Titulación de la relatoría 15.658 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONTRATO DE CONCESIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EXPLOTACIÓN DE LA MINA / INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / VIGENCIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
Problema jurídico:
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales respecto de las pretensiones de nulidad absoluta del contrato de concesión, por haber transcurrido más de cinco años desde su perfeccionamiento hasta la presentación de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e observa que el 20 de agosto de 2008 Colsalminas y el Ministerio de Minas y Energía suscribieron el contrato de concesión HIQO-01, que tuvo por objeto la explotación salina en un área determinada dentro de la circunscripción del municipio de Nemocón, por el plazo de 30 años. De igual modo, se tiene que el negocio jurídico fue registrado en el Registro Minero Nacional el 2 de octubre de 2008. Así las cosas, en virtud de los artículos 14 y 50 de la Ley 685 de 2001, es claro que el negocio jurídico sub judice se perfeccionó el día en que tuvo lugar su inscripción en el Registro Minero Nacional, pues, como lo ha indicado la jurisprudencia de esta Corporación, dichos acuerdos de voluntades se entienden celebrados solo cuando se agota dicho trámite, so pena de su inexistencia. (…) Así las cosas, se observa que el literal e) del numeral 10 del artículo 136 del CCA dispuso que, cuando se pretendiera la nulidad absoluta de un contrato se contaría con un término de 2 años desde su perfeccionamiento y, en caso de que el plazo de vigencia del acuerdo de voluntades fuera superior a dicho lapso, este sería igual al de tal vigencia, sin llegar a superar 5 años. (…) En ese contexto, como el contrato de concesión HIQO-01 de 2008 se perfeccionó el 2 de octubre de 2008 y partiendo de la base de que su plazo es de 30 años, Colsalminas podía ejercer el derecho de acción entre el 3 de octubre de 2008 y el 3 de octubre de 2013, pues contaba con hasta 5 años para tal efecto; empero, dado que radicó la demanda hasta el 12 de febrero de 2019, más de 5 años y 4 meses después de que feneciera el término para ese fin, es claro que el derecho de acción no se ejerció en tiempo, sin que aquel se hubiere suspendido con el agotamiento del trámite de conciliación extrajudicial, toda vez que este se llevó a cabo entre el 14 de julio y el 14 de septiembre de 2017, extemporáneamente. Así las cosas, para la Sala no hay duda de que operó la caducidad respecto a la pretensión de nulidad absoluta del contrato HIQO-01, pues la demanda se radicó más de 5 años después de que se perfeccionó el negocio jurídico.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el perfeccionamiento del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de enero de 2024, rad. 59674, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 14, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 50
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN / ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / ASUNTOS DE NATURALEZA MINERA
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por un Tribunal Administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, vigente para la fecha de presentación de la demanda, pues el contrato de concesión (...) fue suscrito con el Ministerio de Minas y Energía -en tanto entidad pública del nivel central nacional-. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con los artículos 150 del CPACA y 293 de la Ley 685 de 2001, dada la vocación de doble instancia del proceso, considerando que dicha normativa asignó el conocimiento de tales asuntos en primera instancia a los tribunales administrativos, por lo que ahora corresponde al Consejo de Estado fungir como juez de segunda instancia frente a la controversia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 293
PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El medio de control procedente para reclamar la nulidad absoluta del contrato y el desequilibrio financiero del mismo, es el de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
En virtud de lo previsto en el artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez. Comoquiera que la controversia formulada en el sub judice se refiere a la supuesta configuración de errores de hecho y de derecho, un objeto ilícito y una vulneración a la buena fe respecto del contrato de concesión No. HIQO-01 del 20 de agosto de 2008 y, subsidiariamente, a un desequilibrio económico del referido acuerdo de voluntades, el medio de control procedente es el de controversias contractuales, ya que se pretende la nulidad absoluta del contrato y el reconocimiento de una mayor onerosidad en caso de que no prospere la pretensión anterior.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CARGA PROCESAL / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL
Problema jurídico:
¿La caducidad es una limitación al derecho de acción para poder ejercer de forma oportuna cada uno de los medios de control judicial y, por regla general, solo se suspende o interrumpe cuando se cumple con el requisito de la conciliación prejudicial establecida en la ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica y de evitar la parálisis del tráfico jurídico, dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció en el proceso contencioso administrativo unos plazos para ejercer oportunamente los medios de control judicial, que resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. (…) Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. (...) Cabe precisar que la caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el objeto de la caducidad del medio de control, ver: Corte Constitucional, sentencia C 394 del 22 de mayo de 2002; sentencia C 832 de 2001.
