Titulación de la relatoría 35.462 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / APELACIÓN DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA / CUANTÍA DE LA DEMANDA / CUANTÍA DEL PROCESO / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de recurso de apelación presentado contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, en un proceso de controversias contractuales que gira en torno a un contrato celebrado por el demandado Instituto de Desarrollo Urbano IDU?
Respuesta al problema jurídico: Si
En virtud de lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, le corresponde al Consejo de Estado conocer del presente asunto, toda vez que la controversia gira en torno a un contrato celebrado por el demandado Instituto de Desarrollo Urbano IDU, el cual es un establecimiento público adscrito a Bogotá, Distrito Capital. (...) Así mismo, la Sala tiene competencia para conocer en segunda instancia del presente proceso de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, norma vigente al momento de presentación de la demanda, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 27 de abril de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de conformidad con la estimación de las pretensiones realizada en la demanda, según las previsiones de los artículos 152 y 157 del mismo código.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 157, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 615
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar el desequilibrio económico del contrato de intervention, cuando se observa que el contrato no fue liquidado dentro del plazo en que debió serlo y que, a la fecha de presentación de la demanda, aún no lo había sido?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el literal j) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA, norma que resulta aplicable al presente asunto, la acción contractual caduca al vencimiento del término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento. (...) No obstante, para los contratos respecto de los cuales se impone el trámite adicional de liquidación -bilateral o unilateral- y ella no se lleva a cabo, de conformidad con el romanito (v) del referido literal j) el término de caducidad de dos años empezará a correr una vez cumplidos los dos meses para la liquidación unilateral, contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga. (...) La controversia gira en torno al contrato de interventoría No. 082 de 2009, celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y la sociedad Interpro S.A.S, el cual, según Acta No. 68 del 14 de septiembre de 2012, se terminó en esta fecha (...). De acuerdo con lo pactado en el contrato (cláusula 22), éste se liquidaría dentro del mes siguiente a la suscripción del acta de liquidación del contrato de obra; si el interventor no se presentare para la liquidación o si las partes no llegaren a algún acuerdo, el IDU liquidaría el contrato dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del anterior término. (...) Según lo admitido por las partes, el contrato de obra no fue liquidado dentro del plazo en que debió serlo y, a la fecha de presentación de la demanda, aún no lo había sido. (...) De acuerdo con lo anterior y, dado que el término de caducidad de los medios de control no puede quedar librado a la voluntad de los interesados o de un tercero, deberá aplicarse la norma procesal partiendo, para la contabilización de los dos años consagrados en la norma, del momento en el cual se configuró el incumplimiento del deber de liquidar, tanto el contrato de obra como el de interventoría, dando cumplimiento así a lo dispuesto en el romanito (v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. (...) Así, se tiene que el contrato de obra se terminó el 14 de septiembre de 2012, por lo que a partir del día siguiente, 15 de septiembre, empezaron a correr los ocho meses para la liquidación de común acuerdo -que no se produjo-, que vencían el 15 de mayo de 2013; al no haberlo sido, la entidad debió liquidarlo unilateralmente a más tardar el 15 de julio de 2013, (...) lo que significa que las partes debieron suscribir el corte de cuentas máximo el 15 de agosto de 2013; y, como esto no sucedió, la entidad debió expedir el acto de liquidación unilateral del contrato de interventoría a más tardar el 15 de septiembre de 2013. A partir del día siguiente, 16 de septiembre de 2013, empezó a correr el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, que por lo tanto vencía el 16 de septiembre de 2015. (...) Dado que la demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 16 de enero de 2015, resulta evidente que lo fue en tiempo.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO NO DEMANDADO / ACTO ADMINISTRATIVO NO DEMANDABLE / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Las comunicaciones proferidas por la entidad contratante para dar respuesta al contratista respecto de su solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato son actos administrativos que debieron ser demandados?
