Titulación de la relatoría 32.612 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO / ADQUISICIÓN DE PREDIO / CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN / OBJETO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN
Problema jurídico:
¿La responsabilidad para atender las pretensiones que se encuentran insatisfechas y las que aún no se han decidido y son materia de apelación corresponde a la concesionaria?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]os acuerdos contenidos en los otrosíes 9 y 10, suscritos después de haberse celebrado el contrato de promesa de compraventa y de haberse realizado el 50% del pago convenido, constituyeron la base jurídica que soportó la expedición de la Resolución 202250004535 del 4 de abril de 2022, por la cual entidad concedente declaró la ocurrencia de una contingencia predial en el proyecto Zona Metropolitana de Bucaramanga y ordenó a la fiduciaria la Previsora S.A. realizar el pago de la contingencia declarada con cargo al Fondo de Contingencias de varias obligaciones, entre ellas, la que ocupa la atención de la Sala, y se realizó el respectivo desembolso del saldo restante en favor del demandante […]. Con todo, la Sala no encuentra que tales acuerdos hubieran impactado o mutado la forma en la que debían satisfacerse las obligaciones derivadas del contrato de promesa de compraventa objeto de litigio. La finalidad principal de la suscripción de esos acuerdos se dirigió a cumplir los negocios jurídicos atrasados por falta de pago, en este caso de la promesa de compraventa, y no para pagar los perjuicios causados por su incumplimiento que había generado la concesionaria desde 2012 bajo el esquema de responsabilidades vigente para ese momento. […] [A]l disponer la culminación del vínculo contractual y declararse a paz y salvo por todo concepto, incluyendo los perjuicios directos e indirectos presentes y futuros que se habrían de causar con ocasión del desarrollo de la gestión predial, las partes sellaron el compromiso que en ese sentido elevaron con apego a las cargas y responsabilidades negociales que hasta entonces se habían contraído, que, en lo que hace en materia de predios, quedó radicada exclusivamente en la concesionaria. Es con sustento en las consideraciones que anteceden que la Sala estima que en este estado del proceso la responsabilidad para atender las pretensiones que se encuentran insatisfechas y las que aún no se han decidido y son materia de apelación corresponde a la concesionaria sociedad Autopistas de Santander S.A. en su condición de demandada, cuestión con apoyo en la cual se concluye que el cargo de la apelación formulada por esta se encuentra infundado. Por efecto reflejo, al no disponerse responsabilidad alguna en contra de la ANI no se activa el supuesto para analizar el llamamiento en garantía que esta hizo a la aseguradora Segurexpo y a la concesionaria.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SUSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA / RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / FINALIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO / PRECIO DEL BIEN / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA / ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Se acreditó la suscripción de la escritura pública y el pago del saldo adeudado como precio del inmueble, aspectos de la condena de primera instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l fallo de primera instancia se resolvió declarar el incumplimiento del contrato de promesa de compraventa por parte de la concesionaria, sociedad Autopistas de Santander S.A., y consecuencialmente le ordenó elaborar la minuta de compraventa para elevarla a escritura pública y la condenó a pagar el saldo restante del precio pactado en cuantía de $807’420.424,00, más la actualización y los intereses moratorios causados desde el 22 de febrero de 2014 hasta su pago efectivo y negó las demás pretensiones de la demanda. En sede de apelación del fallo, la parte demandante formuló solicitud probatoria para que fuera decretada en segunda instancia la incorporación de varias pruebas documentales. Mediante auto del 4 de octubre de 2022, se decretaron algunas de las pruebas solicitadas, por reunir los requisitos del numeral 3 del artículo 212 del CPACA, tras verificar que correspondían a situaciones acaecidas en 2015 y 2021, en tanto se trataba de documentos sobrevinientes a la oportunidad que tenían las partes para solicitar pruebas en primera instancia, la que finalizó el 28 de julio de 2014. […] De la revisión de las pruebas [se] advierte que, a través de estas se acreditó el cumplimiento de dos de las pretensiones en contienda que fueron estimadas en primera instancia: i) la suscripción de la escritura pública de compraventa y ii) el pago del saldo adeudado como precio del inmueble. […] [N]o obstante que el pago del valor del inmueble del demandante, de conformidad con la sentencia de primera instancia, fue ordenado a la concesionaria, sociedad Autopistas de Santander S.A., ciertamente los documentos relacionados dan cuenta de que esta erogación fue asumida por la ANI. En atención al contexto planteado, y en orden a delimitar la incidencia del cumplimiento de las pretensiones en referencia en la decisión que en relación con ese aspecto deba adoptarse en segunda instancia, la Sala tendrá en cuenta los hechos relatados, sin que ello necesariamente esté llamado a definir