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Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Sentencia — Sentencia
2022-09-22
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020180074801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, siempre que la cuantía del proceso supere los 300 SMLMV y se ajuste a la vocación de doble instancia del proceso contencioso administrativo. Esta competencia se fundamenta en la naturaleza del recurso de apelación y en la cuantía del asunto, que determina la jurisdicción competente para conocer del caso. La Sala reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia, lo que implica que los recursos de apelación contra sentencias de tribunales administrativos que superen la cuantía establecida deben ser presentados ante esta corporación, asegurando así la continuidad del proceso de doble instancia.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es procedente para cuestionar la legalidad del acto precontractual que declara desierta la licitación pública?
¿Se acreditó la legitimación en la causa por activa y por pasiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?
¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto que declaró desierta la licitación pública fue presentado dentro del término legal?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Recurso de anulación: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-03-01
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 11001032600020220001600
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La causal de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 puede declararse cuando el Laudo se funde exclusivamente en la equidad si debía ser en derecho, cuando la decisión se haya tomado con ausencia de fundamento jurídico o cuando la fundamentación jurídica presentada por el Panel Arbitral no sustente lógicamente la decisión, y cuando en la decisión se observe una total ausencia de un análisis probatorio o cuando el Laudo haga referencia a pruebas que no fundamenten objetivamente la decisión? Sí
Cuando un laudo arbitral se funda exclusivamente en la equidad debiendo ser en derecho, carece de fundamento jurídico o su fundamentación no sustenta lógicamente la decisión, o cuando no contiene análisis probatorio alguno o hace referencia a pruebas que no fundamentan objetivamente la decisión, la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 permite anularlo. La regla se sostiene en tres razones. Primera, la causal habilita al juez a verificar si el laudo expone los fundamentos que sustentan la decisión, y le impone anularlo cuando carece de forma manifiesta de tales fundamentos. Segunda, la causal se configura por cualquiera de los tres supuestos señalados, y no por la sola inconformidad con la decisión. Tercera, el juez debe confrontar el contenido del laudo con las pruebas y con la ley sustancial aplicable. En el caso, el recurso de anulación se declaró infundado. El documento reitera la línea jurisprudencial sobre los laudos en conciencia que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:
¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012…
¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012…
¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012…
INFUNDADO
Consejo de Estado
Providencia
Se impone denegar las pretensiones de la demanda y, confirmar la decisión del a quo.
Sentencia — Sentencia
2024-05-06
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233100020100132701
ACCION CONTRACTUAL
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato?
¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto?
¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Sin prueba de su prestación no puede haber lugar a las restituciones.
Sentencia — Sentencia
2024-12-06
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000232600020100060702
ACCION CONTRACTUAL
¿Existe un vicio que tiñe de ilegalidad la celebración del contrato 093 de 2008, desde su concepción, y conduce a afirmar que las reglas estructuradas en los pliegos nunca fueron portadoras del atributo de legalidad, ni pueden erigirse en título para reclamar de ellas algún derecho? Sí
El contratista no puede reclamar la legalidad de las reglas estructuradas en los pliegos de condiciones cuando estos fueron diseñados con la intención de favorecer ilegalmente a determinados proponentes, ya que la concepción de dichas reglas viola principios fundamentales de la contratación estatal como la selección objetiva y la transparencia. La Sala establece que la manipulación de los pliegos para apropiarse ilegalmente de recursos públicos y desfavorecer la competencia justa conduce a declarar la nulidad absoluta del contrato desde su concepción, independientemente de cómo se aplicaron esas reglas en el proceso de selección. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, reforzando la importancia de la legalidad desde la etapa precontractual y limitando las posibilidades de que actos administrativos ilegales puedan ser corregidos por su correcta aplicación posterior.síntesis automática
También resuelve:
¿La nulidad absoluta de un contrato, además de hacerlo desaparecer del mundo jurídico, genera como consecuencia que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de su celebración y…
¿Una vez celebrado el negocio jurídico, la ilegalidad de los actos previos únicamente puede invocarse como fundamento de la nulidad del contrato?
