Titulación de la relatoría 29.880 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / ASUNTOS MINEROS / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, sobre asuntos derivados de contratos de concesión mineros?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con base en el artículo 104 del CPACA, pues la Resolución No. VSC001068 del 10 de octubre de 2017, proferida en el marco de la ejecución del contrato de concesión No. JIG-15251 del 6 de abril de 2009, fue dictada por la Agencia Nacional de Minería, en tanto agencia estatal de naturaleza especial . El Consejo de Estado también es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con los artículos 150 del CPACA y 293 de la Ley 685 de 2001, dada la vocación de doble instancia del proceso, considerando que dicha normativa asignó el conocimiento de los asuntos derivados de contratos de concesión mineros en primera instancia a los tribunales administrativos, por lo que ahora corresponde a esta Corporación fungir como juez de segunda instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 293
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ANULACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para solicitar la anulación del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión?
Respuesta al problema jurídico: Si
En virtud de lo previsto en el artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez. Comoquiera que la contienda formulada en el asunto sub judice se refiere a la responsabilidad de la Agencia Nacional de Minería por la expedición de la Resolución No. VSC-001068 del 10 de octubre de 2017, mediante la cual se declaró la caducidad del contrato de concesión No. JIG-15251 del 6 de abril de 2009, el medio de control procedente es el de controversias contractuales, ya que se formularon pretensiones referidas a una decisión dictada con ocasión al iter contractual minero.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la notificación del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión minera?
Respuesta al problema jurídico: Si
El literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA dispuso que, en lo relativo a los contratos, el interesado contaba con 2 años para demandar, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento, al margen de otras reglas especiales sobre la materia. En el caso de estudio se encuentra que la Resolución No. VSC-001068 del 10 de octubre de 2017, mediante la cual se declaró la caducidad del contrato de concesión minera No. JIG-15251 del 6 de abril de 2009, fue dictada mientras el mencionado acuerdo de voluntades se encontraba aún vigente, de ahí que la oportunidad para ejercer el derecho de acción deba contabilizarse a partir del momento en que dicha decisión fue notificada, considerando que aquella funda los motivos de hecho y de derecho de la controversia. Así pues, la Resolución No. VSC-001068 del 10 de octubre de 2017 fue notificada personalmente al actor el 15 de noviembre de 2017, por lo que los 2 años para accionar corrieron entre el 16 de noviembre de 2017 y el 16 de noviembre de 2019 y, como la demanda se radicó el 26 de septiembre de 2019, no cabe duda de que fue presentada en tiempo, sin perjuicio del agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial, que se surtió entre el 9 de abril y el 27 de junio de 2019.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TRÁMITE ADMINISTRATIVO / MORA ADMINISTRATIVA / RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS DENTRO DEL TÉRMINO DE LA LEY / INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO LEGAL / TÉRMINO PERENTORIO / PLAZO PERENTORIO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL / INEXISTENCIA DE IRREGULARIDAD PROCESAL / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA / SANCIÓN DISCIPLINARIA / PROCEDENCIA DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Problema jurídico:
¿La Resolución No. VSC-001068 del 10 de octubre de 2017, proferida por la Agencia Nacional de Minería, adolece de una falta de competencia temporal, por el hecho de que, en su criterio, el término de 10 días para declarar la caducidad en el régimen minero era preclusivo?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala observa que, efectivamente, en el caso de estudio, una vez se requirió al Consejo Comunitario de Paimadó mediante decisión del 8 de abril de 2014 para que ejerciera su debido proceso respecto a la configuración de la causal del literal c) del artículo 112 del Código de Minas, acaecieron más de 3 años y medio hasta que, mediante la Resolución No. VSC-001068 del 10 de octubre de 2017, se declaró la caducidad del contrato, de ahí que la autoridad minera desbordó el plazo de 10 días que tenía para el efecto. Con todo, vale advertir que lo anterior no comporta una irregularidad que vicie el acto administrativo enjuiciado y, por tanto, no se incurre en una falta de competencia al disponer la caducidad del contrato No. JIG-15251 