el rumbo acerca de la responsabilidad que se endilga a ambas personas jurídicas, concedente y concesionaria. Adicionalmente, cabe precisar que el otorgamiento del instrumento público y el pago al que se ha hecho referencia no agota la totalidad de las pretensiones elevadas en la demanda y reiteradas en el recurso de apelación presentado por la parte accionante, dado que no se encuentra allí comprendido el pago de la actualización ni de los intereses ordenados en primera instancia, como tampoco el reconocimiento de los perjuicios objeto de insistencia por vía de la impugnación, por lo que estos constituirán aspectos que ameritan igualmente expreso pronunciamiento por esta Corporación, de cara a los argumentos de la apelación formulada por el accionante. Se añade a lo dicho que, revisada la escritura pública de compraventa No. 924, no existen cláusulas que hubieren implicado una renuncia o que signifiquen que el vendedor acá demandante aceptó transigir varias de las reclamaciones comprendidas en esta causa.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 212 NUMERAL 3
CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / FINALIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO / ADQUISICIÓN DE PREDIO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / CARACTERÍSTICAS DE LA EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA / CONCEPTO DE PROCESO DE EXPROPIACIÓN / EXPROPIACIÓN DE BIEN INMUEBLE / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA / TRÁMITE DEL PROCESO DE EXPROPIACIÓN / EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA / UTILIDAD PÚBLICA DEL BIEN INMUEBLE / EXPROPIACIÓN POR MOTIVO DE UTILIDAD PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Según lo estipulado en el contrato de concesión la concesionaria adquirió todas las obligaciones relacionadas con la gestión de adquisición predial?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Ley 9 de 1989, por medio de la cual se reguló lo concerniente a planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes por motivo de utilidad pública, fue modificada a través de la Ley 388 de 1997, en cuyo artículo 59 ubicó la competencia para adelantar el trámite de adquisición de inmuebles con esos propósitos en cabeza de varias entidades estatales, entre ellas, de los establecimientos públicos que estuvieran expresamente facultados para desarrollar programas y proyectos de infraestructura vial, como en su momento lo fue el Instituto Nacional de Concesiones, que en este caso fungió como concedente. En consonancia con lo anterior, en esa misma década se dictó la Ley 105 de 1993, en la que se regularon algunas de las materias referentes a la infraestructura de transporte y tránsito en carretera. Uno de los aspectos que hizo parte integral de esta normativa fue el relativo a la compraventa de inmuebles. […] Por cuenta de la celebración del contrato de concesión 002 de 2006: i) se efectuó la delegación de la gestión predial en cabeza de la concesionaria con fundamento en la autorización otorgada por la Ley 105 de 1993; ii) para atender los costos de adquisición, se estableció una fuente de recursos y pagos a través de la denominada subcuenta de predios (cláusula 1.86), la cual bajo el esquema fiduciario acordado, estaría fondeado así: a) La concesionaria estaba obligada a depositar los recursos necesarios para la adquisición de los predios según los cronogramas (cláusula 34.1). […] [F]rente al contrato de promesa de compraventa la concesionaria asumió, en cumplimiento de la estructura concesional, las obligaciones relacionadas con el pago de la adquisición predial adelantada y, de otro, permite señalar que en el esquema concesional y fiduciario quien estaba obligada a fondear la subcuenta de predios era la concesionaria; esta última debía cubrir los valores necesarios para la adquisición, pues incluso cuando el requerimiento de fondeo excediera el tope de su valor, era también la concesionaria la obligada a aportar los recursos, más allá de que la entidad tuviera que reconocer intereses de mora, pero todo ello con efectos inter partes. Es en este contexto en el que cobra utilidad la cláusula de indemnidad a la que se comprometió la concesionaria frente la entidad ante cualquier tipo de reclamos con ocasión de la gestión predial. Igualmente, concierne aclarar que, con arreglo a ese marco negocial, la concedente suscribiría la escritura de compraventa sobre el predio adquirido, obligación principal de los contratos de promesa de compraventa, cuestión que en todo caso no deja de lado el hecho de que la concesionaria era responsable ante el prometiente vendedor, desde la oferta y durante toda la gestión predial, de cumplir con el procedimiento en los términos legales y bajo las condiciones fijadas en la promesa, pues para poder ofertar debía contar con los recursos disponibles o tenerlos respaldados. Es evidente que, bajo la concesión, la obligación de fondear la subcuenta de predios era de la concesionaria, en desarrollo de su obligación de adelantar la gestión predial frente a los destinatarios de la oferta, y lo era aún ante el déficit de recursos, pues en estos eventos seguía teniendo que aportar los recursos y cobrar a la ANI intereses de mora, entre otros efectos.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la adquisición de predios, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 9 de diciembre de 2004, rad. 27921, C. P. Ramiro Saavedra Becerra.