Respuesta al problema jurídico: No
El Instituto de Desarrollo Urbano IDU y la sociedad Interpro S.A.S. celebraron el Contrato No. 082 de 2009, cuyo objeto fue realizar la interventoría del mantenimiento correctivo, rutinario y preventivo de la troncal de la calle 80 entre el río Bogotá y Los Héroes, en Bogotá D.C. -correspondiente al Contrato de Obra No. IDU-074 de 2009-. El demandante adujo que se rompió el equilibrio económico del contrato por cuanto tuvo que asumir unos sobrecostos imprevistos, derivados de deficiencias en el pliego de condiciones y de modificaciones al contrato de obra objeto de la interventoría. (...) Una de las razones por las cuales el tribunal a-quo negó las pretensiones de la demanda, es que consideró que éstas, encaminadas a obtener el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, ya habían sido resueltas por la entidad demandada a través de unos actos administrativos -oficios No. 20113660096671 del 5 de abril de 2011, No. 20123660024251 del 31 de enero de 2012 y No. 20123660559141 del 28 de agosto de 2012- que no fueron demandados y respecto de los cuales había operado el término de caducidad, por haber transcurrido más de dos años entre su expedición y la fecha de presentación del libelo introductorio. (...) El apelante aduce que las comunicaciones calificadas en la sentencia de primera instancia como actos administrativos no lo son y que, aún si en gracia de discusión se consideraran como tales, la acción en su contra no estaría caducada, pues no serían actos separables del contrato. (...) Es necesario advertir que, en una relación contractual cualquiera, inclusive en las trabadas con entidades públicas, es normal que las partes entablen un diálogo e intercambio de ideas, opiniones, conceptos y reclamos sobre la ejecución contractual, en torno a la forma como se está llevando a cabo el cumplimiento de las prestaciones a su cargo, entre otros aspectos, actuación que implica el común devenir de la relación negocial despojada de prerrogativas públicas, en la que los contratantes deben colaborar para el logro de los objetivos propuestos, teniendo siempre presente, cuando de contratos sometidos a la Ley 80 de 1993 se trata, lo establecido en ésta como finalidad de la contratación estatal. (...) Ahora bien, sobre la naturaleza de las respuestas que brindó la entidad a las solicitudes elevadas por el contratista durante la ejecución del contrato, tendientes a obtener el restablecimiento de su equilibrio económico, es necesario advertir que, si bien es un derecho de las partes el mantenimiento de la equivalencia entre prestaciones y contraprestaciones surgidas al momento de contratar y, por lo tanto, a obtener su restablecimiento cuando se vea perturbada por causas ajenas a la parte afectada -art. 27, Ley 80/93-, lo cierto es que la ley no exige el trámite de un procedimiento tendiente a la producción de un acto administrativo en el que deba ser resuelta tal afectación a través de una decisión de esta naturaleza (...). Es decir que no existe norma alguna que exija la previa reclamación del contratista a la entidad contratante, para provocar un pronunciamiento de ésta que pueda ser demandado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que, en ejercicio del medio de control contemplado en el artículo 141, bien puede acudir directamente ante el juez del contrato incluyendo en su demanda la pretensión de que sea restablecido el equilibrio económico del contrato. (...) Así, el hecho de que el contratista intente llegar a un acuerdo con la entidad, en aras de obtener la solución del supuesto desbalance de la ecuación contractual, implica necesariamente la existencia de una comunicación de doble vía entre las partes, en donde el contratista hará sus planteamientos y la entidad manifestará su conformidad o disconformidad con ellos. Sin que se pueda entender, en este último caso, que la respuesta de la administración constituye un acto administrativo, como manifestación unilateral de la voluntad de una entidad pública en ejercicio de función administrativa, que creó, modificó o extinguió una situación jurídica particular; pues lo cierto es que, a partir de la respuesta de la contratante, no se ha producido modificación alguna de la relación contractual, que era lo pretendido por el contratista, quien se verá entonces impelido a efectuar la correspondiente reclamación judicial a través de la respectiva pretensión declarativa y de condena, conforme a lo dispuesto en el artículo 141 del CPACA. (...) En adición a lo anterior, (...) es al momento de efectuar el corte definitivo