba al contestar la demanda? No
El llamado en garantía no se beneficia de la ampliación del término para aportar dictamen pericial prevista en el numeral 5 del artículo 175 del CPACA para el demandado que anuncia esa prueba con la contestación. La intervención del llamado y su oportunidad para responder se rigen por el artículo 225 del CPACA y, en lo no regulado, por el CGP, al que remite el artículo 306. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 225 concede al llamado quince días para responder, sin una ampliación pericial equivalente; el artículo 66 del CGP le permite solicitar las pruebas que pretenda hacer valer, sin término específico; y el artículo 218 del CPACA remite al CGP en materia pericial. Además, el anuncio del dictamen no basta para obtener el término adicional del artículo 227 del CGP, que exige justificar por qué la oportunidad ordinaria resulta insuficiente. Aun si se aplicara el artículo 175.5, el llamado debía manifestar su intención de acogerse y aportar el dictamen dentro de los treinta días siguientes, lo que no ocurrió, por lo que la negativa del decreto se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿Es suficiente el anuncio de un dictamen pericial de parte para obtener la ampliación del término previsto en el artículo 227 del CGP…¿Puede aportarse un dictamen de contradicción después de vencido el término legal, con fundamento en que el dictamen objeto de controversia fue decretado posteriormente por el juez?¿Procede modular el plazo solicitado para aportar un dictamen pericial cuando el decreto de esa prueba fue negado?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-10-11Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 50001233300020210040601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Operó la caducidad del medio de control de controversias contractuales respecto de la pretensión de nulidad del acta de liquidación bilateral del contrato? No
El contratista no está sujeto a la caducidad del medio de control de controversias contractuales respecto a la pretensión de nulidad del acta de liquidación bilateral del contrato, ya que este acta no tiene la naturaleza de acto administrativo y el término de caducidad se calcula de acuerdo con la regla general del artículo 164 del CPACA, que establece un plazo de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento. La Sala determina que el término para demandar en este caso corrió desde el 4 de diciembre de 2019 hasta el 4 de diciembre de 2021, por lo que la demanda presentada el 30 de noviembre de 2021 fue oportuna. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre el cómputo del término de caducidad en casos de liquidación bilateral de contratos estatales, garantizando la oportunidad del medio de control y la seguridad jurídica.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda?¿Para calcular el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en eventos en que el contrato requiere liquidación, los tiempos no se deben contabilizar de corrido…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-07-15Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 54001233300020190028201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El medio de control de controversias contractuales que pretende la nulidad absoluta de los otrosíes celebrados por las partes, fue interpuesto oportunamente? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad absoluta del contrato y sus otrosíes mediante el medio de control de controversias contractuales, siempre que la demanda se presente dentro del plazo de dos años contados a partir del día siguiente a su perfeccionamiento, y mientras el contrato se encuentre vigente. La Sala determina que la oportunidad del medio de control se mantiene incluso si el contrato y los otrosíes adicionales y modificativos se encuentran vigentes al momento de presentar la demanda, lo que implica que la caducidad del medio de control no opera si el contrato aún está en vigor. Esta decisión reitera la importancia de considerar la vigencia del contrato para determinar la oportunidad del medio de control, lo que garantiza el acceso a la administración de justicia y protege los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación del auto que rechaza la demanda por caducidad?¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, cuando se pretende la nulidad absoluta del contrato…¿El acuerdo al que llegaron los contratantes sobre el mecanismo de arreglo directo en el Contrato de Operación, da lugar a posibles modificaciones de negocio jurídico…