FUENTE FORMAL:
LEY 105 DE 1993, LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 59, LEY 9 DE 1989
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / RESPONSABILIDAD DEL DELEGANTE / RESPONSABILIDAD DEL DELEGATARIO / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE PERJUICIOS / RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS / ADQUISICIÓN DE PREDIO
Problema jurídico:
¿Es posible atribuirle responsabilidad a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- por el incumplimiento del contrato de promesa de compraventa?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala no considera que el incumplimiento del referido contrato de promesa, el cual no se encuentra en discusión en esta instancia, fuera atribuible a la ANI como delegante de la gestión predial, como se afirma en la impugnación formulada por la parte actora. Sobre el particular, cabe anotar que, de conformidad con lo sostenido por esta Sección, frente a la posibilidad de atribuir responsabilidad a la delegante por los actos o gestiones del delegatario, ha advertido que, si bien con apego al artículo 12 de la Ley 489 el delegatario es responsable de las decisiones y actuaciones que ejecute en desarrollo de las atribuciones delegadas y la autoridad delegante queda eximida de responsabilidad, existe una excepción a esa regla, de conformidad con la cual podrá deducirse responsabilidad del delegante “Siempre que el demandante dirija sus ataques en la demanda y satisfaga las exigencias probatorias correspondientes, en aras de acreditar que el delegante tuvo participación o incidencia” en la configuración de alguna causal que vicie de nulidad el acto del delegatario”. En armonía con lo anterior, esta Subsección ha considerado que podrá analizarse la responsabilidad del delegante si se le imputan omisiones en sus deberes de control y vigilancia sobre los actos de su delegataria. [...] [M]ás allá de alegar de manera genérica que la concedente omitió su deber de vigilancia y control sobre la gestión predial desplegada por la concesionaria en el marco del contrato de concesión, el extremo activo no adelantó actividad probatoria dirigida a demostrar el sustento de su dicho, pues en momento alguno solicitó que se allegaran al proceso los documentos contractuales de la concesión 002 a partir de los cuales fuera posible evidenciar cómo fue el devenir de la dinámica negocial entre la concedente y la concesionaria, existente entre el momento en que se suscribió el contrato de promesa y la fecha en que se incumplió en punto a la ejecución de la gestión predial, de manera que no se tiene información sobre lo sucedido en ese interregno. Cabe anotar que los otrosíes modificatorios de la concesión [...], fueron suscritos con posterioridad al incumplimiento del contrato de promesa, de tal suerte que no son idóneos para develar lo sucedido hasta el momento en que incumplió el vínculo obligacional génesis de la controversia, a lo que se suma que, de su contenido nada se desprende en orden a ilustrar lo que asevera el recurrente demandante. [...] [L]o único que se sabe respecto de lo acaecido en el marco de la gestión predial hasta antes de que se celebraran los acuerdos modificatorios del contrato de concesión 002 es que la ANI y la sociedad Autopistas de Santander S.A. estaban sosteniendo acercamientos para definir la forma en que se financiarían los dineros para la adquisición de nuevos predios y el pago de los ya prometidos, pues no se contaba con los recursos para cumplir esas obligaciones; sin embargo, no es posible deducir de estos que el incumplimiento del compromiso adquirido hubiera obedecido a la falta de vigilancia y control de la ANI en el desarrollo de la gestión predial trasladada a la concesionaria. Con apoyo en lo expuesto el primer cargo de la apelación no prospera.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la responsabilidad del delegante respecto del daño derivado del acto del delegatario, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de octubre de 2007, rad. 13503, C. P. Mauricio Fajardo Gómez y auto de 12 de agosto de 2019, rad. 53038, C. P. María Adriana Marín.
