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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el contratista se encuentra obligado a garantizar los recursos de capital necesarios para la ejecución del objeto acordado

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Fecha
2024-03-18
Radicado
25000233600020150234601
Número interno
62508
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA, PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Demandado
CREATIVESOFT LTDA, TABORDA VELEZ Y CIA S. EN C, CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD SIM

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el contratista se encuentra obligado a garantizar los recursos de capital necesarios para la ejecución del objeto acordado

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

El contrato de concesión… Para el caso que ocupa la atención de la Sala se resalta de este modelo negocial la nota característica de que el contratista asume por su cuenta y riesgo la realización del objeto concesionado. La expresión indicada llena de contenido esta tipología contractual y significa, de una parte, que el contratista se encarga de la consecución de los recursos económicos según la relación equity/deuda que defina en su modelo financiero (con aporte de recursos propios / o de recursos de financiamiento, o de ambas clases) bajo análisis de predicción de rendimientos y de recuperación de su inversión. Y de otra, que al obtener el derecho económico de explotación y definir conforme a su expertice la ruta de ejecución, asume el riesgo del éxito o fracaso de su desarrollo, como regla general.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista en un contrato de concesión está obligado a realizar los estudios previos como imperativo de orden público y expresión del ejercicio de la función administrativa, lo cual debe observarse y desarrollarse en todos los procesos de selección, según el artículo 25 de la Ley 80 de 1993. Estos estudios son fundamentales para justificar la necesidad del contrato y evitar modificaciones que no se ajusten a su esencia, protegiendo así la selección objetiva y la libertad de empresa. La Sala reitera que la omisión de estos estudios puede invalidar el contrato y sus adicionales, lo que implica que las entidades estatales deben garantizar su cumplimiento riguroso en la fase de contratación.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿En los contratos de concesión así como en la celebración de sus contratos adicionales, el cumplimiento de los estudios previos es un imperativo de orden público y una expresión del ejercicio de la función administrativa, por lo cual, debe observarse y desarrollarse en todos los procesos de selección?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 25 núm. 12, 25 núm. 7 y 32
  • Constitución Política

También resuelve

  • ¿Se configuró la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito respecto al otrosí No 4 suscrito como contrato adicional al de concesión para la operación de registro a través de herramientas de…
  • ¿Procede el pago de restituciones mutuas como consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta por objeto ilícito respecto al otrosí No 4 en el asunto litigioso?
  • ¿Procede la condena en costas procesales incluidas las agencias en derecho en el caso sub examine?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONTRATO DE CONCESIÓN FINALIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN CONTRATISTA BUENA FE CONTRACTUAL APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL PLAZO ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL CONTRATO ESTATAL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA NORMA DE ORDEN PÚBLICO FUNCIÓN ADMINISTRATIVA CONTRATO ADICIONAL DERECHO A LA LIBERTAD DE EMPRESA PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA DE LA PROPIEDAD ACCIONARIA ESTATAL NEGOCIO JURÍDICO EJECUCIÓN DEL CONTRATO NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO NULIDAD ABSOLUTA OBJETO ILÍCITO OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL OTROSÍ AL CONTRATO CONTRATO ADICIONAL ESTATAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL ENTIDAD PÚBLICA MEJORAS DEL BIEN INMUEBLE MEJORAS AL BIEN EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL REQUISITOS DE LA EXPERIENCIA ALTAMENTE CALIFICADA SENTENCIA PENAL CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO FRAUDE PROCESAL PECULADO POR APROPIACIÓN VALIDEZ DEL CONTRATO ESTATAL VALIDEZ DEL CONTRATO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL PLIEGO DE CONDICIONES ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES CONSORCIO PROPONENTE PROPUESTA DEL PROPONENTE PRINCIPIO DE PUBLICIDAD CONTRACTUAL APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO CLÁUSULA DE REVERSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO VIOLACIÓN DE NORMA DE ORDEN PÚBLICO PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ESTATAL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NULIDAD DEL CONTRATO ADICIONAL CONDUCTA ILÍCITA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DEL CONDUCTOR DE VEHÍCULO SECRETARÍA DE MOVILIDAD DISTRITAL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES SOFTWARE ARCHIVO DESTINACIÓN DEL BIEN INMUEBLE RESTITUCIONES MUTUAS NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS CONCEPTO DE RESTITUCIONES MUTUAS CAUSA ILÍCITA PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL DEMANDA DE RECONVENCIÓN PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN RECHAZO DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

