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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: se acreditó una afectación grave y directa de la ejecución del contrato de concesión suscrito para la prestación del servicio

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Fecha
2023-08-02
Radicado
88001233300020140001201
Número interno
55700
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
BEMOR S.A.S., CLINICA MANIZALES S.A. EN LIQUIDACION
Demandado
DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: se acreditó una afectación grave y directa de la ejecución del contrato de concesión suscrito para la prestación del servicio

Regla de decisión

La circunstancia alegada por la actora la afectación grave y directa de la prestación del servicio de salud, no constituye un presupuesto para declarar o no la caducidad del contrato, de tal suerte que no sirve de fundamento para desvirtuar la legalidad del acto administrativo demandando.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

En el contrato de concesión de servicios de salud, la caducidad por incumplimiento del concesionario procede cuando se acredita una afectación grave y directa de la ejecución del contrato. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el concesionario asumió la prestación, operación y gestión total del servicio público, y estaba obligado a prestar los servicios de conformidad con la normatividad vigente, de modo que su incumplimiento grave compromete el objeto del contrato. Segunda, la afectación de la ejecución debe ser directa y de entidad suficiente para justificar la declaratoria, y no basta una dificultad transitoria. En el caso, la providencia confirma la declaratoria de caducidad porque la ejecución del contrato resultó gravemente afectada por el incumplimiento del concesionario. La providencia resalta que la afectación debe ser directa frente a la ejecución del contrato. En la práctica, la entidad que declare la caducidad debe documentar la afectación grave y directa de la prestación del servicio, pues esa prueba sustenta la decisión.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se acreditó una afectación grave y directa de la ejecución del contrato de concesión suscrito para la prestación del servicio de salud, que diera lugar a la declaratoria de su caducidad por incumplimiento del concesionario?

Respuesta: Si

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

La Unión Temporal Misión Vital asumió la prestación, operación, explotación, organización y gestión total del servicio público de salud en el Hospital Departamental Amor de Patria de San Andrés y en el Hospital Local de Providencia, obligándose en tal sentido a “prestar los servicios de salud de conformidad con la normatividad legal vigente”, por el término de 12 años… .

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRATO DE CONCESIÓN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD DECLARACIÓN DE URGENCIA MANIFIESTA DEPARTAMENTO CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAPRECOM ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL PÚBLICO LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL ENTIDAD TERRITORIAL COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PROCESO DE DOBLE INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA SOCIEDAD ANÓNIMA UNIÓN TEMPORAL MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL CONFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL REPRESENTACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN FINALIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN REQUISITOS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN OBJETO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NORMATIVA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD POR PARTICULARES RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO OCURRENCIA DEL SINIESTRO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO INHABILIDAD SOBREVINIENTE TESTIGO SOSPECHOSO TESTIMONIO SOSPECHOSO DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO COHERENCIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL EFICACIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA PRETENSIONES DE LA DEMANDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN OPORTUNIDAD DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DERECHO DE DEFENSA DEBIDO PROCESO IMPROCEDENCIA DE LA FORMULACIÓN DE NUEVO CARGO DE NULIDAD EN EL RECURSO DE APELACIÓN IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA ALTERACIÓN DEL FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA DEMANDA FUNDAMENTOS DE LA REFORMA DE LA DEMANDA SENTENCIA EXTRAPETITA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FALLO CITRA PETITA FACULTAD INFRA PETITA FALLO EXTRA PETITA FALLO ULTRA PETITA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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Titulación de la relatoría 26.477 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE CONCESIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS / DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD / SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD / RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD / DECLARACIÓN DE URGENCIA MANIFIESTA / DEPARTAMENTO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CAPRECOM / ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL PÚBLICO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Se acreditó una afectación grave y directa de la ejecución del contrato de concesión suscrito para la prestación del servicio de salud, que diera lugar a la declaratoria de su caducidad por incumplimiento del concesionario? