Titulación de la relatoría 26.234 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / MUERTE DE MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO / CONDENA JUDICIAL / AGENTE DEL ESTADO / HECHO PROBADO / MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / COPIA DE LA SENTENCIA / SENTENCIA CONDENATORIA / AUTO QUE APRUEBA EL ACUERDO DE CONCILIACIÓN / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / AUSENCIA DEL DOLO / FALTA DE PRUEBA
Problema jurídico:
¿El dolo o la culpa grave que la parte actora deben quedar debidamente demostrados en el expediente del proceso adelantado bajo el medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a condena judicial resarcitoria impuesta a la parte demandante y la condición de agente estatal del demandado no fueron materia de debate en esta instancia, debido a que fueron aceptados expresamente —como hechos probados— por el demandado en su contestación a la demanda […]. […] [L]a Sala encuentra […] que los medios de convicción allegados al plenario son suficientes para comprobar el pago realizado por la demandante […]. […] En el caso objeto de estudio, respecto del presupuesto subjetivo de procedibilidad del medio de control de repetición, atinente a la acreditación de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente del Estado, la Sala observa que, para demostrar tal circunstancia, el apoderado de la parte demandante solo allegó al expediente la copia de la sentencia condenatoria en su contra, del auto que aprobó el acuerdo conciliatorio obtenido por las partes y los documentos relacionados con el efectivo pago de la condena judicial. Al margen de los dos últimos medios de prueba indicados, de los que es indiscutible su falta de vocación para demostrar el presupuesto que es materia de análisis, cabe decir que si bien la sentencia condenatoria del Tribunal Administrativo de Antioquia estableció las razones que dieron lugar a la imposición de la condena en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, tales consideraciones no constituyen prueba para acreditar la responsabilidad personal del [demandado], porque, conforme a lo ya expuesto, el análisis de la responsabilidad del Estado no involucró la valoración de la conducta del agente que supuestamente participó en los hechos generadores del daño; motivo por el cual, el dolo o la culpa grave que la parte actora le atribuye, deben quedar debidamente demostrados en el expediente del proceso adelantado bajo el medio de control de repetición, y con fundamento en las pruebas válidamente aportadas. En esta controversia no ocurre lo anterior, al punto que ni siquiera están presentes las pruebas valoradas en el proceso ordinario objeto de la demanda promovida en esta ocasión. […] En concreto, quien promueve el medio de control de repetición no solicitó ni allegó los elementos materiales probatorios que revelaran cada una de las actuaciones del [demandado] antes, durante y después de los acontecimientos que trajeron como desenlace la muerte de dos miembros del Ejército Nacional; el tipo de relación que tenían las personas involucradas en los hechos que dieron lugar a la demanda de reparación directa en contra de la aquí demandante o los protocolos o reglamentos respecto del uso de armas de dotación oficial, para así contar con elementos de juicio necesarios para establecer cuál fue la conducta desplegada por el agente estatal accionado. Por lo expuesto, la Sala concluye que el órgano demandante no demostró que [el demandado] […] hubiera incurrido en una conducta gravemente culposa o dolosa en el ejercicio de las competencias que le confería el cargo de soldado del Ejército Nacional, que hubiera traído como consecuencia la condena judicial, conciliada […]. En consecuencia, la Sala confirmará el fallo de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones aquí expuestas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la entrada en vigencia de la ley 1564 de 2012 y su aplicación en la jurisdicción contencioso administrativa, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. 49299, C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 247, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 67
REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / EXSERVIDOR PÚBLICO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO OBJETIVO DEL MEDIO DEL CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CULPA / REPARACIÓN DEL DAÑO / CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / CAUSACIÓN DEL DAÑO / RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO / CONCEPTO DE DOLO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / FUNCIONES DEL FUNCIONARIO PÚBLICO / REQUISITOS DEL CARGO PÚBLICO
Problema jurídico:
¿Para que prospere las pretensión de repetición se debe constatar la obligación resarcitoria a cargo del Estado; la condición de servidor o ex servidor público de la persona contra la que se repite; el pago efectivo de la obligación resarcitoria; y la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público?
