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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020150234601-62508-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el contratista se encuentra obligado a garantizar los recursos de capital necesarios para la ejecución del objeto acordado"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-03-18"
radicado: "25000233600020150234601"
numero: "62508"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Consejo de Estado: el contratista se encuentra obligado a garantizar los recursos de capital necesarios para la ejecución del objeto acordado

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-03-18
- **Radicado:** 25000233600020150234601
- **Número interno:** 62508
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA, PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
- **Demandado:** CREATIVESOFT LTDA, TABORDA VELEZ Y CIA S. EN C, CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD SIM
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020150234601-62508-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020150234601/6B887A88CF71467DE32CBF9B20C54E6D93A23472172E3BCAF4D4FACAAB297C24/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201502346011100103

## Relevancia jurídica

Reitera la jurisprudencia.

## Problema jurídico

¿En los contratos de concesión así como en la celebración de sus contratos adicionales, el cumplimiento de los estudios previos es un imperativo de orden público y una expresión del ejercicio de la función administrativa, por lo cual, debe observarse y desarrollarse en todos los procesos de selección?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

REVOCA

## Puntos clave

- ¿Se configuró la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito respecto al otrosí No 4 suscrito como contrato adicional al de concesión para la operación de registro a través de herramientas de…
- ¿Procede el pago de restituciones mutuas como consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta por objeto ilícito respecto al otrosí No 4 en el asunto litigioso?
- ¿Procede la condena en costas procesales incluidas las agencias en derecho en el caso sub examine?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993, arts. 25 núm. 12, 25 núm. 7 y 32
- Constitución Política

## Extracto

El contrato de concesión… Para el caso que ocupa la atención de la Sala se resalta de este modelo negocial la nota característica de que el contratista asume por su cuenta y riesgo la realización del objeto concesionado. La expresión indicada llena de contenido esta tipología contractual y significa, de una parte, que el contratista se encarga de la consecución de los recursos económicos según la relación equity/deuda que defina en su modelo financiero (con aporte de recursos propios / o de recursos de financiamiento, o de ambas clases) bajo análisis de predicción de rendimientos y de recuperación de su inversión. Y de otra, que al obtener el derecho económico de explotación y definir conforme a su expertice la ruta de ejecución, asume el riesgo del éxito o fracaso de su desarrollo, como regla general.

