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¿Se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no puede obtener una indemnización sin probar el daño antijurídico causado por la administración de justicia, ya que este es un elemento primario y esencial para configurar la responsabilidad del Estado. En este caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó el daño antijurídico alegado. La Sala estableció que la prueba del daño antijurídico es responsabilidad del demandante, quien debe demostrar la existencia de una lesión injustificada a los derechos fundamentales. Además, la vinculación a un proceso penal no implica automáticamente un daño antijurídico, especialmente cuando la conducta presuntamente desplegada por el demandante puede enmarcarse en una conducta típica que amerite investigación. En consecuencia, la Sala reitera que la falta de prueba del daño antijurídico impide la configuración de la responsabilidad del Estado y, por ende, la imposibilidad de obtener una indemnización.síntesis automática
También resuelve:¿La prueba de la antijuricidad del daño no solo es necesaria sino que su prueba corresponde a quien lo alega y reclama?¿A la persona que se vincula a un proceso penal se le ocasiona un daño antijurídico de forma automática?¿El ente investigador tenía el deber constitucional de adelantar la investigación y el consecuente ejercicio de la acción penal?
¿Para estudiar la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales se requiere que exista certeza de que fueron ellos los que con su conducta causaron el daño? Sí
Para estudiar la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales, es necesario establecer certeza de que fueron ellos quienes causaron el daño, lo cual requiere pruebas suficientes de su conducta dolosa o gravemente culposa. En el caso en cuestión, la Sala negó la responsabilidad del Estado y los agentes estatales debido a la ausencia de pruebas que acrediten su participación en la conducta que causó el daño. La falta de pruebas de la conducta culposa o dolosa, así como la incertidumbre sobre la hipótesis del combate y la pertenencia de los occisos a grupos al margen de la ley, impidió la imputación o endilgar la responsabilidad a los militares involucrados.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandante acreditó con suficiencia las condiciones en las que ocurrieron los hechos por los que pretende repetir contra sus exagentes?¿Los elementos de prueba allegados sugieren dudas sobre la hipótesis del combate y la posible pertenencia de los occisos a grupos al margen de la ley?¿Resulta posible imputar o endilgar a los tres militares señalados el hecho dañoso que dio origen a la acción de repetición ante la falta de prueba de la conducta que se alega cometieron los agentes?
¿Constituye incumplimiento contractual y vulneración al principio de buena fe que el contratista reporte precios superiores a los efectivamente pagados a las aerolíneas en desarrollo de una orden de compra celebrada en el marco de un acuerdo marco de precios? Sí
El contratista incumple el contrato y viola el principio de buena fe al reportar precios superiores a los efectivamente pagados a las aerolíneas en desarrollo de una orden de compra dentro de un acuerdo marco de precios, ya que dicha práctica altera el precio que la entidad compradora debía pagar por cada tiquete aéreo, según establece la cláusula 8 del acuerdo marco. La entidad pública puede prescindir de una verificación adicional con el contratista cuando cuenta con pruebas documentales emitidas por terceros que respaldan los valores cobrados, lo que permite valorar el informe final de supervisión sin necesidad de nuevas verificaciones. En casos donde se acredita la existencia de perjuicios pero no se puede cuantificar su monto con certeza, el juez puede condenar en abstracto al contratista para lograr la reparación integral del daño sufrido por la entidad estatal. Colombia Compra Eficiente no está facultada para declarar el incumplimiento de una orden de compra derivada de un acuerdo marco de precios, limitándose su competencia al acuerdo marco en sí. Se condena en costas en ambas instancias a la parte demandada conforme a los artículos 188 del CPACA y 365 y 366 del CGP.síntesis automática
También resuelve:¿Puede una entidad pública, al valorar un informe de supervisión contractual, prescindir de una verificación adicional con el contratista cuando cuenta con pruebas documentales emitidas por terceros…¿Puede el juez condenar en abstracto al contratista cuando se ha acreditado la existencia de perjuicios, pero no es posible cuantificar su monto con certeza en la etapa de decisión?¿Está Colombia Compra Eficiente facultada para declarar el incumplimiento de una orden de compra derivada de un acuerdo marco de precios?
