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Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Providencia
¿Hay lugar a otorgarle efectos jurídicos a la denominada segunda adición y primera prórroga del contrato No. 15 de 2015 y por lo tanto a entender que el contrato estuvo vigente hasta diciembre del 2015, pese a no haber sido suscrita por la entidad por escrito?
Sentencia — Sentencia
2026-06-25
SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)
JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ
Rad. 11001334306420180012902
ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a otorgarle efectos jurídicos a la denominada segunda adición y primera prórroga del contrato No. 15 de 2015 y por lo tanto a entender que el contrato estuvo vigente hasta diciembre del 2015, pese a no haber sido suscrita por la entidad por escrito? No
El contratista no puede obtener efectos jurídicos para la segunda adición y primera prórroga del contrato No. 15 de 2015, ya que no fue suscrita por la entidad estatal por escrito, lo que es requisito indispensable para el perfeccionamiento de contratos estatales y sus modificaciones, independientemente de que estén sometidos a un régimen contractual exceptuado del Estatuto General de Contratación. La Sala establece que los contratos estatales y sus modificaciones deben respetar los principios de publicidad y control fiscal, por lo que la existencia de contratos o modificaciones contractuales meramente consensuales no cumple con estos principios. La entidad estatal debe contar con el soporte documental que permita a los entes de control realizar efectivamente el control fiscal, por lo que la falta de firma por parte de la entidad implica que no se cumplió con las formalidades necesarias para que la adición y prórroga tuvieran efectos legales. Esta decisión reitera la necesidad de que los contratos estatales y sus modificaciones estén debidamente formalizados por escrito y suscritos por las partes, lo que implica que el contratista solo puede reclamar las prestaciones que se materializaron durante el plazo original del contrato, es decir, entre el 30 de marzo y el 30 de septiembre de 2015.síntesis automática
También resuelve:
¿Los valores reclamados por la parte actora no están amparadas en contrato estatal alguno, y además no se encuentra plenamente acreditado el cumplimiento de los servicios presuntamente adeudados?
¿Procede el reconocimiento de los servicios presuntamente prestados sin respaldo contractual y cobrados mediante las facturas 428, 432 y 433, a título de enriquecimiento sin justa causa?
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Providencia
¿Hay lugar a declarar la existencia del contrato entre la Empresa de Energía del Amazonas EEASA S.A. E.S.P. en liquidación, el Municipio de Leticia y la sociedad Leticia Iluminación y Servicios S.A. E.S.P. desde el mes de enero de 2010, al efectuarse el uso de la infraestructura de la primera de las mencionadas, para la prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio de Leticia y por ende la contraprestación de las 2544 luminarias instaladas?
Sentencia — Sentencia
2026-03-02
SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección B)
HENRY ALDEMAR BARRETO MOGOLLON
Rad. 25000233600020140163100
ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a declarar la existencia del contrato entre la Empresa de Energía del Amazonas EEASA S.A. E.S.P. en liquidación, el Municipio de Leticia y la sociedad Leticia Iluminación y Servicios S.A. E.S.P. desde el mes de enero de 2010, al efectuarse el uso de la infraestructura de la primera de las mencionadas, para la prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio de Leticia y por ende la contraprestación de las 2544 luminarias instaladas? No
El contratista no puede declararse como beneficiario de un contrato de arrendamiento estatal cuando no se cumplen los requisitos formales y esenciales del mismo, como la remuneración pactada y la formalidad escrita, según lo establecido en la jurisprudencia del Consejo de Estado. En este caso, la Sala determinó que la ausencia de un acuerdo sobre el precio del arrendamiento y la falta de un contrato escrito impiden la existencia del contrato de arrendamiento solicitado. Sin embargo, la Sala sí reconoce la procedencia del medio de control de reparación directa, permitiendo que el contratista pueda solicitar la devolución de un enriquecimiento sin causa por el uso indebido de la infraestructura sin contraprestación. Esta decisión matiza la interpretación anterior sobre la necesidad de formalidades completas para la existencia de un contrato estatal, permitiendo alternativas de reparación extracurrente en casos de uso indebido de bienes.síntesis automática
También resuelve:
¿Hay lugar a declarar que el Municipio de Leticia y la sociedad Leticia Iluminación y Servicios S.A. E.S.P. desde el mes de enero de 2010 han incurrido en enriquecimiento sin justa causa y en…
¿Las entidades demandadas deben ser condenadas en forma solidaria al pago de la indemnización derivada del enriquecimiento sin justa causa?
