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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no se acreditó que se hubiera presentado una circunstancia constitutiva de la “excepción de contrato no cumplido”

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Fecha
2022-12-16
Radicado
25000232600020050251003
Número interno
38102
Ponente
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
REDFILE LTDA
Demandado
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no se acreditó que se hubiera presentado una circunstancia constitutiva de la “excepción de contrato no cumplido”

Lo que dijo la Sala

Conforme a las pruebas que obran en el proceso, la Procuraduría General de la Nación, en la reunión efectuada el 14 de marzo de 2005, informó a Redfile Ltda. que la estaba investigando por irregularidades respecto al grupo de trabajo encargado de ejecutar el contrato. El contratista, después de esta reunión, decidió retirar unos equipos de las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación y dejar de ejecutar el contrato. La Procuraduría General de la Nación desde el 18 de marzo de 2005, esto es, cuatro días después de la citada reunión, informó al contratista que no había suspendido la ejecución del contrato y lo requirió en varias oportunidades para que lo cumpliera.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede evitar la imposición de una multa por la entidad estatal por dejar de ejecutar las obligaciones pactadas, ya que no se demostró que la entidad hubiera omitido una etapa de arreglo directo, suspendido el contrato o expulsado al personal encargado de la ejecución del contrato, ni que hubiera incumplido un acuerdo para continuar con la ejecución contractual. La entidad no incurrió en una razonable imposibilidad de cumplir sus obligaciones, por lo que no se configuró la excepción de contrato no cumplido. La Sala confirmó la sentencia de primera instancia, reiterando que la jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas y que la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por actos proferidos con ocasión de la ejecución de un contrato.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La entidad demandada debía abstenerse de imponer una multa al contratista por dejar de ejecutar las obligaciones pactadas, al omitir una etapa de arreglo directo, suspender el contrato, expulsar al personal encargado de la ejecución del contrato e incumplir un acuerdo en el que se acordó continuar con la ejecución contractual?

Respuesta: No

También resuelve

  • ¿La jurisdicción Contencioso Administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas?
  • ¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan los perjuicios por los actos…
  • ¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES APELACIÓN DE LA SENTENCIA CONTRATO DE CONSULTORÍA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA IMPOSICIÓN DE LA MULTA COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL MULTA AL CONTRATISTA MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO PRESUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA FALTA DE PRUEBA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RECURSO DE APELACIÓN APELANTE ÚNICO LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO DOCUMENTO PÚBLICO AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO DOCUMENTO PRIVADO AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PRIVADO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PRIVADO CONTRATO ESTATAL REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTIVIDAD CONTRACTUAL DERECHO PRIVADO VIGENCIA DE LA LEY COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA ADOPTAR DECISIÓN CONTRACTUAL FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ACTO DE PODER DE LA ENTIDAD DEL ESTADO ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACTO ADMINISTRATIVO ACTO DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD DEL ESTADO NORMA DE DERECHO PRIVADO ARREGLO DIRECTO INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES CONDICIONES DEL CONTRATO ESTATAL ACUERDO DE VOLUNTADES PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA CONTRATO BILATERAL OBLIGACIÓN CONTRACTUAL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL OBJETO DEL CONTRATO RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO CONDICIÓN RESOLUTORIA TÁCITA CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO CONTRATO SINALAGMÁTICO JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO TESTIMONIO SOSPECHOSO VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO TESTIGO DE OÍDAS TESTIMONIO DE OÍDAS VALIDEZ DEL TESTIMONIO DE OÍDAS VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO DE OÍDAS CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA

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Caducidad de la acción contractual Multas y cláusula penal Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio

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Titulación de la relatoría 29.644 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE CONSULTORÍA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL / MULTA AL CONTRATISTA / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / PRESUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FALTA DE PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN Problema jurídico: ¿La entidad demandada debía abstenerse de imponer una multa al contratista por dejar de ejecutar las obligaciones pactadas, al omitir una etapa de arreglo directo, suspender el contrato, expulsar al personal encargado de la ejecución del contrato e incumplir un acuerdo en el que se acordó continuar con la ejecución contractual? Respuesta al problema jurídico: No Conforme a las pruebas que obran en el proceso, la Procuraduría General de la Nación, en la reunión efectuada el 14 de marzo de 2005, informó a Redfile Ltda. que la estaba investigando por irregularidades respecto al grupo de trabajo encargado de ejecutar el contrato. El contratista, después de esta reunión, decidió retirar unos equipos de las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación y dejar de ejecutar el contrato. La Procuraduría General de la Nación desde el 18 de marzo de 2005, esto es, cuatro días después de la citada reunión, informó al contratista que no había suspendido la ejecución del contrato y lo requirió en varias oportunidades para que lo cumpliera. Posteriormente, la entidad decidió imponer una multa de conformidad con lo pactado en el contrato de consultoría n.° 073. Estas circunstancias impiden afirmar la existencia de un incumplimiento grave, serio, determinante, trascendente y de gran significación por parte de la entidad que hubiera situado al contratista en una razonable imposibilidad de cumplir sus obligaciones. No se acreditó, entonces, que se hubiera presentado una circunstancia constitutiva de la “excepción de contrato no cumplido”, que hubiera impedido a la entidad imponer la multa demandada. (…) Como el demandante no acreditó que la entidad hubiera incumplido el contrato, al haber dado una orden de suspenderlo o haber expulsado a su personal, no demostró la “excepción de contrato no cumplido”. La Sala no accederá a la pretensión. (…) Según la demanda, la entidad no podía imponer la multa, pues suscribió un acta el 7 de septiembre de 2007 donde se comprometió a cumplir el contrato. Se demostró –mediante acta de reunión– que el contratista manifestó su intención de continuar la ejecución del contrato, de replantear el cronograma de trabajo y de doblar el equipo de trabajo. La entidad, por su parte, señaló que se debía tener en cuenta que el plazo del contrato estaba próximo a vencerse (…). Este documento se presume auténtico (…) y su contenido no fue desvirtuado por las pruebas allegadas al proceso. Los (sic) consignado en esta acta, sin embargo, no se encuentra relacionado con algún incumplimiento de la entidad que le hubiera impedido imponer la multa. Para esa fecha, además, ya se había consumado el incumplimiento que justificaba la medida. Por ello, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia. COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿La jurisdicción Contencioso Administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.5 CCA (…). FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1 PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA Problema jurídico: ¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan los perjuicios por los actos proferidos con ocasión de la ejecución de un contrato? Respuesta al problema jurídico: Si La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por los actos proferidos con ocasión de la ejecución de un contrato (arts. 50 y 51 Ley 80, 1546 y 1602 CC y 87 CCA). FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1546, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 50, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 51 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MULTA AL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales? Respuesta al problema jurídico: No El término para formular las pretensiones de naturaleza contractual, en la acción controversias contractuales, de conformidad con el inciso primero del numeral 10 del artículo 136 CCA, por regla general, es de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. Como el demandante solicitó la nulidad del acto que impuso una multa, que fue confirmado por el documento denominado “Resolución n.° 1684” del 8 de agosto de 2005 (…) y la demanda se interpuso el 3 de noviembre de 2005, el medio de control se intentó en tiempo. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 INCISO 1 NUMERAL 10 RECURSO DE APELACIÓN / APELANTE ÚNICO / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante único? Respuesta al problema jurídico: Si Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 CPC. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357 COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO Problema jurídico: ¿Tienen valor probatorio las copias simples? Respuesta al problema jurídico: Si Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las copias simples, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero. DOCUMENTO PÚBLICO / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / DOCUMENTO PRIVADO / AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PRIVADO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PRIVADO Problema jurídico: ¿El documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención y se presume auténtico, el mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica? Respuesta al problema jurídico: Si Según el artículo 251 CPC, los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico y el documento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264, 277 y 279 CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art 187 CPC). FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 187, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 251, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 264, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 277, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 279 CONTRATO ESTATAL / REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿A los contratos celebrados con la Procuraduría General de la Nación, se aplica además del derecho civil, la regulación especial prevista en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Ley 80 de 1993 prescribe que, por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes (arts. 13, 23, 28, 32, 40, 44 y 45 de la Ley 80 de 1993 y art. 2 CC), salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. De modo que el contrato estatal se rige por las disposiciones comerciales y civiles, salvo lo previsto por las normas de orden público previstas en la Ley 80 y sus modificaciones (arts. 5.1 Ley 57 de 1887 y 3° de la Ley 153 de 1887). El 24 de diciembre de 2004, la Procuraduría General de la Nación suscribió el contrato n.