¿La presentación de la garantía de seriedad de la oferta era un requisito subsanable y por ello la oferta del demandante debió haber sido evaluada? Sí
De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en la versión anterior a la modificación de la Ley 1882 de 2018, los requisitos que no afectan la asignación de puntaje son subsanables hasta la adjudicación, de modo que la garantía de seriedad de la oferta puede subsanarse y la oferta no debe rechazarse por esa causa. La razón es que la norma aplicable al proceso de 2008 permitía solicitar esos requisitos hasta la adjudicación, salvo en los procesos con subasta, y la garantía fue presentada antes de la adjudicación. En el caso, la Sala revocó parcialmente la decisión del tribunal, porque la oferta del demandante no debió ser rechazada. Sin embargo, las pretensiones de restablecimiento del derecho se negaron, porque el demandante no demostró los perjuicios sufridos ni explicó la fuente de la utilidad reclamada. Su consecuencia práctica es que la subsanabilidad de la garantía de seriedad no basta para obtener indemnización si el proponente no prueba el perjuicio.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandante demostró el daño y los perjuicios sufridos por el rechazo de su oferta en el proceso de selección y por ello deben reconocerse las pretensiones de restablecimiento del derecho?
¿El demandando cuenta con legitimación en la causa por pasiva en el presente proceso de repetición, considerando que, pese a que no profirió el oficio que fue debatido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad demandante le atribuyó la causación del daño a su conducta dolosa o gravemente culposa? Sí
El demandado cuenta con legitimación en la causa por pasiva en un proceso de repetición cuando la entidad demandante le atribuye la causación del daño a su conducta dolosa o gravemente culposa, independientemente de que no haya sido el responsable directo del acto administrativo cuestionado. En este caso, a pesar de que el demandado no profirió el oficio en cuestión, la entidad demandante le atribuyó la responsabilidad por el pago de la diferencia salarial y prestacional debido a que le asignó las funciones que dieron lugar a ese pago. La Sala estableció que la legitimación en la causa por pasiva no requiere que el demandado haya sido el autor del acto administrativo, sino que su conducta haya causado el daño. Sin embargo, la Sala también determinó que el pago realizado por concepto de reajustes salariales, prestaciones sociales y aportes a seguridad social no constituye un daño en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, ya que estos pagos corresponden a la remuneración legítima por los servicios prestados, y por lo tanto, no hay lugar a condenar en repetición. Esto implica que la entidad estatal no puede recuperar el valor de estas sumas a través de la acción de repetición, ya que no se consideran un daño causado por la conducta del agente estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a condenar en repetición al agente del Estado demandado, por el pago realizado por la entidad demandante por concepto de reajustes de salarios…¿La indexación de las sumas pagadas por concepto de diferencias de salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social, constituye un daño que deba ser reintegrado en sede de repetición?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). La Sala determina que el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales por desequilibrio económico se computa desde la terminación del contrato, según el artículo 164 del CPACA, y que la pretensión de desequilibrio económico no es procedente en contratos regidos por el derecho privado, como los de arrendamiento, y debe sustituirse por la solicitud de ajuste de canon prevista en el artículo 519 del Código de Comercio. Además, la Sala rechaza la pretensión de revisión del canon de arrendamiento por falta de pruebas que demuestren alteraciones sobrevinientes a la celebración del contrato. Finalmente, la Sala condena a la demandante en costas por no prosperar el recurso de apelación, fijando el monto de las agencias en derecho en tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme al Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales por desequilibrio económico, se computa desde la terminación del contrato?¿Procede la pretensión de desequilibrio económico en los contratos regidos por el derecho privado?¿Se acreditó la alteración de las condiciones del canon de arrendamiento?