Guías del tema

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Liquidación del contrato Nulidad del contrato estatal Adición y prórroga del contrato Condena en costas y agencias en derecho

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Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CONTRATO DE CONCESIÓN / FINALIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATISTA / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PLAZO / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / NORMA DE ORDEN PÚBLICO / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / CONTRATO ADICIONAL / DERECHO A LA LIBERTAD DE EMPRESA / PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA DE LA PROPIEDAD ACCIONARIA ESTATAL / NEGOCIO JURÍDICO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿En los contratos de concesión así como en la celebración de sus contratos adicionales, el cumplimiento de los estudios previos es un imperativo de orden público y una expresión del ejercicio de la función administrativa, por lo cual, debe observarse y desarrollarse en todos los procesos de selección? Respuesta al problema jurídico: Si El contrato de concesión (…) [P]ara el caso que ocupa la atención de la Sala se resalta de este modelo negocial la nota característica de que el contratista asume por su cuenta y riesgo la realización del objeto concesionado. La expresión indicada llena de contenido esta tipología contractual y significa, de una parte, que el contratista se encarga de la consecución de los recursos económicos según la relación equity/deuda que defina en su modelo financiero (con aporte de recursos propios / o de recursos de financiamiento, o de ambas clases) bajo análisis de predicción de rendimientos y de recuperación de su inversión. Y de otra, que al obtener el derecho económico de explotación y definir conforme a su expertice la ruta de ejecución, asume el riesgo del éxito o fracaso de su desarrollo, como regla general. Por sus características más destacadas el rol del concesionario se concibe como el sujeto que adquiere la calidad de “dueño del proyecto” -sin perjuicio de que la concesión se ejecuta “bajo la vigilancia y control de la entidad concedente” art. 32 ib.- y, por ende, asume los riesgos técnicos y operativos asociados a esta condición como -en particular- la responsabilidad de realizar su cierre financiero. En este sentido, el contratista se encuentra obligado a garantizar los recursos de capital necesarios para la ejecución del objeto acordado, y para ello definirá las formas de financiamiento que le permiten establecer la estructura concesional –v.gr., si ésta se basa en el modelo de project finance el financiamiento se respalda con los mismos recursos que genera el proyecto (flujos de caja y activos); también existen modelos de endeudamiento en los que se ofrecen garantías con activos de los inversionistas en orden a obtener dicho cierre. Esta especial connotación ha llevado a calificar al contrato de concesión como un negocio financiero. En esencia, corresponde a un vehículo de atracción de la inversión privada del cual se sirve el Estado para el cumplimiento de algunos de sus fines ante la escasez de recursos públicos, de forma que las grandes inversiones que traen consigo los contratos de concesión tienen como eje fundamental la relación entre el monto de los recursos privados comprometidos para cumplir el objeto y la dinámica de recuperación o retorno de lo invertido en un determinado plazo. La trascendencia de esta tipología negocial es innegable, en la medida que la explotación del bien, obra o servicio público se concede por un periodo prolongado, de modo que se genera una relación de mediano y largo plazo en la que cobra importancia superlativa el modelo financiero atado al principio de buena fe contractual para el cumplimiento del cometido público y en unos precisos límites temporales. Ello es así, pues en ese escenario entran en juego principios como la libertad de empresa, la libre concurrencia, la selección objetiva, entre otros, que están presentes tanto al momento de contratar como en caso de justificar una prórroga; entonces, como se viene indicando, el plazo en estos negocios financieros, más que una medida tiempo, se constituye directamente en elemento central de la fórmula de balance y remuneración acordada por las partes. Es necesario subrayar que la responsabilidad técnica, financiera y operativa inherente a este arquetipo contractual enlaza múltiples variables del mismo orden, las que, a su turno, establecen el delicado equilibrio que debe existir entre los diversos conceptos y partícipes del esquema concesional según la obra o servicio público de que se trate (v. gr. como ocurre respecto a los usuarios del bien o servicio y el riesgo de demanda asociado; las tarifas y su valor, con incidencia en los ingresos y egresos del proyecto; otros partícipes como los financiadores o acreedores y su reflejo en el pago del servicio a la deuda, por ejemplificar algunos de ellos). Lo anotado revela la importancia de definir con la máxima diligencia los estudios y bases financieras, técnicas y operativas que justifiquen la función jurídico - económica que se pretende con el contrato de concesión respectivo, análisis sin los cuales no es posible sustentar la escogencia de este instrumento negocial. Lo propio se predica de la adición de actividades al objeto de una concesión, pues no sólo se debe cumplir el criterio de necesidad que impone la norma, sino que el impacto en la