° C-388 con Redfile Ltda. (…). Como la Procuraduría General de la Nación es parte del contrato, a sus contratos se aplica, además del derecho privado, la regulación especial prevista en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la regulación del contrato estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2020, rad. 31628, C. P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 3, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 2, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45 IMPOSICIÓN DE LA MULTA / MULTA AL CONTRATISTA / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / DERECHO PRIVADO / VIGENCIA DE LA LEY / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA ADOPTAR DECISIÓN CONTRACTUAL Problema jurídico: ¿Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, se encontraban habilitadas para pactar válidamente e imponer cláusulas penales y multas contractuales. La imposición de estas multas, no obstante, no comportaba la expedición de acto administrativo alguno y constituía un acto contractual en el marco del derecho privado? Respuesta al problema jurídico: Si Esta Corporación, a pesar de la claridad de la regulación propia del derecho privado aplicable a las entidades regidas por la Ley 80 de 1993, sostuvo que esas entidades no podían imponer multas unilateralmente, por falta de competencia. Esto, porque como la Ley 80 no las reguló y se entendían como potestades excepcionales, no era posible el ejercicio de una competencia no dada por la ley. El hecho de que la Ley 80 de 1993 no las regulara, no significó –como lo entendió la jurisprudencia de la Sala– que las entidades públicas no pudieran pactarlas y, como lo hacen los particulares, hacerlas efectivas en caso de incumplimiento. El silencio de la Ley 80 no fue, entonces, un error por omisión, sino una decisión consciente y deliberada, de un legislador que recurrió acertadamente al derecho privado. Ese mal entendimiento llevó a la reforma legal de la Ley 1150 de 2007, que convirtió un asunto regulado por el derecho civil en un tema propio del derecho público y del ejercicio de función administrativa. No solo la expedición de actos administrativos para la imposición de multas y la declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal, sino además la aplicación de unas reglas que denominó –influido en la jurisprudencia tanto ordinaria como de tutela– “debido proceso”, para adoptar cada una de estas decisiones (art. 17). (…) Esta Subsección ha sostenido que las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, se encontraban habilitadas para pactar válidamente e imponer cláusulas penales y multas contractuales. La imposición de estas multas, no obstante, no comportaba la expedición de acto administrativo alguno y constituía un acto contractual en el marco del derecho privado. La Sala precisa, en esta oportunidad, que, aunque la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2001 disponen que las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración pueden imponer multas a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable por la Administración, ello no quiere decir que las partes no puedan, además, hacer efectivas las multas según la legislación civil o comercial en vigencia de aquellas disposiciones. (…) Para determinar las normas aplicables se deberá diferenciar si la imposición de la multa se ejerció con fundamento en una prerrogativa del poder público o en una facultad del tipo contractual. Cuando una entidad sometida al estatuto indique, en el acto que impone la multa, que hizo uso de la facultad establecida en la Ley 1150 de 2007, acuda al procedimiento establecido en la Ley 1474 de 2011 o inicie un procedimiento de cobro coactivo en contra del deudor, estará expidiendo un acto administrativo en el marco de las prerrogativas del poder público, sujeto a los recursos legales y al control judicial dispuestos para esta figura en la ley. Por el contrario, cuando la entidad acuda a los procedimientos propios del derecho privado para hacerla efectiva, se deberá estudiar si concurren los propuestos regulados por la ley o por las partes para adoptar esa decisión, lo cual excluye el análisis de legalidad porque no comporta la expedición de un acto administrativo. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la cláusula penal y sus características, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de mayo de 1996, rad. 4607. Respecto de la imposición de multas en la relación contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de marzo de 2004, rad. 15936, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 30 de julio de 2008, rad. 21574, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 14 de junio de 2012, rad. 22223, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 5 de agosto de 2020, rad. 45183, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 897, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1474 DE 2011, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1501, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1530, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1592-1601, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1714, LEY 80 DE 1993 FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO DE PODER DE LA ENTIDAD DEL ESTADO / ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD DEL ESTADO / NORMA DE DERECHO PRIVADO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Constituyen un acto administrativo las resoluciones 1284 y 1684 mediante las cuales se impuso multa al demandante, documentos proferidos por La Procuraduría General de la Nación, entidad sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, que podía imponer multas, amparada en el derecho privado? No Respuesta al problema jurídico: No Las decisiones que son expresión de función administrativa (actos de poder), de conformidad con la ley, tienen como instrumento principal el acto administrativo. En cambio, frente a una manifestación de actividades propias de los particulares (actos de gestión), no podría predicarse su existencia. El 17 de junio de 2005, la Procuraduría General de la Nación, mediante el documento denominado “Resolución n.