de cuentas cuando las partes podrán revisar las condiciones de ejecución del negocio jurídico y allí podrá la entidad establecer si proceden o no los reconocimientos reclamados por el contratista, quien tendrá la posibilidad de dejar las respectivas salvedades en el acta de liquidación bilateral en la que no se reconozcan los sobrecostos reclamados para, de esta manera, salvaguardar su derecho a demandar ante el juez del contrato para que disponga el restablecimiento del equilibrio económico del contrato o impugnar judicialmente el acto de liquidación unilateral que incurra en la misma omisión. (...) En las anteriores condiciones, considera la Sala que las comunicaciones de la entidad dirigidas al contratista, en las que anuncia su disenso en torno a la existencia de una afectación de la ecuación contractual que diera lugar a reconocimientos económicos a su favor, no constituyen actos administrativos, ni es óbice para adelantar el estudio y resolución de las pretensiones de la demanda tendientes a obtener la declaratoria del rompimiento del equilibrio económico del contrato y la condena a su restablecimiento.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza de la comunicación emitida por la entidad para dar respuesta a su contratista sobre cuestiones planteadas en torno a la ejecución del contrato, consultar providencia de 21 de julio de 2005, Exp. 13920, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / ACTO PROPIO / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿El presunto daño sufrido por el contratista se debió a su propia conducta, pues suscribió varios negocios jurídicos (otrosíes y adiciones) sin dejar en ellos reclamaciones o salvedades fundadas en la alteración del equilibrio económico del contrato, por lo que se debe entender que aceptó que dichos acuerdos de voluntades reunían las condiciones necesarias para satisfacer sus pretensiones económicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l a-quo negó las pretensiones de la demanda porque consideró que el presunto daño sufrido por el contratista se debió a su propia conducta, pues suscribió varios negocios jurídicos (otrosíes y adiciones) sin dejar en ellos reclamaciones o salvedades fundadas en la alteración del equilibrio económico del contrato, por lo que se debe entender que aceptó que dichos acuerdos de voluntades reunían las condiciones necesarias para satisfacer sus pretensiones económicas y, por lo tanto, su reclamación en el presente caso resulta extemporánea e improcedente, por vulnerar el principio de la buena fe contractual. (...) En relación con este tema, la jurisprudencia de esta Corporación manifestó que, frente a las reclamaciones económicas elevadas por el demandante con fundamento en supuestos desequilibrios presentados en la ecuación contractual o por otras causas, resultaba necesario analizar cuál había sido la conducta del contratista frente a los diversos acuerdos de voluntad suscritos por las partes a lo largo de la ejecución del contrato, puesto que en cada uno de ellos, tenía la oportunidad de manifestar sus inconformidades, cuando considerara que los mismos resultaban insuficientes para solucionar tales afectaciones; por lo tanto, debía entenderse que con esos acuerdos, quedaban solventados los inconvenientes advertidos, a menos que hubiere hecho una manifestación expresa en sentido contrario. En consecuencia, no resultaba de recibo que, con posterioridad, elevara reclamaciones al respecto, puesto que, al no haber dejado la respectiva salvedad, se estaría desconociendo el principio de la buena fe. (...) No obstante, la Sala también ha manifestado que no se puede aplicar invariablemente el referido criterio a todos los eventos de suscripción, a lo largo de la ejecución contractual, de acuerdos de voluntad carentes de salvedades, puesto que resulta necesario estudiar cada caso para establecer si procedía o no la exigencia de que el contratista hubiera hecho alguna manifestación de inconformidad con el contenido del acuerdo, por no haber incluido algún reconocimiento que considerara pertinente en ese momento, de cara a lo que se estaba resolviendo (...). Es así como en el presente caso, resulta necesario establecer el desarrollo de la ejecución contractual y las razones por las cuales se suscribieron los diferentes otrosíes y adiciones para definir si, mediante tales acuerdos de voluntades, se buscó solventar las dificultades aducidas ahora por el contratista como fuente del desequilibrio contractual, de tal manera que, de no estar conforme con las soluciones allí implementadas, sí le era exigible, en