¿La parte demandante incumplió con su carga probatoria toda vez que no demostró el daño? Sí
En la acción de nulidad y restablecimiento frente a un acto precontractual, el demandante debe probar el daño para obtener la indemnización, y no basta con demostrar que la entidad se apartó del deber de buena fe o de los principios de la función administrativa. Una razón es que el demandante debía acreditar los costos asociados a la etapa precontractual, que corresponden al interés negativo, y no los pidió ni los probó. Otra razón es que si se analizara el interés positivo, es decir, la utilidad esperada del contrato frustrado, tampoco se acreditó su valor. En el caso, la Sala reconoció que la entidad no actuó de buena fe durante la invitación y la adjudicación, pero concluyó que de ese comportamiento no puede predicarse un daño, porque el daño no se acreditó, y confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita precedente sobre el interés positivo; no indica si reitera, unifica o cambia precedente, y su consecuencia práctica es que la irregularidad precontractual solo genera indemnización si el proponente prueba el perjuicio con soportes concretos.síntesis automática
También resuelve:¿El demandante debía demostrar que con motivo de la elaboración y presentación de la oferta se le causaron perjuicios que debían ser indemnizados?¿En la sentencia impugnada el juez decidió no darle valor al dictamen pericial por presentar inconsistencias e imprecisiones que afectaban su credibilidad?¿Se evidencia que el Instituto de Seguros Sociales faltó al deber de buena fe en la etapa precontractual y contravino los principios de igualdad e imparcialidad?
¿Se presentó de manera oportuna la demanda incoada por la ocupación de los predios denominados “La Argentina”, en razón al ejercicio provisional de la servidumbre de hidrocarburos autorizado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Monterrey en el marco del proceso establecido en la Ley 1274 de 2009? Sí
El contratista debe presentar la demanda de reparación directa dentro del plazo de dos años a partir de la ocurrencia del hecho dañoso o de cuando el demandante lo conoció, siempre que demuestre la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. En este caso, la entidad estatal autorizó el desistimiento del proceso de servidumbre de hidrocarburos el 22 de septiembre de 2016, lo que consolidó el daño para la demandante al revelar que no recibiría la indemnización prevista. La demanda fue presentada el 21 de junio de 2019, después de la suspensión del término de caducidad por la solicitud de conciliación prejudicial, por lo que se considera oportuna. Sin embargo, para el daño derivado de la resolución del contrato de promesa de compraventa, el plazo venció el 14 de julio de 2018, antes de la presentación de la demanda, por lo que no se considera oportuna. Este fallo modifica la interpretación previa sobre la caducidad del medio de control de reparación directa, permitiendo que las demandas sean presentadas dentro del plazo legal ajustado a las particularidades del caso.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de manera oportuna la demanda incoada por el daño que generó la práctica y permanencia de la medida cautelar de inscripción de la demanda que llevó a la resolución del contrato de…¿Para la constitución de la servidumbre de hidrocarburos se requiere, además del mandato legal, un instrumento que la concrete, esto es, el convenio con el afectado o una orden judicial…¿En virtud de lo dispuesto en la Ley 1274 de 2009, resulta procedente indemnizar de manera anticipada los perjuicios que cause la constitución de la servidumbre de hidrocarburos…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2025-09-01Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 76001233100020090103001ACCION CONTRACTUAL
¿Debe adicionarse la sentencia de segunda instancia cuando omite pronunciarse sobre un componente del daño emergente reclamado y reconocido en primera instancia, conforme al artículo 311 del CPC? Sí
El juez de segunda instancia debe adicionarse la sentencia cuando omite pronunciarse sobre un componente del daño emergente reclamado y reconocido en primera instancia, conforme al artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, siempre y cuando el perjuicio no haya sido apelado expresamente pero esté íntimamente ligado al objeto de la apelación, según lo dispuesto en el artículo 357 del mismo código. Sin embargo, si no se acredita la existencia, contenido y pago de las obligaciones contractuales que originan el daño emergente, como en el caso de los honorarios de abogados y expertos, no es procedente su reconocimiento, ya que falta la prueba necesaria para establecer la existencia de dichas obligaciones y su extinción, lo que implica que la entidad demandante no puede obtener indemnización por estos conceptos.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre perjuicios no apelados expresamente por el recurrente, cuando estos están íntimamente ligados al objeto de la apelación…¿Resulta procedente el reconocimiento de honorarios que se afirma fueron pagados al abogado como daño emergente derivado del incumplimiento del contrato de depósito por parte del establecimiento…¿Resulta procedente adicionar la parte resolutiva de la providencia para incluir la orden de cumplimiento a la sentencia, cuando no fue solicitada de forma expresa en la demanda y constituye un punto…