° 1284”, impuso una multa a Redfile Ltda. por valor de (…) y confirmó la decisión el 8 de agosto siguiente, a través del documento denominado “Resolución n.° 1684” (…). La decisión de la entidad, que fue tomada antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, fue proferida en el marco de una relación contractual que estaba regida por el derecho privado respecto al pacto de la cláusula penal. Como las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podían imponer multas amparadas en el derecho privado (art. 1592 CC) y esa decisión no era la expresión de función administrativa, las decisiones adoptadas por la entidad demandada no son actos administrativos. Por ello, la Sala se abstendrá de estudiar los cargos de nulidad contra los documentos denominados “Resolución n.° 1284” y “Resolución n.° 1684” formulados por el demandante, dado que no constituyen acto administrativo alguno. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1592 ARREGLO DIRECTO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / CONDICIONES DEL CONTRATO ESTATAL / ACUERDO DE VOLUNTADES / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / CONTRATO DE CONSULTORÍA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Las partes del contrato acordaron que el contratista debía pagar una multa por una suma equivalente al uno por mil del valor del contrato por cada día de retardo en el incumplimiento de sus obligaciones, sin necesidad de agotar una etapa previa de arreglo directo entre los contratantes? Respuesta al problema jurídico: No Solo cuando conste de manera inequívoca que la intención de las partes es distinta de lo que expresan los términos del contrato (art. 1602 CC), es posible recurrir a la definición de esa voluntad a través de los diferentes criterios previstos por el Código Civil. La intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 CC), que aparece claramente, en la cláusula 7.b del contrato de consultoría n.° 073, permite concluir que los contratantes acordaron que el contratista debía pagar una multa –cláusula penal de apremio– por una suma equivalente al uno por mil del valor del contrato por cada día de retardo en el incumplimiento de sus obligaciones. (…) Al margen de la discutible jurisprudencia que cuestiona la validez de este tipo de las cláusulas de arreglo directo para acudir a la jurisdicción, la Sala evidencia que esta estipulación no sometió a plazo o condición la cláusula penal de apremio que la Procuraduría General de la Nación hizo efectiva a través de los documentos denominados “Resolución n.° 1284” y “Resolución n.° 1684”. En efecto, de la redacción de las cláusulas no es posible inferir que las partes hubieran pactado que para que operara la cláusula penal de apremio, sería necesario agotar una etapa previa de arreglo directo entre los contratantes. La cláusula penal pactada, en su regulación, contenía los elementos esenciales para su ejercicio por la entidad, sin que las partes tuvieran la intención de limitarla o posponerla so pretexto de un arreglo directo de la controversia. No le asiste razón al demandante al afirmar que la entidad incumplió el contrato al imponer la multa sin haber agotado la etapa de arreglo directo pactada en la cláusula novena del contrato. Por ello, la Sala negará esta reclamación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la intención de las partes expresada en los términos del contrato, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 29 de agosto de 1924; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de junio de 2012, rad. 23191, C. P. Danilo Rojas Betancourth. FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1618 CONTRATO BILATERAL / EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / PRESUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / CONDICIÓN RESOLUTORIA TÁCITA / CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / CONTRATO SINALAGMÁTICO / JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿La excepción de contrato no cumplido requiere para su procedencia la concurrencia de una obligación, su cumplimiento, un perjuicio y la relación de causalidad entre éste y el incumplimiento retardado o incompleto. Además, para que proceda la condición resolutoria tácita, quien demanda debe acreditar el cumplimiento de sus obligaciones o en caso de encontrarse en mora, que ese hecho tiene origen en el incumplimiento del otro contratante? Respuesta al problema jurídico: Si Cualquiera de las partes de un contrato bilateral tiene derecho a la acción alternativa que le otorga la ley para exigir de la otra la ejecución –cumplimiento del contrato– o su resolución y, en ambos casos, la indemnización de perjuicios (art. 1546 CC). En este caso, es preciso la concurrencia de cuatro elementos: (i) una obligación; (ii) su incumplimiento; (iii) perjuicio; (iv) la relación de causalidad entre este y el incumplimiento retardado o incompleto. Para que proceda la “condición resolutoria tácita”, quien demanda debe acreditar el cumplimiento de sus obligaciones o, en caso de encontrarse en mora, que ese hecho tiene origen en el incumplimiento del otro contratante. (…) Así, para que proceda esta condición, además de aplicarse las reglas de la mora unilaterales (arts. 1608 CC), deben atenderse las reglas previstas para la mora cuando se trata de obligaciones que tienen su fuente en contratos bilaterales. En armonía, el artículo 