## Síntesis temática

El contratista en un contrato de concesión está obligado a realizar los estudios previos como imperativo de orden público y expresión del ejercicio de la función administrativa, lo cual debe observarse y desarrollarse en todos los procesos de selección, según el artículo 25 de la Ley 80 de 1993. Estos estudios son fundamentales para justificar la necesidad del contrato y evitar modificaciones que no se ajusten a su esencia, protegiendo así la selección objetiva y la libertad de empresa. La Sala reitera que la omisión de estos estudios puede invalidar el contrato y sus adicionales, lo que implica que las entidades estatales deben garantizar su cumplimiento riguroso en la fase de contratación.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, CONTRATO DE CONCESIÓN, FINALIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, CONTRATISTA, BUENA FE CONTRACTUAL, APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL, PLAZO, ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL, CONTRATO ESTATAL, PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, NORMA DE ORDEN PÚBLICO, FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, CONTRATO ADICIONAL, DERECHO A LA LIBERTAD DE EMPRESA, PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA DE LA PROPIEDAD ACCIONARIA ESTATAL, NEGOCIO JURÍDICO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, NULIDAD ABSOLUTA, OBJETO ILÍCITO, OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL, OTROSÍ AL CONTRATO, CONTRATO ADICIONAL ESTATAL, EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, ENTIDAD PÚBLICA, MEJORAS DEL BIEN INMUEBLE, MEJORAS AL BIEN, EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, REQUISITOS DE LA EXPERIENCIA ALTAMENTE CALIFICADA, SENTENCIA PENAL, CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO, FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO, FRAUDE PROCESAL, PECULADO POR APROPIACIÓN, VALIDEZ DEL CONTRATO ESTATAL, VALIDEZ DEL CONTRATO, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL, CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, PLIEGO DE CONDICIONES, ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES, CONSORCIO, PROPONENTE, PROPUESTA DEL PROPONENTE, PRINCIPIO DE PUBLICIDAD CONTRACTUAL, APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO, APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO, CLÁUSULA DE REVERSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, VIOLACIÓN DE NORMA DE ORDEN PÚBLICO, PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA, PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA, SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA, PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ESTATAL, PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NULIDAD DEL CONTRATO ADICIONAL, CONDUCTA ILÍCITA, SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DEL CONDUCTOR DE VEHÍCULO, SECRETARÍA DE MOVILIDAD DISTRITAL, USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, SOFTWARE, ARCHIVO, DESTINACIÓN DEL BIEN INMUEBLE, RESTITUCIONES MUTUAS, NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS, CONCEPTO DE RESTITUCIONES MUTUAS, CAUSA ILÍCITA, PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, DEMANDA DE RECONVENCIÓN, PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN, RECHAZO DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN, SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO, NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CONTRATO DE CONCESIÓN / FINALIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATISTA / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PLAZO / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / NORMA DE ORDEN PÚBLICO / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / CONTRATO ADICIONAL / DERECHO A LA LIBERTAD DE EMPRESA / PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA DE LA PROPIEDAD ACCIONARIA ESTATAL / NEGOCIO JURÍDICO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿En los contratos de concesión así como en la celebración de sus contratos adicionales, el cumplimiento de los estudios previos es un imperativo de orden público y una expresión del ejercicio de la función administrativa, por lo cual, debe observarse y desarrollarse en todos los procesos de selección?
Respuesta al problema jurídico: Si
El contrato de concesión (…) [P]ara el caso que ocupa la atención de la Sala se resalta de este modelo negocial la nota característica de que el contratista asume por su cuenta y riesgo la realización del objeto concesionado. La expresión indicada llena de contenido esta tipología contractual y significa, de una parte, que el contratista se encarga de la consecución de los recursos económicos según la relación equity/deuda que defina en su modelo financiero (con aporte de recursos propios / o de recursos de financiamiento, o de ambas clases) bajo análisis de predicción de rendimientos y de recuperación de su inversión. Y de otra, que al obtener el derecho económico de explotación y definir conforme a su expertice la ruta de ejecución, asume el riesgo del éxito o fracaso de su desarrollo, como regla general. Por sus características más destacadas el rol del concesionario se concibe como el sujeto que adquiere la calidad de “dueño del proyecto” -sin perjuicio de que la concesión se ejecuta “bajo la vigilancia y control de la entidad concedente” art. 32 ib.