¿Siempre que se invoque por la parte interesada la configuración de la presunción de culpa grave, no bastara con demostrar que el acto administrativo fue anulado por la infracción de normas, sino que deberá probarse que tal transgresión fue manifiesta e inexcusable, y en casos de existir la presunción de dolo, tiene que reflejarse la intención de causar el daño, o que, a sabiendas de que lo produciría, su obrar fue de tal modo negligente que permite deducir tal propósito, así mismo, con las dos presunciones invocadas, es necesario señalar que el hecho base de la presunción es imputable al demandado? Sí
El contratista no puede basar su reclamación en la presunción de dolo o culpa grave sin probar que la infracción de normas fue manifiesta e inexcusable y que el hecho base de la presunción es imputable a él, además de demostrar que actuó con intención de causar daño o negligencia tal que permita deducir tal intención; la entidad estatal debe acreditar estos supuestos para que la presunción surta efectos, y la falta de pruebas específicas sobre estos aspectos implica que la presunción no se configura. La Sala reitera la jurisprudencia existente sobre la necesidad de acreditar los supuestos de hecho para que las presunciones de dolo y culpa grave se hagan efectivas, lo que implica que las partes deben presentar pruebas concretas que respalden la configuración de estos supuestos.síntesis automática
También resuelve:¿Deberá procederse a condenar en costas procesales y agencias en derecho a la parte que sea vencida en el proceso de repetición?
¿La solicitud de autorización para la cesión de la participación de CONSTRUCTEC S.A.S. en la unión temporal generó silencio administrativo positivo que habilitó la sustitución del integrante sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante y, en consecuencia, excluyó a dicha sociedad de la responsabilidad solidaria derivada de la ejecución contractual? No
El integrante de una unión temporal no se exime de la responsabilidad solidaria derivada de la ejecución contractual mediante una solicitud de cesión de su participación que no logre configurar silencio administrativo positivo por la inobservancia de las condiciones legales sustanciales. En este litigio de controversias contractuales, la Sala modifica la sentencia de primera instancia para declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, determinando que la ficción jurídica del silencio administrativo exige un pronunciamiento insatisfecho de la entidad contratante frente a una petición formal.síntesis automática
También resuelve:¿La entrega de 2.166 losas de concreto rígido con defectos clasificados con severidad media y baja por parte de la UTTB genera la obligación de indemnizar a INVÍAS por el menoscabo patrimonial…¿INVÍAS acreditó un daño patrimonial imputado al incumplimiento en la entrega de los planos as built, de manera que resulte procedente imponer una condena indemnizatoria en la liquidación del…¿Debe imputarse a la aseguradora obligación indemnizatoria a favor de INVÍAS con fundamento en el amparo de cumplimiento de la póliza n.º 43069273…
¿Se probó que la oferta del consorcio demandante habría ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad, o que el Consorcio demandado no habría resultado adjudicatario en esa situación? No
Quien impugna un acto de adjudicación en un proceso de selección debe probar que su oferta habría ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad, o que el adjudicatario no habría resultado seleccionado en esa situación, pues sin esa prueba no hay lugar a declarar la irregularidad de la adjudicación. Esta carga procesal se explica por dos razones. Una razón es que la adjudicación solo puede anularse si se demuestra que la selección desconoció la oferta más favorable, y la mera prueba del rechazo de la propuesta no basta para establecer ese orden. Otra razón es que el consorcio demandante concentró sus pruebas en demostrar el rechazo sin justificación y el cuantum de los perjuicios, sin aportar elementos sobre la calificación técnica de las propuestas. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de la demanda, y la conciliación aprobada y el dictamen sobre perjuicios no suplieron esa falta de prueba. Su consecuencia práctica es que el proponente que reclama la adjudicación debe demostrar, con la evaluación técnica, que su oferta era la mejor calificada.síntesis automática
También resuelve:¿El consorcio demandante cumplió con la carga de probar que su oferta era la mejor para la entidad?¿El demandante probó que su oferta era la mejor de conformidad con la fórmula establecida en el pliego?¿Una vez celebrado el contrato sin que se hubieran enjuiciado los actos previos, estos sólo eran demandables en ejercicio de la acción de controversias contractuales?