relación inter partes y respecto de los sujetos que participan de esa estructura, reclama que tal modificación se justifique en alcance y plazo, pues con ella se materializa y fundamenta la prolongación del derecho del particular a explotar una actividad del Estado. De allí que los análisis que sustentan la concesión son definitivos y definitorios, en el entendido que se trata de las bases que sustentan la necesidad que se busca satisfacer con el contrato y expresan las razones que justifican la escogencia de este tipo negocial y no de otro. Esta premisa, ineludible en la generalidad de los contratos estatales, es destacada por la Sala dada su puntual relevancia en el caso concreto, pues no sólo obra como fundamento del negocio jurídico, sino que demarca los linderos del objeto concesionado, con la pretensión de evitar que en su ejecución el contrato se torne receptor de todo y cualquier tipo de agregado ajeno a su esencia o naturaleza, o incluso se utilice para eludir los procedimientos de selección de contratistas. Por ello, el legislador estableció que la elaboración de los estudios previos corresponde a una obligación que debe ser observada en todos los procesos de selección, por regla general, como surge de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; y la característica que califica a los contratos de concesión como negocios incompletos no obra como excepción a dicha regla, ni tampoco a aquella que justifica que la modificación de los contratos estatales sólo ocurra bajo determinadas hipótesis y realidades. Habrá de decirse que si bien estos contratos son mayormente susceptibles de ser modificados -lo que se justifica en los plazos amplios en que generalmente se celebran- esa relativa flexibilidad no autoriza a desatender, por inexistente o insuficiente, el imperativo de elaboración de estudios previos. En precisión de lo dicho, la connotación de corresponder a un negocio incompleto no hace referencia a un déficit de estudios previos, sino que debe leerse en clave del objeto mismo del negocio y en perspectiva de la necesidad que busca satisfacer el Estado; por ende, las actividades por completar en la ejecución del proyecto, que por lo mismo no estarían inscritas en los documentos que preceden al contrato, están relacionadas con: (i) la asimetría en la información original del proyecto, situación que se maneja mediante fases de prefactibilidad y obra como parte del desafío del contrato, y por ello no se pueden prever sus contingencias; (ii) las nuevas exigencias que imprime el paso del tiempo, v. gr. cambios científicos, técnicos o sociales; o (iii) circunstancias extraordinarias no previsibles. Así las cosas, la regla atinente al cumplimiento de los estudios previos es un imperativo de orden público, que por su finalidad jurídico-económica y expresión del ejercicio de la función administrativa en la esfera contractual (art. 209 de la C.P.) es una exigencia predicable a la celebración de contratos adicionales, como el que ahora es objeto de examen. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, sentencia del 13 de agosto de 2019, exp. 11001-03-06-000-2009-00033-00, C.P. Enrique José Arboleda. Así mismo, ver, Corte Constitucional, sentencia C-300 del 25 de abril de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 12, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 7, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA / OBJETO ILÍCITO / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL / OTROSÍ AL CONTRATO / CONTRATO ADICIONAL / CONTRATO ADICIONAL ESTATAL / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CONCESIÓN / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ENTIDAD PÚBLICA / MEJORAS DEL BIEN INMUEBLE / MEJORAS AL BIEN / EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL / REQUISITOS DE LA EXPERIENCIA ALTAMENTE CALIFICADA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / SENTENCIA PENAL / CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES / FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO / FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO / FRAUDE PROCESAL / PECULADO POR APROPIACIÓN / VALIDEZ DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DEL CONTRATO / CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / PLIEGO DE CONDICIONES / ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CONSORCIO / PROPONENTE / PROPUESTA DEL PROPONENTE / PRINCIPIO DE PUBLICIDAD CONTRACTUAL / BUENA FE CONTRACTUAL / NEGOCIO JURÍDICO / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / CLÁUSULA DE REVERSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / VIOLACIÓN DE NORMA DE ORDEN PÚBLICO / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ESTATAL / SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / NULIDAD DEL CONTRATO ADICIONAL / CONDUCTA ILÍCITA / SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DEL CONDUCTOR DE VEHÍCULO / SECRETARÍA DE MOVILIDAD DISTRITAL / USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES / SOFTWARE / ARCHIVO / DESTINACIÓN DEL BIEN INMUEBLE Problema jurídico: ¿Se configuró la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito respecto al otrosí No 4 suscrito como contrato adicional al de concesión para la operación de registro a través de herramientas de software, licencias, infraestructura tecnológica y actividades complementarias celebrado en el caso concreto, además de vulnerarse el principio de transparencia y economía que establece el artículo 24 numeral 8 y artículo 25 numeral 12 de la Ley 80 de 1993? Respuesta al problema