Titulación de la relatoría 29.786 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CONCESIÓN DE TELEVISIÓN / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / MODIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA / APLICACIÓN DE LA NORMA / NORMATIVA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La resolución expedida por la CNTV que fijó el valor de la prórroga del contrato de concesión de televisión, se fundó en normas vigentes al momento de su expedición, basándose en los informes de su consultor y asegurando una rentabilidad razonable para el concesionario mediante la metodología de flujo descontado, sin que se evidencie un desequilibrio económico del contrato a partir de dicha decisión?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]os documentos que obran en el expediente evidencian que la CNTV, basándose en los informes de su consultor, aplicó los criterios establecidos en la Ley 182 de 1995 para determinar el valor de la prórroga. El hecho de que las estimaciones sobre ingresos, costos e inversiones no coincidieran exactamente con los análisis del actor o con la propia realidad, antes o después de la expedición de los actos demandados, no desvirtúa la aplicación de dichos criterios, ni exhibe en tales actos una irregularidad con la aptitud de viciarlos de ilegalidad. En contraste con la conclusión anterior, no existe en el expediente prueba de que la CNTV hubiera incurrido en un error de hecho al aplicar los criterios establecidos en la Ley 182 de 1995. En efecto, la parte actora no pidió ni aportó dictamen pericial o alguna otra prueba técnica que permitiera denotar que los defectos señalados en el recurso de apelación tienen algún tipo de fundamento real. Además, se reitera que la parte demandante pudo haberlos alegado debidamente ante la CNTV al momento de darse a conocer preliminarmente el informe 4, no obstante, sin justificación alguna y en detrimento de su propio interés, omitió hacerlo, no siendo esta una instancia para subsanar tal circunstancia, ni hay prueba de que tales análisis y valoraciones hubieran configurado una fuente de desequilibrio económico del contrato.
FUENTE FORMAL:
LEY 182 DE 1995
CONTRATO DE CONCESIÓN DE TELEVISIÓN / OTORGAMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / REQUISITOS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN / CONCESIONARIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN / OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO / EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN / PAGO DEL CANON INICIAL DE CONCESIÓN / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN / PAGO DE COMPENSACIONES / PAGO DE LA COMPENSACIÓN / FACULTADES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN / ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL / FACULTAD DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN PARA EXPEDIR ACTOS ADMINISTRATIVOS / TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / FACULTAD DE INTERVENCIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO / PROTECCIÓN DEL MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS / USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS / PRINCIPIO DE CONFIANZA / REGULACIÓN DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
Problema jurídico:
¿Es deber de los concesionarios del servicio nacional de televisión pagar un valor como contraprestación por el otorgamiento de la concesión, en la forma que determine la Junta Directiva de la Comisión como entidad encargada de la inspección, vigilancia, seguimiento y control de la prestación de dicho servicio público?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l concesionario estaba obligado al pago del valor por la concesión y al de la compensación acorde a lo establecido en el negocio jurídico; también se comprometió frente a la prestación al servicio público concesionado, a acatar las órdenes que durante el desarrollo de contrato le impartiera la Comisión (…). La CNTV se obligó a adelantar las actividades de inspección, vigilancia, seguimiento y control para una adecuada prestación del citado servicio público, de acuerdo con el régimen legal aplicable al objeto concesionado, al ser la entidad encargada de regular, intervenir, gestionar y controlar el uso del espectro electromagnético para la prestación de dicho servicio. La Ley 182 de 1995, que sentó las bases legales para el desarrollo y regulación de este servicio público, puso en cabeza de la CNTV y de su Junta Directiva (…). En estos términos, la Comisión profirió el Acuerdo 010 del 24 de noviembre de 2006, en cuyos artículos 22 y 23 reiteró el deber de los concesionarios de este servicio de pagar un valor como contraprestación por el otorgamiento de la concesión “en la forma que determine la Junta Directiva de la Comisión”. (…) A su vez, en el artículo 37 ib., dispuso que el valor de la prórroga y su forma de pago serían definidos por la Junta Directiva de la CNTV, debiendo atender los criterios establecidos en el literal g) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995. Las mismas condiciones aplicaban para la solicitud de prórroga anticipada (art. 38). (…). [L]a reiteración de la forma en que se haría la definición del valor y forma de pago de las prórrogas fue el reflejo de las atribuciones legales y reglamentarias atinentes a la prestación de este servicio público (…). Lo anterior explica la dinámica y evolución que han representado los retos en materia de servicios asociados a las tecnologías de la información, como el de la televisión, y su necesario relacionamiento con el uso y regulación del espectro electromagnético sujeto a gestión y control del Estado; variables que permitían definir el valor de los derechos, tasas y tarifas aplicables a este tipo de concesiones en un contexto que necesariamente debía reconocer las realidades de este mercado específico, y justificaba que el legislador hubiese sujetado tal determinación a la verificación de ciertos criterios, para ser llenados de contenido (…).