DEBERES DEL JUEZ / DEBERES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ALTERACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INCLUSIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / CONGRUENCIA DEL JUEZ / FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿El Juez tiene el deber de decidir la controversia en consonancia con los hechos modificativos o extintivos de los derechos sometidos a litigio acaecidos luego de la interposición de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a primera instancia estimó que, en tanto la concesionaria era la parte promitente compradora del contrato que se alega incumplido, era esta la llamada a satisfacer las obligaciones originadas en ese negocio. […] [E]n observancia al principio de congruencia, desarrollado por el artículo 281 del Código General del Proceso, que impone al juez el deber de decidir la controversia en consonancia con los hechos modificativos o extintivos de los derechos sometidos a litigio acaecidos luego de la interposición de la demanda, las circunstancias puestas de presente convocan a la Sala a pronunciarse en relación con situaciones posteriores, en tanto en el recurso se afirma que tuvieron la virtualidad de impactar los términos en que se habrían de atender las obligaciones insatisfechas asociadas a la gestión predial ejecutada en el marco del contrato de concesión 002 de 2006, y consecuencialmente del contrato de promesa de compraventa que ocupa la atención de esta instancia, en torno a la determinación de la parte a cargo de la cual se asignó su satisfacción.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PROMESA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO DE PROMESA / CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / RENUNCIA A LA REPARACIÓN DE PERJUICIOS / COMPRA DEL BIEN INMUEBLE / COMPRAVENTA DEL BIEN INMUEBLE
Problema jurídico:
¿El demandante renunció en el contrato a la posibilidad de reclamar la indemnización de algún perjuicio que se le hubiese generado con ocasión a éste en sede judicial?
Respuesta al problema jurídico: No
En caso de que la promitente compradora incumpliera su prestación principal de pagar el precio acordado, el promitente vendedor no podría impetrar la acción resolutoria que, en términos del artículo 1546 del Código Civil, lo facultaría para pretender la extinción del acuerdo con la indemnización de perjuicios, circunstancia que claramente se justificaba en la oposición que tal consecuencia entrañaría para el fin público envuelto en la enajenación del bien inmueble prometido, puesto que comportaría la devolución de la titularidad del bien al patrimonio del particular. Tampoco el promitente vendedor podría ejercer acciones reales encaminadas a conservar o reivindicar el derecho de dominio sobre el inmueble enajenado o a defender su derecho de uso o servidumbre, por nombrar algunos, en relación con este, cuestión que igualmente hallaba su fundamento en la vocación de permanencia a disposición de la administración que se requería respecto del inmueble para cumplir con el proyecto vial de utilidad pública. Para reclamar el pago pendiente del precio convenido, el promitente vendedor tendría en su haber las acciones personales encauzadas a reclamar que se cumpliera ese compromiso insatisfecho, acciones que, por su naturaleza misma, en nada comprometerían aspectos relativos a la titularidad o disposición del bien. No se incluyó una renuncia expresa frente a la alternativa del promitente vendedor de que a través de las acciones personales pudiera perseguir el reconocimiento de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato de promesa de compraventa. Como se aprecia, la razón de ser para la incorporación de ese pacto radicó en la necesidad de limitar la discusión sobre el incumplimiento del contrato de promesa de compraventa a aspectos que no riñeran con el uso y destinación que procuraba dispensársele al predio tras su enajenación u obstaculizaran su futuro aprovechamiento en el proyecto de interés general. […] [A]demás de no estar presente el consentimiento expreso del promitente vendedor en orden a declinar las aspiraciones relativas a los perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato de promesa, sin que sea de recibo que el intérprete lo extraiga de su silencio, lo cierto es que la exégesis que implementó el a quo no consultaba las finalidades y motivos que originaron ese acuerdo. […] [E]l entendimiento que merece concedérsele a la cláusula bajo revisión corresponde a aquélla según la cual, como lo indica la recurrente, las renuncias allí introducidas no cobijaron la opción de demandar el reconocimiento de los perjuicios acaecidos por el incumplimiento del contrato de promesa de compraventa, situación que abría la puerta para que la demandante los pretendiera en este litigio.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546
DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / IMPROCEDENCIA DEL LUCRO CESANTE / NEGACIÓN DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / PRESUPUESTOS DEL LUCRO CESANTE / FUENTE DEL DAÑO / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / CAUSACIÓN DEL DAÑO / OFERTA DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE QUE NO SE PERFECCIONA / CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA
Problema jurídico:
¿Procede la indemnización del lucro cesante a pesar de que éste no se deriva del incumplimiento del contrato de promesa de compraventa?