¿La suspensión de términos ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PCSJA23-12089 de 13 de septiembre de 2023 extendió el plazo de caducidad que vencía el 16 de septiembre de 2023 hasta el 21 de septiembre de 2023 y por lo tanto la demanda fue presentada de manera oportuna? Sí
El contratista presenta su demanda de repetición dentro del plazo extendido por la suspensión de términos ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PCSJA23-12089 de 13 de septiembre de 2023, lo que implica que la demanda fue presentada oportunamente, revocándose así la declaratoria de caducidad emitida en primera instancia. La entidad estatal argumentó que el término original de caducidad vencía el 16 de septiembre de 2023, pero la suspensión de términos extendió este plazo hasta el 21 de septiembre de 2023, fecha en la cual la demanda fue presentada. La Sala reitera que la suspensión de términos por parte del Consejo Superior de la Judicatura tiene efectos sobre los plazos procesales, permitiendo que las demandas sean presentadas dentro del plazo extendido sin incurrir en caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Se debe decidir de fondo sobre las pretensiones de la demanda, toda vez que en primera instancia se adelantó todo el proceso conforme a la Ley hasta el fallo de primera instancia sin pretermitir…¿Se encuentran probados los elementos objetivos y subjetivos para condenar a la demandada a pagar a la demandante las erogaciones hechas en cumplimiento de la condena impuesta por la Juez 50…
¿La preclusión en aplicación del principio in dubio pro reo supone una privación injusta de la libertad? No
El contratista no puede obtener reparación por privación injusta de la libertad cuando la preclusión de la investigación se basa en el principio in dubio pro reo, ya que esta medida no implica una actuación arbitraria de la Fiscalía General de la Nación ni una privación injusta de la libertad. En el caso analizado, la Sala confirmó que la preclusión de la investigación por lavado de activos no implicaba una privación injusta de la libertad, ya que la medida de aseguramiento se había adoptado en cumplimiento de los requisitos legales y con base en indicios graves de responsabilidad. La Fiscalía aplicó el principio in dubio pro reo debido a dudas sobre la participación delictiva del contratista, lo que no constituía una actuación arbitraria ni una privación injusta de la libertad. Como resultado, la Sala reiteró que la responsabilidad patrimonial del Estado no se configura en estos casos, a menos que se demuestre claramente que la privación de la libertad fue injusta y arbitraria.síntesis automática
También resuelve:¿Resultaba razonable inferir que la ahora demandante había participado en la comisión del delito de lavado de activos?¿Para la Fiscalía se tornaba en dudosa la participación de la demandante en el delito de lavado de activos?¿Corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria?
¿El Consorcio formuló alguna razón de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia? No
Cuando el recurso de apelación no formula razones de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia, la Sala no tiene sustrato jurídico para estudiar y debe confirmar la decisión. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el apelante, en este caso un consorcio, aceptó la razón del juez de primera instancia, pues después de la postura unificada de la Sección Tercera ya no se exige notificar individualmente a sus integrantes sobre el inicio del procedimiento administrativo, y se acogió a la posición del tribunal. La segunda es que el consorcio no logró desvirtuar la presunción de legalidad de las resoluciones demandadas, porque el procedimiento sancionatorio se adelantó con las garantías del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y los consorcios son unidades de hecho y de derecho que deben responder por su incumplimiento. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia apelada. La nota de relatoría remite a la unificación de 25 de septiembre de 2013 sobre la capacidad de los consorcios, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El Consorcio logró desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan las resoluciones demandadas?¿El Consorcio varió la causa petendi al introducir en el recurso de apelación un argumento nuevo que no fue debatido en la primera instancia?¿La parte demandante incurrió en falta de técnica de la demanda?