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 010 DE 2006 - ARTÍCULO 22, ACUERDO 010 DE 2006 - ARTÍCULO 23, LEY 182 DE 1995 - ARTÍCULO 38, LEY 182 DE 1995 - ARTÍCULO 5 LITERAL G
ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ACTO CONTRACTUAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CONCESIÓN DE TELEVISIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONSENSUAL / CONTRATO CONSENSUAL / CONCERTACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / MUTUO CONSENTIMIENTO / CONCESIONARIO
Problema jurídico:
¿Los actos mediante los cuales la CNTV fijó el valor de la prórroga pertenecen a la clase de los actos administrativos consensuales, toda vez que, en su proceso de formación medió un acuerdo previo entre la administración y el concesionario, a pesar de que al momento de su expedición solo aparece la manifestación unilateral de voluntad de la administración?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Resolución 2012-380-000401-4 del 23 de marzo de 2012 y la Resolución 022 de 2012, que la confirmó, constituyen actos administrativos contractuales. Esta conclusión se apoya en cuatro razones: De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, estas resoluciones se expidieron “con motivo u ocasión de la actividad contractual”. Si el contrato de concesión 204 de 1999 no estuviera en ejecución, no habría existido “motivo u ocasión” para que la CNTV emitiera este acto de carácter particular y concreto, que impuso obligaciones dinerarias al concesionario. El objeto de estas resoluciones consistió en fijar el valor que el concesionario debía pagar por la prórroga de dicho negocio jurídico. En otras palabras, el objeto del acto administrativo era definir uno de los elementos del contrato durante la prórroga: el precio a pagar como contraprestación por el otorgamiento de un plazo adicional para explotar el servicio concesionado. El objeto de la obligación impuesta al concesionario era el pago de un precio por la prórroga de la concesión, no una tasa u otro tipo de tributo. (…) Finalmente, se precisa que la prerrogativa de fijar los valores remuneratorios de la concesión (explotación de un bien del Estado y derecho a prestar un servicio), no tiene un origen convencional sino legal, al margen de que la entidad concedente y el concesionario acuerden una metodología en la que con la participación del concesionario se llegue a la fijación de un valor, caso en el cual, esta determinación proviene de una competencia legal que le imprime al acto la connotación de administrativo apto para obligar al concesionario y proyectarse como elemento propio del débito obligacional del contrato. (…) [L]os actos mediante los cuales la CNTV fijó el valor de la prórroga pertenecen a la clase de los actos administrativos consensuales. (…) En este contexto, el procedimiento y los sujetos del acto adquieren especial relevancia, ya que es fundamental que en el procedimiento administrativo se surta la etapa de concertación como fase ineludible para la expedición del acto. (…) La resolución mediante la cual la CNTV fijó el valor de la prórroga es un acto administrativo expedido en virtud de sus competencias legales, pero derivado de un procedimiento consensual establecido en los otrosíes 7 y 8 al contrato de concesión. Si el concesionario no hubiera expresado su consentimiento en ese procedimiento, la CNTV no habría expedido el acto que fijó el valor de la prórroga de la concesión, pues el contrato estaba llamado a resolverse, tal como fue convenido al definir los efectos de cada una de las hipótesis que, respecto de tal manifestación de voluntad, se podían presentar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los actos administrativos consensuales en la contratación estatal, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de abril de 2021, rad. 44248, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 17 de junio de 2024, rad. 65472, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 31 de mayo de 2016, rad. 47030, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 4 de julio de 2002, rad. 19333, C. P. Germán Rodríguez Villamizar. Sección Primera, sentencia de 7 de abril de 2014. rad. 11001-03-24-000-2013-00055-00, C. P. Guillermo Vargas Ayala. Corte Constitucional, sentencia SU 077 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77
PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / ACTO ADMINISTRATIVO CONSENSUAL / CONTRATO DE CONCESIÓN DE TELEVISIÓN / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / CONCERTACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / MUTUO CONSENTIMIENTO / INTERÉS DIRECTO / OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO / PRINCIPIO DE COHERENCIA / INTERÉS JURÍDICO PARA RECURRIR / INEXISTENCIA DEL VICIO DE NULIDAD ALEGADO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La aceptación expresa del valor de la prórroga por parte del concesionario en la etapa contractual, hace improcedente la configuración de un vicio invalidante por tratarse de un acto propio de naturaleza consensual?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala constata que el concesionario, como destinatario del acto administrativo consensual, no actuó de buena fe. Una premisa jurídica fundamental es que una persona no puede pretender el reconocimiento de un bien jurídico a partir de su conducta reprochable. Este principio forma parte del ordenamiento jurídico y es compatible con los postulados de la Constitución Política (...). A no dudar, la conducta del concesionario es jurídicamente reprochable, porque pretende la nulidad del acto del que derivó un derecho contractual pero reclamando sus beneficios. Aceptar el valor de la prórroga fijado por la CNTV en el marco del procedimiento contractual y hacerse a la firmeza de la prórroga con los beneficios que de ello se deriva, enervando la condición resolutoria por falta de acuerdo sobre el valor a remunerar por la concesión, y luego impugnar la legalidad del acto administrativo -que se fundó en su consentimiento- basándose en argumentos discutidos previamente con la entidad, constituye una afrenta al deber de obrar conforme lo imponen los cánones de la buena fe. (…) Y qué decir de la inexistencia de interés para recurrir el acto administrativo que determinó el valor de la prórroga, pues no podrá pasarse por alto, como atrás quedo indicado, que éste tuvo lugar ante la manifestación de aceptación realizada por el concesionario de estar conforme con tal valor, lo que hace notoria la carencia de interés para impugnar, justamente, en tanto en tal acto confluyó el proceso de formación de las voluntades bajo los parámetros normativos y convencionales acordados. (…) [E]l actor no actuó de acuerdo principio de buena fe, axioma que entre sus diversos matices reprocha que una persona pueda sacar provecho de su propia culpa (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Esta conclusión es apta no solo para negar declaraciones de indemnización, reparación o restitución por incumplimiento, desequilibrio, o por la vulneración de la bilateralidad que echa de menos el demandante, sino que también se impone para proyectar sus consecuencias frente al control de la legalidad de los actos administrativos emitidos por la CNTV que, como quedó visto, se acompasaron al ordenamiento jurídico, incluido su marco regulatorio, y al procedimiento convencional indicado en los otrosíes 7 y 8 del contrato de concesión.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el deber de respeto por los actos propios y el principio de buena fe contractual, ver: Corte Constitucional, sentencia C 207 de 2019; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 5 de agosto de 2014, rad. SC10326-2014.
IMPROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE NULIDAD / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / DERECHOS SUBJETIVOS DE LA PERSONA / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / MUTUO CONSENTIMIENTO / ACTO ADMINISTRATIVO ILÍCITO / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El restablecimiento del derecho es improcedente, incluso si se configura un vicio invalidante de la decisión administrativa consensual, cuando quien reprocha la ilicitud tiene conocimiento de ella desde la expedición del acto?