jurídico: Si La parte demandante insiste en que se configuraron los vicios por objeto ilícito y desviación de poder, conforme a las razones expuestas al precisar los fundamentos de la impugnación (núm. 24 y 26 de esta providencia) por ello, ataca la decisión del a quo de negar su configuración. (…) función del cubrimiento de la operación tecnológica y de recaudo requerida para su explotación; de ello dan cuenta sus prestaciones características las cuales están focalizadas en la disposición y manejo de herramientas en sistemas asociados al software de solución científica, implementación de la solución biométrica, licencias de uso de bases de datos y sistemas operativos, e infraestructura de renovación tecnológica en hardware, al lado de las cuales se acompañan obligaciones accesorias para el cumplimiento de esa prestación central. La Sala evidencia que este contrato corresponde en esencia y naturaleza a una concesión de servicios para el registro de diversos trámites de tránsito y movilidad, cuyas obligaciones principales, en consecuencia, están concebidas en función del cubrimiento de la operación tecnológica y de recaudo requerida para su explotación; de ello dan cuenta sus prestaciones características las cuales están focalizadas en la disposición y manejo de herramientas en sistemas asociados al software de solución científica, implementación de la solución biométrica, licencias de uso de bases de datos y sistemas operativos, e infraestructura de renovación tecnológica en hardware, al lado de las cuales se acompañan obligaciones accesorias para el cumplimiento de esa prestación central. Para la ejecución del contrato, la entidad pública hizo entrega de algunos bienes, entre ellos el edificio ubicado en la calle 64 A No. 92-38 de Bogotá, edificación en la cual se debían realizar unas adecuaciones, de modo que el objeto de esa prestación se circunscribía a la obra civil relacionada con las actividades de mejora del inmueble. Esto se confirma, a su vez, en el texto mismo del contrato en el que se expresó como causa o razón de convenir aquella obligación la necesidad de “ampliar las instalaciones destinadas por la Secretaría a la concesión, con el fin de conservar en esa edificación el total del archivo físico” (…). La lógica de la anotada prestación es consistente con los requisitos de experiencia mínima que la entidad exigió a los entonces proponentes dentro del respectivo proceso de selección, al exigirles haber prestado “en los últimos dos (2) años, servicios de procesamiento de información con atención al usuario con no menos de un millón doscientos mil transacciones”, lo que revela que las obras civiles pactadas sólo podían corresponder a mejoras y adecuaciones del archivo físico. Desde ahora, la Sala advierte que no hay otro entendimiento respecto al alcance de esta prestación pues la construcción de una nueva edificación escapa al objeto y obligaciones principales pactadas bajo el contrato de concesión 071 de 2007 o ello habría tenido incidencia en la determinación de los requisitos de experiencia exigida para constatar las calidades del contratista en la selección de la mejor propuesta. En otras palabras, la obra civil acordada no se definió de manera genérica como si fuera cualquiera de las formas que puede revestir una obra, sino que su alcance se determinó a partir de las estipulaciones contractuales que estaban circunscritas a actividades de mejora o adecuación, sin argumento que sostenga de manera alguna que el operador de tecnologías, software y registros asumiera como constructor de una edificación nueva. (…) Apartado de los límites del contrato de concesión y de sus bases, el 10 de febrero de 2014, a través del otrosí No. 4 fue suscrito el contrato adicional (…) En relación con este otrosí, tres aspectos centrales llaman la atención de la Sala: (i) la adición introdujo la obligación de construir una nueva edificación; (ii) incluyó la denominada “Obligación adicional Dos” que ya existía en el contrato original; y (iii) estipuló un plazo adicional de seis (6) años, que extendía la explotación concedida en un 75% del término original. (…) [L]a Sala debe detenerse en la sentencia penal que halló configurado, entre otros, el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales respecto de la suscripción del otrosí 4 al citado contrato de concesión -aportada por la Secretaria Distrital de Movilidad en su demanda. (…) Dicho fallo condenatorio, proferido el 15 de septiembre de 2015 por el Juzgado 24 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, tuvo como fundamento la suscripción de un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el Sr. (…) quien para la época de celebración del otrosí No. 4 fungió como Subdirector Administrativo de la Secretaría Distrital de Movilidad y suscribió los estudios de conveniencia y oportunidad que justificaban su celebración-; el mencionado señor aceptó los cargos que aquella le imputó, no sólo por el delito referido, sino por los punibles de falsedad en documento privado, falsedad en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación con reintegro. (…) Es indudable que esa secuencia de conductas ilícitas afecta la validez del contrato adicional vertido en el otrosí cuestionado, pues quedó demostrado que quien fungió como Subdirector Administrativo de la contratante carecía de formación profesional y, por ende, no tenía los conocimientos para haber elaborado y suscrito los estudios de oportunidad y conveniencia con los que se modificó el contrato de concesión 071 de 2007. Esta