del 6 de abril de 2009 fuera del plazo de ley, por cuanto el marco jurídico minero no proscribe las decisiones administrativas tardías, sino que, en el caso de la caducidad contractual, les otorga una consecuencia distinta que es una sanción de naturaleza disciplinaria contra el funcionario que incurrió en la mora. Ciertamente, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido que no tiene cabida aceptar la mora administrativa como una circunstancia que lleve a la anulación de los actos administrativos, debido a que el legislador instituyó en el procedimiento general del CPACA, aplicable a los asuntos mineros ante los vacíos existentes en dicho régimen, que aunque hubiera operado el silencio administrativo, ello no excusa a la administración de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, o habiendo acudido a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya notificado el auto admisorio de la demanda . En esa línea, la Administración y, dentro de ello la autoridad minera, puede resolver, incluso tardíamente, las distintas solicitudes que se encuentran a su cargo, sin que ello represente un vicio del acto administrativo, sino que puede configurar otras consecuencias jurídicas como por ejemplo la ocurrencia de responsabilidad disciplinaria o la procedencia de una acción de tutela por la mora en resolver. Lo contrario implicaría anular un acto administrativo cuya expedición incluso tardía fue avalada por el ordenamiento jurídico por expedirse fuera del plazo legal, lo que constituiría una contradicción, ya que no tendría sentido que el ordenamiento jurídico conmine a decidir aún con retraso si posteriormente sanciona la decisión en mora con su anulación. Bajo ese panorama, es claro que el término del artículo 288 de la Ley 685 de 2001 es perentorio pues, aunque resulte vencido, la decisión que se tome resulta válida y eficaz, debido a que el legislador no solo no estableció que fenecido se perdería competencia para decidir, sino que dispuso expresamente en la normativa relativa al procedimiento administrativo general que, incluso, es dable resolver tardíamente. A partir de lo expuesto, no cabe duda de que, aunque la Resolución No. VSC001068 del 10 de octubre de 2017 fue expedida tardíamente, en los términos del artículo 288 de la Ley 685 de 2001, ello no tiene la vocación de llevar a la nulidad de ese acto administrativo, pues el legislador no previó ninguna consecuencia que afecte la decisión con ocasión dicha circunstancia -es decir con su expedición tardía-, mas allá de la eventual responsabilidad disciplinaria del servidor público a cargo. En todo caso, la Subsección encuentra que entre 2014 y 2017 la Agencia Nacional de Minería adelantó gestiones relacionadas con la determinación de la configuración de la causal de caducidad del literal c) del artículo 112 del Código de Minas, pues, al margen de que continuó llevando a cabo la revisión de las exigencias del contrato para la explotación, efectuó múltiples inspecciones técnicas del área otorgada en concesión, encontrando que las labores extractivas sin licencia ambiental persistían, de ahí que, en cualquier escenario, la autoridad en cuestión no se mantuvo en silencio el período adicional en que se tardó en resolver el procedimiento administrativo, sino que, por el contrario, dirigió su personal a sustentar debidamente la decisión que posteriormente dictó. En ese orden de ideas, no le asistió razón a la apelante en que se vulneró el debido proceso por resolverse la caducidad del contrato minero de estudio después de los 10 días de ley.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a las consecuencias de la mora administrativa, consultar sentencias de la Corte Constitucional, sentencia T-297 del 7 de abril de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño, reiterada por la sentencia T-693A del 20 de septiembre de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Y Sobre los términos perentorios, consultar sentencia de 12 de abril de 2012, Exp. 25000-23-27-000-2006-01364-01(17497), C.P. Hugo Fernando Bastidas.
FUENTE FORMAL:
LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 112 LITERAL C, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 288
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / LÍMITES DE LA POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / CADUCIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / TÉRMINO CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA EXORBITANTE DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DE LA LEY / INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LA LEY / LEY 658 DE 2001
Problema jurídico:
¿La declaratoria de caducidad constituye el ejercicio de una potestad sancionatoria sujeta al término de caducidad de tres (3) años previsto en la ley, de manera que la facultad de la autoridad minera ya había expirado al momento de expedirse la Resolución No. VSC-001068 de 2017?
