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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la competencia del Juez de segunda instancia se limita a lo estipulado y sustentado en el recurso de apelación

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Fecha
2023-08-22
Radicado
25000233600020160010801
Número interno
60976
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
LUIS CARLOS YARA ALARCON
Demandado
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la competencia del Juez de segunda instancia se limita a lo estipulado y sustentado en el recurso de apelación

Lo que dijo la Sala

La competencia funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el escrito de sustentación de su impugnación, de manera que la competencia y el margen de decisión del ad quem está dado por el objeto del recurso, definido a partir de las precisas razones de inconformidad -o juicios de reproche- esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia. En consecuencia, la Sala no se pronunciará en relación con la indebida o falta de notificación -de los actos previos y definitivo- alegada por el demandante, ni de la consecuente vulneración del debido proceso afirmada, por cuanto en el recurso de apelación, aunque el recurrente insiste en que se acceda a lo pretendido bajo los mismos argumentos de la demanda, no presentó reparos frente a lo decidido en primera instancia respecto de esa específica materia.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

En la apelación, la competencia funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones de inconformidad que el recurrente expresa en la sustentación del recurso. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el objeto del recurso se define a partir de los juicios de reproche que el apelante formula contra la sentencia de primera instancia, de modo que el ad quem no puede decidir sobre aspectos que el recurrente no cuestionó. Segunda, el margen de decisión del juez de segunda instancia depende de ese objeto, y ello garantiza el principio dispositivo y la congruencia de la sentencia. La providencia confirma la decisión y aplica esta limitación al recurso formulado en el proceso. Esta regla se aplica sin importar la extensión de los demás argumentos de la sentencia de primera instancia. En la práctica, el apelante debe precisar en la sustentación cada motivo de inconformidad, porque los temas no controvertidos quedan fuera de la revisión de segunda instancia.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La competencia del Juez de segunda instancia se limita a lo estipulado y sustentado en el recurso de apelación?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 67