¿Tiene validez probatoria el dictamen pericial cuando el perito no asistió a la audiencia de contradicción?
Consejo de Estado
Providencia
El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituye el contenido del recurso de apelación, salvo las excepciones que se derivan de los principios o normas constitucionales, los compromisos vinculantes asumidos por el Estado y las normas legales de carácter imperativo.
Sentencia — Sentencia
2024-08-13
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Rad. 44001234000020140012601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituye el contenido del recurso de apelación, salvo las excepciones que se derivan de los principios o normas constitucionales, los compromisos vinculantes asumidos por el Estado y las normas legales de carácter imperativo? Sí
El juez de segunda instancia se circunscribe al contenido del recurso de apelación, salvo excepciones derivadas de principios constitucionales, compromisos internacionales del Estado y normas legales imperativas, lo que implica que su competencia se limita a los aspectos específicamente planteados por el recurrente, a menos que se trate de materias que por su naturaleza deben ser decididas oficiosamente. En otro orden, el medio de control de controversias contractuales es el adecuado para resolver disputas que surgen de la ejecución de contratos estatales, como en el caso de una Unión Temporal que reclama el pago de mayores cantidades de servicios prestados en el marco de un contrato de asociación y apoyo, siempre y cuando la controversia tenga su origen en el contrato y no en un enriquecimiento sin causa. Esta decisión reitera y refuerza la jurisprudencia existente sobre la competencia del juez de segunda instancia y la procedencia del medio de control de controversias contractuales, lo que tiene implicaciones significativas para la interpretación y aplicación de la ley en casos similares.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de controversias contractuales resulta procedente para reclamar el reconocimiento y pago de una mayor cantidad de servicios educativos prestados en el marco de un Contrato de…
¿Aunque las partes denominaron “contrato” al negocio jurídico por ellas contraído, lo que realmente suscribieron fue un “convenio” de asociación para “la prestación del servicio público educativo en…
¿Debe declararse de oficio la caducidad del medio de control de controversias contractuales incoado para reclamar el pago de las sumas por concepto de mayor cantidad de servicios de educación…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La caducidad de las acciones se ha instituido como aquel fenómeno jurídico-procesal
Sentencia — Sentencia
2021-12-10
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000232600020110015101
ACCION CONTRACTUAL
¿La caducidad de las acciones se ha instituido como aquel fenómeno jurídico-procesal por medio del cual el legislador limita en el tiempo el derecho de acción, que opera por mandato normativo al verificarse el cumplimiento del plazo extintivo? Sí
El contratista no puede presentar una acción contractual después de que caduca el término legal, que se inicia a partir de la firma del acta de liquidación bilateral o, en su defecto, del plazo que tenía la entidad para realizarla, según lo establecido en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se fundamenta en la necesidad de brindar seguridad jurídica al conglomerado social, protegiendo los intereses colectivos y generales mediante la institución de la caducidad de la acción, que es de orden público e irrenunciable. La Sala reitera su jurisprudencia sobre la contabilización del término de caducidad en contratos que requieren liquidación, lo que implica que las partes deben cumplir rigurosamente con los plazos establecidos para evitar la caducidad de la acción contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿En los contratos que requieran de liquidación, como lo son los contratos de tracto sucesivo y los que señala el artículo 60 de la ley 80 de 1993…
¿El acta de liquidación bilateral es un negocio jurídico que nace de la autonomía negocial de quienes suscribieron el contrato estatal y que se orienta a dar firmeza o definición a las prestaciones…
¿El acta de liquidación del contrato estatal se puede realizar con posterioridad al término pactado o supletorio de 4 meses para su adopción por mutuo acuerdo y del período de 2 meses en que la…