Titulación de la relatoría 16.527 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / EVENTOS DE AFLUENCIA MASIVA DE PÚBLICO / ARTISTA / IMPUTACIÓN DEL PAGO EN EL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / POLICÍA / CAPACIDAD ECONÓMICA / RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO / NEGOCIO JURÍDICO ENTRE PARTICULARES / CLASES DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN DE RESULTADO
Problema jurídico:
¿La causa de las cancelaciones de los eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense coordinado por el Consejo Superior de Policía, es imputable al contratista en el marco del manejo de los negocios privados con los artistas y, por tanto, deben ser asumidos bajo su propio riesgo financiero?
Respuesta al problema jurídico: Si
La causa de las cancelaciones de ambos eventos en las fechas convenidas ni el incumplimiento de los pagos es atribuible al Consejo, pues como se vio, la estructuración de los acuerdos con los cantantes no se hizo en función del pago que éste se comprometió a efectuar después, sino en el marco del manejo de los negocios de la sociedad y, por tanto, bajo su propio riesgo financiero, por lo cual, en este escenario, que fue el invocado en la demanda, no hay lugar a considerar que la contratista se allanó a cumplir y como tal, se habilitó como sujeto apto para exigir el cumplimiento de pago de las obligaciones del Consejo o el reconocimiento de una indemnización por los daños y perjuicios derivados de ello, cuando para la fecha en que este era debido, ya era claro que los artistas no harían sus presentaciones según los contratos suscritos con ellos. Según la estructura de los contratos Nos. 004 y 006, el pago al que se comprometió el Consejo no estaba destinado a remunerar las gestiones que pudiera haber realizado la demandante para la presentación de los artistas, al margen de que se obtuviera o no el resultado, pues la sociedad no asumió una obligación de medio, sino, específicamente y con independencia de las labores que aquella tuviera que emprender para lograrlo, lo que se convino remunerar fue una obligación de resultado consistente en la realización efectiva de los eventos en la forma y condiciones convenidas; de ahí que no pueda sostenerse que la pretensión de cumplimiento se abriera paso por el solo hecho de las gestiones que realizó con posterioridad a su incumplimiento para la realización de los eventos que finalmente no se concretaron. Por las mismas razones acabadas de expresar, las pretensiones indemnizatorias tampoco estarían llamadas a prosperar, en la medida que aun cuando no hay discusión respecto de que el Consejo no cumplió su obligación de pago, lo cierto es que para la fecha en que debía efectuarlo, la contratista no estaba en condiciones de garantizar la presentación de los artistas (...). La sociedad también fundó sus pretensiones en que, después de las fallidas presentaciones de los artistas en el Aguinaldo Boyacense 2013, se acordó entre ella, el Consejo y los cantantes nuevas fechas para las presentaciones. Sobre el acuerdo referido, la Sala no encuentra prueba que lo acredite; por ende, no media posibilidad de resolver una responsabilidad contractual cuando no hay prueba de su existencia.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546
PERSONA JURÍDICA PRIVADA / DERECHO PRIVADO / PERSONERÍA JURÍDICA / POLICÍA / SERVICIO CÍVICO / SERVICIO SOCIAL / ESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN / ENTIDAD TERRITORIAL / FACULTADES DEL ALCALDE / ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
Problema jurídico:
¿El Consejo Superior de Policía es una institución cívico social, sin ánimo de lucro con personería jurídica y patrimonio propio, al servicio a la Comunidad y del Comando del Departamento de Policía Boyacá, que a pesar de ejercer funciones de asesor e impulsor de actividades para el bienestar de los habitantes del Departamento, no tiene la naturaleza de entidad pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Consejo es una persona jurídica de derecho privado. La Gobernación de Boyacá, bajo la normativa vigente para entonces, a través de la Resolución 317 de 1970 reconoció personería jurídica al Consejo Superior de Policía, por cumplir con las formalidades consagradas en el artículo 44 de la Constitución Política de 1886 y los Decretos 1326 de 1922 y 1510 de 1944 (…), cuya dirección estaba en cabeza del presidente, cargo designado al alcalde de Tunja, y del vicepresidente, grado concedido al comandante del Departamento de Policía de Boyacá. El Municipio informó con destino a este proceso que el Consejo “no forma parte de la actual estructura de la Administración Municipal” y en el certificado de existencia y representación legal de esta persona jurídica consta que es una entidad sin ánimo de lucro, con el objeto social y los órganos de representación referidos. Si bien en los estatutos del Consejo se indica que en los órganos de dirección está el alcalde de Tunja, esto no da lugar a calificarlo como una entidad pública, pues la designación de un servidor público como su presidente en nada altera la naturaleza jurídica bajo la cual fue constituido.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1886 - ARTÍCULO 44, DECRETO 1326 DE 1922, DECRETO 1510 DE 1944
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA / CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIÓN / SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA / CONTRATACIÓN DE PERSONAS PRIVADAS QUE ADMINISTRAN RECURSOS PÚBLICOS / ENTIDAD TERRITORIAL / CONTRATO ENTRE PARTICULARES / JURISDICCIÓN ORDINARIA / RECURSOS PÚBLICOS
Problema jurídico:
¿En cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al resolver el conflicto negativo de jurisdicciones, le corresponde a esta Corporación el conocimiento del recurso de apelación instaurado por la parte demandante, a pesar de que ninguna de las partes del contrato tienen condición de entidad pública y no se configure un fuero de atracción?