- y, por ende, asume los riesgos técnicos y operativos asociados a esta condición como -en particular- la responsabilidad de realizar su cierre financiero. En este sentido, el contratista se encuentra obligado a garantizar los recursos de capital necesarios para la ejecución del objeto acordado, y para ello definirá las formas de financiamiento que le permiten establecer la estructura concesional –v.gr., si ésta se basa en el modelo de project finance el financiamiento se respalda con los mismos recursos que genera el proyecto (flujos de caja y activos); también existen modelos de endeudamiento en los que se ofrecen garantías con activos de los inversionistas en orden a obtener dicho cierre. Esta especial connotación ha llevado a calificar al contrato de concesión como un negocio financiero. En esencia, corresponde a un vehículo de atracción de la inversión privada del cual se sirve el Estado para el cumplimiento de algunos de sus fines ante la escasez de recursos públicos, de forma que las grandes inversiones que traen consigo los contratos de concesión tienen como eje fundamental la relación entre el monto de los recursos privados comprometidos para cumplir el objeto y la dinámica de recuperación o retorno de lo invertido en un determinado plazo. La trascendencia de esta tipología negocial es innegable, en la medida que la explotación del bien, obra o servicio público se concede por un periodo prolongado, de modo que se genera una relación de mediano y largo plazo en la que cobra importancia superlativa el modelo financiero atado al principio de buena fe contractual para el cumplimiento del cometido público y en unos precisos límites temporales. Ello es así, pues en ese escenario entran en juego principios como la libertad de empresa, la libre concurrencia, la selección objetiva, entre otros, que están presentes tanto al momento de contratar como en caso de justificar una prórroga; entonces, como se viene indicando, el plazo en estos negocios financieros, más que una medida tiempo, se constituye directamente en elemento central de la fórmula de balance y remuneración acordada por las partes. Es necesario subrayar que la responsabilidad técnica, financiera y operativa inherente a este arquetipo contractual enlaza múltiples variables del mismo orden, las que, a su turno, establecen el delicado equilibrio que debe existir entre los diversos conceptos y partícipes del esquema concesional según la obra o servicio público de que se trate (v. gr. como ocurre respecto a los usuarios del bien o servicio y el riesgo de demanda asociado; las tarifas y su valor, con incidencia en los ingresos y egresos del proyecto; otros partícipes como los financiadores o acreedores y su reflejo en el pago del servicio a la deuda, por ejemplificar algunos de ellos). Lo anotado revela la importancia de definir con la máxima diligencia los estudios y bases financieras, técnicas y operativas que justifiquen la función jurídico - económica que se pretende con el contrato de concesión respectivo, análisis sin los cuales no es posible sustentar la escogencia de este instrumento negocial. Lo propio se predica de la adición de actividades al objeto de una concesión, pues no sólo se debe cumplir el criterio de necesidad que impone la norma, sino que el impacto en la relación inter partes y respecto de los sujetos que participan de esa estructura, reclama que tal modificación se justifique en alcance y plazo, pues con ella se materializa y fundamenta la prolongación del derecho del particular a explotar una actividad del Estado. De allí que los análisis que sustentan la concesión son definitivos y definitorios, en el entendido que se trata de las bases que sustentan la necesidad que se busca satisfacer con el contrato y expresan las razones que justifican la escogencia de este tipo negocial y no de otro. Esta premisa, ineludible en la generalidad de los contratos estatales, es destacada por la Sala dada su puntual relevancia en el caso concreto, pues no sólo obra como fundamento del negocio jurídico, sino que demarca los linderos del objeto concesionado, con la pretensión de evitar que en su ejecución el contrato se torne receptor de todo y cualquier tipo de agregado ajeno a su esencia o naturaleza, o incluso se utilice para eludir los procedimientos de selección de contratistas. Por ello, el legislador estableció que la elaboración de los estudios previos corresponde a una obligación que debe ser observada en todos los procesos de selección, por regla general, como surge de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; y la característica que califica a los contratos de concesión como negocios incompletos no obra como excepción a dicha regla, ni tampoco a aquella que justifica que la modificación de los contratos estatales sólo ocurra bajo determinadas hipótesis y realidades. Habrá de decirse que si bien estos contratos son mayormente susceptibles de ser modificados -lo que se justifica en los plazos amplios en que generalmente se celebran- esa relativa flexibilidad no autoriza a desatender, por inexistente o insuficiente, el imperativo de elaboración