¿La acción de repetición gravita única y exclusivamente sobre una condena que implique una afectación patrimonial del Estado y se ejerce con el propósito de reintegrar el valor correspondiente a esa condena efectivamente pagada como consecuencia del daño antijurídico causado con la conducta del servidor público demandado? Sí
La acción de repetición se ejerce únicamente sobre una condena que implique una afectación patrimonial del Estado, con el propósito de reintegrar el valor de esa condena efectivamente pagada como consecuencia del daño antijurídico causado por la conducta del servidor. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 90 de la Constitución dispone que el Estado debe repetir contra su agente cuando la condena resulte de una conducta dolosa o gravemente culposa. Segunda, el artículo 2 de la Ley 678 de 2001 define la acción como una acción civil de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor que dio lugar a un reconocimiento indemnizatorio, proveniente de condena, conciliación u otra forma de terminación del conflicto. Tercera, esta acción cumple una función resarcitoria, una preventiva y una retributiva. En el caso, la providencia revoca la decisión de primera instancia. Además, el documento aclara que el objeto de la acción no es una condena distinta, sino el valor de la condena efectivamente pagada por la entidad. El documento no indica si cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La Sala está impedida para emitir un pronunciamiento de fondo en el presente asunto, ante la indebida escogencia de la acción, la cual constituye presupuesto necesario de la sentencia de mérito?
¿Obra prueba en el expediente que le permita concluir a la Sala que el Departamento estaba obligado a pagar una actividad de obra según una especificación técnica distinta a la que estableció en la etapa precontractual? No
El contratista no puede modificar la especificación técnica del contrato de obra pública establecida en la etapa precontractual sin prueba documental que lo permita, ya que la entidad estatal dejó claro durante el proceso de selección que la especificación aplicable era la del Departamento, no la del INVIAS. La Sala establece que el Interventor puede corregir o modificar las actas parciales en actas posteriores según lo pactado en el contrato, y que no existe incumplimiento del contrato por parte del Departamento al no pagar según una especificación técnica distinta a la pactada. Esta decisión revoca la sentencia de primera instancia y reitera que la obligación del contratante frente al pliego de condiciones debe respetarse, matizando la interpretación de la buena fe contractual en este contexto.síntesis automática
También resuelve:¿De conformidad con las cláusulas del contrato de obra, el Interventor podía hacer correcciones o modificaciones de las actas parciales en actas posteriores?¿La especificación del INVIAS no era aplicable al ítem de “Terraplenes” pues la entidad durante el proceso de selección dejó claro que la especificación aplicable era la del Departamento?¿La Sala revocará el fallo de primera instancia y negará las pretensiones porque el Tribunal desconoció la forma de pago establecida en el contrato de obra?