FUENTE FORMAL:
LEY 446 DE 1998, LEY 640 DE 2001
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ÁREAS DE RESERVA MINERA / PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO / PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ZONA PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA MINA / INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / DAÑO CAUSADO POR ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / CONTRATO DE CONCESIÓN / TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / VIGENCIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Se configuró la caducidad del medio de control respecto de las pretensiones de desequilibrio económico del contrato originadas en la restricción de las actividades extractivas?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A]l haberse reclamado un desbalance económico contractual por una decisión que, en todo caso, se fundó en derecho, la oportunidad de la demanda de controversias contractuales no estaba coligada a la validez de dicho acto administrativo, sino que se encontraba sujeta al momento en que, de cualquier modo, Colsalminas conoció sus efectos, dado que fue a partir de allí que, dada la declaratoria de área de interés arqueológico, se le impidió continuar explotando la totalidad de la mina del título HIQO-01. (...) [C]onsta en el expediente que, el 16 de agosto de 2016, Colsalminas solicitó al ICAHN que le informara cómo podría llevar a cabo un “programa de arqueología preventiva” para poder continuar la explotación del área minera en su favor localizada en Nemocón, dada la restricción de la Resolución No. 040 de 2011. El 31 de agosto de 2016, el ICAHN le respondió que no podría efectuar ninguna explotación en el área arqueológica protegida (…). De ese modo, no cabe duda de que, al menos a partir del 31 de agosto de 2016 Colsalminas conocía con total certeza que una gran porción del área minera otorgada en concesión no podía ser explotada, dada su declaratoria como área arqueológica protegida, salvo la zona no cubierta por dicha determinación, la que en todo caso debía contar con un programa de arqueología preventiva (…). Colsalminas alegó un desequilibrio económico del contrato fundado en la restricción de gran parte de su área minera por su declaratoria como zona arqueológica protegida (...). En ese orden de ideas, en el asunto sub examine la oportunidad para allegar el escrito inicial debe contabilizarse a partir del día siguiente de los motivos de hecho y de derecho que fundan el cuestionamiento efectuado por Colsalminas, es decir, desde el 31 de agosto de 2016, que fue cuando conoció con total claridad que sobre gran parte de su área minera existe una restricción que le impide ejercer actividades extractivas, dada su declaratoria de protección arqueológica. Así pues, los 2 años para demandar corrieron inicialmente entre el 1 de septiembre de 2016 y el 1 de septiembre de 2018; sin embargo, dicho interregno se vio suspendido por el agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial, que se llevó a cabo entre el 14 de julio y el 14 de septiembre de 2017, por lo que el plazo para ejercer el derecho de acción se extendió hasta el 2 de noviembre de 2018; sin embargo, la demanda se presentó el 12 de febrero de 2019, es decir, 3 meses y 10 días después del plazo con el que se contaba para tal efecto, operando así el fenómeno jurídico de la caducidad, por lo que el cargo de apelación no prospera y, por tanto, la Sala confirmará la sentencia en cuanto a dicho aspecto.
FUENTE FORMAL:
LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / VIGENCIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FUNDAMENTOS DE HECHO / FUNDAMENTOS DE DERECHO / FUENTE DEL DAÑO / PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Para contabilizar la caducidad en las pretensiones relativas a contratos hay que tener en cuenta si el contrato fue liquidado, o si el por el contrario, no ha finalizado su ejecución y aún se encuentra vigente?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n cuanto a aquellos contratos que están siendo ejecutados al momento de demandarse y que, por tanto, no han finalizado, al margen de que sean pasibles de ser liquidados en el futuro, la Sala advierte que no es dable contabilizar la caducidad según las reglas específicas establecidas cuando procede efectuar un cruce de cuentas, dado que aquellas fueron predispuestas sobre la premisa de que el negocio jurídico ya ha finalizado, tanto así que el punto de partida del término es: i) cuando se liquide unilateral o bilateralmente o ii) cuando no haya podido ser liquidado según las modalidades anteriores, todo lo cual parte del supuesto de que el acuerdo de voluntades ya feneció. Al punto, en los escenarios en que se invocan reproches en sede judicial respecto de contratos cuya ejecución sigue en curso, se debe acudir a la regla general del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA precitada, en virtud de la cual los 2 años para demandar se contabilizarán a partir de los motivos de hecho y de derecho que sirvan de fundamento al cuestionamiento efectuado por la parte actora. (…) En suma, en lo que respecta a las controversias derivadas de los contratos estatales, es aplicable la regla general del numeral 1 del ordinal j) del artículo 164 del CPACA -antes inciso 1 del numeral 10 del artículo 136 del CCA -, cuando no se configuran los criterios especiales para establecer la caducidad que fijan su cómputo dependiendo de si el contrato es pasible de ser liquidado o no. De esa manera, se concluye que, en lo referido a los contratos que se encuentran en ejecución y que son impugnados en el marco de su materialización, no es dable contabilizar la caducidad a partir del momento en que se liquidaron o debieron liquidarse, ya que tales mandatos fueron previstos para cuando el negocio jurídico ya ha fenecido por cualquier causa, por lo que corresponde acudir al criterio residual para ejercer el derecho de acción, en virtud del cual se contabilizarán 2 años para tal efecto, a partir de los motivos de hecho y de derecho en que se fundaron las pretensiones de la parte actora.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 10 de mayo de 2019, rad 59532, C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia de 10 de julio de 2013, rad. 46112, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 6 de febrero de 2020, rad. 63516, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 19 de febrero de 2021, rad. 46311, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 1 LITERAL J, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J