¿Vulnera el juez de segunda instancia el principio de congruencia y el debido proceso cuando, al resolver el recurso de apelación, se pronuncia sobre la ineficacia de pleno derecho de una cláusula contractual que no fue planteada en las pretensiones ni en los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda, ni integrada oportunamente a la causa petendi del litigio? Sí
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre nuevos cargos y hechos que no fueron aducidos en la demanda, ni discutidos en el proceso, ni controvertidos por la parte demandada, porque el principio de congruencia delimita su competencia. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 281 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, obliga a que la sentencia guarde congruencia con los hechos y las pretensiones de la demanda; la competencia del superior se limita a la cuestión decidida, que se estructura a partir de la causa petendi y de las excepciones debidamente alegadas y probadas; y tener en cuenta una cláusula o un hecho no integrado oportunamente a la causa petendi vulnera el derecho de defensa de la contraparte. Por ello, la declaratoria de ineficacia de pleno derecho de una cláusula no pedida en la demanda excede el litigio y resulta violatoria del debido proceso. La providencia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia a los argumentos concretos expuestos en la sustentación del recurso de apelación…¿El incumplimiento de la carga de sustentación del recurso de apelación por parte del recurrente que se limita a reiterar los argumentos expuestos en los alegatos de conclusión de primera instancia…¿Prospera el recurso de apelación cuyos argumentos, además de carecer de reparos concretos y específicos contra la sentencia de primera instancia…
¿Para que un medio de convicción sea la base de una decisión judicial, debe ser objeto de contradicción por la parte contra quien se aduce, en igualdad de condiciones, de ahí que se imponga la necesidad de que las pruebas sean allegadas por las partes en los precisos términos y oportunidades definidos por la ley? Sí
El contratista no puede invocar documentos en el recurso de apelación para probar su cumplimiento del convenio interadministrativo, ya que estos no fueron aportados oportunamente en la primera instancia, conforme a los principios de contradicción, igualdad y oportunidad probatoria. La preclusividad de los términos para aportar pruebas impone que las partes presenten los medios de convicción dentro de los plazos legales, de modo que los sujetos procesales no sean sorprendidos con documentos nuevos o extemporáneos. En este caso, el municipio guardó silencio durante la primera instancia y no solicitó la práctica de las pruebas en la segunda instancia dentro del término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de apelación, por lo que los documentos aportados no fueron valorados por el tribunal. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y oportunidades para la presentación de pruebas, garantizando la seguridad jurídica y la igualdad entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Debe otorgársele valor probatorio a los documentos invocados en el recurso de apelación presentado por el Municipio para probar su cumplimiento del convenio interadministrativo, por lo que…¿Las pólizas o contratos de seguros de cumplimiento a favor de entidades públicas son negocios jurídicos bilaterales, onerosos, aleatorios y accesorios…¿La compañía aseguradora tiene condición de litisconsorte cuasinecesario en razón al contrato de seguro de cumplimiento suscrito con el municipio demandado, por lo que…
¿No se configuró el daño antijurídico pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que el sindicado fue privado de la libertad de forma efectiva? Sí
El contratista no puede obtener reparación por una privación injusta de la libertad si la Fiscalía cumple con los plazos legales y los requisitos para la medida de aseguramiento, como lo establece el artículo 365 numeral 4 y el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y si la medida de aseguramiento se fundamenta en dos indicios graves y pruebas directas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la misma ley. En este caso, la entidad estatal no causó un daño antijurídico al cumplir con los plazos y requisitos legales, y la medida de aseguramiento se basó en dos indicios graves y dos declaraciones juramentadas que permitieron inferir preliminarmente la responsabilidad del sindicado en los delitos por los que era investigado. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la medida de aseguramiento y la necesidad de fundamentarla adecuadamente para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La medida de aseguramiento se fundamentó en dos indicios graves de responsabilidad frente al delito de receptación y en las versiones juramentadas frente al delito de rebelión?¿Se decretó la detención preventiva de la libertad del sindicado con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad y en dos pruebas directas?¿Transcurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de la indagatoria para que el funcionario judicial definiera su situación jurídica?
¿Se configura el fenómeno de la cosa juzgada cuando una sentencia anterior resolvió de forma definitiva la controversia relacionada con el incumplimiento de un contrato específico, lo que impide que dicho asunto sea nuevamente discutido en un proceso posterior? Sí
Se configura el fenómeno de la cosa juzgada cuando una providencia judicial anterior resuelve de forma definitiva la controversia sobre el incumplimiento de un contrato específico, impidiendo su discusión en un proceso posterior. El demandante promovió un juicio respecto del contrato No. 491 de 1977 y modificó sus pretensiones para dirigirlas expresamente hacia dicho contrato, sobre el cual la entidad propuso las excepciones de caducidad y cosa juzgada, constatándose la existencia de un pronunciamiento definitivo previo sobre la misma controversia contractual debatida por las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Constituye la existencia de una sentencia judicial ejecutoriada sobre el cumplimiento de un contrato determinado un impedimento para reabrir su discusión en un proceso posterior…¿Constituyen las actas internas del comité de conciliación decisiones administrativas con efectos jurídicos vinculantes que permitan fundamentar una pretensión por incumplimiento contractual?¿Antes del Decreto 01 de 1984 se podían aplicar las reglas de prescripción civil en demandas contractuales contra el Estado?