¿Se probó el vicio del consentimiento alegado sobre el acta de liquidación bilateral del contrato? No
El acta de liquidación bilateral de un contrato estatal solo puede anularse si se demuestra un vicio del consentimiento, como el dolo, y que la carga de probar ese vicio corresponde a quien lo alega, de modo que, mientras no se pruebe, el acta conserva su validez y el juez no debe analizar de fondo las demás pretensiones. Una razón es que los correos electrónicos señalaban de forma general que las facturas pendientes correspondían a servicios de 2013, sin certeza de que estuvieran incluidas en la relación de pagos del acta, y uno de ellos mencionaba servicios de 2012, fuera del plazo de ejecución. Otra razón es que no se acreditó un acuerdo entre la entidad y el apoderado con la intención de causar daño mediante la suscripción del acta, y el apoderado tenía capacidad para suscribirla. En el caso, la Sala confirmó la sentencia y, en aplicación del artículo 282 del Código General del Proceso, no analizó de fondo las pretensiones de pago. Su consecuencia práctica es que el acta de liquidación bilateral solo se controvierte con prueba concreta del vicio y no con correos generales sobre facturas.síntesis automática
También resuelve:¿Los correos contienen una aceptación o reconocimiento expreso de la Armada respecto de la deuda, su monto y la intención de reconocer dichas sumas de dinero a la demandante?¿La demanda fue presentada dentro del término establecido en la ley?¿Los negocios jurídicos suscritos por el apoderado en nombre de la demandante se entienden celebrados directamente por la sociedad?
¿El término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño, el cual tuvo origen en la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble? Sí
El contratista puede iniciar la acción de reparación directa dentro de los dos años posteriores a que tuvo conocimiento del daño, que en este caso se originó con la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble, independientemente de que no fuera notificado formalmente del acto. La entidad estatal, en este caso la Rama Judicial, está legitimada por pasiva cuando se le imputa el daño causado por la administración de justicia. Las pruebas documentales presentadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio si no han sido tachadas de falsas y han estado a disposición de la parte contraria, según la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el cómputo del término de caducidad y la valoración de la prueba documental, lo que implica que los contratistas tienen mayor flexibilidad para ejercer su acción de reparación directa y que los documentos presentados de manera oportuna y regular son válidos para acreditar el daño antijurídico y su imputación al Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre la Rama Judicial por ser la entidad a la que se le imputa el daño?¿Las pruebas documentales aportadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio por cumplir con el principio de contradicción y no haber sido tachadas de falsas?¿El daño antijurídico y la imputación de éste al Estado, son elementos que deben acreditarse para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado?
¿Acreditó el recurrente que presentó la mejor propuesta de conformidad con el informe de evaluación de la demandada? No
El informe de evaluación de propuestas, elaborado por el comité asesor, es un documento preliminar que no obliga a la entidad ni confiere derechos a los proponentes, porque puede ser corregido, aclarado o modificado, conforme al artículo 26 numeral 5 de la Ley 80 de 1993. Una razón es que la calificación contenida en el informe no es definitiva y solo la adjudicación resuelve el orden de elegibilidad. Otra razón es que en el caso el informe fue objeto de observaciones sobre la experiencia específica del proponente y sobre una inhabilidad por sanción, y la entidad acogió esas observaciones, por lo que el puntaje reclamado no era estable. En el asunto, el proponente sostenía que el mayor puntaje del informe lo convertía en la mejor propuesta, pero no demostró que, una vez recalificada su oferta, habría mantenido esa posición, y la licitación fue declarada desierta y adjudicada a otro oferente que cumplió los requisitos. La Sala confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita jurisprudencia reiterada de la Sección; su consecuencia práctica es que el proponente que pretende la adjudicación debe acreditar una calificación definitiva y no solo un puntaje del informe preliminar.síntesis automática
También resuelve:¿La mayor calificación del proponente fue un hecho aceptado por la demandada y debe considerarse como una confesión?¿La calificación de las propuestas realizada por el Tribunal se ajustó a los criterios del pliego y por ello la oferta de la parte demandante debía quedar en primer lugar y ser la adjudicataria del…¿La parte demandante acreditó los perjuicios derivados de los señalamientos de la entidad demandanda, sobre una presunta inhabilidad para contratar con el Estado que se configuró en otro proceso de…
¿Se acreditaron las inversiones realizadas, pero no se cumplió la carga de probar el presupuesto consistente en la incidencia que tales erogaciones causaron a la economía del contrato? Sí
El contratista no logra restablecer el equilibrio financiero del contrato de concesión portuaria debido a su incapacidad para probar el impacto económico de las inversiones realizadas, a pesar de acreditar las causas e inversiones. La entidad estatal y el tribunal mantienen que la prueba documental presentada no cumple con los estándares de idoneidad técnica y valor probatorio necesarios para demostrar la perturbación financiera del contrato. La Sala confirma que la parte demandante debe aportar pruebas técnicas especializadas y científicas, proporcionadas por expertos en finanzas y contabilidad, para justificar la afectación de la ecuación económica del contrato. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en casos de teoría de la imprevisión, limitando la posibilidad de ajustar los términos del contrato sin evidencia adecuada.síntesis automática
También resuelve:¿En las condiciones en las que la sociedad actora enmarcó su pedimento no es posible arribar a un pronunciamiento positivo al respecto?¿Demostrar que un gasto extraordinario afecta objetivamente la ecuación económica en un contrato de concesión, implica análisis razonables que permitan evaluar si el impacto alegado justifica ajustar…¿Para que se configure el desequilibrio económico del contrato es necesario demostrar, además de la alteración extraordinaria, la pérdida real, grave y anormal de la economía del contrato?