Respuesta al problema jurídico: Si
En la audiencia inicial celebrada el 4 de agosto de 2016, el a quo declaró que a esta jurisdicción no le corresponde conocer del sub lite, dada la naturaleza de las partes que suscribieron los negocios jurídicos respecto de los cuales gira el litigio - ambos sujetos de derecho privado- y en consideración a que el Municipio no actuó en ellos como contratante ni como contratista; en consecuencia, remitió el proceso a la jurisdicción ordinaria, la cual planteó el conflicto negativo de jurisdicciones que fue resuelto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a través de providencia del 11 de octubre de 2017, en el sentido de asignar el conocimiento del asunto a esta jurisdicción, bajo el entendido que en la ejecución de los contratos se involucraron recursos públicos provenientes de una entidad territorial. La Sala, en respeto de las decisiones impartidas en el marco del ejercicio de las competencias constitucionales, se sujeta al cumplimiento de esta decisión y bajo ese panorama resolverá el recurso de alzada instaurado por la parte demandante. Sin embargo, advierte que en este caso no se configuró ninguno de los supuestos que definen los asuntos de los cuales corresponde conocer a esta jurisdicción, en la medida que (i) ninguna de las partes de los contratos Nos. 004 y 006 de 2013 tiene la condición de entidad pública, (ii) el carácter público de los recursos con los que se financiaron los negocios jurídicos, en los términos de la ley, no es un elemento que defina la jurisdicción ni les da el carácter de estatal a los negocios jurídicos que con ellos se financien; (iii) no se configura un fuero de atracción, en tanto no se cumplen las condiciones para que proceda su aplicación.
FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / MUNICIPIO / ENTIDAD TERRITORIAL / PARTES DEL CONTRATO / FUNCIONES DEL ALCALDE / PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA
Problema jurídico:
¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio, al no haber sido parte de los contratos enjuiciados, y no haber actuado en el Consejo prevalido de su calidad de representante legal de la entidad territorial?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Municipio no tiene legitimación en la causa por pasiva. (i) No fungió como parte dentro de los contratos enjuiciados, ni la litis se dirige a cuestionar la validez del convenio No. 117 de 2013 que suscribió con el Consejo; (ii) la designación de la calidad del presidente del Consejo en cabeza del alcalde del Municipio, de ninguna manera ubica a esa persona jurídica como representante de la entidad territorial; por ello, las actuaciones que realizara el mencionado funcionario como presidente del Consejo se deben entender hechas en condición de tal, por tanto, no vinculan al Municipio; (iii) en los contratos Nos. 004 y 006 de 2013 no se indicó que el Consejo estuviera actuando como mandatario o representante del municipio, sino en su propio nombre y representación. El convenio No. 117 que entre estos dos sujetos se habría celebrado no fue decretado como prueba en el proceso, por lo cual no es posible establecer con certeza los términos en los que se habría celebrado ese negocio jurídico; (iv) en virtud del principio de relatividad de los contratos (art. 1602, Código Civil), el negocio jurídico solo obliga a quienes intervinieron en él a través de su expresa manifestación de voluntad de vincularse a la relación contractual; por lo mismo, las pretensiones que se soportan en el artículo 1546 del Código Civil solo pueden proponerse en contra de quienes tomaron parte en el contrato, pues las obligaciones que se derivan de este tipo de fuente son personales, es decir, que solo vinculan a quien las asumió.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / VICIO DE NULIDAD ALEGADO / NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE NULIDAD / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / FALTA DE PRUEBA / NEGOCIO JURÍDICO / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Están acreditados los elementos previstos en la ley para declarar oficiosamente la nulidad absoluta de los contratos No. 004 y 006 de 2013?