Respuesta al problema jurídico: Si
La estimación de las pretensiones de repetición pende de la constatación de la concurrencia de cuatro (4) presupuestos, a saber: i) la obligación resarcitoria a cargo del Estado; ii) la condición de servidor o ex servidor público de la persona contra la que se repite; iii) el pago efectivo de la obligación resarcitoria; y iv) la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público. Siendo los primeros tres elementos de carácter objetivo y el último de carácter subjetivo. [...] En los términos del citado artículo 63 del Código Civil, la culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran. Con el juicio sobre la culpa se imputa así la obligación de reparar un daño previsto o que, siendo previsible, confió imprudentemente en su capacidad de evitarlo, al tener en cuenta que el ejercicio de una función o servicio público implica unos deberes expresamente establecidos en la ley o reglamento, o derivados de las funciones detalladamente definidos en estos, que el funcionario o servidor se ha comprometido a cumplir. La culpa grave, a su vez, al tenor de la mencionada disposición normativa, implica un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario en la causación del daño. […] [L]a Corte Constitucional, en reciente sentencia de unificación, puso de presente la existencia de unos presupuestos constitucionales de la responsabilidad del funcionario, que, en lo atinente al elemento subjetivo del juicio de repetición, implican que su actuación, conforme a la normatividad vigente para la época en que se presentó el daño antijurídico, hubiera estado dirigida a “la realización de un hecho ajeno a las finalidades del Estado” (dolo), o sea calificable como “una infracción directa a la Constitución o a la ley” o como “una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones” (culpa grave). En este juicio, agregó, resulta oportuno tomar en consideración las funciones del agente contempladas en la ley y en el reglamento, o el grado de diligencia que le sea exigible al servidor debido a los requisitos para acceder al cargo, a su jerarquía en la escala organizacional o a la retribución económica por los servicios prestados.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2006, rad. 22056, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de diciembre de 2006, rad, 22099, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, rad. 24844, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2009, rad. 30329, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2009, rad. 25694, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2017, rad. 55025, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de junio de 2018, rad. 54692, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de julio de 2018, rad. 58789, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de enero de 2020, rad. 42037, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre el concepto de culpa, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2015, rad. 32207, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de agosto de 2017, rad. 45295, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de octubre de 2018, rad. 46328, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de noviembre de 2019, rad. 43056, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de septiembre de 2020, rad. 49069, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre la valoración de la conducta del agente público a la luz de las nociones de culpa grave o dolo para determinar si hay lugar a atribuirle responsabilidad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2013, rad. 23670, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de marzo de 2017, rad. 43240, C. P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de noviembre de 2018, rad. 43138, C. P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2020, rad. 41780, C. P. Alberto Montaña Plata; Corte Constitucional, sentencia de unificación del 26 de agosto de 2020, SU-354/20, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122 INCISO 1, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122 INCISO 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / ENTIDAD PÚBLICA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / SENTENCIA CONDENATORIA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA
Problema jurídico:
¿La jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los procesos de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los procesos de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, conforme a lo dispuesto en los artículos 150 y 152, numeral 11, de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Así, pues, la Sala es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. […] De acuerdo con el literal l) del artículo 164 del CPACA, el término para promover el medio de control de [repetición] es de dos (2) años contados a partir del día siguiente al que el organismo hubiera cancelado la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo legal con el que cuenta la administración para el pago de las condenas. Para esta controversia, este último evento referenciado corresponde al previsto en el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (CCA), esto es, dieciocho (18) meses, pues el proceso adelantado bajo la acción de reparación directa, que culminó con la sentencia condenatoria en contra del demandante, fue tramitado bajo esa norma procesal; así que, de darse este supuesto, este sería el punto inicial para contabilizar la vigencia del medio de control. […] [A]l ser el Ministerio Nacional el órgano que realizó el pago definido en el acuerdo conciliatorio pactado entre las partes […], le asiste legitimación en la causa por activa a la Nación, representada por el Ministro de Defensa Nacional o el comandante del Ejército Nacional o sus delegados, para presentar la pretensión de reembolso.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 LITERAL L, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 31, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 8
PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / LEY 678 DE 2001 / VIGENCIA DE LA LEY / DEROGACIÓN DE LA LEY / RETROACTIVIDAD DE LA LEY / CONDENA / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DOLO / CULPA GRAVE / HECHO DAÑOSO / APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Dado que en este caso el hecho dañoso origen de la condena ocurrió en el año 2000, a los aspectos sustanciales le son aplicables las presunciones estatuidas en la Ley 678 de 2001?