Respuesta al problema jurídico: No
Ahora bien, en lo referido al argumento según el cual operó la caducidad de la declaratoria de caducidad del contrato minero, debido a que, a juicio de la parte apelante, dicha facultad constituye una potestad sancionatoria, por lo que se contaba con hasta 3 años para ejercerla y, no obstante, se concretó después de ese período, la Sala considera que, aunque en efecto dicha figura es una auténtica medida sancionatoria, debido a que comporta la terminación del título minero por la desatención de obligaciones y deberes a cargo del concesionario, no se vislumbra que se hubiera hecho ejercicio de esa figura fuera de tiempo. Con todo, el Código de Minas no dispuso un límite temporal para declarar la caducidad del título minero y, aunque se sostuvo párrafos atrás que el CPACA puede ser aplicable supletivamente ante los vacíos de la Ley 685 de 2001, ello solo procede respecto de aquello que sea compatible entre ambas fuentes de derecho, lo que, de entrada, no sucede en el asunto estudiado por la Sala, pues el legislador estableció la cláusula exorbitante en comento para ser utilizada durante todo el plazo del contrato, por lo que, entonces, no se puede entender restringida a un término de 3 años. Ciertamente, el querer del legislador del Código de Minas fue hacer prevalecer la suscripción de contratos mineros bajo un término extenso de hasta 30 años, para que así la actividad extractiva representara un lucro económico significativo para el titular, así como el recaudo de regalías considerables para el Estado. Así, con ello se buscó armonizar los costos que genera la labor minera con el beneficio obtenido. Bajo ese panorama, si se sostuviera que la posibilidad de caducar el contrato minero solo se puede ejercer en un período de hasta 3 años, en los términos del artículo 52 del CPACA , ello implicaría concluir que en el plazo restante del negocio jurídico la autoridad minera no contaría con dicha prerrogativa en su favor, lo que la dejaría atada de manos para hacer prevalecer el orden público en eventos en los cuales el concesionario no ha actuado en forma lineal con la ley por fuera del primer interregno mencionado, por lo que, acoger la tesis del Consejo Comunitario de Paimadó implicaría que, a efectos prácticos, no procedería la cláusula exorbitante de caducidad durante todo el plazo del acuerdo de voluntades. Contrario al escenario anterior, una interpretación sistemática de los artículos 70, 112 y 288 del Código de Minas, atinentes al plazo de los contratos mineros, a la posibilidad de declarar su caducidad, y al procedimiento para el efecto, revela que el querer del legislador fue que dicha prerrogativa pudiera ser ejercida durante todo el plazo de los acuerdos de voluntades en cuestión, para así hacer prevalecer el orden público y el interés general durante todo el iter contractual hasta su finalización. En ese orden de ideas, a la Sala no le cabe duda que la intención del legislador del Código de Minas, al establecer que a través de la declaratoria de caducidad se busca dar por terminados los contratos ante la ocurrencia de diferentes causas -art. 112-, fue la de permitir el ejercicio de dicha exorbitancia para todo el interregno del contrato, por lo que la misma puede ser desplegada durante todo el plazo de ejecución -de hasta 30 años-, constituyéndose dicho período en el marco temporal dentro del cual la administración puede ejercer esta facultad exorbitante . En virtud de lo expuesto, se descarta la posibilidad aplicar el plazo de 3 años para la caducidad de la facultad sancionatoria a que se refiere el CPACA a la potestad de la autoridad minera para declarar la caducidad del título homónimo, por lo que debe analizarse, en su lugar, si esa última prerrogativa fue ejercida por la Agencia Nacional de Minería dentro del plazo del acuerdo de voluntades objeto de la controversia. (...) Las anteriores circunstancias revelan que la actividad extractiva en el área del título No. JIG-15251 ocurrió de forma continuada entre 2014 y hasta, al menos, el 29 de agosto de 2017, lo que justificó que, el 10 de octubre de 2017, la autoridad minera declarara la caducidad del contrato. Así, como todo lo anterior transcurrió mientras se encontraba corriendo el plazo de 30 años del negocio de concesión minera No. JIG-15251, no se evidencia un ejercicio extemporáneo de la figura, sino que, por el contrario, es claro que se hizo efectiva dentro del plazo del acuerdo de voluntades, motivo por el cual corresponde denegar el reproche de apelación estudiado.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la imposibilidad de extender el régimen de la caducidad en materia sancionatoria del CPACA a los asuntos mineros, consultar sentencia de 7 de
diciembre de 2021, Exp. 25000-23-36-000-2017-01826-01(66589), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 52, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 112, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 288, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 70
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / AUTO DE TRASLADO / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUTO DE TRÁMITE / NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE TRÁMITE / IMPROCEDENCIA DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL / NOTIFICACIÓN POR ESTADO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La Resolución No. VSC-001068 del 10 de octubre de 2017, proferida por la Agencia Nacional de Minería, adolece de una infracción del debido proceso, pues, según su opinión, no se le notificó debidamente la decisión que dio inicio al trámite de caducidad del contrato, lo que vició todo el procedimiento en cuestión, por no haberse podido defender en debida forma?
