Titulación de la relatoría 43.752 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO DE COOPERACIÓN / CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO / NULIDAD RELATIVA / NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACUERDO DE VOLUNTADES / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Está acreditada la responsabilidad contractual por incumplimiento del convenio especial de cooperación n.º 00109 por parte de Fendipetróleo de conformidad con los hechos probados?
Respuesta al problema jurídico: No
El SENA adelantó la convocatoria n.º DG-0006 de marzo de 2011, para que las empresas aportantes, los gremios, federaciones gremiales o asociaciones representativas de empresas o trabajadores, o centrales obreras o de trabajadores legalmente constituidas presentaran proyectos de formación especializada y/o actualización tecnológica del recurso humano vinculado a las mismas, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo n.º 0017 de 20091. Fendipetróleo participó en la convocatoria y formuló un proyecto, que tuvo por objeto optimizar los procesos operativos de una estación de servicio, mejorando las competencias, productividad y calificación del personal de una estación de servicio, mediante la formación especializada del recurso humano en la herramienta tecnológica Octopus EDS. Tras evaluar el proyecto formulado por Fendipetróleo, el SENA avaló su cofinanciación y, en tal virtud, el 1º de julio de 2011 las partes celebraron el convenio especial de cooperación n.º 00109, con el fin de ejecutar el proyecto referido. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, Fendipetróleo constituyó con la aseguradora Chubb Seguros Colombia S.A. y a favor del SENA la garantía estipulada en el contrato. En la demanda el SENA afirma, por un lado, que el convenio es nulo, porque el representante legal de Fendipetróleo no fue autorizado por la junta directiva para suscribirlo y, por el otro, que Fendipetróleo incumplió el acuerdo de voluntades, puntualmente su objeto y la obligación de entregar la contrapartida. Con fundamento en lo anterior, solicita como pretensión principal que se declare la nulidad del convenio, que se liquide, que se ordene el reconocimiento de las indemnizaciones y restituciones a que haya lugar y que se ordene el pago de las costas procesales y, subsidiariamente, que se declare la responsabilidad contractual de Fendipetróleo, que se liquide el convenio, que se ordene el pago de la correspondiente indemnización de perjuicios y que se ordene el pago de las costas procesales. (...) se advierte que Fendipetróleo adelantó actividades de capacitación en diferentes unidades temáticas, tales como: formación especializada en Octupus EDS para la operación de venta en las áreas de servicio, formación especializada en Octupus EDS para la operación de venta en isla y formación especializada en Octupus EDS para la auditoría. Además, se observa que en la gran mayoría de los casos los beneficiarios de la capacitación tuvieron a su disposición datáfonos y computadores y que, igualmente, les fue entregada una cartilla y un CD, lo que permite dar cuenta que sí recibieron instrucción en la herramienta tecnológica Octopus EDS, conclusión que se ve reforzada a partir del resultado de las encuestas que les fueron practicadas a 164 beneficiarios, quienes, frene a la pregunta acerca de si fueron capacitados en optimización de la gestión operativa con la herramienta tecnológica Octopus EDS, de forma unísona respondieron que sí (prueba relevante 6.2.1.2.6.). Ahora bien, a pesar de que la interventoría en el informe de incumplimiento presentado al SENA el 29 de diciembre de 2011 -momento para el cual ya había fenecido el plazo de ejecución del contrato - manifestó que Fendipetróleo pretendió hacer valer sus actividades como una capacitación, “cuando en realidad es la información y promoción de un producto a un grupo de personas que se desempeñan como operarios o administrativos de estaciones de servicio, buscando generar interés para su adquisición” (hecho probado 6.2.1.1.24.), lo cierto que el fundamento principal de su consideración partió del argumento según el cual, para que las actividades realizadas por la demandada se pudieran considerar una capacitación propiamente dicha era menester que las estaciones de servicio “contaran” con la herramienta tecnológica Octupus EDS, aspecto que ya fue descartado por esta Sala (F.J. 6.4.2.1.), todo lo cual conduce a desvirtuar lo afirmado por la interventoría sobre este particular. De otro lado, si bien se aprecia que el 15 de septiembre de 2010 Fendipetróleo y Towertech Américas S.A. celebraron