¿Como consecuencia de la declaración de ineptitud sustantiva de la demanda el juzgador no tenía competencia para resolver el fondo de la controversia? Sí
En el proceso contencioso administrativo, cuando la demanda es declarada sustancialmente inepta, el juez no tiene competencia para resolver el fondo de la controversia, de modo que no puede pronunciarse sobre las pretensiones. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la ineptitud sustantiva de la demanda impide un pronunciamiento de fondo, de modo que no puede tenerse por resuelta la pretensión en sentido desfavorable. Segunda, la decisión de fondo que se adopte sin competencia para ello carece de efectos sobre el litigio. En el caso, la sentencia de primera instancia había dado por resueltas las pretensiones, pero la Sala revoca esa decisión porque el juzgador no tenía competencia para decidir el fondo, y en su lugar declara el incumplimiento de la obligación de excluir ciertas áreas del objeto del contrato de comodato. En la práctica, la ineptitud sustantiva debe examinarse antes de resolver las pretensiones, porque un pronunciamiento de fondo sin competencia será revocado en apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Por no existir certeza en el perjuicio que solicita la parte actora sea reparado, no hay lugar al reconocimiento de tales pedimentos?¿Es claro que existió un incumplimiento por parte del municipio de Valledupar en la obligación de exceptuar del convenio los locales del inmueble?¿El vínculo jurídico inicial se cimentó en el apoyo de la corporación demandante en la efectividad del cumplimiento del servicio público de educación…
¿La caducidad de las acciones se ha instituido como aquel fenómeno jurídico-procesal por medio del cual el legislador limita en el tiempo el derecho de acción, que opera por mandato normativo al verificarse el cumplimiento del plazo extintivo? Sí
El contratista no puede presentar una acción contractual después de que caduca el término legal, que se inicia a partir de la firma del acta de liquidación bilateral o, en su defecto, del plazo que tenía la entidad para realizarla, según lo establecido en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se fundamenta en la necesidad de brindar seguridad jurídica al conglomerado social, protegiendo los intereses colectivos y generales mediante la institución de la caducidad de la acción, que es de orden público e irrenunciable. La Sala reitera su jurisprudencia sobre la contabilización del término de caducidad en contratos que requieren liquidación, lo que implica que las partes deben cumplir rigurosamente con los plazos establecidos para evitar la caducidad de la acción contractual.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos que requieran de liquidación, como lo son los contratos de tracto sucesivo y los que señala el artículo 60 de la ley 80 de 1993…¿El acta de liquidación bilateral es un negocio jurídico que nace de la autonomía negocial de quienes suscribieron el contrato estatal y que se orienta a dar firmeza o definición a las prestaciones…¿El acta de liquidación del contrato estatal se puede realizar con posterioridad al término pactado o supletorio de 4 meses para su adopción por mutuo acuerdo y del período de 2 meses en que la…