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Unión Temporal Misión Vital asumió la prestación, operación, explotación, organización y gestión total del servicio público de salud en el Hospital Departamental Amor de Patria de San Andrés y en el Hospital Local de Providencia, obligándose en tal sentido a “[p]restar los servicios de salud de conformidad con la normatividad legal vigente”, por el término de 12 años (...). Ahora bien, en lo que respecta a la ejecución del contrato, se aprecia que la Unión Temporal Misión Vital presentó dificultades en la operación a su cargo, todo lo cual condujo a que el 15 de abril de 2009, previa aprobación del Departamento, celebrara un contrato de prestación de servicios con Caprecom, en el que esta última entidad se obligó a prestar el servicio de salud otorgado en concesión (...), contrato que, según quedó demostrado, finalizó el 18 de abril de 2010 (...), de tal suerte que a partir de esta fecha la Unión Temporal Misión Vital debía asumir nuevamente la operación del servicio de salud. (…) [L]legado en el momento en el que el concesionario debía reasumir la prestación del servicio de salud otorgado en concesión, manifestó la imposibilidad de ocuparse de la operación, porque no tenía personal contratado (…). Como resultado de lo anterior, y con el fin de conjurar la crisis en la prestación del servicio de salud, se observa que, mediante Decreto (…), el Gobernador declaró la urgencia manifiesta en el Departamento y, en tal sentido, dispuso celebrar directamente los contratos a que hubiera lugar (...). De este modo, el 18 de abril de 2010 el Departamento y Caprecom suscribieron el convenio interadministrativo n.º 1, a través del cual esta última asumió la prestación, administración y operación del Hospital Departamental Amor de Patria de San Andrés y del Hospital Local de Providencia. (…) A partir de lo anterior, en el presente caso resulta claro que la afectación grave y directa del contrato como requisito para declarar su caducidad recayó sobre su ejecución y, por tanto, había lugar a que el Departamento adoptara la medida sancionatoria en contra de la Unión Temporal. A este efecto, cabe señalar que la circunstancia alegada por la actora, esto es, la afectación grave y directa de la prestación del servicio de salud, no constituye un presupuesto para declarar o no la caducidad del contrato, de tal suerte que no sirve de fundamento para desvirtuar la legalidad del acto administrativo demandando. COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ENTIDAD TERRITORIAL / DEPARTAMENTO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA Problema jurídico: ¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si Con fundamento en el artículo 104 del CPACA, se advierte la facultad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del presente asunto, el cual versa sobre la legalidad de actos contractuales, esto es, de las Resoluciones n.º 005404 del 9 de diciembre de 2010 y 006295 del 28 de noviembre de 2011, proferidas por el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cual ostenta la calidad de ente territorial, de donde se desprende claramente su naturaleza pública. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 20 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que negó las pretensiones de la demanda, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la cuantía para el año 2014 supera los 500 SMLMV, que corresponden al medio de control de controversias contractuales, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 152-4 del CPACA, vigentes a la fecha de la presentación de la demanda. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 4 ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CONCESIÓN / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Problema jurídico: ¿El medio de control procedente para controvertir la legalidad del acto contractual que declara la caducidad contrato, es el de controversias contractuales? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con el artículo 141 del CPACA, el medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos proferidos en desarrollo de éste. (…) En el presente caso se estima que el medio de control de controversias contractuales ejercido por la parte actora es adecuado, por cuanto a través de su demanda persigue la declaratoria de nulidad de las Resoluciones (…) proferidas por el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante las cuales se declaró la caducidad del contrato de concesión n.º 342 del 31 de diciembre de 2007, y se solicita su consecuente restablecimiento del derecho. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / SOCIEDAD ANÓNIMA / UNIÓN TEMPORAL / MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL / CONFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL / REPRESENTACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL / REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / ENTIDAD TERRITORIAL / DEPARTAMENTO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿La legitimación en la causa por activa recae sobre las sociedades que integran la unión temporal, por ser las afectadas con la declaratoria de caducidad del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo establecido en el artículo 141 del CPACA, según el cual la legitimación en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato, la Sala concluye que las sociedades Bemor S.A.S. y Clínica Manizales S.A., integrantes de la Unión Temporal Misión Vital, y el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina están legitimadas en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, toda vez que son los extremos de la relación contractual que suscitó la expedición de las Resoluciones (…). NOTA DE RELATORÍA: Sobre la representación de las uniones temporales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013, rad. 19933, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REPRESENTACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL / RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Problema jurídico: ¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales empezó a contar desde la notificación que resolvió los recursos interpuestos contra el acto administrativo que declaró la caducidad del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si Comoquiera que la parte demandante pretende la nulidad de las Resoluciones (…) y su consecuente restablecimiento del derecho, la Sala abordará el examen de caducidad teniendo en cuenta para ello el plazo previsto en el numeral 10 del artículo 136 del CCA, aplicable al caso concreto en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, según el cual en las demandas relativas a contratos el término de caducidad será de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. (…) [E]l derecho de accionar se ejerció en tiempo, esto es, dentro de los dos (2) años contados a partir del día siguiente a la notificación de la Resolución n.º 006295 del 28 de noviembre de 2011, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución n.º 005404 del 9 de diciembre de 2010, teniendo en cuenta: (i) que el acto administrativo fue notificado personalmente al apoderado de la Unión Temporal (...), de manera que el término para demandar empezó a computarse a partir del 30 de noviembre de 2011; (ii) que el 28 de noviembre de 2013, esto es, faltando 2 días para que expirara el plazo preclusivo, se radicó la solicitud de conciliación extrajudicial -que suspende el término de caducidad-, trámite que fue declarado fallido el 5 de febrero de 2014; y (iii) que el 7 de febrero de 2014, fecha en la expiraba el plazo para demandar, la parte actora radicó el líbelo introductorio. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la caducidad del medio de control de controversias contractuales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera en auto del 24 de abril de 2017, rad. 50602, C. P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40 CONTRATO DE CONCESIÓN / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / FINALIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / REQUISITOS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / OBJETO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / NORMATIVA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD POR PARTICULARES / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿El régimen normativo aplicable al contrato de concesión es el contemplado en el Estatuto General de Contratación Estatal? Respuesta al problema jurídico: Si [T]eniendo en cuenta que el contrato de concesión n.º 342 del 31 de diciembre de 2007, en marco del cual se expidieron los actos administrativos contractuales que se cuestionan en la presente demanda, fue suscrito por el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (…). [S]e colige que el régimen aplicable al negocio jurídico es el previsto en la Ley 80 de 1993, sin perjuicio de la remisión al derecho privado prevista en el artículo 13 ibídem, estatuto vigente al tiempo de su celebración, de modo que este será el marco normativo bajo el cual se abordará el análisis de las pretensiones de la demanda. (…) De igual manera, en cuanto a su contenido, es de resaltar que el estatuto general de contratación de la administración pública establece que las estipulaciones contractuales han de ajustarse a las disposiciones legales que correspondan a la naturaleza y la esencia del negocio jurídico de que se trate, pudiendo la partes acordar libremente, en el marco de su autonomía de la voluntad, las cláusulas que consideren convenientes o necesarias y que no contraríen el ordenamiento jurídico. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13 DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INHABILIDAD SOBREVINIENTE Problema jurídico: ¿La Administración Pública puede incluir cláusulas excepcionales en el contrato, que lo faculten para declarar la caducidad del mismo, ante el incumplimiento del objeto contractual por parte del contratista? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 14 de la Ley 80 de 1993, que consagra los medios que pueden utilizar las entidades públicas para el cumplimiento del objeto contractual, prevé las denominadas cláusulas excepcionales de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad, las cuales, en pro del interés general, se encuentran reservadas a la Administración. Al efecto, tal y como lo ha referido esta Subsección, existen tres grupos de contratos que se rigen de forma diferente en cuanto a la estipulación de cláusulas excepcionales: en el primer grupo están los contratos que tienen por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos, los contratos relacionados con el programa de alimentación escolar o la explotación y concesión de bienes del Estado -como ocurre en el presente caso- y los contratos de obra, en los cuales se entienden pactadas dichas cláusulas aun cuando no se hubiesen acordado expresamente (…). Ahora bien, según el artículo 18 ibídem, la caducidad es entendida como aquella estipulación contractual en virtud de la cual, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y que pueda conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo motivado, que debe ser detallado -artículo 24.7 Ley 80 de 1993- y resultante de un procedimiento administrativo en el que se haya garantizado el debido proceso -artículo 86 Ley 1474 de 2011-, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado que se encuentre. Además, la caducidad es constitutiva del siniestro de incumplimiento y cuando se declara no hay lugar a indemnización para el contratista, el cual se hará acreedor de las sanciones e inhabilidades previstas en la ley. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los efectos de la declaratoria de caducidad del contrato administrativo por incumplimiento del contratista, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de octubre de 2013, rad. 24697, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 22 de noviembre de 2021, rad. 45121, C. P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 7 TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL / DEPARTAMENTO / COHERENCIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / EFICACIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL Problema jurídico: ¿Los testimonios sospechosos deben ser valorados por el juez con mayor rigurosidad y en conjunto con las demás pruebas que obren en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala le dará credibilidad al dicho de los testigos y procederá a su valoración, dado que, según se desprende de su relato, ejercieron funciones para la época de los hechos, unos en la Unión Temporal Misión Vital -demandante- y otros en el Departamento -demandado-, y al amparo de aquellas conocieron de primera mano las circunstancias que rodearon la celebración, ejecución y la declaratoria de caducidad del contrato de concesión (…). Además, su dicho contiene un hilo conductor coherente y preciso frente a la ejecución del contrato y las razones que llevaron a declarar su caducidad, aunado a que lo afirmado se acompasa con las restantes pruebas del plenario. Con todo, es menester precisar que, comoquiera que los testimonios referidos provienen de personas que estuvieron vinculadas laboral o contractualmente con la Unión Temporal demandante y con el ente territorial demandado, a juicio de la Sala sus declaraciones resultan sospechosas, por lo cual serán valoradas con la especial severidad que se requiere. Al respecto, vale reiterar que conforme lo ha manifestado esta Corporación, los testimonios que resulten sospechosos no pueden desecharse de plano, sino que deben ser examinados y valorados con mayor rigurosidad, de cara a las demás pruebas que reposen en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias de cada asunto litigioso. DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA Problema jurídico: ¿Para que proceda la declaratoria de caducidad del contrato, debe acreditarse el incumplimiento del contratista, la inexistencia de un incumplimiento de la Administración, la amenaza en la parálisis del contrato y una afectación grave y directa en su ejecución? Respuesta al problema jurídico: Si Tal y como lo ha precisado esta Sección, la legalidad de la declaratoria de caducidad del contrato está sujeta a la concurrencia de los siguientes presupuestos, los cuales, además de ser necesarios para la adopción de la medida, deben estar debidamente motivados en el acto administrativo: (i) el incumplimiento del contratista; (ii) la inexistencia de un incumplimiento determinante por parte de la entidad; (iii) la afectación grave del contrato, es decir, que el incumplimiento del contratista afecte de manera grave y directa su ejecución; (iv) la amenaza de parálisis; y (iv) el previo agotamiento de un procedimiento que garantice el debido proceso y el derecho de defensa . En suma, para que proceda la declaratoria de caducidad del contrato, además del incumplimiento grave del contratista, de la inexistencia de un incumplimiento a cargo de Administración y de la amenaza en la parálisis del contrato, debe existir una afectación grave y directa que repercuta en la ejecución del contrato. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los requisitos de la declaratoria de caducidad del contrato administrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2021, rad. 45121, C. P. María Adriana Marín. MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / OPORTUNIDAD DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / DERECHO DE DEFENSA / DEBIDO PROCESO / IMPROCEDENCIA DE LA FORMULACIÓN DE NUEVO CARGO DE NULIDAD EN EL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA / ALTERACIÓN DEL FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA DEMANDA / FUNDAMENTOS DE LA REFORMA DE LA DEMANDA / SENTENCIA EXTRAPETITA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FALLO CITRA PETITA / FACULTAD INFRA PETITA / FALLO EXTRA PETITA / FALLO ULTRA PETITA Problema jurídico: ¿El juez de segunda instancia puede pronunciarse sobre los nuevos argumentos planteados en el recurso de apelación, que variaron la causa petendi sustentado en el escrito inicial? Respuesta al problema jurídico: No [E]n el recurso de apelación, la recurrente, al hacer referencia a la extemporaneidad de la medida, la inaplicación del procedimiento pactado en el contrato para decretar la caducidad y la violación de los derechos de defensa y el debido proceso, planteó que las Resoluciones (…) adolecen de nulidad, porque la entidad pública, previo a declarar la caducidad del contrato, lo había terminado unilateralmente (…). Como quedó visto, en los supuestos de hecho y de derecho expuestos por la actora para soportar los cargos de nulidad invocados en la demanda, no se hizo referencia alguna a la terminación unilateral del contrato. Este nuevo argumento, a través del cual se pretende la declaratoria de nulidad de los actos administrativos cuestionados, fue traído por la apelante en el recurso de alzada. En este orden, se considera que a través del recurso de apelación la recurrente varió la causa petendi, intentando darle un giro a la argumentación planteada inicialmente en la demanda (…). A este respecto, es menester precisar que excepcionalmente el juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda, siempre que el derecho de defensa del demandado no resulte afectado, no exista una variación de la causa petendi, ni de las pretensiones de la demanda y la acción a la que se adecua no haya caducado. No obstante, en el presente caso la Sala no abordará el estudio de la argumentación planteada por la parte recurrente en la alzada (…). Entrar a pronunciarse sobre esta nueva argumentación comportaría una modificación de la causa petendi, lo que daría lugar a desconocer el principio de congruencia, que impide al juez sorprender a las partes con decisiones que recaigan sobre aspectos que no fueron materia de debate a lo largo del proceso, a excepción de aquellos que deben resolverse de oficio, en garantía del debido proceso y del derecho de defensa y contradicción. Al respecto, es pertinente anotar que de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del CGP, que consagra el principio de congruencia, debe existir consonancia o coherencia correlativa entre la providencia judicial y las pretensiones y los hechos que se aducen en la demanda, así como las excepciones propuestas. De este modo, si se resuelven aspectos no pretendidos en la demanda se estaría dictando un fallo extra petita; si se condena más allá de lo pedido se trataría de una providencia ultra petita; y si no se resuelven todas las pretensiones o las excepciones, la decisión sería infra o citra petita. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el principio de congruencia de la sentencia, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de abril de 2014, rad. 26870, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 18 de diciembre de 2020, rad. 62573, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 18 de diciembre de 2020, rad. 64129, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 18 de diciembre de 2020, rad. 64270, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 19 de noviembre de 2020, rad. 65854, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 27 de noviembre de 2017, rad. 59913, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 5 de marzo de 2020, rad. 64627A, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 1 de marzo de 2006, rad. 15898, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 14 de febrero de 2019, rad. 58894, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas contra la parte demandante al haberse negado el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. (…) Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia a la parte demandante, pues interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la parte demandada no intervino en segunda instancia, de tal manera que aquellas no se entienden causadas. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la condena en costas, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de marzo de 2021, rad. 51034, C. P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1565 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=880012333000201400012011100103