cada momento, plasmar en los referidos acuerdos las respectivas salvedades, en aras de salvaguardar su derecho a una futura reclamación judicial. (...) Se observa entonces que, pasado un año de celebrado el contrato de interventoría, el mismo fue objeto de la primera modificación en cuanto a su alcance -y las otras dos se produjeron al año y medio y a los dos años de su suscripción-, que se amplió de conformidad con las variaciones que sufrió el contrato de obra sobre el cual recaían las obligaciones del interventor, en tanto se acordó por las partes que las labores del contratista se realizarían también en las etapas de diagnóstico, estudios y diseños, y en la de obra adicional, correspondientes a los tramos naranjas y rojos de las calzadas vehiculares mixtas y solo bus de la Troncal Calle 80, así como las obras a realizar en el espacio público. De igual manera, como consecuencia de tales modificaciones, el contrato de interventoría fue objeto de adición en cuanto a su valor, sin que en ninguno de los anteriores acuerdos de voluntad el contratista hubiera hecho manifestación alguna de inconformidad o consignado salvedades en cuanto a su contenido. (...) En este caso, de existir inconformidad del contratista en torno al monto o forma de pago de la remuneración por cuenta de los nuevos trabajos a su cargo, debió manifestarlo así en el acto mismo de suscribir las modificaciones al contrato de interventoría, pues ningún sentido tendría proponer el valor para cada adición, y a la vez sostener que éste resulta insuficiente; tales manifestaciones fundaron los acuerdos de voluntades celebrados, en los que tiene plena expresión el principio de la autonomía de la voluntad y, como el contrato principal, son ley para las partes, por lo que no pueden desconocerse y sólo procede su impugnación por vicios del consentimiento, a menos que, de manera expresa, se hubieran manifestado en el mismo acto de suscripción los motivos de disenso o reserva respecto de su contenido. (...) De no ser así, el principio de la buena fe contractual le imponía al contratista el deber de pronunciarse en el preciso momento de suscribir tales acuerdos de voluntades si quería dejar a salvo su derecho a reclamar con posterioridad por esas inconformidades allí manifestadas, pues lo contrario, es decir demandar judicialmente por las supuestas afectaciones económicas sufridas con ocasión de esas labores adicionales y los valores pagados por ellas, resulta violatorio del referido principio e implica desconocer el contenido de un negocio jurídico obligatorio en el que se regularon los asuntos objeto de la reclamación. (...) Es más, el mismo apelante aduce que las referidas comunicaciones “(…) fueron previas a la suscripción de los adicionales No. 1 y 2” (...), lo cual no hace sino reafirmar la conclusión de que, con la celebración de esos negocios jurídicos en los que el contratista no dejó salvedad alguna en relación con el aspecto económico del contrato, se debía entender superada cualquier inconformidad de su parte y, por lo tanto, resulta inadmisible la reclamación que, fundada en las modificaciones del negocio jurídico, ahora aduce en sede judicial, razón por la cual serán negadas las pretensiones originadas en la mencionada causa.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de las salvedades en las modificaciones contractuales, consultar providencias de 31 de agosto de 2011, Exp. 18080, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 2 de julio de 2015, Exp. 34518, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 8 de noviembre de 2016, Exp. 47336, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 2 de marzo de 2017, Exp. 30776, C.P. Danilo Rojas Betancourth; de 29 de julio de 2015, Exp. 35212, C.P. Olga Valle de De La Hoz; de 27 de enero de 2016, Exp. 53288, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 8 de mayo de 2020, Exp. 64701, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 24 de septiembre de 2021, Exp. 54004, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de 17 de octubre de 2023, Exp. 52501, C.P. María Adriana Marín; y de 27 de julio de 2023, Exp. 39121, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / ERROR DEL PLIEGO DE CONDICIONES / DEBERES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Resulta procedente reconocer el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por sobrecostos del contratista, derivados de una indebida planeación previa a la adjudicación y celebración del contrato de interventoría, así como de irregularidades en la formación del pliego de condiciones?