un convenio de cooperación con el objeto de buscar alternativas tecnológicas aplicables a las estaciones de servicio para mejorar el incremento de sus ingresos, realizar un control de toda la operación y que se presente un servicio más eficaz y eficiente al público (hecho probado 6.2.1.1.1) y que el 7 de julio de 2011 las mismas partes suscribieron un contrato de prestación de servicios, con el objeto de que esta última, quien desarrolló la herramienta tecnológica Octupus EDS, ejecutara las acciones de formación especializada del proyecto aprobado por el SENA (hecho probado 6.2.1.1.7.), la celebración de estos negocios jurídicos no resulta ser un elemento que por sí solo permita concluir que las actividades desarrolladas por Fendipetróleo, a través de Towertech Américas S.A., en el marco del convenio especial de cooperación n.º 00109 del 1º de julio de 2011 se encaminaron a la promoción y comercialización de la herramienta, máxime cuando los informes de interventoría emanados durante la ejecución del contrato, dan cuenta de que en efecto Fendipetróleo, a través de Towertech S.A., sí ejecutó actividades de capacitación. Lo anterior, parte de la base de recordar que el soporte sobre el que se estructura el régimen contractual es el mutuo consentimiento de las partes que da lugar al nacimiento de obligaciones recíprocas, como expresión de la autonomía de la voluntad y del que emerge la fuerza vinculante del negocio jurídico libremente convenido y el deber de ejecutar lo acordado en los términos pactados.126 El principio enunciado –pacta sunt servanda, garante de la seguridad jurídica, constituye pilar esencial de las relaciones contractuales y encuentra su fundamento en la autonomía privada de la voluntad como fuente primaria de derechos y obligaciones. Tanto es así, que toda la estructura jurídica construida sobre la base del poder de la voluntad para que los sujetos puedan darse sus propias reglas de conducta descansa en la confianza de que se cumplirá aquello que se conviene libre y voluntariamente. En efecto, la fuerza obligatoria del contrato se funda en la voluntad o querer de las partes que intervienen en él, teniendo éstas la facultad de limitar su libertad para asumir un deber de conducta en razón a una determinada causa. En nuestro ordenamiento jurídico, tanto el Código Civil como el Código de Comercio, recogen este principio en los artículos 1602 y artículo 871, respectivamente, según los cuales los contratos válidamente celebrados son ley para los contratantes y no pueden ser invalidados sino por su consentimiento mutuo o por las causas legales. En este orden de ideas, se concluye que la demandante no cumplió con la carga probatoria que impone el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual le compete a la parte probar los hechos que pretende hacer valer, pues, contrario a lo afirmado en la demanda, las pruebas arrimadas al proceso, particularmente los informes de interventoría, no dan cuenta de que Fendipetróleo en lugar de efectuar acciones tendientes a la formación especializada de los trabajadores de las estaciones de servicio en la herramienta tecnológica Octopus EDS hubiera realizado una promoción y comercialización de la misma. En suma, como no se probó que en efecto Fendipetróleo haya incumplido el objeto del convenio, la Sala negará la pretensión y, en tal sentido, revocará la sentencia de primera instancia. (...) [L]a Sala modificará la sentencia del 25 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que: (i) declaró el incumplimiento del convenio especial de cooperación n.º 00109 del 1º de julio de 2011; (ii) condenó a Fendipetróleo, a título de indemnización de perjuicios, al pago de $710.804.713; (iii) declaró judicialmente liquidado el convenio en la suma de $710.804.713 a favor del SENA; (iv) condenó a la aseguradora Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. al pago de la condena, hasta el límite del valor asegurado por el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo; (v) negó las demás pretensiones de la demanda; y (vi) condenó en costas a las demandadas, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, esto es, al constatar: que Fendipetróleo no incumplió el objeto del convenio y que no existen pruebas en el proceso que permitan definir saldos a favor de las partes.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / PROSPERIDAD DE LA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA
Problema jurídico:
¿A pesar de la declaratoria de cumplimiento del convenio especial de cooperación, es procedente la liquidación judicial del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