realidad, confesa y probada en el proceso penal, tuvo como resultado el cúmulo de irregularidades y vicios llevados al otrosí , pues el objeto de este último no es compatible ni se desprende de una razonable interpretación del pliego de condiciones; por el contrario, supera con franca evidencia el objeto de la concesión al incluir a cargo del contratista obligaciones principales como la construcción de un edificio, por un plazo que se acercó al acordado para la ejecución original del servicio de registro concesionado. Basta la configuración del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales que recayó sobre el otrosí-en sentencia penal en firme con aceptación de cargos por el imputado para tener por establecido que se incumplió la obligación de contar con los estudios previos que la ley exige y que deben preceder a la celebración de un contrato. En casos así, el sistema penal actúa como ultima ratio con el objetivo de proteger el bien jurídico de la administración pública, y para ello, ha elevado a la categoría de delito aquellas conductas relevantes que lo vulneran, pues reconoce en tales violaciones un nivel de gravedad tal que es acorde al daño que genera en la sociedad la utilización de la propia administración para fines ilícitos. En el sub examine fue el “Subdirector Administrativo” quien avaló y autorizó junto con un asesor jurídico y con el mismo Secretario de Movilidad del Distrito el documento de justificación del otrosí, efectuando unos análisis que evidentemente no podía proponer ni sustentar al carecer de la idoneidad necesaria para definir las variables económicas e impactos que tendrían las modificaciones introducidas al contrato de concesión. Aun así, avaló las bases de un modelo financiero que permitió al particular explotar por un 75% más de tiempo el servicio público de registro automotor, de conductores y de tarjetas de operación para el desarrollo de dos actividades: una ajena al objeto de la concesión -construcción de un edificio- y otra que ya estaba pactada en el contrato inicial, como se pasa a indicar. Así se efectuó el balance económico entre las nuevas obligaciones y la remuneración del concesionario que condujo a suscribir el otrosí , con proyección directa en la determinación del plazo de retorno de la inversión, aumentándolo en 6 años. (…) En punto a la “Obligación adicional Dos” incluida en el citado otrosí, la Sala advierte que tal prestación ya era parte de los acuerdos contenidos en los términos originales del contrato de concesión. Los pliegos de condiciones establecían la obligación a cargo del concesionario de ejecutar la “obra civil para ampliar las instalaciones destinadas por la Secretaría a la concesión, con el fin de conservar en esa edificación, el total del archivo físico”; para lo cual el contratista cumpliría los requisitos allí exigidos, entre ellos, presentar los planos y aprobación de la interventoría, obtención de las licencias de urbanismo de ser el caso, y otorgar garantía de estabilidad de dicha obras; en esos términos presentó su propuesta el consorcio SIM. (…) De modo que la entidad ofreció a los proponentes la visita con el fin de que pudieran conocer la edificación donde habrían de ejecutarse las obras de mejora y ampliación, y por esta vía desplegó la posibilidad de que los interesados conocieran de primera mano, a través de sus expertos, las instalaciones de los trabajos y pudieran solicitar la información que estimaran relevante para concretar sus propuestas de adecuación de los espacios de archivo. Es de señalar que la visita que prevén los pliegos, lejos de ser un capricho o un tema de menor calado, hace parte del escenario en el que el proponente entra a participar activamente en la etapa de formación del contrato estatal, por ende, su diligencia y experiencia son de máxima preponderancia pues materializan los principios de información, publicidad y buena fe en la determinación de sus ofrecimientos y a su vez permite analizar la conducta del contratista en orden a valorar su diligencia. (…) Luego de superar tales etapas, el consorcio SIM tomó la decisión de presentar propuesta para la ejecución de las obras de adecuación. (…) En este punto, la Sala recuerda la característica de que el contrato de concesión se celebra por cuenta y riesgo del concesionario, de modo que éste se obliga a la ejecución operativa, financiera y técnica del proyecto en el marco legal de este tipo de negocio jurídico y le corresponde asumir los riesgos asociados al mismo. De suerte que el consorcio SIM a partir de la información, visitas y diversas variables consideradas, presentó ofrecimiento para cumplir tal prestación -lo que bien podía hacer por esa vía o por la que como dueño del proyecto determinara para cumplirla todo lo cual hizo parte de sus análisis de costos, riesgos y retornos; por lo que aquella prestación, incluidas sus contingencias, eran de su cargo, y como resultado de sus estudios le planteó a la entidad incluso la posibilidad de dejar zonas de ampliación futura. (…) Por ello, cuando la “Obligación adicional Dos” del cuestionado otrosí señaló como una nueva prestación la “adecuación y ampliación de la bodega existente buscando que cumpla con las solicitudes del código sismo resistente, las del acuerdo 037 y 049 expedidos por el Archivo General de la Nación y una óptima redistribución del espacio físico”, no hizo nada distinto a confirmar aquello que ya era parte de la estructura del contrato; además, sobre la base de que toda obra, según su tipo, debe ejecutarse según las