¿Se configuró el daño antijurídico por privación injusta de la libertad? No
El contratista no obtiene indemnización por privación injusta de la libertad porque no se configura el daño antijurídico, elemento esencial para la responsabilidad del Estado, ya que la privación de libertad cumplió con los plazos legales y fue necesaria, proporcional y razonable, basada en pruebas materiales que indicaban la posible participación delictiva del procesado. La Sala confirmó que la medida de aseguramiento fue legal y ajustada a derecho, respetando las garantías y derechos fundamentales del procesado, y que la Fiscalía y la Rama Judicial cumplieron con los plazos establecidos en la Ley 906 de 2004, lo que implica que no existe responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:¿Se concluye que la privación de la libertad de la demandante cumplió con los términos dispuestos en la ley procesal penal?¿De los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que la imputada podía ser partícipe de las conductas delictivas que se investigaban?¿El procedimiento de captura estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad que regulaba dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de la…
¿En el transcurso del proceso penal se demostró la inocencia del demandante, razón por la cual se concluye que el hecho no existió? Sí
Procede la Sala Plena de la Sección Tercera, con el fin de unificar la jurisprudencia en relación con I) los parámetros que se deben tener en cuenta para la tasación de los perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad y II) los criterios para reconocer indemnización de perjuicios en la modalidad de lucro cesante a la persona que fue privada injustamente de su libertad… . El demandante [víctima] fue privado de su Derecho Fundamental a la Libertad desde el 1 de diciembre de 1998 hasta el 18 de agosto de 1999, sindicado como autor del delito de peculado por apropiación en provecho propio; sin embargo, en el transcurso del proceso penal se demostró la inocencia del demandante, razón por la cual se concluye que el hecho no existió.
También resuelve:¿La Fiscalía impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual se hizo efectiva el 1 de diciembre de 1998?¿La Sala se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada?¿El término de caducidad debe contabilizarse a partir de la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se precluyó o se absolvió al procesado?
¿La pérdida de oportunidad puede ser considerada un daño autónomo indemnizable dentro del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado? Sí
La pérdida de oportunidad es un daño autónomo indemnizable dentro del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado, pues consiste en la frustración definitiva de la expectativa de obtener un beneficio o de evitar un menoscabo. Esta figura combina un componente de certeza, que es la existencia de una posibilidad real y seria de alcanzar el resultado favorable, con un componente de incertidumbre, derivado de la imposibilidad de determinar con exactitud si la expectativa se habría concretado sin la conducta atribuible a un tercero. Que incorpore incertidumbre no la convierte en un daño eventual o hipotético, porque lo jurídicamente relevante es que desaparece de manera definitiva la posibilidad de obtener el provecho o de evitar el detrimento, situación que merece tutela jurídica. Su explicación puede darse como mecanismo probatorio del nexo causal, como daño autónomo con perjuicio particular o como daño reparable mediante las categorías tradicionales de perjuicios, y algunos instrumentos de armonización del derecho contractual la reconocen en proporción a la probabilidad de que la expectativa se hubiera materializado. Como consecuencia práctica, la reclamación por pérdida de oportunidad debe acreditar la posibilidad real y seria que se perdió, y no solo el resultado final que no se obtuvo.síntesis automática
También resuelve:¿La pérdida de oportunidad constituye un daño cierto y resarcible, pese a incorporar un componente de incertidumbre?¿Constituye un daño contractual indemnizable la pérdida de oportunidad procesal derivada del incumplimiento del deber profesional del abogado frente a su cliente?¿Requiere la procedencia de la acción de repetición que se demuestre la existencia de una condena, el pago efectivo, la calidad del agente y la calificación dolosa o gravemente culposa de su conducta?