¿La causal de nulidad por objeto ilícito tiene lugar cuando se transgrede una prohibición legal o constitucional, o por inobservancia de las previsiones de orden público en materia contractual?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
No se configura la caducidad de la acción de controversias contractuales en el evento
Sentencia — Sentencia
2023-07-12
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 08001233100220110089301
ACCION CONTRACTUAL
¿Se configura la caducidad de la acción de controversias contractuales en el evento en que la parte demandante presenta la demanda durante la vigencia del contrato? No
Cuando el contrato está sometido a liquidación, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta desde su terminación, de modo que la demanda presentada mientras el contrato sigue vigente no está caducada. La regla parte del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que fija un plazo de dos años desde el día siguiente al acontecimiento que fundamenta las pretensiones, pero lo cuenta de forma distinta en los casos sometidos a liquidación. Se apoya además en el artículo 60 original de la Ley 80 de 1993, que ordenaba liquidar los contratos cuya ejecución se prolongara en el tiempo, y en que la liquidación debe emprenderse desde que el contrato termina por cualquier motivo. En el asunto, el contrato era de ejecución diferida y estaba obligado a liquidarse, pero su vigencia no había expirado cuando se presentó la demanda. La Sala revocó la decisión de primera instancia, que había descartado la demanda por caducidad sin estudiar el fondo. En la práctica, la demanda no puede rechazarse por caducidad mientras el contrato siga vigente.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato celebrado por la UTDUC y el Municipio por violar los principios de planeación y transparencia ?
¿Las irregularidades referentes al registro o el certificado de disponibilidad presupuestal generan la nulidad del contrato?
¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato celebrado por la UTDUC y el Municipio por comprometer vigencias futuras sin autorización?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El contratista se encuentra obligado a garantizar los recursos de capital necesarios para la ejecución del objeto acordado
Sentencia — Sentencia
2024-03-18
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020150234601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En los contratos de concesión así como en la celebración de sus contratos adicionales, el cumplimiento de los estudios previos es un imperativo de orden público y una expresión del ejercicio de la función administrativa, por lo cual, debe observarse y desarrollarse en todos los procesos de selección? Sí
El contratista en un contrato de concesión está obligado a realizar los estudios previos como imperativo de orden público y expresión del ejercicio de la función administrativa, lo cual debe observarse y desarrollarse en todos los procesos de selección, según el artículo 25 de la Ley 80 de 1993. Estos estudios son fundamentales para justificar la necesidad del contrato y evitar modificaciones que no se ajusten a su esencia, protegiendo así la selección objetiva y la libertad de empresa. La Sala reitera que la omisión de estos estudios puede invalidar el contrato y sus adicionales, lo que implica que las entidades estatales deben garantizar su cumplimiento riguroso en la fase de contratación.síntesis automática
También resuelve:
¿Se configuró la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito respecto al otrosí No 4 suscrito como contrato adicional al de concesión para la operación de registro a través de herramientas de…
¿Procede el pago de restituciones mutuas como consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta por objeto ilícito respecto al otrosí No 4 en el asunto litigioso?
¿Procede la condena en costas procesales incluidas las agencias en derecho en el caso sub examine?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: los principios de la contratación pública fueron directamente violentados
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-12-16
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000232600020100060702
ACCION CONTRACTUAL
¿Los principios de la contratación pública fueron directamente violentados, dado que la intención que movió el compromiso de los recursos públicos no fue la de favorecer el interés general? Sí
Considero necesario aclarar el voto respecto de la sentencia dictada, en cuanto atañe a las restituciones mutuas y al pago de lo no debido. La entidad estatal fue víctima [de] conductas punibles, manifestadas en un comportamiento [dirigido] a defraudar los principios de la contratación estatal y los recursos públicos comprometidos en el negocio, lo cual debería conllevar a la orden de reintegro de los dineros entregados al contratista. Para la interpretación de la realidad contractual [era pertinente remitirse] a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, conforme al cual “las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa”.
También resuelve:
¿El contratista, valiéndose de una ilicitud, obtuvo provecho económico por razón de la recepción de recursos públicos que no fueron invertidos o ejecutados en la prestación correspondiente?
SIN DECISION