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala encuentra que no era procedente declarar de oficio la nulidad absoluta de los contratos enjuiciados, porque no están dados los elementos previstos en la ley para el ejercicio de esa facultad y deber que debe desarrollarse bajo los estrictos lineamientos que la misma ley impone -y la jurisprudencia desarrolla- en garantía de la seguridad jurídica. Con base en lo dispuesto en los artículos 1742 del Código Civil y 141, inciso final, de la Ley 1437 de 2011, la referida atribución judicial se activa siempre que se consoliden las premisas que dan lugar a su ejercicio excepcional, las cuales se concretan en: (i) que el vicio que estructura la causal de nulidad sea palmario; (ii) que el contrato haya sido invocado en el litigio como fuente de derechos u obligaciones; (iii) que al proceso hayan concurrido las partes del contrato o sus causahabientes; (iv) que no haya transcurrido el término de prescripción extraordinaria. (…) La argumentación de la que se sirvió el a quo para hacer uso de la facultad oficiosa consistió en que si bien la tesorería del Municipio expidió una certificación en la que indicó que las transferencias de recursos al Consejo se efectuaron con fundamento en el acta única del convenio No. 117 de 2013, cuyo objeto, según ese documento, consistió en aunar, articular y coordinar esfuerzos entre el Consejo y la entidad territorial para la realización del Aguinaldo Boyacense 2013, lo cierto era que ese negocio jurídico no obraba en el expediente, por lo cual no era posible
establecer si verdaderamente se encuadraba o no en la excepción del inciso segundo del artículo 355 constitucional. (...) [E]l Tribunal no concluyó la vulneración de la norma constitucional en la advertencia de un vicio percatable a simple vista o evidente sin esfuerzo alguno, o que se encontrara plenamente probado en el proceso. (...) Lo anterior cobra relevancia de cara al ejercicio de la facultad inquisitiva de declaratoria oficiosa de nulidad absoluta del contrato, comoquiera que el juez no puede sustentar esa declaración en un yerro que no está fehacientemente acreditado, y menos aún que ni siquiera toca directamente los contratos sometidos a examen judicial, y que se atribuye a otro pacto que no fue traído al proceso, circunstancia que torna claro que el vicio reseñado no es palmario frente a los acuerdos bajo examen, en tanto no corresponde a una falencia y anomalía relativa a sus elementos de validez ni se trata de un defecto que, de haber existido, se comunique automáticamente a éstos. Lo dicho impone revocar la sentencia de primera instancia. No obstante, se advierte que la imposibilidad de declarar de oficio la nulidad de los contratos Nos. 004 y 006 de 2013 debido a la ausencia de los requisitos de la ley y, a su vez, la
imposibilidad de referirse a la validez del convenio No. 117 de 2013, en tanto no fue objeto de esta litis, de ninguna manera constituye una cortapisa respecto de cualquier pronunciamiento que sobre esos aspectos pudiera darse en otras instancias judiciales.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la nulidad absoluta del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de mayo de 2021, rad. 57822, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 19 de abril de 2024, rad. 66616, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1742
CONTRATANTE CUMPLIDO / DEBERES DEL CONTRATISTA / RESOLUCIÓN DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA / CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Para invocar la resolución del contrato o la indemnización de perjuicios por incumplimiento, el contratista tiene la carga de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
En los términos del artículo 1546 del Código Civil, solo el contratista cumplido puede pedir de su contraparte la resolución del contrato o su cumplimiento y, en ambos casos la indemnización de perjuicios. Esto se traduce en que la parte que plantee cualquiera de esas pretensiones tiene la carga de acreditar que ha cumplido con las obligaciones que adquirió o que se allanó a hacerlo.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546
CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. La fijación de las agencias en derecho se hará en los términos del Acuerdo 1887 de 2003. De conformidad con el artículo tercero de este acuerdo, la Sala tomará en consideración, como una circunstancia relevante para que la fijación de las agencias sea equitativa y razonable, que, aun cuando la demandante resultó finalmente vencida en el proceso, lo cierto es que su recurso de apelación prosperó, al menos parcialmente en lo tocante a la nulidad que en primera instancia se declaró de oficio respecto de los contratos 004 y 006.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366