de estudios previos. En precisión de lo dicho, la connotación de corresponder a un negocio incompleto no hace referencia a un déficit de estudios previos, sino que debe leerse en clave del objeto mismo del negocio y en perspectiva de la necesidad que busca satisfacer el Estado; por ende, las actividades por completar en la ejecución del proyecto, que por lo mismo no estarían inscritas en los documentos que preceden al contrato, están relacionadas con: (i) la asimetría en la información original del proyecto, situación que se maneja mediante fases de prefactibilidad y obra como parte del desafío del contrato, y por ello no se pueden prever sus contingencias; (ii) las nuevas exigencias que imprime el paso del tiempo, v. gr. cambios científicos, técnicos o sociales; o (iii) circunstancias extraordinarias no previsibles. Así las cosas, la regla atinente al cumplimiento de los estudios previos es un imperativo de orden público, que por su finalidad jurídico-económica y expresión del ejercicio de la función administrativa en la esfera contractual (art. 209 de la C.P.) es una exigencia predicable a la celebración de contratos adicionales, como el que ahora es objeto de examen.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, sentencia del 13 de agosto de 2019, exp. 11001-03-06-000-2009-00033-00, C.P. Enrique José Arboleda. Así mismo, ver, Corte Constitucional, sentencia C-300 del 25 de abril de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 12, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 7, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA / OBJETO ILÍCITO / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL / OTROSÍ AL CONTRATO / CONTRATO ADICIONAL / CONTRATO ADICIONAL ESTATAL / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CONCESIÓN / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ENTIDAD PÚBLICA / MEJORAS DEL BIEN INMUEBLE / MEJORAS AL BIEN / EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL / REQUISITOS DE LA EXPERIENCIA ALTAMENTE CALIFICADA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / SENTENCIA PENAL / CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES / FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO / FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO / FRAUDE PROCESAL / PECULADO POR APROPIACIÓN / VALIDEZ DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DEL CONTRATO / CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / PLIEGO DE CONDICIONES / ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CONSORCIO / PROPONENTE / PROPUESTA DEL PROPONENTE / PRINCIPIO DE PUBLICIDAD CONTRACTUAL / BUENA FE CONTRACTUAL / NEGOCIO JURÍDICO / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / CLÁUSULA DE REVERSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / VIOLACIÓN DE NORMA DE ORDEN PÚBLICO / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ESTATAL / SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / NULIDAD DEL CONTRATO ADICIONAL / CONDUCTA ILÍCITA / SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DEL CONDUCTOR DE VEHÍCULO / SECRETARÍA DE MOVILIDAD DISTRITAL / USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES / SOFTWARE / ARCHIVO / DESTINACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
Problema jurídico:
¿Se configuró la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito respecto al otrosí No 4 suscrito como contrato adicional al de concesión para la operación de registro a través de herramientas de software, licencias, infraestructura tecnológica y actividades complementarias celebrado en el caso concreto, además de vulnerarse el principio de transparencia y economía que establece el artículo 24 numeral 8 y artículo 25 numeral 12 de la Ley 80 de 1993?
Respuesta al problema jurídico: Si
La parte demandante insiste en que se configuraron los vicios por objeto ilícito y desviación de poder, conforme a las razones expuestas al precisar los fundamentos de la impugnación (núm. 24 y 26 de esta providencia) por ello, ataca la decisión del a quo de negar su configuración. (…) función del cubrimiento de la operación tecnológica y de recaudo requerida para su explotación; de ello dan cuenta sus prestaciones características las cuales están focalizadas en la disposición y manejo de herramientas en sistemas asociados al software de solución científica, implementación de la solución biométrica, licencias de uso de bases de datos y sistemas operativos, e infraestructura de renovación tecnológica en hardware, al lado de las cuales se acompañan obligaciones accesorias para el cumplimiento de esa prestación central. La Sala evidencia que este contrato corresponde en esencia y naturaleza a una concesión de servicios para el registro de diversos trámites de tránsito y movilidad, cuyas obligaciones principales, en consecuencia, están concebidas en función del cubrimiento de la operación tecnológica y de recaudo requerida para su explotación; de ello dan cuenta sus prestaciones características las cuales están focalizadas en la disposición y manejo de herramientas en sistemas asociados al software de solución científica, implementación de la solución biométrica, licencias de uso de bases de datos y sistemas operativos, e infraestructura de renovación tecnológica en har