En las pretensiones subsidiarias de la demanda la parte actora solicitó, entre otros, liquidar judicialmente el convenio, pretensión a la accedió el Tribunal en la sentencia de primera instancia, ordenando en tal sentido el reconocimiento de la suma de $710.804.713 a favor del SENA. Por su parte, en su recurso de apelación Fendipetróleo, inconforme con la decisión, indicó que el SENA debía reconocerle saldos a su favor. Sobre este particular, cabe resaltar que aun cuando el contrato sometido a juicio se rige de modo preferente por el derecho privado, la Sala estima procedente estudiar las pretensiones relativas a su liquidación judicial, pues así lo solicitó la parte actora en su demanda, aspecto que por demás fue controvertido por Fendipetróleo en la apelación. Lo anterior, sobre la base de que, tratándose del medio de control de controversias contractuales, que es el mecanismo idóneo para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, las partes pueden solicitar que se hagan declaraciones y condenas, entre estas, que se declare judicialmente liquidado el contrato. De conformidad con lo establecido en la cláusula quinta del convenio, su valor fue de $1.382.703.300, distribuido así: (i) $1.106.162.240 por el SENA; y (ii) $276.540.663 por Fendipetróleo. Por su parte, en la cláusula sexta se estipuló que el SENA desembolsaría un 50% a título de anticipo, cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y el otro 50% una vez culminadas las acciones de formación y cumplidas las demás obligaciones pactadas en este convenio, previo concepto de la supervisión o la interventoría (hecho probado 6.2.1.1.4.). Al respecto, en el proceso quedó acreditado que el 12 de julio de 2011 el SENA giró a orden de Fendipetróleo la suma de $553.081.320, correspondiente al 50% de la contrapartida que se comprometió a pagar como anticipo (hecho probado 6.2.1.1.8.). Además, se probó que Fendipetróleo, por su parte, giró la suma de $276.540.660 por concepto de gastos de contrapartida (hecho probado 6.2.1.1.9.). Ahora bien, aunque no está probado que el SENA haya girado el restante 50% de la contrapartida, también lo es que en el presente caso no está acreditado que estuviesen dadas las condiciones para que la entidad pagara esta suma de dinero, porque no consta que Fendipetróleo hubiera efectuado y culminado las acciones de formación respecto de todos los beneficiarios del proyecto -1936- (prueba relevante 6.2.1.2.2.). De hecho, si bien reposan 8 informes de interventoría que dan cuenta del desarrollo de capacitaciones en la herramienta Octopus EDS en algunas estaciones de servicio del país (hechos probados 6.2.1.1.11., 6.2.1.1.12., 6.2.1.1.13., 6.2.1.1.14., 6.2.1.1.15., 6.2.1.1.16. , 6.2.1.1.17., y 6.2.1.1.20.), 27 informes de interventoría correspondientes a la evaluación final de ciertas capacitaciones (prueba relevante 6.2.1.2.5.), algunas listas de asistencia a las capacitaciones dictadas en las diferentes unidades temáticas, en las que se pudo constatar que se efectuó la formación especializada a 107 beneficiarios (prueba relevante 6.2.1.2.3.) y encuestas practicadas a 164 beneficiarios (prueba relevante 6.2.1.2.6.), para la Sala estas pruebas por sí solas no son suficientes para demostrar que Fendipetróleo culminó todas las acciones de formación respecto de la totalidad de los beneficiarios, que ascendieron a la suma de 1936 (prueba relevante 6.2.1.2.2.). Como no obra prueba que permita a la Sala definir saldos a favor de alguna de las partes y particularmente que lleven a demostrar que el SENA debía girar a órdenes de Fendipetróleo el restante 50% de la contrapartida, se declarará liquidado el convenio sin saldo a favor de ninguna de ellas. En consecuencia, la Sala modificará la sentencia del 25 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que: (i) declaró el incumplimiento del convenio especial de cooperación n.º 00109 del 1º de julio de 2011; (ii) condenó a Fendipetróleo, a título de indemnización de perjuicios, al pago de $710.804.713; (iii) declaró judicialmente liquidado el convenio en la suma de $710.804.713 a favor del SENA; (iv) condenó a la aseguradora Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. al pago de la condena, hasta el límite del valor asegurado por el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo; (v) negó las demás pretensiones de la demanda; y (vi) condenó en costas a las demandadas, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, esto es, al constatar: que Fendipetróleo no incumplió el objeto del convenio y que no existen pruebas en el proceso que permitan definir saldos a favor de las partes.