Respuesta al problema jurídico: No
Se observa que las reclamaciones del demandante, según reiteró en su recurso de apelación, también se fundan en el hecho de que hubo una indebida planeación previa a la adjudicación y celebración del contrato y que el pliego de condiciones fue elaborado con base en la proyección que, tanto para el contrato de obra como para el contrato de interventoría, se había hecho con unos diseños elaborados en el primer semestre de 2004, “como así se estipuló en los estudios y documentos previos, base de la licitación pública No. IDU-LP-DTMV-011-2009” (...). Al respecto, considera la Sala que, de haber sufrido el contratista mayores costos por los conceptos arriba enunciados, los mismos no le son imputables a la entidad demandada ni provinieron de un rompimiento del equilibrio económico del contrato, sino de la propia negligencia del contratista, en el momento de formular su propuesta. (...) Resulta especialmente significativo que de lo que se trataba era de celebrar un contrato de consultoría, en la modalidad de interventoría, en donde lo que prima para todos los efectos son los conocimientos especializados de los proponentes así como su experiencia en la clase de labor a desarrollar, razón por la cual les es exigible la aplicación de toda su experticia al momento de la elaboración y presentación de sus ofertas, teniendo en cuenta para ello la previsión que cabe esperar de quienes se han desempeñado profesionalmente en el área específica a contratar, durante el periodo mínimo de experiencia exigido en el pliego de condiciones. (...) Ahora bien, el demandante reiteró en el recurso de apelación que en el pliego de condiciones existieron disposiciones confusas que indujeron en error a los proponentes en el proceso de negociación, en la etapa de apertura y la revisión de la propuesta económica, ya que no pudieron advertir el alcance real del contrato porque no se les dio a conocer el detalle del presupuesto oficial, y que además el IDU no dio cumplimiento a las etapas previstas al respecto en el artículo 71 del Decreto 2474 de 2008 (...). Sin embargo, la Sala no encontró probado que, durante el proceso de selección, el demandante hubiera efectuado observación o reclamación alguna en torno a esta supuesta omisión que, sin embargo, no impidió que presentara su oferta en los términos en los que lo hizo. (...) Es cierto que en la etapa previa a la celebración del contrato y específicamente en los procesos de selección de los contratistas, surge un deber de planeación a cargo de las entidades estatales, a cuyo cargo está la realización de los estudios previos que dan fundamento al pliego de condiciones que regirá el respectivo procedimiento; por esta razón se ha dicho que, en virtud de la carga de claridad y precisión que les asiste en su elaboración, a ellas les cabe asumir la responsabilidad por las deficiencias que se presenten, por la existencia de disposiciones ambiguas, oscuras o contradictorias, las omisiones en que incurran al redactar el pliego, etc. (...) No obstante, ello no releva a los proponentes de sus propias responsabilidades en dicha etapa precontractual, pues al presentarse a la licitación o concurso y hacer parte de él para presentar oferta, asumen un deber de colaboración que les impone, cuando ello sea necesario, hacer evidentes los defectos, omisiones, incongruencias y demás deficiencias que adviertan en los pliegos que habrán de regir el procedimiento de selección y el futuro contrato, para lo cual se ha contemplado una etapa específica dentro del procedimiento, en la que pueden presentar sus observaciones con miras a obtener las correspondientes aclaraciones y/o modificaciones del pliego a través de adendas. (...) En vista de lo expuesto no resulta de recibo que, sin haber efectuado salvedad alguna en aquella ocasión y habiendo aceptado celebrar el contrato con base en las disposiciones del pliego de condiciones que lo regiría, acuda posteriormente el contratista a elevar reclamaciones surgidas de su contenido (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la carga de claridad y precisión que les asiste a la administración en la elaboración del pliego de condiciones, consultar providencia de 6 de abril de 2006, Exp. 16041, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre la elaboración de la propuesta del proponente, consultar providencia de 7 de mayo de 2021, Exp. 43055, C.P. María Adriana Marín; de 11 de mayo de 2022, Exp. 56449, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2474 DE 2008 - ARTÍCULO 71
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Resulta procedente reconocer el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por sobrecostos asumidos por el contratista, al no considerar en la elaboración de sus pliegos de condiciones, los criterios que se tuvieron en cuenta en la Mesa de Trabajo desarrollada por el IDU?