normas atinentes a la actividad que corresponda, o acaso bajo el contrato inicial ¿podría no haber considerado tal normativa, o estaba autorizado a desconocer los requerimientos que las normas de archivo le imponían? recuérdese que la Ley General de Archivos (Ley 594) es del año 2000, vigente mucho tiempo antes del inicio de la concesión. Lo que realmente vino a ser modificado con el otrosí cuestionado, en punto a la citada obligación dos, consistió en que tales prestaciones que originalmente estaban a cargo del contratista sin reconocimientos económicos adicionales (que fueron acordadas por su cuenta y riesgo) y eran parte de la cláusula de reversión, pasaron a ser cobradas por fuera de este modelo, incrementando el costo para el Estado. (…) . Sin perjuicio de lo anterior, el otrosí 4 incluyó la suma de $8.500 millones de pesos como valor que debía adicionarse para su ejecución. En la propuesta de modificación del contratista, presentada el 23 de diciembre de 2013 a la SDM (base de los estudios previos que fueron emitidos de forma fraudulenta), se planteó la modificación que finalmente se realizó (…). En suma, la ilicitud del otrosí 4 anida (sic) en su propio origen y tiene eco en las dos obligaciones adicionadas, ninguna de ellas con justificación en las bases y esencia del contrato. Por lo tanto, no es de recibo el argumento del a quo que avaló que se trataba de una prestación nueva -la Obligación Dos- como quedó visto, y tampoco que la construcción de un edificio nuevo se correspondía con el objeto de la concesión; esta conclusión contiene una interpretación desacertada que, en síntesis, conduciría a que los problemas de espacio o lugar de archivo autorizaran a que el concesionario de registros empezara a construir edificios para solventar esas dificultades, en lugar de adelantar una licitación para que el experto en construcciones adelante la obra con mejores eficiencias y costos, por decir lo menos, y se garantice la participación objetiva y abierta a quienes tienen la capacidad técnica para hacerlo, sin eludir, argumentativamente, el procedimiento de selección que la ley impone. Pero hay más, ni siquiera la interventoría del contrato de concesión 071 de 2007 acompañó el criterio de necesidad que propugnó el a quo, pues al emitir concepto sobre la materia en oficio del 30 de noviembre de 2011, afirmó la existencia de espacio para archivo en esa edificación, y que a mediano plazo debía buscar una solución como proyección frente al incremento documental. Soluciones que, subraya la Sala, debían ser viabilizadas dentro de las formas de selección disponibles en la ley, y no colgando al contrato de concesión todo y cualquier alcance, como tampoco dejando pasar los años para luego atribuir su necesidad al contrato de concesión, por el paso del tiempo. Bajo este contexto de análisis, la Sala revocará la sentencia de primer grado y, en su lugar, removerá la validez del otrosí 4 demandado por encontrar configurada la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito. (…) De acuerdo con el artículo 1519 del C.C., (…) y también, conforme al art. 1523 (…). La jurisprudencia ha precisado que esta causal no necesariamente está atada a la infracción de una norma prohibitiva especial, sino que puede provenir de desatender la amplia prohibición contenida en el art. 16 ibidem (…) En el caso concreto, la violación de normas de orden público asociadas al cumplimiento del principio de selección objetiva contenidas en el EGCAP, obra como criterio de razón suficiente para hallar configurada esta causal de nulidad pues, como fue constatado, los estudios previos con los que se pretendió justificar tal adición fueron producto de diversos ilícitos, de forma que se desconoció el imperativo legal contenido en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 que exige su realización como soporte y fundamento de la contratación estatal. A la vez, se vulneró la prohibición contenida en el numeral 8 del artículo 24 del mismo estatuto que, en torno a la actuación de las autoridades públicas, señala que éstas no pueden eludir los procedimientos de selección de contratistas, por ninguna vía, situación que aconteció en el sub lite al agregar la construcción de una nueva edificación, en lugar de adelantar el procedimiento de licitación respectivo. NOTA DE RELATORÍA: Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de diciembre de 2022, exp. 680012331000200700627 (51911), C.P. José Roberto Sáchica Méndez. De igual forma, ver, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 28 de noviembre de 2022, exp. 05001-31-03-001-2015-00953-01, C.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 8, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 12, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1523, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 16 RESTITUCIONES MUTUAS / NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS / CONCEPTO DE RESTITUCIONES MUTUAS / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO ILÍCITO / CAUSA ILÍCITA / CONTRATO ESTATAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / CONSORCIO / OTROSÍ AL CONTRATO / CONTRATO ADICIONAL / CONTRATO ADICIONAL ESTATAL / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN / RECHAZO DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN / PLAZO / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATISTA / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SECRETARÍA DE MOVILIDAD DISTRITAL Problema jurídico: ¿Procede el pago de restituciones mutuas como consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta por objeto ilícito respecto al otrosí No 4 en el asunto litigioso? Respuesta al problema jurídico: No Las restituciones mutuas. La nulidad absoluta de un contrato, además de hacerlo desaparecer del mundo jurídico genera como consecuencia que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de su celebración y, por lo mismo, cada una de las partes está en el deber de devolver a la otra aquello que ha recibido como prestación durante la vigencia del contrato, tal como lo dispone el artículo 1746 del C.C (…). Cuando el inciso primero se refiere a que la restitución producto de la nulidad absoluta se debe entender sin perjuicio de lo prevenido sobre objeto y causa ilícita (…) esta referencia es complementada con lo dispuesto en el artículo 1525 ib (…). En este orden de ideas, el derecho común establece que la regla general es la procedencia de las restituciones mutuas como consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta, salvo cuando es causada por objeto o causa ilícitas a sabiendas de las partes, evento en el cual el contrato sólo se extingue y deja de producir efectos. A su turno, el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 al desarrollar este instituto y sus efectos, ordena el reconocimiento y pago de las prestaciones derivadas de un contrato estatal nulo (…). En el régimen de contratación estatal, las causales anotadas imponen que para el reconocimiento de las prestaciones ejecutadas se deba probar el beneficio para el Estado y su monto. (…) Esta Subsección ha precisado que las restituciones mutuas derivadas de objeto o causa ilícita imponen verificar tanto los beneficios para el Estado como el conocimiento de las partes en la configuración del vicio, en procura de que los efectos que se desaten hagan concordante su función jurídica con los principios que rigen la contratación pública. (…) En el sub lite, los medios de prueba que reposan en el expediente no permiten colegir que una o ambas partes hubieran participado “a sabiendas de la ilicitud” en la elaboración de los estudios previos fraudulentos al menos en relación con la responsabilidad que se debate en esta jurisdicción pues más allá de que la propuesta de adición proviniera de la propia actividad y confección del concesionario, lo cierto es que el fundamento de la ilicitud que se sitúa en la condena penal aportada al proceso, únicamente se refirió a la responsabilidad del entonces Subdirector Administrativo y no permite colegir que el consorcio SIM hubiera tenido la conciencia o un real conocimiento de las conductas delictivas que tiñeron de ilegalidad la celebración del otrosí 4 se itera, sin perjuicio de lo que pudiera o se haya decidido en otro tipo de procesos que se hubieren adelantado, o deban adelantarse, en razón o con ocasión del contrato adicional cuya nulidad acá se declara. De otra parte, la Subsección precisa que como el objeto ilícito se gestó a propósito de la comisión de delitos atribuidos al Sr. (…) no será la Secretaría de Movilidad del Distrito a la que puedan trasladarse tales efectos pues, como fue definido en el respectivo proceso penal, y no hay razón para que en sede contencioso administrativa se llegue a una conclusión diversa, siendo la responsabilidad penal un juicio de reproche personal de conducta, se debe precisar que dicha Secretaría no ostenta la calidad de autor de las conductas punibles, sino la de víctima de aquellos reatos; lo anterior ante la perversión que de la administración pública hizo tal sujeto, valiéndose de la entidad. Por estas razones, la Sala negará la primera pretensión de la demanda de reconvención en la que se pedía la declaración de responsabilidad de la entidad respecto de la nulidad advertida. Ahora, si bien no se configura el factor “a sabiendas” de la ilicitud del objeto, en este caso no es posible por la naturaleza, objeto y alcance del otrosí invalidado proceder a hacer tales restituciones, en el entendido que con esta figura lo que se pretende es devolver los efectos del contrato viciado para ambas partes al momento previo a su celebración. Por ello se ha indicado que éstas constituyen “el resultado material de la nulidad” y procuran, siempre que sea posible, la restitución in natura de las prestaciones nacidas del contrato nulo y, en caso de que no haya lugar a ello, buscan su equivalente pecuniario. (…) Aunque el otrosí 4 celebrado el 10 de febrero de 2014 está afectado de nulidad absoluta en los términos ya explicados, no proceden las restituciones mutuas in natura dada la imposibilidad material de retrotraer lo ejecutado a tal punto que se deshagan las obras realizadas en relación con la construcción de la nueva edificación ubicada calle 64 C No. 92-20. 3. Además, por cuenta de la naturaleza del servicio concesionado que, como atrás fue advertido, corresponde a la operación de registro a través de herramientas de software, licencias, infraestructura tecnológica y actividades complementarias, tampoco hay lugar a realizar dichas devoluciones en su correspondencia monetaria, en la medida que no es posible que se restituya a los terceros usuarios del servicio de registro los trámites que pagaron y usaron para devolver las cosas a un estado anterior. Se debe indicar, eso sí, que el plazo de 6 años adicionales a la concesión acordado bajo el otrosí 4 absorbió en sí mismo tanto el costo de explotación del servicio como la construcción de la nueva edificación pactada, sin posibilidad de un reconocimiento diverso a la propia operación y sus resultados. Por las razones anotadas, no prospera la pretensión segunda de la demanda de reconvención, bajo el entendido de que la retribución al concesionario fue parte de la explotación general ejecutada.