Respuesta al problema jurídico: No
Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior […]. Por ende, como en este caso el hecho dañoso origen de la condena ocurrió en el año 2000, los aspectos sustanciales del caso sub judice le son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del Decreto-Ley 01 de 1984, y, en consecuencia, no son aplicables las presunciones estatuidas en la Ley 678 de [2001]. Lo anterior, con la precisión de que, en el ámbito procesal, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, aplican las disposiciones contenidas en la Ley 678 de 2001, por ser la normativa vigente al momento de presentación de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la vigencia y aplicación de la Ley 678 de 2001 en los juicios de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, rad. 30330, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo, que serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de junio de 2018, rad. 54692, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2006, rad. 22056, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2007, rad. 18621, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008, rad. 26227, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de julio de 2008, rad. 29221, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de enero de 2020, rad. 42037, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2017, rad. 55025, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de diciembre de 2017, rad. 39980, C. P. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de junio de 2018, rad. 54692, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de julio de 2018, rad. 58789, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre la normativa aplicable en el ámbito procesal, que es la vigente al momento de presentación de la demanda, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2017, rad. 55025, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de diciembre de 2017, rad. 39980, C. P. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de julio de 2018, rad. 58789, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 624, LEY 678 DE 2001
PAGO / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / OBLIGACIÓN DE DAR / OBLIGACIÓN DE HACER / OBLIGACIÓN DE NO HACER / EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES / CAUSACIÓN DEL DAÑO / INEXISTENCIA DE LA TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA / PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN / PRUEBA DOCUMENTAL / PRUEBA DEL PAGO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / VALIDEZ DEL DOCUMENTO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO / DOCUMENTO PÚBLICO
Problema jurídico:
¿La codificación civil establece un modo o tarifa legal para probar el pago de una obligación?
Respuesta al problema jurídico: No
El pago implica el cumplimiento concreto de una obligación a cargo del deudor, que consiste en la ejecución de la prestación que se debe (artículo 1626 Código Civil). Es así una conducta positiva o de abstención –dar, hacer o no hacer–, según el caso, que tiene la capacidad extintiva del vínculo obligacional (artículo 1625 ejusdem) contraído por voluntad propia, por la causación de un daño o por el apremio de la ley (artículo 1494 del Código Civil). Nuestra codificación civil no establece un modo o tarifa legal para probar el pago de una obligación, pues estableció la libertad de las partes para acudir a cualquier medio legalmente válido, a fin de acreditar ese acto extintivo de obligaciones, postura que fue recogida y adoptada por el Código de Procedimiento Civil —en su momento— y que se mantiene vigente en el actual Código General del Proceso. Si bien es cierto que el Código Civil hace referencia a la “carta de pago”, así como al recibo o paz y salvo, que es la declaración del acreedor de haber recibido de forma satisfactoria el pago, la cual es una prueba documental que —por provenir del acreedor— tiene la entidad suficiente para acreditar el pago o la solución de la obligación, no es esta la única prueba que prevé el ordenamiento jurídico para tal efecto, pues, se recuerda, no hay tarifa probatoria para acreditar el pago efectivo y, por ende, el deudor puede valerse de cualquier medio legalmente válido. En este orden de ideas, el juez debe valorar de forma conjunta los medios de prueba allegados, bajo los parámetros de la sana crítica. El Consejo de Estado, desde el año 2013, ha revisado la postura sostenida hasta ese momento en relación con el pago efectivo de la condena y ha considerado que, si bien los documentos aportados por las entidades públicas eran elaborados por ellas mismas, lo cierto es que gozan de plena validez y capacidad probatoria, como quiera que, en virtud de quien los expide, se trata de documentos públicos.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 175, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 187, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 165, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 176, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1494, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1626, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1628, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1653, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1654, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1669
CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CULPA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / ACCIÓN DE REPETICIÓN / AUSENCIA DEL DOLO / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA DE OFICIO / EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿En casos de repetición, la administración tiene la carga de probar la conducta irregular (dolosa o culposa) del agente o exagente que ocasionó la condena, sin que para ello sea suficiente con aportar las sentencias correspondientes al proceso primigenio?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sección Tercera de esta Corporación ha sostenido que la administración tiene la carga de probar la conducta irregular (dolosa o culposa) del agente o exagente que ocasionó la condena —y este tiene la oportunidad de demostrar en el juicio de la acción de repetición que su actuación no fue con dolo o con culpa grave—, sin que para ello sea suficiente con aportar las sentencias correspondientes al proceso primigenio —en el que se profirió la condena en su contra— […]. En esa perspectiva, la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no demuestra, por sí misma, el dolo o la culpa grave del servidor, porque el análisis que realiza el juez contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad patrimonial del Estado difiere del que hace el juez de la repetición, dado que último tiene que ver con un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente, fundado en las pruebas legalmente acopiadas, que al ser apreciadas pueden generar resultados diferentes al que tuvieron en el proceso de reparación. Por tal motivo, el criterio expuesto en la decisión que define la reparación no ata la valoración de la conducta del servidor en la repetición. Entonces, el incumplimiento de la carga probatoria en los términos referidos no puede ser suplida por medio del decreto oficioso de pruebas, dado que no se trata del esclarecimiento de puntos oscuros o dudosos de la contienda, sino de la omisión de la parte demandante de agotar los medios a su alcance para cumplir con la obligación de acreditar el supuesto de hecho que impone el ejercicio de la acción de repetición.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la carga de la prueba en casos de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, rad. 24844, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre le valor probatorio de las sentencias que prueban la decisión judicial y las actuaciones procesales, pero no sirven para probar los hechos que le sirvieron de fundamento, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de noviembre de 2021, rad. 46393, C. P. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de junio de 2021, rad. 42103, C. P. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, rad. 21926, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de agosto de 2013, rad. 26777, C. P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2015, rad. 39944, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de mayo de 2019, rad. 50100, C. P. Carlo Alberto Zambrano Barrera; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de noviembre de 2019, rad. 43056, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de diciembre de 2019, rad. 50023, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / SEGUNDA INSTANCIA / CURADOR AD LITEM / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES
Problema jurídico:
¿Es procedente tasar las agencias en derecho a favor del demandado teniendo en cuenta que fue representado a través de curador ad litem, sin que, por demás, hubiera desplegado intervención alguna en esta instancia en las oportunidades que la ley prescribe para ello?
Respuesta al problema jurídico: No
El artículo 361 del CGP indicó que las costas se componen de expensas y gastos sufragados en el proceso y agencias en derecho. Para la fijación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el Acuerdo No. 1887 de 2003, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el momento de presentación de la demanda. Respecto de su valor, el artículo 3.1.3 estableció que, para la segunda instancia de procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pueden ser fijadas hasta en el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negada. La Sala, teniendo en cuenta que en el presente asunto el demandado fue representado a través de curador ad litem, sin que, por demás, hubiera desplegado intervención alguna en esta instancia en las oportunidades que la ley prescribe para ello, considera razonable no tasar las agencias en derecho a favor del citado demandado. De existir costas en virtud de expensas y gastos sufragados durante el proceso, se procederán a liquidar por Secretaría en el caso de que se hubieren causado.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 3.1.3, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 247, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365