Respuesta al problema jurídico: No
También adujo el demandante como causa de su afectación económica -que atribuye a un desequilibrio de la ecuación contractual-, que en el proceso de selección, la estimación de costos efectuada por el IDU en su presupuesto no contempló aquellos por los que está reclamando en su demanda, lo que desconoció los criterios que se tuvieron en cuenta en la Mesa de Trabajo IDU empresas de ingeniería en el año 2004, en cuyo informe final se estableció que se incluirían en los contratos de interventoría, argumento que reiteró en su recurso de apelación. (...) Al respecto se observa que, efectivamente, en el año 2004 el IDU convocó una mesa de trabajo para estudiar conjuntamente las propuestas presentadas por las firmas de ingeniería de consultoría y construcción en el foro “Articulación IDU Empresas de Ingeniería” realizado el 26 de abril de ese año, con participación de funcionarios de la entidad, de la Cámara Colombiana de Infraestructura y profesionales en representación de las empresas de ingeniería, compañías aseguradoras y de la Escuela Colombiana de Ingeniería. En dicha mesa de trabajo se estudiaron diferentes asuntos relacionados con la estimación de los presupuestos y plazos de ejecución de los proyectos, el cálculo de los precios unitarios de referencia y del AIU, el contenido de los pliegos de condiciones, las pólizas de garantía, los riesgos, etc. y, en cada caso, se relacionaron las propuestas que se le hicieron a la entidad y los acuerdos sobre algunas medidas que serían adoptadas por el IDU en su contratación (...). A pesar de las conclusiones a las que se pudiera haber llegado en dicha mesa de trabajo sobre las recomendaciones efectuadas por los participantes para ser tenidas en cuenta por el IDU en la elaboración de sus pliegos de condiciones, lo cierto es que ellas no pasaron de ser una enunciación de intenciones jurídicamente no vinculante y carente de fuerza obligatoria para la entidad estatal, en cuanto en sus actuaciones ella sólo está sometida al imperio de la ley. (...) Por ello, estima la Sala que este argumento no puede ser estimado como fundamento de las reclamaciones del demandante, puesto que en virtud de lo dispuesto por el numeral 5º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, las entidades gozan de libertad de configuración de sus pliegos de condiciones dentro de los límites impuestos por la ley, lo que les permite incluir las previsiones y requisitos que consideren necesarios y suficientes para el trámite del respectivo proceso de selección y la celebración del futuro contrato, y a ellos deben atenerse todas las personas interesadas en participar en tales procesos con miras a obtener la adjudicación de los contratos. (...) En las anteriores condiciones, considera la Sala que acertó el a-quo en su decisión de negar las pretensiones y declarar liquidado el contrato y a las partes a paz y salvo por concepto de las prestaciones y contraprestaciones surgidas del Contrato de Interventoría No. 082 de 2009, razón por la cual la sentencia de primera instancia será confirmada.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5
COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / IMPUGNACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / OBJECIÓN A LAS COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN A LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente revocar la condena en costas impuesta en primera instancia, cuando se observa que la denegatoria de las pretensiones fue parcial?
Respuesta al problema jurídico: No
El apelante solicitó que, de no prosperar sus argumentos tendientes a la revocatoria de la sentencia de primera instancia, se revisara la condena en costas que el a-quo profirió en su contra, por considerar que fue desmedido el porcentaje del 3% del valor de las pretensiones a título de agencias en derecho, para cuya imposición no hubo análisis alguno en la sentencia de primera instancia sobre la labor desplegada por la parte demandada que justificara dicha condena ni obran pruebas de los costos en que hubiera incurrido por concepto de su defensa judicial. Además, que en realidad no hubo una parte vencida en el proceso, pues lo que hubo fue una denegatoria parcial de pretensiones ya que en la sentencia se liquidó el contrato como fue pedido, por lo que no habría lugar a condena en costas, por lo que solicitó la revocatoria de la condena a su pago o la disminución del monto. (...) Al respecto se observa que no hay lugar a revocar la condena en costas impuesta en primera instancia, toda vez que en el numeral primero de la sentencia, expresamente se negaron las pretensiones de la demanda, a pesar de que en el numeral tercero se declaró liquidado el contrato; así mismo se advierte que, en realidad, el a-quo no dio razón o sustento alguno para la condena en costas que profirió y el porcentaje de agencias en derecho que estableció; no obstante, teniendo en cuenta que consta la actuación desplegada por la entidad demandada en defensa de sus intereses, mediante la contestación de la demanda, la proposición de excepciones y la presentación de alegatos de conclusión, considera la Sala que no es desmedido el porcentaje establecido (3%), si se tiene en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 3.1.2 del artículo 6 del Acuerdo No. 1887 de 2003, el monto de las agencias en derecho en procesos con cuantía tramitados en primera instancia, es de hasta el 20% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. En consecuencia, no hay lugar a revocar o modificar esta determinación.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente condenar en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de Procedimiento Civil. En este orden de ideas, según lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del C.G.P., la Sala condenará en costas en esta instancia a la parte demandante, por cuanto se resolverá desfavorablemente el recurso de apelación. (...) En consecuencia y con fundamento en el numeral 3.1.3. del artículo 6 del Acuerdo No. 1887 expedido el 26 de junio de 2003 por el Consejo Superior de la Judicatura se fija como agencias en derecho en esta instancia la suma equivalente al 0,5% del valor de las pretensiones denegadas, esto es la suma de $4’746.356,98, a cargo de la sociedad Interpro S.A.S. y a favor del Instituto de Desarrollo Urbano IDU.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365