Respuesta al problema jurídico: No
[S]on tres los conceptos sobre los que la parte actora finca el surgimiento de los perjuicios por lucro cesante, todos ellos conectados con la supuesta inviabilidad de destinar el área del predio que no fue objeto de promesa de compraventa a un proyecto inmobiliario con el que se buscaba construir bodegas para luego arrendarlas, imposibilidad que, según se advirtió, fue consecuencia directa de la medida cautelar de oferta formal de compra que pesó sobre el predio, registrada en la matrícula inmobiliaria del bien a petición de la promitente compradora, dado que por cuenta de este gravamen, el que se prolongó en el tiempo por el incumplimiento de la promesa, se negó la licencia de construcción para emprender la ejecución de las obras. […] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 1469 de 2011, para la construcción de edificaciones, entre otras estructuras, se requiere una autorización condensada en la licencia urbanística de construcción, cuya competencia para su expedición recae en los curadores urbanos. La licencia corresponde instrumentarse a través de un acto administrativo que crea una situación jurídica particular y en su contenido se deberá motivar de manera expresa y detallada las razones de hecho y derecho en que se apoya la procedencia de su expedición o, en defecto, en que se soporta su negativa. Sin embargo, pese a que en la demanda se indicó que la curaduría urbana negó la licencia de construcción sobre la parte de predio que no fue prometido en venta, por recaer sobre ese inmueble una medida cautelar de oferta formal de compra, ciertamente no se aportó ni solicitó la incorporación del documento por conducto del cual la autoridad competente dispuso la negativa a la expedición de la licencia que se funda como fuente del perjuicio reclamado, elemento probatorio idóneo, conducente y pertinente para acreditar las afirmaciones de la parte actora, sin que esto pueda ser suplido por el dicho de un tercero. De esta manera, para la Sala no está acreditado que la aspiración económica del actor, que se habría materializado en la renta que esperaba recibir de los locales comerciales que pretendía construir en el área remanente del terreno que no se ofreció en venta, se hubiera visto truncada por cuenta de la medida cautelar cuya prolongación acaeció gracias a la tardanza en el cumplimiento del contrato de promesa de compraventa. […] [N]o encuentra de recibo esta Sala que el actor intente por esta vía enjuiciar el padecimiento de unos perjuicios que se habrían ocasionado por hechos que no se encuentran ligados a la satisfacción de las prestaciones contraídas en la celebración del contrato de promesa, cuya declaratoria de incumplimiento constituye la base jurídica para la prosperidad de la condena que se persigue. Por las razones expuestas, la Sala encuentra infundado el recurso de apelación en cuanto tiene que ver con los perjuicios sufridos por los conceptos analizados.
FUENTE FORMAL:
LEY 1469 DE 2011 - ARTÍCULO 1
NEGACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE / PRUEBA DEL DAÑO EMERGENTE / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE / ACTIVIDAD COMERCIAL / REGISTRO CONTABLE DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL / REGISTRO CONTABLE / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Se demostró el daño emergente de acuerdo con las exigencias probatorias para acreditar los gastos erogados dentro de la actividad comercial que ejercía el demandante?