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / PROSPERIDAD DE LA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Aun cuando el contrato sometido a juicio se rige de modo preferente por el derecho privado, la Sala se puede pronunciarse sobre la liquidación judicial siempre y cuando haya sido solicitado por las partes en el medio de control de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Sobre este particular, cabe resaltar que aun cuando el contrato sometido a juicio se rige de modo preferente por el derecho privado, la Sala estima procedente estudiar las pretensiones relativas a su liquidación judicial, pues así lo solicitó la parte actora en su demanda, aspecto que por demás fue controvertido por Fendipetróleo en la apelación. Lo anterior, sobre la base de que, tratándose del medio de control de controversias contractuales, que es el mecanismo idóneo para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, las partes pueden solicitar que se hagan declaraciones y condenas, entre estas, que se declare judicialmente liquidado el contrato.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / AUTORIDAD PÚBLICA DEL ORDEN NACIONAL / ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL / SENA / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer del asunto, el cual versa sobre la nulidad -relativa- del convenio especial de cooperación n.º 00109 del 1º de julio de 2011 y su incumplimiento, contrato que fue suscrito por el SENA, entidad que ostenta la calidad de establecimiento público del orden nacional?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en el artículo 104 del CPACA, se advierte la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto, el cual versa sobre la nulidad -relativa- del convenio especial de cooperación n.º 00109 del 1º de julio de 2011 y su incumplimiento, que fue suscrito por el SENA, entidad que ostenta la calidad de establecimiento público del orden nacional de aquellos mencionados por el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, de donde se desprende claramente su naturaleza pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 489 de 1998. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 25 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la cuantía para el año 2012 supera los 500 SMLMV, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 152-5 del CPACA, vigentes a la fecha de la presentación de la demanda.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 68, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2
PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / RESTITUCIONES MUTUAS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente el medio de control para solicitar la nulidad relativa del convenio especial de cooperación; para solicitar el incumplimiento del convenio especial de cooperación y para solicitar la liquidación del convenio, así como las correspondientes restituciones e indemnización de perjuicios?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 141 del CPACA, el medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos proferidos en desarrollo de éste. Así, puede cualquiera de las partes solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras declaraciones y condenas. De igual manera, el Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. En el asunto sub judice se estima que el medio de control de controversias contractuales ejercido por la parte actora es adecuado, por cuanto a través de su demanda persigue que se declare la nulidad -relativa- o el incumplimiento del convenio especial de cooperación n.º 00109 del 1º de julio de 2011, así como su liquidación judicial y la correspondiente restitución e indemnización de perjuicios.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Se debe realizar un cómputo distinto del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales entre las pretensiones principales y las subsidiarias?