¿Para determinar el régimen legal aplicable a la acción de repetición es necesario tener en cuenta el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado, que en este evento consistieron en la desaparición y muerte de un civil a manos de miembros de la Policía? Sí
Para determinar el régimen legal aplicable a la acción de repetición es necesario tener en cuenta el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado, que en este evento consistió en la desaparición y muerte de un civil a manos de miembros de la Policía. La repetición es asunto de expresa previsión constitucional, en tanto el artículo 90 Superior prescribe que, si el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra el agente causante del mismo, pero solo cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este, calificación que denota un calificado error de conducta de un agente estatal generador del daño antijurídico que ha conducido a la condena al Estado. Para la determinación del régimen legal aplicable al caso, la Sala tiene en cuenta que la situación cuestionada de los demandados está relacionada con la muerte del señor (…). En esas condiciones, para la época de los hechos ya estaba vigente la Ley 678 de 2001, bajo la cual deben analizarse tanto los aspectos formales como sustanciales del presente caso.síntesis automática
También resuelve:¿Quién invoque las presunciones legales de dolo o culpa grave contenidas en la Ley 678 de 2001, tiene la carga de probar los hechos en los que se funda y la parte contraria deberá desvirtuar dichas…¿Se acreditó la calidad de servidores públicos de los agentes de policía demandados, al momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado?¿Con la conciliación prejudicial celebrada y aprobada entre las víctimas y la Policía Nacional en el curso del proceso de reparación directa…
¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer? Sí
El contratista puede demandar a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por daños patrimoniales ocasionados por una privación injusta de la libertad, cuando la medida de aseguramiento impuesta no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, como la inferencia razonable de la participación en los delitos investigados. La responsabilidad patrimonial surge cuando la Fiscalía y la Rama Judicial incurren en una falla del servicio al no ajustarse a las normas procesales, causando un daño antijurídico al contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, estableciendo que la entidad estatal es responsable cuando la medida cautelar no cumple con los requisitos legales, lo que implica que las entidades deben garantizar el debido proceso y evitar privaciones de libertad injustas.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo?¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión…¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
¿Vulneró el Departamento del Huila el debido proceso de la contratista al liquidar unilateralmente el contrato después de vencidos los términos previstos para la liquidación bilateral y unilateral, aun cuando conservaba competencia durante el término de caducidad de la acción contractual y se habían adelantado previamente gestiones para lograr, sin éxito, la liquidación de mutuo acuerdo? No
La entidad estatal conserva competencia para liquidar unilateralmente el contrato dentro del término de caducidad de la acción contractual, aun cuando hayan vencido los plazos de liquidación bilateral y unilateral, si no hubo acuerdo entre las partes y la liquidación evita la latencia de la relación contractual. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 fija la liquidación bilateral dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución, salvo el plazo pactado; el artículo 61 de la misma ley permite a la administración realizar el finiquito unilateral cuando los contratantes no logran pacto o el contratista no se presenta; y el numeral 10, literal d, del artículo 44 de la Ley 446 de 1998 concuerda con esa facultad para que la entidad liquide dentro del término de caducidad. Por ello, la liquidación unilateral adelantada tras gestiones previas de liquidación de mutuo acuerdo no vulnera el debido proceso del contratista. La providencia se revoca.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el restablecimiento del equilibrio económico de un contrato de concesión cuando las circunstancias alegadas como extraordinarias e imprevisibles corresponden a riesgos asignados al…¿Se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato de concesión por la disminución del consumo de aguardiente y la consecuente afectación de la cuota mínima anual de ventas…¿Procede el reconocimiento de una compensación económica a favor del concesionario por el incumplimiento de la entidad contratante en la fijación de la cuota de promoción y degustación…