Respuesta al problema jurídico: No
En ese sentido, es del caso mencionar que el legislador instituyó en el artículo 269 del Código de Minas de manera expresa que habrían de notificarse personalmente las decisiones que rechazaran las propuestas para el otorgamiento de derechos mineros o las que resuelvan las oposiciones contra ello, así como las que dispongan la comparecencia o intervención de terceros. Al punto, prescribió que todas las demás decisiones se notificarían por estado. Como se observa, la decisión mediante la cual se corre traslado al titular minero de la configuración de la caducidad no está enlistada dentro de aquellas que se deben notificar personalmente, a lo cual se suma que el artículo 288 de la Ley 685 de 2001 catalogó esa decisión como de trámite, es decir, como una actuación sin efectos jurídicos directos, pues en efecto la norma en cita previó que “La caducidad del contrato, en los casos en que hubiere lugar, será declarada previa resolución de trámite […]”, de lo cual se colige que no es un acto administrativo, lo que refuerza el hecho de que no deba darse a conocer personalmente al destinatario, pues ni siquiera finaliza el procedimiento sancionatorio (énfasis añadido). En cualquier caso, no se evidencia que por el contenido material de la decisión creara, modificara o extinguiera situaciones jurídicas, como para considerarlo un acto administrativo que por su particular condición requiriera una notificación personal, aspecto frente al cual se resalta que el régimen jurídico minero quiso que solo decisiones determinantes como el rechazo de la propuesta se informaran por esa vía a los destinatarios, lo cual evita un exceso formalismo en la notificación de las demás decisiones, máxime si varias de ellas ni siquiera son actos administrativos. En ese orden de ideas, para la Sala es claro que no hay una infracción al debido proceso por la notificación por estado de la decisión del 8 de abril de 2014, en tanto no se previó que debiera ser dada a conocer a su destinatario personalmente, ni se deriva que por su contenido debiera procederse en tal forma, motivo por el cual se desestima el cargo formulado por el Consejo Comunitario de Paimadó.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la distinciones entre aquellas decisiones que en el iter minero son actos administrativos y las que no, consultar sentencia de 28 de octubre de 2024, Exp. 11001-03-26-000-2015-00098-00(54485), C.P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 269, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 288
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EXPLOTACIÓN MINERA SIN TÍTULO / EXPLOTACIÓN MINERA ILEGAL / AUSENCIA DE LICENCIA AMBIENTAL / PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD / ZONA RESTRINGIDA PARA LA EXPLOTACIÓN MINERA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La Resolución No. VSC-001068 del 10 de octubre de 2017, proferida por la Agencia Nacional de Minería, adolece de falsa motivación, al atribuir al Consejo Comunitario de Paimadó actividades extractivas en la etapa de exploración que, según este, fueron realizadas por terceros?