1609 CC prescribe que en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla o no se allane a hacerlo en la forma y tiempo debidos. La “excepción de contrato no cumplido” faculta a una de las partes de un contrato bilateral a no ejecutar su obligación mientras la otra parte no cumpla la suya. (…) Esta excepción enerva la acción indemnizatoria del demandante, pues esta solo se debe desde el momento en que el deudor se constituye en mora (art. 1615 CC). (…) En efecto, como se trata de un contrato bilateral, esto es, aquel en el que las partes se obligan recíprocamente (art 1496 CC), la obligación asumida por uno de los contratantes constituye la causa de la obligación del otro. (…) [E]sta excepción puede presentar varias hipótesis: (i) si el acreedor demandante cumplió o se allanó a cumplir, no procede la excepción; (ii) si el acreedor demandante no cumplió ni se allanó a cumplir, porque el deudor demandado debía primero, tampoco es procedente; (iii) si el acreedor demandante no cumplió ni se allanó a cumplir y el deudor debía cumplir después, tiene para su defensa esta excepción; (iv) si el cumplimiento de las obligaciones era simultáneo, procederá si el deudor demandado ofreció el pago o se allanó a cumplir en los tiempos debidos. Si ninguna de las partes del contrato concurrió a cumplir sus obligaciones, por motivos distintos al incumplimiento del otro, el deudor demandado no podrá proponer la “excepción de contrato no cumplido”. Los artículos 1546 y 1609 CC se deben aplicar en forma concordante: la acción resolutoria no es procedente si las dos partes han faltado al cumplimiento de sus respectivas obligaciones, ya que en ese supuesto ninguno está en mora. La Sala tiene determinado que esta institución en materia de contratos estatales debe ser armonizada con la finalidad de la contratación pública, que es la satisfacción de los fines del estado. La “excepción de contrato no cumplido” tiene lugar únicamente en aquellos contratos sinalagmáticos en que el incumplimiento imputable a la entidad pública sea grave, serio, determinante, trascendente y de gran significación, de manera que sitúe al contratista en una razonable imposibilidad de cumplir sus obligaciones. En ese caso será procedente que éste la pueda alegar y suspender el cumplimiento de sus obligaciones. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la excepción de contrato no cumplido, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 29 de agosto de 1984; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de octubre de 1936; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 13 de julio de 1943; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de septiembre de 1987, rad. 3113, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 21 de febrero de 1992, rad. 5857, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 14 de septiembre de 2000, rad. 13530, C. P. Ricardo Hoyos Duque. FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1496, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1546, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1608, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1609, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1615 DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO Problema jurídico: ¿Tienen valor probatorio las declaraciones rendidas por testigos sospechosos? Respuesta al problema jurídico: Si Como (…) [los testigos] tienen relación directa con los hechos alegados en la demanda y tenían vínculos con el contratista demandante, son testigos sospechosos en los términos del artículo 217 CPC. El artículo 218 CPC dispone que el juez apreciará los testimonios sospechosos de acuerdo con las circunstancias de cada caso y que no se pueden desechar de plano, sino que deben ser analizados con mayor rigurosidad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio del testimonio sospechoso, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2011, rad. 20262, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 217, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 218 TESTIGO DE OÍDAS / TESTIMONIO DE OÍDAS / VALIDEZ DEL TESTIMONIO DE OÍDAS / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO DE OÍDAS Problema jurídico: ¿Tiene valor probatorio el testimonio de oídas? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 228.3 CPC dispone que, si la declaración versa sobre expresiones que el testigo hubiere oído, el juez ordenará que explique las circunstancias que permitan apreciar su verdadero sentido y alcance. Se requiere que -por lo menos- identifique las fuentes que suministraron la información y, además, que esas fuentes sean directas, es decir, que se pueda constatar que conocieron presencialmente los hechos que trasmitieron. En relación con el mérito probatorio del testimonio de oídas, la declaración del testigo se debe cotejar con el resto del acervo probatorio, para determinar su coincidencia con los demás medios de prueba recaudados. El testigo no identificó las fuentes que le suministraron la información que relató. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio del testimonio de oídas, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2011, rad. 20262, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 228 NUMERAL 3 CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Al demandante le corresponde probar los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones de la demanda? Respuesta al problema jurídico: Si Según el artículo 1757 CC, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. De modo que, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma o el deudor –si excepciona– debe probar su extinción (carga de la prueba). Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones. En concordancia, el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 CCA, prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la carga de la prueba, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 13 de febrero de 1936 y sentencia de 13 de enero de 1971. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 168, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1757

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200502510031100103