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

a partir de incumplimientos de la entidad, o del reconocimiento de sobrecostos en las inversiones realizadas en los años 2014 y 2015 pues, como ya lo precisó la Sala, el otrosí cuestionado adolece de nulidad absoluta, sin posibilidad que de éste se derive, en consecuencia, otro tipo de efectos como si gozara de validez. (…) En tratándose de la “Obligación adicional Dos” pactada en el otrosí No. 4 obligación que ya existía en las bases del contrato de concesión 071 de 2007- la cual debía ejecutarse por cuenta y riesgo del contratista, la Sala encuentra que las inversiones por $8.500 millones de pesos que se proyectaron en el aumento del plazo de la explotación de la concesión no pueden reconocerse en sede de restituciones mutuas a favor del contratista, por la razón contundente de que su ejecución hizo parte del modelo financiero original de la concesión desde su celebración en diciembre de 2007 y por lo tanto no hay lugar a su reconocimiento en la ejecución del otrosí No. 4.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia del 24 de noviembre de 2004, exp. 25560, C. P. Germán Rodríguez Villamizar; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de junio de 2013, exp. 66001-23-31-000-1998-00685-01(26637), C.P. Jaime Orlando Santofimio; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 15 de diciembre de 2017, exp. 76001-23-33-000-2013-00169-01 (50045), C.P. Jaime Orlando Santofimio; sentencia del 31 de marzo de 2023, exp. 76001233100020060328401 (58623), C.P. José Roberto Sáchica; sentencia del 16 de febrero de 2006, exp. 13414 (R-7186), C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia del 6 de febrero de 2019, exp. 61720, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 4 de junio de 2021, exp. 25000-23-26-000-2004-01631-03(64908), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010, exp. 25000-23-26-000-1994-00071-01(14390), C.P. Mauricio Fajardo Gómez y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de junio de 2021, radicación 25000-23-26-000-2004-01631-03(64908), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1525, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1746
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONSORCIO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN / DEMANDA DE RECONVENCIÓN
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas procesales incluidas las agencias en derecho en el caso sub examine?
Respuesta al problema jurídico: Si
Conforme a lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA y con la disposición especial del artículo 365 54 del CGP, la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a quien se le imponen, toda vez que en el régimen actual, dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. En el presente caso se observa que la Secretaría Distrital de Movilidad, como parte demandante, atendió e intervino en el proceso de manera diligente y oportuna, pues contaba con apoderado que asumió su representación judicial, gestión que se estima suficiente para que se disponga a su favor la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP. El numeral 4 del artículo 365 ib. dispone que cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del CGP. Fijación de agencias en derecho. De conformidad con el Acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, en materia de tarifas de agencias en derecho (…) A su vez, el artículo 4 del citado Acuerdo consagró que las tarifas máximas de agencias en derecho deben establecerse en salarios mínimos o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia. En lo que a este caso interesa, dado que se revocó totalmente la sentencia de primera instancia, resulta oportuno anotar que en cuanto a la tasación de las agencias en derecho de procesos en primera instancia con cuantía, el numeral 3.1.2 del Acuerdo establece que se fijarán por hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Por su parte, el numeral 3.1.3 dispone que las agencias en derecho en segunda instancia en los procesos con cuantía se fijarán por hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia (…) A partir de lo expuesto, la Sala fijará las agencias en derecho de ambas instancias, las cuales estarán a cargo del Consorcio SIM, y serán pagadas por cada uno de sus miembros y en los porcentajes de participación respectivos en dicha forma plural, teniendo en consideración el valor de las pretensiones de la demanda de reconvención que fueron presentadas en este proceso por la demandante en reconvención. Con fundamento en lo anterior, se fijan las agencias en derecho para la primera instancia en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINCE PESOS M/CTE ($285.309.015) a favor de la parte actora, cifra que equivale al 5% de las pretensiones de la demanda de reconvención que fueron negadas; y para la segunda instancia se fijan en el 1%, equivalente a la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($57´061.803).
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 54

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-03-18. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 25000233600020150234601. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020150234601-62508-sentencia).