Respuesta al problema jurídico: No
El contexto fáctico recapitulado evidencia que, aunque es cierto que como lo indicó el Consejo Comunitario de Paimadó en su apelación, las labores extractivas en el área del contrato de concesión No. JIG-15251 de 2009 se efectuaron por terceros, también resulta palmario para la Sala, a partir de un análisis sistemático del material probatorio, que dichos actos fueron avalados por el titular minero, no solo a través de los contratos que suscribió con tales sujetos para la explotación, sino también por medio del exhorto que les efectuó, donde se limitó a pedirles que abandonaran el dragado, pero no la explotación de oro. Ciertamente, no tiene cabida el argumento según el cual los contratos suscritos con los terceros que estaban extrayendo los minerales en el área concesionada tenían como único fin la formalización de pequeña minería, pues desde los mismos acuerdos de voluntades se autorizó la explotación inmediata sin siquiera contar con licencia ambiental, aunado a lo cual la actividad de dragado y aspirado de las fuentes hídricas y los suelos alrededor del área concesionada no es coincidente con el régimen de la figura que se invocó en esos acuerdos de voluntades, pues aquella estaba prevista para la minería de pequeña escala, lo que dista de la labor encontrada -y reflejada en los informes de fiscalización-, la cual se efectuó con maquinaria pesada y a gran escala. (...) el Consejo Comunitario de Paimadó asintió la actividad extractiva ilegal que se estaba desempeñando en el área que se le otorgó y, como lo advirtió la Agencia Nacional de Minería en su contestación de la demanda, se abstuvo de utilizar figuras como el amparo administrativo, con el fin de que se suspendiera la ocupación, perturbación o despojo de terceros el área objeto de su título86, aspecto frente al cual es del caso destacar que aunque el Estado tiene la obligación de perseguir y clausurar la minería ilegal, ello no quiere decir que los titulares mineros queden desprovistos del mismo objetivo, pues en virtud de la buena fe les corresponde no solo denunciar, sino utilizar las herramientas que el propio régimen normativo minero les otorga para el mismo objetivo. Aunado a lo anterior, el Consejo Comunitario de Paimadó se abstuvo de colaborar con la autoridad minera para que cesara la actividad extractiva ilegal en el área que se le otorgó, pues se limitó a guardar silencio, en contravía del principio de solidaridad, del cual se predica que los particulares contribuirán activamente a la realización de los objetivos del Estado, lo cual tuvo graves consecuencias en materias ambientales, pues como obra en los informes de fiscalización ya referenciados, la zona donde se efectuó la actividad de explotación resultó erosionada, los árboles talados y el río se convirtió en un espacio de desecho de sedimentos, generando daños ambientales irreversibles al ecosistema chocoano. Por otro lado, aunque en efecto la zona aledaña al área otorgada en concesión había sido objeto de minería ilegal por otros actores, ese simple suceso no avalaba al Consejo Comunitario de Paimadó para que avalara expresamente nuevas labores extractivas sin licencia ambiental, y tampoco la relevaba de denunciar dichas prácticas y de rendirle cuentas a la autoridad minera por dicha circunstancia, de ahí que el proceder de ese titular minero resulte contrario al ordenamiento jurídico y a sus obligaciones contractuales, por lo que le asistió razón a la demandada en declarar la caducidad del contrato No. JIG-15251 de 2009 por esa razón. Finalmente, es necesario poner de presente que la simple suscripción de un título minero bajo el ropaje de la Ley 685 de 2001 no es suficiente para llevar a cabo labores extractivas, debido a que el régimen minero colombiano está pensado sobre la base de la conciliación entre los intereses extractivos y ambientales, por lo que exige deberes como el trámite y aprobación de la licencia ambiental y la realización del plan de trabajos y obras, aspectos sin los cuales el objeto negocial no se puede materializar, so pena de hacerlo a costa de la afectación del ambiente, como sucedió en este caso. En suma, es claro que el Consejo Comunitario de Paimadó asintió la realización de actividades extractivas en el área del título No. JIG-15251 sin contar con licencia ambiental y otras exigencias de ley como la sustracción de la zona de un área protegida, situación que era suficiente para declarar la caducidad del negocio jurídico minero, como en efecto se realizó, de ahí que la resolución impugnada en este asunto no adolezca de falta motivación, en tanto hay una correlación entre los motivos de hecho del acto administrativo y su determinación con efectos jurídicos directos, de ahí que deba desestimarse el tercer cargo de apelación. A partir de lo argumentado durante todo el acápite de caso concreto, la Sala confirmará la sentencia del 19 de agosto de 2021, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por encontrarse que no hay lugar a acceder a ninguno de los cargos de apelación, pues no se desvirtuó la presunción de legalidad de la Resolución No. VSC-001068 del 10 de octubre de 2017 de la Agencia Nacional de Minería y, por ende, no hay lugar a anularla.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a las restricciones a la explotación de los recursos naturales no renovables, consultar sentencia de 3 de agosto de 2020, Exp. 25000-23-36-000-2013-01639-01(58710), C.P. Alberto Montaña Plata.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte demandante por cuanto el recurso de apelación que interpuso, fue resuelto desfavorablemente?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA -adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021- y en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del CGP, procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando “en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia a la demandante, pues interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la demandada no intervino en segunda instancia, de modo que aquellas no se entienden causadas.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la improcedencia de las agencias en derecho, consultar sentencia de 5 de marzo de 2021, Exp. 17001-23-33-000-2012-00176-01(51034), C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47