Respuesta al problema jurídico: Si
El derecho positivo nacional no regula de forma expresa el supuesto en que el destinatario de un acto administrativo consensual discute con la Administración los elementos del acto antes de su proferimiento y consiente su expedición, para luego pedir su nulidad y el restablecimiento de un derecho subjetivo. Este supuesto fáctico es sustancialmente análogo al que regula el artículo 1525 del Código Civil, que establece: “No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas”. Esta Corporación ha sostenido que bajo esta disposición - aplicable a los contratos del Estado- quien pide la nulidad de un negocio jurídico por objeto o causa ilícito, a sabiendas de tal ilicitud, no tiene derecho a pedir las restituciones mutuas que normalmente procederían. Aplicando esta ratio al caso, se concluye que quien acepta la expedición de un acto administrativo consensual, a sabiendas de su ilicitud, puede discutir su validez, pero no puede repetir lo pagado por su emisión ni solicitar el restablecimiento de un derecho subjetivo. Ubicados en esta última solución -la improcedencia del restablecimiento del derecho, incluso si se configurara un vicio invalidante, que no es el caso-, se abriría paso el estudio de la legalidad del acto para luego negar el restablecimiento y la reparación de perjuicios.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la improcedencia de restituciones mutuas cuando se tiene conocimiento de la ilicitud del acto administrativo demandado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de junio de 2013, rad. 26637, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1525
RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CONCESIÓN DE TELEVISIÓN / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO / CONDICIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO ESTATAL / RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO
Problema jurídico:
¿Los contratos de concesión, incluidos los de televisión por suscripción, se ejecutan por cuenta y riesgo del concesionario?
Respuesta al problema jurídico: Si
El planteamiento del apelante sobre el comportamiento esperado del mercado de televisión desconoce el esquema de asignación de riesgos inherente al contrato de concesión. Los contratos de concesión, incluidos los de televisión por suscripción, se ejecutan por cuenta y riesgo del concesionario. El derecho a explotar un servicio de titularidad estatal implica la transferencia al concesionario de un riesgo económico, operativo, técnico y comercial, lo que supone la posibilidad, entre otras, de que en condiciones normales de funcionamiento no recupere las inversiones realizadas ni cubra los costos asumidos para su explotación. La cláusula sexta del otrosí 7 al contrato de concesión refleja este entendimiento, ya que en ella se estableció que el riesgo comercial sería asumido por el concesionario. En consecuencia, el concesionario debía soportar los efectos, ya fueran positivos o negativos, de que las estimaciones de la CNTV -conocidas y discutidas por el concesionario antes de la expedición de las resoluciones demandadas- no coincidieran exactamente con la realidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los riesgos del contrato de concesión, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010, rad. 14390, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
EXPEDICIÓN EXTEMPORÁNEA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / MOCIÓN DE OBSERVACIONES / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La fijación del valor de la prórroga fue extemporánea y dio lugar a un desequilibrio financiero del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala encuentra infundado el reproche por extemporaneidad de la determinación del valor de la prórroga, en la medida que el 1 de febrero de 2012 fue expedida la Resolución 2012-380-000123-4, momento a partir del cual se daba curso al procedimiento de observaciones y a la aceptación o no de los valores señalados por la Comisión. Por demás, la parte actora pide analizar si la tardanza en la fijación del valor de la prórroga causó el desequilibrio económico del contrato, porque no hubo descuento sobre el valor del retroactivo que se debía a la entidad por este hecho. Este argumento es descartado por la Sala, pues como acaba de explicarse, al no haberse fijado dicho monto fuera del término pactado y habiendo sido asumidos los riesgos que sobre el particular pudieran generarse por la operación y explotación de la actividad, el concesionario (cláusula sexta del otrosí 7), no hay prueba de que se haya generado la ruptura aducida, por causas improbables o imposibles de prever.
INAPLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL / FALTA DE SIMILITUD FÁCTICA DEL PRECEDENTE JUDICIAL / FALTA DE SIMILITUD JURÍDICA DEL PRECEDENTE JUDICIAL / AUTO / PRONUNCIAMIENTOS DEL CONSEJO DE ESTADO / NORMATIVA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / ACTO JURÍDICO UNILATERAL / RATIO DECIDENDI / CLÁUSULA EXORBITANTE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿A pesar de que el auto del 3 de diciembre de 2008, rad. 35853, no constituye un precedente judicial aplicable al asunto en estudio, la sentencia emitida dentro del mismo proceso sirve como línea de coherencia en el entendimiento de los procesos de negociación de las prórrogas del servicio de televisión por suscripción?
Respuesta al problema jurídico: Si
La demandante aseguró que los argumentos contenidos en el auto del 3 de diciembre de 2008 proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, eran aplicables al caso concreto, por versar acerca de las consecuencias adversas de la aplicación de la normatividad dictada por la CNTV que impidió a los operadores de canales de televisión abierta negociar sobre el valor de la prórroga de la respectiva concesión. (…) La Sala considera que tampoco tiene vocación de prosperidad este cargo. En ese proceso se negó la nulidad de la norma demandada, los argumentos expuestos en dicho auto fueron descartados y por ende, ni por su naturaleza ni por la función cautelar que proyectó, se constituye en un precedente aplicable a favor del accionante. Sin perjuicio de que para el presente caso, y contrario al argumento del actor, tal providencia sirve como línea de coherencia en el entendimiento de los procesos convencionales de negociación de las prórrogas del servicio de televisión por suscripción, lo que respalda la ratio de esta decisión. En efecto, revisado dicho expediente, se constató que mediante sentencia del 20 de octubre de 2014, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, negó la pretensión de nulidad del artículo 5 del Acuerdo 03 de 2008 expedido por la CNTV, presentada por Caracol Televisión S.A. y sustentada en tres cargos: i) creación de una potestad exorbitante a favor de la entidad, violándose la reserva de ley, ii) vulneración al principio de la autonomía de la voluntad, al haberse suscrito entre las partes un contrato de concesión donde se pactó que la prórroga quedaba sujeta a un acuerdo posterior, y iii) violación al artículo 68 de Ley 80 de 1993.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los procesos convencionales de negociación de las prórrogas del servicio de televisión, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, rad. 35853, C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 03 DE 2008 - ARTÍCULO 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 68
LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE CONCESIÓN DE TELEVISIÓN / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / VALOR VARIABLE / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE TELEVISIÓN / PAGO DE LA TASA / PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN / GASTOS DIFERIDOS / FACULTAD REGLAMENTARIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN / RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS / ACTO ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La CNTV estaba legalmente habilitada para fijar el valor de la prórroga combinando un componente fijo y un componente variable, y al tratarse de una suma indeterminada pero determinable, había que esperar el reporte mensual sobre el número de suscriptores que tuviera el concesionario durante la prórroga para establecer la cuantía de la obligación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l literal g) del artículo 5º de dicha ley señala que “al establecerse una tasa o contribución por la adjudicación de la concesión, el valor de la misma será diferido en un plazo de dos (2) años” (...). El sentido de la ley es claro y por ello no se puede desatender su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. El mandato de diferir el pago por un plazo de dos años se refiere al realizado en razón de la “adjudicación de la concesión” que, por disposición del artículo 42 de la Ley 182 de 1995, siempre debe realizarse mediante licitación pública. Esta regla no se aplica a la prórroga de la concesión, que no es fruto de un acto administrativo que finalice un procedimiento administrativo de selección, sino de un acuerdo de voluntades de las partes del contrato. En segundo lugar, si se admitiera una extensión del campo de aplicación de la norma para incluir la prórroga de la concesión, tampoco se configuraría una violación de la Ley 182 de 1995. El artículo 5º, literal g, de esta ley, tantas veces citado, otorgó a la CNTV la facultad