(…) [C]onforme a la decisión que se adopta, no prosperan las pretensiones subsidiarias formuladas en la demanda de reconvención, en la medida que éstas se orientaron a la declaratoria de incumplimiento y/o retardo de la SDM respecto de la ejecución del otrosí No. 4, de su imposibilidad de ejecución a partir de incumplimientos de la entidad, o del reconocimiento de sobrecostos en las inversiones realizadas en los años 2014 y 2015 pues, como ya lo precisó la Sala, el otrosí cuestionado adolece de nulidad absoluta, sin posibilidad que de éste se derive, en consecuencia, otro tipo de efectos como si gozara de validez. (…) En tratándose de la “Obligación adicional Dos” pactada en el otrosí No. 4 obligación que ya existía en las bases del contrato de concesión 071 de 2007- la cual debía ejecutarse por cuenta y riesgo del contratista, la Sala encuentra que las inversiones por $8.500 millones de pesos que se proyectaron en el aumento del plazo de la explotación de la concesión no pueden reconocerse en sede de restituciones mutuas a favor del contratista, por la razón contundente de que su ejecución hizo parte del modelo financiero original de la concesión desde su celebración en diciembre de 2007 y por lo tanto no hay lugar a su reconocimiento en la ejecución del otrosí No. 4. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia del 24 de noviembre de 2004, exp. 25560, C. P. Germán Rodríguez Villamizar; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de junio de 2013, exp. 66001-23-31-000-1998-00685-01(26637), C.P. Jaime Orlando Santofimio; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 15 de diciembre de 2017, exp. 76001-23-33-000-2013-00169-01 (50045), C.P. Jaime Orlando Santofimio; sentencia del 31 de marzo de 2023, exp. 76001233100020060328401 (58623), C.P. José Roberto Sáchica; sentencia del 16 de febrero de 2006, exp. 13414 (R-7186), C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia del 6 de febrero de 2019, exp. 61720, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 4 de junio de 2021, exp. 25000-23-26-000-2004-01631-03(64908), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010, exp. 25000-23-26-000-1994-00071-01(14390), C.P. Mauricio Fajardo Gómez y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de junio de 2021, radicación 25000-23-26-000-2004-01631-03(64908), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1525, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1746 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONSORCIO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN / DEMANDA DE RECONVENCIÓN Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas procesales incluidas las agencias en derecho en el caso sub examine? Respuesta al problema jurídico: Si Conforme a lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA y con la disposición especial del artículo 365 54 del CGP, la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a quien se le imponen, toda vez que en el régimen actual, dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. En el presente caso se observa que la Secretaría Distrital de Movilidad, como parte demandante, atendió e intervino en el proceso de manera diligente y oportuna, pues contaba con apoderado que asumió su representación judicial, gestión que se estima suficiente para que se disponga a su favor la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP. El numeral 4 del artículo 365 ib. dispone que cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del CGP. Fijación de agencias en derecho. De conformidad con el Acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, en materia de tarifas de agencias en derecho (…) A su vez, el artículo 4 del citado Acuerdo consagró que las tarifas máximas de agencias en derecho deben establecerse en salarios mínimos o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia. En lo que a este caso interesa, dado que se revocó totalmente la sentencia de primera instancia, resulta oportuno anotar que en cuanto a la tasación de las agencias en derecho de procesos en primera instancia con cuantía, el numeral 3.1.2 del Acuerdo establece que se fijarán por hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Por su parte, el numeral 3.1.3 dispone que las agencias en derecho en segunda instancia en los procesos con cuantía se fijarán por hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia (…) A partir de lo expuesto, la Sala fijará las agencias en derecho de ambas instancias, las cuales estarán a cargo del Consorcio SIM, y serán pagadas por cada uno de sus miembros y en los porcentajes de participación respectivos en dicha forma plural, teniendo en consideración el valor de las pretensiones de la demanda de reconvención que fueron presentadas en este proceso por la demandante en reconvención. Con fundamento en lo anterior, se fijan las agencias en derecho para la primera instancia en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINCE PESOS M/CTE ($285.309.015) a favor de la parte actora, cifra que equivale al 5% de las pretensiones de la demanda de reconvención que fueron negadas; y para la segunda instancia se fijan en el 1%, equivalente a la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($57´061.803). FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 54

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201502346011100103