Respuesta al problema jurídico: Si
El numeral 10 del artículo 136 del CCA, -que resulta aplicable en el presente caso-, dispone que la acción contractual caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento, para lo cual contempla distintas hipótesis (…) Bajo el anterior contexto normativo, en lo que respecta a las pretensiones principales de la demanda, correspondientes a la nulidad -relativa- del convenio especial de cooperación n.º 00109 del 1º de julio de 2011, la caducidad de la acción se computará a partir de su perfeccionamiento. Por su parte, en cuanto a las pretensiones subsidiarias, atinentes a la declaratoria de incumplimiento del convenio especial de cooperación n.º 00109 del 1º de julio de 2011, el cómputo de la caducidad se efectuará a partir del día siguiente al vencimiento del término estipulado para su liquidación bilateral, pues aunque el derecho común no contempla la liquidación del contrato y, por tanto, en los contratos que se encuentren sujetos al derecho privado aquella no se requiere, en el presente caso las partes, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, acordaron llevar a cabo su liquidación bilateral dentro de los cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación del plazo de ejecución (hecho probado 6.2.1.1.4.), de tal suerte que el plazo convenido para tal efecto deberá tenerse en cuenta en el conteo del término preclusivo. (…) En tal sentido, frente a las pretensiones atientes a la nulidad relativa del convenio especial de cooperación n.º 00109 del 1º de julio de 2011, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, esto es, dentro del plazo de dos (2) contados desde el perfeccionamiento del negocio jurídico, teniendo en cuenta: (i) que el acuerdo de voluntades se perfeccionó el 1º de julio de 2011; (ii) que la conciliación extrajudicial se declaró fallida el 3 de octubre de 2012; y (iii) que la demanda se presentó el 28 de noviembre de 2012. Por otra parte, en lo que guarda relación con las pretensiones subsidiarias de la demanda, concernientes al incumplimiento del convenio especial de cooperación n.º 00109 del 1º de julio de 2011, igualmente se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, esto es, dentro del plazo de dos (2) años contados a partir del vencimiento del tiempo estipulado para liquidar bilateralmente el acuerdo de voluntades, comoquiera que: (i) su plazo de ejecución finalizó el 30 de noviembre de 2011 -clausula cuarta-, de tal suerte que el término para su liquidación bilateral se extendió hasta el 1º de marzo de 2012; (ii) que la conciliación extrajudicial se declaró fallida el 3 de octubre de 2012; y (ii) que la demanda se presentó el 28 de noviembre de 2012.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10
NEGOCIO JURÍDICO / DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / ACUERDO DE VOLUNTADES / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE RESERVA LEGAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Tratándose de negocios jurídicos que se rigen por el derecho privado, las partes no pueden atribuirse la potestad para liquidar unilateralmente el contrato, dado que esta facultad requiere habilitación legal y las normas de derecho privado no prevén dicha posibilidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
Ahora bien, en lo que atañe a la liquidación unilateral, que igualmente fue pactada en el convenio sometido a juicio (hecho probado 6.2.1.1.4.), cabe agregar que, tal y como lo ha manifestado de tiempo atrás esta Subsección, tratándose de negocios jurídicos que se rigen por el derecho privado, como ocurre en el presente caso (F.J. 6.1.), las partes no pueden atribuirse la potestad para liquidar unilateralmente el contrato, dado que esta facultad requiere habilitación legal y las normas de derecho privado no prevén dicha posibilidad. De este modo, aun cuando en el presente caso se hubiese acordado un término para liquidar unilateralmente el acuerdo de voluntades, este no se tendrá en cuenta para efectos de computar la caducidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 20 de febrero de 2017. Rad.: 56562. En esta providencia se indicó que en los contratos estatales que se rigen por el derecho privado,: “(…) los particulares tienen la facultad de reglar sus relaciones jurídicas de manera específica y concreta, de acuerdo con sus intereses negóciales y mediante la inclusión de cláusulas accidentales a las que el ordenamiento le reconoce la categoría de ley entre las partes (…) [d]icha regulación contempla no sólo la definición del objeto del contrato o de las prestaciones a cargo de cada uno de los contratantes, sino también las consecuencias que éstos pueden derivar frente al incumplimiento en la ejecución de tales prestaciones, dentro de las cuales podrían incluirse, como se vio, la terminación unilateral del negocio o la cláusula penal, la multa, la liquidación del contrato, ya sea esta bilateral o unilateral, o a la suscripción de pólizas de cumplimiento que aseguren la debida ejecución contractual (…) [s]in embargo, la Sala debe aclarar que la estipulación de las figuras jurídicas antes enunciadas no se clasifica dentro de las denominadas cláusulas excepcionales, principalmente, en razón a su naturaleza convencional, ya que se originan en la autonomía negocial de las partes y no en la ley, y adicionalmente porque con ellas no se otorga a la administración el ejercicio de un poder exorbitante, por el contrario, su finalidad no es otra que la de regular una relación contractual de carácter civil y comercial, dotándola de mecanismos eficaces para la consecución del interés negocial”.
CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / OBJETO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / OBLIGACIONES DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / NORMATIVA DEL CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN PARA LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA / NATURALEZA JURÍDICA DE CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Régimen jurídico aplicable al convenio especial de cooperación n.º 00109 del 1º de julio de 20, que es un convenio de los que tratan los Decretos Ley 393 de 1991 y 191 de 1991, es el régimen de derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Los convenios especiales de cooperación se encuentran regulados en los Decretos Ley 393 y 591 de 1991, que establecen las formas de asociación para actividades científicas y tecnológicas, y las modalidades de contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas, normas con fuerza material de ley que, por demás, se encuentran vigentes. En tal sentido, al tenor literal del artículo 1º del Decreto Ley 393 de 1991, para adelantar actividades científicas y tecnológicas, y proyectos de investigación y creación de tecnologías, la Nación y sus entidades descentralizadas podrán asociarse con los particulares bajo dos modalidades: (i) mediane la creación y organización de sociedades civiles y comerciales y personas sin ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones; o (ii) mediante la celebración de convenios especiales de cooperación. Ahora bien, en lo que atañe a la celebración de convenios especiales de cooperación, el artículo 6 ibídem establece que la Nación podrá celebrar con otras entidades públicas o con particulares este tipo de negocios jurídicos, a través de los cuales las personas que los suscriban aportarán recursos en dinero o en especie para facilitar, fomentar o desarrollar en común actividades científicas y tecnológicas y proyectos de investigación y creación de tecnologías, sin que den lugar al nacimiento de una nueva persona jurídica. (...) Por su parte, y con el fin de delimitar los propósitos que se querían perseguir con la celebración de este tipo de convenios, el artículo 2 del Decreto Ley 591 de 1993 estableció lo que debe entenderse por actividades científicas y tecnológicas (...) A partir de lo anterior, resulta claro que el régimen de los convenios especiales de cooperación solo es aplicable cuando el objeto del acuerdo de voluntades se encuadre en cualquiera de las actividades arriba mencionadas. Continuando con el estudio de esta tipología contractual, es menester precisar que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7 y 8 del Decreto Ley 393 de 1991, los convenios especiales de cooperación se encuentran sometidos a las siguientes reglas y requisitos: (i) no existe régimen de solidaridad entre las personas que lo celebren, pues cada una responderá por las obligaciones que específicamente asume en virtud del convenio; (ii) debe precisarse la propiedad de todos los resultados que se obtengan y los derechos de las partes sobre los mismos; (iii) deben definirse las obligaciones contractuales que asumen cada una de las partes, especialmente las de orden laboral; (iv) los recursos aportados para la ejecución del convenio podrán manejarse mediante encargo fiduciario o cualquier otro sistema de administración; (v) son negocios jurídicos que se rigen por las normas de derecho privado, salvo lo expresamente regulado en el Estatuto General de Contratación Pública y en las normas especiales en materia de ciencia y tecnología -Decretos 393 y 591 de 1991-; y (vi) deben constar por escrito, razón por la cual contendrán, como mínimo, cláusulas que determinen su objeto, término de duración, mecanismos de administración, sistemas de contabilización, causales de terminación y cesión, sin que se requieran para su celebración y validez requisitos distintos de los propios de la contratación entre particulares, aunque se exige su publicación en el diario oficial, el pago del impuesto de timbre nacional a que haya lugar, y la apropiación y registro presupuestal si implican erogación de recursos públicos. Finalmente, cabe agregar que, en virtud de lo expresamente señalado en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública -parágrafo del numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993-, en