de fijar cualquier contraprestación que deba pagar el concesionario conforme a los criterios establecidos en ella. Estos criterios no exigen que las contraprestaciones sean sumas fijas, ni prohíben el uso de fórmulas variables, como la que se basa en el número de suscriptores del servicio. En este caso, la decisión de la CNTV de introducir un componente variable tuvo como objetivo mitigar el riesgo comercial que enfrentaban los operadores, debido a la liberalización del mercado de televisión. Por tanto, lejos de contravenir los mandatos de la Ley 182 de 1995, esta medida consideró el criterio de recuperación de costos ajustado a la “audiencia potencial del servicio”. (...) De acuerdo con lo anterior, las pretensiones de nulidad de las Resoluciones 2012-380-000401-4 del 23 de marzo de 2012 y 022 de 2012 serán negadas, así como también aquellas relativas a declarar la transgresión de la entidad pública respecto del contrato o de sus funciones administrativas, no sólo porque a la actora no le asiste un interés jurídico que legítimamente pueda elevar en contra de ellas – en razón a que está acreditado que asintió sobre el procedimiento de fijación de prórroga e incluso pudo prever que la entidad tenía la potestad de fijar su valor, pues así se dispuso desde los pliegos de condiciones y el contrato mismo–, sino que, además, no está acreditado que transgredieron las normas en que debían fundarse.
FUENTE FORMAL:
LEY 182 DE 1995 - ARTÍCULO 42, LEY 182 DE 1995 - ARTÍCULO 5 LITERAL G
TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN / TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN / TARIFA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS / FIJACIÓN DE LA TARIFA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS / PAGO DE LA COMPENSACIÓN / OPERADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN / OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO / OTROSÍ AL CONTRATO / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD
Problema jurídico:
¿El equilibrio económico del contrato de concesión se alteró por la expedición de un acto administrativo de carácter general expedido por la CNTV?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Resolución 045 de 2012 (…) estableció una tarifa mes por suscriptor para efectos del pago de la compensación en los términos del literal g) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995. (…) [E]n el otrosí 7 y 8 expresamente el concesionario aceptó que se sometería al valor y forma de pago de la prórroga que dispusiera la Junta Directiva de la CNTV, acorde a lo dispuesto entre otros, en los Acuerdos 010 de 1006, 03 de 2005 y 05 de 2011. (…) Bajo este panorama, la Sala considera que no procede el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de concesión 204 de 1999, el cual fue modificado tras la suscripción de los otrosíes 7 y 8. En primer lugar, el demandante no probó cuál era la ecuación económica resultante de la celebración del otrosí 7 al contrato de concesión ni de qué manera se vio alterada durante su ejecución. Como ha señalado la Sala, cualquiera que sea la causa de la ruptura del equilibrio económico, debe realizarse un análisis integral del contrato y no sólo del ítem, hecho o actividad que se alega como causa del desequilibrio. Por tanto, es necesario demostrar la alteración comparando de forma integral (i) las circunstancias consideradas al momento de su celebración -el equilibrio entre derechos y obligaciones, ingresos y egresos, ventajas y sacrificios- y (ii) las condiciones reales de ejecución del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el hecho del príncipe y la ruptura del equilibrio económico del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de octubre de 2017, rad. 53875, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 8 de febrero de 2012, rad. 20344, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
LEY 182 DE 1995 - ARTÍCULO 5 LITERAL G
CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 361 ibidem prevé que las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la controversia. El pleito de la referencia corresponde a una controversia contractual que implicó que la parte demandada vencedora (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia) tuviera que designar y sufragar abogados que ejercieran la defensa judicial de sus intereses, expensas que se generan por la sola vigilancia del proceso, motivo por el cual la Sala fijará las agencias en derecho en la suma equivalente al cero punto dos por ciento (0.2%) del valor de las pretensiones negadas, esto es, la suma de treinta y ocho millones doscientos treinta mil quinientos veinte pesos ($38´230.520), en favor de la entidad demandada.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 361