También resuelve

  • ¿El control jurisdiccional de los actos administrativos solo procede respecto a los que producen efectos de carácter definitivo?
  • ¿Se acreditó que el acto administrativo que obligaba al contratista al pago del canon superficiario fue expedido con falsa motivación?
  • ¿El trámite de la consulta previa es una causal de suspensión de pleno derecho del contrato de concesión minera y por tanto el contratista estaba relevado del pago del canon superficiario?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN EFECTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL ACTO ADMINISTRATIVO DE TRÁMITE ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO ALCANCE DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CAUSALES DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO CANON SUPERFICIARIO COBRO DEL CANON SUPERFICIARIO CONSULTA PREVIA ALCANCE DE LA CONSULTA PREVIA ETAPA CONTRACTUAL INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SUSPENSIÓN DEL CONTRATO TÉRMINO DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL SUSPENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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Titulación de la relatoría 17.781 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / EFECTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿La competencia del Juez de segunda instancia se limita a lo estipulado y sustentado en el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si La competencia funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el escrito de sustentación de su impugnación, de manera que la competencia y el margen de decisión del ad quem está dado por el objeto del recurso, definido a partir de las precisas razones de inconformidad -o juicios de reproche- esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia. En consecuencia, la Sala no se pronunciará en relación con la indebida o falta de notificación -de los actos previos y definitivo- alegada por el demandante, ni de la consecuente vulneración del debido proceso afirmada, por cuanto en el recurso de apelación, aunque el recurrente insiste en que se acceda a lo pretendido bajo los mismos argumentos de la demanda, no presentó reparos frente a lo decidido en primera instancia respecto de esa específica materia. Sobre este aspecto, el Tribunal a quo concluyó que los actos previos fueron debidamente notificados y el debido proceso garantizado. (…) [A]unque el demandante insiste en una supuesta “ilegalidad” de la notificación del acto definitivo a partir de un presunto desconocimiento de los requisitos establecidos en el artículo 67 del CPACA, circunstancia que fue desestimada por el a quo, en el recurso de alzada no indica cuáles de esos requisitos -y cómo- fueron desconocidos, mientras que frente a la notificación de los actos previos, omitió exponer y sustentar las razones por las cuales considera que lo fallado en primera instancia no corresponde en derecho a la decisión acertada, en tanto se limitó a replicar lo afirmado en la demanda. Visto lo anterior, la Sala reitera que es presupuesto sine qua non de la sustentación del recurso de apelación la referencia clara y concreta de motivos de disenso frente a los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, carga que no se satisface con la llana indicación de la inconformidad frente a la providencia recurrida ni con la sola solicitud de que se revoque para acceder a los intereses de la parte inconforme, menos aún, con la simple reiteración de las razones expuestas en el curso de la primera instancia. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a los presupuestos del recurso de apelación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de marzo de 2022, rad. 66390 C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 20 de mayo de 2022, rad. 53800, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 67 CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE TRÁMITE / ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO / ALCANCE DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿El control jurisdiccional de los actos administrativos solo procede respecto a los que producen efectos de carácter definitivo? Respuesta al problema jurídico: Si El acto administrativo es la manifestación unilateral de voluntad que produce efectos jurídicos, emanada de una autoridad pública -o de un particular revestido transitoriamente -, en el ejercicio de funciones y potestades administrativas autorizadas por la Constitución Política y la ley. En lo que refiere a su clasificación, tanto la doctrina especializada como la jurisprudencia de esta Corporación han coincidido en que, desde la óptica de su inserción en el procedimiento y recurribilidad, existen tres (3) tipos de actos: Los previos, preparatorios, accesorios o de trámite, expedidos como parte del procedimiento administrativo con el fin de proceder con su inicio oficioso, o de darle curso, de manera que son instrumentales y no crean ni modifican relaciones o situaciones jurídicas, sino que son un medio para darle impulso a la actuación de la administración. Los definitivos, entendidos como aquellos que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, o que hacen imposible continuar la actuación; por tanto, contienen la esencia del tema a decidir y tienen la potestad para modificar la realidad con su contenido, bien sea creando, modificando o extinguiendo una situación jurídica. Los de ejecución, que se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa. (…) [N]o son susceptibles de impugnación ante esta jurisdicción, entre otros, las comunicaciones y oficios, los certificados, el auto que ordena la realización de una inspección tributaria y el acta correspondiente, el auto de mandamiento ejecutivo expedido dentro de un juicio de jurisdicción coactiva, los requerimientos, así como los pliegos de cargos y el auto que ordena la apertura del procedimiento. Descendiendo al caso concreto, en tanto la calificación de un acto administrativo como definitivo o de trámite es fundamental para determinar si es susceptible de control jurisdiccional, y por cuanto tal calificación debe hacerse a partir de su contenido y sus efectos, la Sala encuentra bajo estos criterios que los actos previos a la declaratoria de caducidad acusados por el demandante, corresponden a actos preparatorios o de trámite, no susceptibles del juicio de legalidad por falsa motivación como se pretende, pues éstos se limitaron a: Aprobar el pago extemporáneo del canon superficiario causado por anualidades vencidas. Iniciar la actuación administrativa tendiente a declarar la caducidad del negocio jurídico, requiriendo al titular minero, indicando la causal incurrida y el término para proceder con la subsanación, según lo ordenado por el artículo 288 del Código de Minas. De esta forma, no hay duda de que los autos referidos no contienen una manifestación de voluntad de la Administración que tenga la aptitud de producir efectos jurídicos definitivos o de fondo sobre el asunto de que tratan, en la medida en que corresponden a decisiones instrumentales -que integran el procedimiento anterior a la decisión que finalmente resolvió el asunto- cuyo objeto era determinar los elementos necesarios y dar inicio a la actuación tendiente a, de ser el caso, declarar la caducidad del contrato. Por tanto, se confirmará lo decidido por el Tribunal a quo, en el sentido que el control de legalidad en el caso concreto procede únicamente respecto del acto definitivo, esto es, la Resolución VSC-0964 de 2013, decisión que declaró la caducidad y cuyos efectos pueden ser cuestionados por la parte actora. NOTA DE RELATORÍA: Respecto al concepto de acto administrativo y su control judicial, cita: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 13 de agosto de 2020. rad. 1997-2016, C.P. Rafael Francisco Suarez Vargas; del 19 de febrero de 2015, rad. 3703-2013, C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; del 31 de mayo del 2012, rad. 0825-2009, C. P. Gerardo Arenas Monsalve y de la Corte Constitucional, sentencia C-557 de 2001. FUENTE FORMAL: LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 288 CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CAUSALES DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / CANON SUPERFICIARIO / COBRO DEL CANON SUPERFICIARIO / CONSULTA PREVIA / ALCANCE DE LA CONSULTA PREVIA / ETAPA CONTRACTUAL / INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Se acreditó que el acto administrativo que obligaba al contratista al pago del canon superficiario fue expedido con falsa motivación? Respuesta al problema jurídico: No [L]a parte actora no se encontraba eximida del pago del canon superficiario con ocasión de las circunstancias afirmadas en la demanda y el recurso de alzada, esto es, el trámite de la consulta previa, la suspensión de las actividades de la etapa de exploración y la no transición de la concesión a la fase de construcción y montaje (…). [E]l trámite de la consulta previa no corresponde una circunstancia ajena, extraña o inadvertida de cara a la celebración y ejecución del contrato de concesión minera, sino que, por el contrario, corresponde a un riesgo previsible y propio de dicho negocio jurídico (...). De esta forma y a diferencia de lo afirmado por el recurrente, aunque la presencia de estas comunidades en el área de influencia del proyecto puede ser una eventualidad, lo cierto es que ante su comprobación, surge para el contratista por mandato legal y constitucional la ineludible carga de cumplir con el trámite de consulta previa, por lo que el demandante podía y debía prever su realización. (…) [E]l canon superficiario es una contraprestación económica que el titular minero debe pagar al Estado desde la legalización del contrato y por anualidades anticipadas; en las etapas de exploración y montaje y construcción de la infraestructura, sobre la totalidad del área objeto del contrato, y durante la etapa de explotación, sobre las áreas que el contratista reserve para explorar o continuar explorando en ese período. Como se observa, por mandato legal, una vez suscrito el contrato de concesión minera y transcurridos tres (3) días desde su inscripción en el Registro Minero Nacional, surge a cargo del titular minero la obligación de pagar el respectivo canon superficiario, indistintamente de si éste realiza o no las labores de exploración o de construcción y montaje, pues consiste en una contraprestación asociada a la tenencia del área dada en concesión exigible desde el perfeccionamiento del negocio jurídico, sin sujeción al acaecimiento de alguna condición durante la ejecución del negocio jurídico, menos aún, al cumplimiento de las cargas y actividades a cargo del contratista. Por tanto, no le asiste razón al demandante cuando afirma que no estaba obligado al pago del canon superficiario con fundamento en que el agotamiento de la consulta previa implicó suspender la fase de exploración, por lo que el contrato no transitó al periodo de construcción y montaje (...). FUENTE FORMAL: LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 45 CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / CAUSALES DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO DEL CONTRATO / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / CANON SUPERFICIARIO / COBRO DEL CANON SUPERFICIARIO / CONSULTA PREVIA / ALCANCE DE LA CONSULTA PREVIA / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿El trámite de la consulta previa es una causal de suspensión de pleno derecho del contrato de concesión minera y por tanto el contratista estaba relevado del pago del canon superficiario? Respuesta al problema jurídico: No Los artículos 52 y 55 del Código Minas disponen que las obligaciones del contratista ante la autoridad minera podrán suspenderse temporalmente, por solicitud suya, ante la ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, para lo cual deberá acreditar el acaecimiento y la continuidad de dichos eventos; la suspensión de los plazos o la variación de las operaciones mineras por tal circunstancia deberán constar en acto motivado donde se indiquen las fechas de inicio y terminación de la suspensión, modificación o aplazamiento autorizados. En el caso concreto, no obra prueba de que el demandante hubiese requerido la suspensión del contrato por razones de fuerza mayor o caso fortuito, mucho menos motivadas en la presencia de comunidades y el trámite de consulta previa, ni que la autoridad minera la hubiese concedido, por lo que no puede afirmarse -como lo hace el recurrente- que las actividades y obligaciones de la fase de exploración se hubiesen suspendido como argumento para negar la causación del canon superficiario. Adicionalmente, no existe norma jurídica que establezca al trámite de consulta previa como una causal de suspensión de pleno derecho del contrato de concesión minera. (…) [L]a norma indica que el contratista podrá solicitar y convenir con la autoridad minera la prórroga del plazo de la concesión, así como de la etapa de exploración -por dos (2) años más- y de construcción y montaje -por un (1) año adicional-, ampliación que debe ser solicitada por el concesionario de forma justificada y “con antelación no menor de tres (3) meses al vencimiento del período de que se trate”. El concesionario puede también solicitar un periodo de exploración menor. (…) [S]e concluye que el tránsito entre una etapa contractual a la otra, no se encuentra supeditado al cumplimiento de requisito alguno, sino al simple paso del tiempo, y que las etapas contractuales y su duración corresponden a las establecidas previstas en la ley y pactadas en el contrato de concesión, salvo que se haya presentado la solicitud de prórroga de conformidad con la normatividad minera, razón por la cual, no es procedente afirmar que el agotamiento de la fase de exploración, y el subsecuente inicio de la fase de construcción y montaje, estuvieren supeditados a que el contratista cumpliera con el trámite de la consulta previa. (…) Finalmente, el recurrente no afirmó ni acreditó alguna circunstancia con incidencia en las áreas de la concesión, esto es, respecto del derecho que sustenta la contraprestación a favor del estado que se estudia, para cuestionar su causación (...). Por tanto, habiéndose definido por el a quo que los actos previos fueron debidamente notificados conforme a la normatividad minera, sin que se hubiesen allegado verdaderos motivos de reproche frente a lo decidido, y considerando que los actos previos a la declaratoria de caducidad acusados por el demandante corresponden a actos preparatorios o de trámite no susceptibles de control judicial, mientras que respecto del acto definitivo la parte actora no acreditó la falsa motivación -en la medida que sí le era exigible el pago del canon superficiario como se ha expuesto-, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. FUENTE FORMAL: LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 52, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 55 CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en juicio? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo consagrado en el artículo 188 del CPACA y con la disposición especial del artículo 365 del CGP, la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a quien se le imponen, toda vez que, en el régimen actual, dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo , en este caso, frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. El Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, establece en su artículo tercero que en la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso administrativos, debe tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y demás circunstancias relevantes. En el presente caso se observa que la ANM, como parte demandada, atendió el proceso de manera diligente y oportuna, pues contaba con apoderado que asumió su representación judicial, gestión que se estima suficiente para que se disponga a su favor la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP. Por su parte, el artículo 4 del Acuerdo 1887 de 2003 consagró que las tarifas máximas de agencias en derecho deben establecerse en salarios mínimos o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia. En lo que a este caso interesa, el numeral 3.1.3 dispone que las agencias en derecho en segunda instancia en los procesos con cuantía, se fijarán por hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201600108011100103