este tipo de contratos, es decir en los que tienen por objeto el desarrollo directo de actividades científicas y tecnológicas, no se incorporarán cláusulas excepcionales. Además, la selección del contratista se adelantará mediante la modalidad de contratación directa -literal e, numeral 4, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007-. Bajo el anterior contexto normativo, los convenios especiales de cooperación, por regla general, estarán sujetos al derecho privado, con excepción de los aspectos expresamente regulados en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública y en los Decretos Ley 393 y 591 de 1991. En este orden de ideas, la Sala advierte que el convenio especial de cooperación n.º 00109 del 1º de julio de 2011 celebrado entre el SENA y Fendipetróleo, cuyo objeto consistió en ejecutar el proyecto aprobado en el marco de la convocatoria n.º 006 de 2011, el cual, a su vez, tuvo como propósito optimizar los procesos operativos de una estación de servicios, mejorando las competencias, productividad calificación del personal de una estación de servicio, mediante la formación especializada del recurso humano en la herramienta tecnológica Octopus EDS, en estricto sentido comportó un convenio especial de cooperación de los que tratan los Decretos Ley 393 de 1991 y 191 de 1991, de tal suerte que se rige de modo preferente por el derecho privado.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 24 de enero de 2019. Rad.: 1338-2012 en la que se afirmó que, “es pertinente indicar que los Decretos 393 y 591 de 199133 no pueden tenerse como tácitamente derogados por la Ley 80 pues de haber sido esta la intención del legislador no se hubiere tomado el trabajo de derogar expresamente algunos de los artículos del Decreto 591 de 199134, como tampoco habría reconocido la existencia del régimen especial que les es aplicable al autorizar en su artículo 24, numeral 1.°, letra d), la contratación directa en aquellos casos en que el acuerdo de voluntades está dirigido al desarrollo de actividades científicas o tecnológicas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 191 DE 1991, DECRETO LEY 393 DE 1991, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14
RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO DE APELACIÓN / GENERALIDADES DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / NATURALEZA DEL RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / FACULTADES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo define el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
En su recurso de apelación Fendipetróleo solicitó revocar la sentencia apelada y liquidar el convenio reconociendo a su favor los saldos adeudados por el SENA, frente a lo cual afirmó: que el proyecto presentado se ajustó a las condiciones previstas en la convocatoria, que no incumplió el objeto del convenio, porque desarrolló las actividades de capacitación y porque no era necesario que las estaciones de servicio “contaran” con la herramienta tecnológica Octopus EDS, y que el fallo de primera instancia fue incongruente. Por su parte, Chubb Seguros Colombia S.A. solicitó revocar la sentencia apelada, para lo cual argumentó: que el proyecto presentado por Fendipetróleo cumplió con las exigencias establecidas en la convocatoria, que Fendipetróleo no incumplió el contrato, porque las actividades de capacitación se desarrollaron de acuerdo con lo convenido y porque, además, las partes no acordaron que las estaciones de servicio deberían contar con la herramienta tecnológica Octopus EDS, y que en caso de declararse el incumplimiento del convenio la condena frente a la aseguradora debería limitarse al monto del amparo de cumplimiento y no al de buen manejo y correcta inversión del anticipo. En este sentido, comoquiera que solo las demandadas presentaron recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del CGP., se resolverá el asunto sub-lite únicamente en relación con los reparos expuestos en sus alzadas. Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, cabe resaltar que la Sala Plena de esta Sección, mediante sentencia del 9 de febrero de 2012, unificó su jurisprudencia refiriendo que el mencionado recurso se encuentra sujeto o limitado a los argumentos planteados por el recurrente y que, por tal motivo, toda inconformidad con lo resuelto por el a quo que no se alegue en la alzada, está llamada a excluirse del debate de segunda instancia en virtud del principio dispositivo y de congruencia. (...) En esa misma sentencia de unificación, la Sala Plena reiteró que mediante el recurso de apelación se garantiza el derecho de impugnación contra una decisión judicial, y por ende es obligación del recurrente controvertir los argumentos del juez de primera instancia con sus propias consideraciones, en aras de solicitarle al superior que decida sobre el asunto que presenta ante la segunda instancia. Así las cosas, en el presente caso la Sala entrará a pronunciarse únicamente respecto de los cargos y reparos que fueron objeto de apelación por las demandadas, particularmente acerca de las pretensiones subsidiarias de la demanda, relativas al incumplimiento del objeto del convenio especial de cooperación n.º 00109 del 1º de julio de 2011 y su liquidación judicial. En lo que respecta al incumplimiento del acuerdo de voluntades por el no pago de la contrapartida a cargo de Fendipetróleo, es menester señalar que en los recursos de alzada no se formuló ningún reparo y, por tanto, este aspecto será objeto de pronunciamiento alguno. Finalmente, en lo que corresponde a las pretensiones principales de la demanda, es decir, aquellas concernientes a la nulidad -relativa- del convenio, tampoco habrá de pronunciarse en esta instancia, porque en los recursos de apelación no se discrepó lo decidido por el Tribunal sobre este particular, sumado al hecho de que el SENA no apeló la sentencia. Bajo esta óptica y de cara a los cargos que serán objeto de decisión en esta instancia, se establecerán cuáles son los hechos probados en el proceso. De igual manera, se relacionarán las pruebas adicionales relevantes para resolver el caso sub judice.
NOTA DE RELATORÍA:
La aplicación del Código General del Proceso en el caso concreto se fundamenta en lo resuelto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en auto del 5 de junio de 2014, mediante el cual se unificó la jurisprudencia para señalar que el Código General del Proceso en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo entró a regir a partir del 1º de enero de 2014 y que “en los eventos de remisión al Código de Procedimiento Civil, se entenderá que las normas aplicables serán las dispuestas en la nueva legislación procesal”, sin perjuicio del régimen de transición previsto en el artículo 624 del Código General del Proceso, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887. Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 25 de junio de 2014. Rad.:49299. Por otro lado en Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012, Rad.: 21060. “En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro –y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su Jurisprudencia– que por regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’. En relación con que el recurso de apelación se encuentra sujeto o limitado a los argumentos planteados por el recurrente, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012, Rad.: 21060.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a la condena en costas, a saber: “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. […] 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia a la parte demandante, por concepto de agencias en derecho, pues los recursos de apelación interpuestos por las demandadas le fueron resueltos de forma desfavorable, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. Al efecto, de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 366 ibídem, en concordancia con el artículo 6 del Acuerdo No. 1887 del 26 de junio 2003, “por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”, vigente para el momento de la presentación de la demanda, según el cual tratándose de procesos que se surten en segunda instancia ante lo contencioso administrativo la tarifa de agencias en derecho será de hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia, la Sala fija las agencias en derecho en esta instancia en el 0.5% de $600.000.000, que corresponden a la suma de $3.000.000 y que se consideran causadas y comprobadas en razón de la naturaleza, calidad y cuantía del proceso, así como también de la actuación desplegada por la parte vencedora.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365