Respuesta al problema jurídico: No
[D]e conformidad con los hechos narrados en la demanda, el [actor] derivaba su sustento del arrendamiento de locales comerciales “bodegas”, circunstancia que, en términos del artículo 10 , en consonancia con el artículo 20, numeral 10) del Estatuto Mercantil, permite colegir su condición de comerciante. Esta premisa, necesariamente debe articularse con la exigencia prevista en el artículo 48 del Código de Comercio en la que se establece las obligaciones contables a cargo de los comerciantes. Ninguna de esas exigencias fueron observadas por el demandante al desplegar su actividad probatoria encaminada a acreditar las supuestas erogaciones realizadas por el servicio de vigilancia contratada para conservar la seguridad del predio cuya enajenación había sido prometida, pues no reposan en el expediente documentos contables adicionales -como por ejemplo las planillas de pago de aportes de parafiscales- que permitan contrastar la veracidad de la información contenida en esos documentos proforma, la que, por sí sola no lleva al juez a crearse un convencimiento sobre el alegado egreso. Se agrega a lo anotado que, aun cuando fue solicitada en la demanda y decretada la prueba testimonial […] quienes suscribieron los documentos proforma en condición de vigilantes, su declaración finalmente no fue recaudada ante su falta de comparecencia a la diligencia programada para llevar a cabo la audiencia de pruebas de la primera instancia. Por lo anterior, no fue posible que los testigos reconocieran la autoría de las firmas plasmadas en los documentos aludidos. Sin perjuicio de lo anterior, cabe agregar que no se puede establecer con certeza una conexidad que permita derivar la relación de causalidad entre los recibos a los que se ha hecho alusión y el servicio de vigilancia que se habría prestado sobre el predio objeto de promesa. La alegada inseguridad se debe a que, como indicó la parte actora, en la parte del inmueble que no fue objeto del contrato también existían unas bodegas construidas, de tal suerte que se ignora si la supuesta vigilancia recayó sobre esa área o exclusivamente sobre el área prometida o sobre ambas. Esta incertidumbre no se supera por el hecho de que se hubiera hecho constar en el contenido de los recibos de caja que la vigilancia recaía sobre la “bodega Inco”, pues la uniformidad milimétrica de la información que reposa en cada uno de esos documentos tanto en su forma y contenido carece de signos de espontaneidad en su diligenciamiento, cuestión que pone en duda su naturaleza genuina y fidedigna, e impide a esta Sala tener una sana credibilidad sobre el aspecto en referencia.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 10, 48, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 10
ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / LÍMITES DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / INDEXACIÓN DE INTERÉS MORATORIO / CONFIGURACIÓN DE FALLO ULTRA PETITA / FALLO ULTRA PETITA
Problema jurídico:
¿Se configuró un fallo ultra petita en la manera de calcular la actualización de los intereses?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as partes no formularon reparo alguno sobre la forma en que se dispuso el cálculo de intereses moratorios solicitados en la demanda, razón por la cual la Sala mantendrá esa decisión incólume, por no ser objeto de controversia por ninguno de los extremos procesales apelantes. Con todo, la Sala observa que, en este evento, en lo que se refiere a la solicitud de actualización, se transgredió el principio de congruencia frente a lo pretendido en la demanda, puesto que se profirió un fallo ultra petita. Como se aprecia, en la providencia en la que se accedió a la adición de la sentencia, el Tribunal sobrepasó el límite temporal y cuantitativo previsto en la pretensión relacionada con el cálculo de la indexación en la que se circunscribió su liquidación a un período y suma predeterminada. En consonancia con lo anterior, se recuerda que aún está pendiente de reconocerse en favor del demandante el valor correspondiente a la actualización del saldo adeudado y los intereses ordenados en el fallo apelado, lo que lleva a concluir que estos últimos se continuaron causando en los términos dictados en dicho fallo hasta el 20 de mayo de 2022, fecha en que se satisfizo la obligación de pago del capital. No obstante, en virtud del principio de congruencia con apoyo en el cual debe fallarse en armonía con lo pretendido en la demanda pese a no haber sido objeto de recurso, la Sala dispondrá que la condena que se emite exclusivamente contra la demandada sociedad Autopistas de Santander S.A. se satisfaga en armonía con los términos consignados en la demanda, por concepto de actualización […]. En cuanto los intereses legales reconocidos por el a quo, pero bajo el concepto de intereses moratorios, la Sala mantendrá la condena impuesta en los términos ordenados por la primera.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del principio de congruencia, cita: Consejo de Estado de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de septiembre de 2016, rad. 44360, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 24 de mayo de 2018, rad. 35735, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; providencia de 8 de febrero de 2017, rad. 41650, C. P. Hernán Andrade Rincón y del 30 de julio de 2021, rad. 62474, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / REDUCCIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas impuesta en primera instancia ante la confirmación parcial de la sentencia de primera instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, en la presente providencia se impondrá la condena en costas a cargo de las partes a las que se les resolvió favorablemente el recurso de apelación, en este caso la parte demandante y la demandada sociedad Autopistas de Santander S.A, y en favor de la entidad demandada, Agencia Nacional de Infraestructura ANI Procede la Sala a fijar las agencias en derecho correspondientes, para que se tengan en cuenta en la liquidación de costas. Para el efecto, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 del mismo Código, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere […]. [E]n atención a que la sentencia de primera instancia no se revocará en su integridad, tal circunstancia conduce a que se mantenga la condena en costas impuesta en primera instancia por el Tribunal de origen, dado que no se reúne el supuesto contemplado en el numeral 4 del artículo 365 del Código General del Proceso, a lo que se agrega que este aspecto no fue materia de censura en el recurso de apelación.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4