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Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de repetición: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-10-04
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 54001233300020160032202
LEY 1437 REPETICION
¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001? Sí
En la acción de repetición, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia y hasta su derogatoria, en virtud del principio de irretroactividad. Si los hechos que motivaron la condena son anteriores, continúan rigiéndose por la normativa previa, y si son posteriores, la ley rige el análisis del dolo o de la culpa grave del demandado, sin que las nociones generales del régimen anterior sean aplicables. La primera razón es la irretroactividad, regla general del ordenamiento. La segunda es la excepción de efectos retroactivos, que solo procede de manera excepcional y no altera la regla general. La providencia revoca la decisión de primera instancia y aplica esta regla al caso concreto, de modo que el análisis de la conducta del demandado se hace conforme a la ley vigente en el momento de los hechos. En la práctica, la fecha de ocurrencia de los hechos que originaron la condena, y no la fecha de la sentencia, determina si la norma de 2001 rige la valoración de la conducta del agente, por lo que esa fecha debe probarse desde la demanda.síntesis automática
También resuelve:
¿La certificación emitida por el tesorero municipal constituye prueba suficiente del pago de la obligación reparatoria, como requisito de prosperidad de las pretensiones de repetición?
¿El accionado en repetición incurrió en una conducta dolosa o gravemente culposa, en condición de alcalde del municipio de San Cayetano…
¿Debe condenarse en costas a la parte vencida en el proceso de repetición, esto es, a la entidad pública demandante, cuando se observa que los demandados intervinieron en el trámite de la segunda…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Concurren los presupuestos procesales, al ser la acción de repetición el medio procedente para buscar el recobro contra agentes del Estado que, han dado lugar a una condena contra el Estado.
Sentencia — Sentencia
2022-07-13
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 54001233300020140034702
LEY 1437 REPETICION
¿El medio de control de repetición es procedente para buscar establecer la responsabilidad patrimonial del agente que con su conducta dolosa o gravemente culposa haya generado una condena contra el Estado? No
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición para buscar establecer la responsabilidad patrimonial del agente del Estado que con su conducta dolosa o gravemente culposa haya generado una condena contra el Estado, si no se demuestra que el agente actuó con culpa grave o dolo. La Sala establece que la responsabilidad patrimonial del agente del Estado no puede extrapolarse únicamente a partir del contenido de las sentencias proferidas en un proceso de reparación directa, y que para que proceda la acción de repetición, es necesario que se demuestre que la conducta del agente fue determinante en la generación del daño que dio lugar a la condena. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la necesidad de acreditar la culpa grave o dolo del agente del Estado para que proceda la acción de repetición, lo que implica que el contratista debe demostrar claramente que el agente actuó con negligencia grave o intencionalmente para que pueda ejercer este medio de control.síntesis automática
También resuelve:
¿Al caso concreto le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 678 de 2001?
¿De la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado en un proceso de reparación directa puede extrapolarse la existencia de responsabilidad patrimonial del agente en un proceso de…
¿Se configura la responsabilidad patrimonial del agente ante la falta de acreditación del dolo o culpa grave en su conducta?
Consejo de Estado
Providencia
El municipio de Campoalegre no cumplió con la carga probatoria que le correspondía
Sentencia — Sentencia
2022-07-15
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 41001233300020180035201
LEY 1437 REPETICION
¿La entidad demandante logró demostrar la conducta dolosa del demandado, como uno de los presupuestos para que prospere la acción de repetición? No
En la acción de repetición la entidad demandante debe probar la culpa grave o el dolo del servidor público, pues la sentencia dictada en otro proceso no constituye, por sí misma, prueba de la conducta irregular del funcionario. La regla responde a que el legislador no buscó imponer cargas desproporcionadas a quienes ejercen funciones públicas, por lo que la procedencia de la repetición exige acreditar con suficiencia la intervención del funcionario en el daño y que su comportamiento fuera premeditado, negligente o manifiestamente imprudente. En el caso concreto la Sala negó las súplicas por tres razones. La primera es que la entidad no realizó un ejercicio probatorio serio dirigido a atribuir responsabilidad al demandado. La segunda es que el escaso material probatorio muestra que el alcalde sí podía pedir al concejo municipal las facultades para modificar la planta de la personería. La tercera es que la sentencia de nulidad y restablecimiento no prueba por sí misma el actuar irregular. El documento no indica que cambie un precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿Se presenta caducidad del medio de control de repetición?
¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en el medio de control de repetición, a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de…
Consejo de Estado
Providencia
No se desvirtuó la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual
Sentencia — Sentencia
2024-08-02
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 20001233900020140027102
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual? No
El contratista no desvirtúa la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual cuando incumple gravemente las obligaciones contractuales, especialmente si estos incumplimientos ponen en riesgo la continuidad del servicio y la naturaleza intuito personae del contrato. En este caso, el contratista no obtuvo la habilitación necesaria para el centro público o privado, lo que puso en grave riesgo la continuidad del servicio, además de otros incumplimientos graves que justificaron la caducidad del contrato. La entidad estatal, al declarar la caducidad, actuó dentro de sus facultades legales y no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo. Esta regla reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las condiciones establecidas para la continuidad del servicio, lo que implica que la entidad estatal puede declarar la caducidad del contrato ante incumplimientos graves que afecten la prestación del servicio.síntesis automática
También resuelve:
¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la cual gozan los actos administrativos demandados?
¿El oficio suscrito por el secretario de tránsito constituyó autorización al contratista para constituirse como una SAS?
¿La administración también sustentó la caducidad del contrato en el hecho de que la garantía única del contrato amparaba a la UT y no a la nueva SAS?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La decisión del Tribunal Administrativo sobre la caducidad de estas reclamaciones se mantendrá en esta instancia
Sentencia — Sentencia
2022-04-20
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000232600020070063601
ACCION CONTRACTUAL
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales en los casos en los que se demanda la nulidad absoluta del contrato estatal liquidado unilateralmente, se contabiliza desde el momento en que se celebra el negocio jurídico, por lo que, en el caso concreto, para la fecha de presentación de la demanda, se tiene que la acción ya se encontraba caducada, pese a que el último día del término se encontraba dentro de la vacancia judicial respectiva? Sí
El término de caducidad de la acción contractual de nulidad absoluta de un contrato estatal liquidado unilateralmente se cuenta desde la celebración del contrato, esto es, desde el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación elevado a escrito, y si su último día cae en vacancia judicial el término se extiende hasta el primer día hábil siguiente. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que, según el artículo 136 numeral 10 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998, el cómputo para un contrato liquidado unilateralmente se rige por el literal d de esa norma. La segunda es que la aseguradora, como garante del contrato, podía demandar desde su perfeccionamiento el 28 de diciembre de 2005, de modo que el término bienal vencía el 29 de diciembre de 2007, dentro de la vacancia judicial. La tercera es que, al extenderse al primer día hábil, el término vencía el 11 de enero de 2008, y la demanda presentada el 12 de febrero de 2008 llegó tarde. En consecuencia, se mantiene la decisión del tribunal que declaró la caducidad. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿En torno a la formulación de las pretensiones de nulidad de los actos administrativos contractuales, la caducidad de la acción de controversias contractuales…
¿Cuándo de la acción de controversias contractuales se trata, y esta procede contra los actos administrativos que se profieran en el marco de la actividad contractual, en principio…
¿La representación legal, judicial y extrajudicial, así como la ordenación del gasto de los fondos de desarrollo locales, corresponde al Alcalde Mayor del Distrito Capital…
Consejo de Estado
Providencia
La causa de las cancelaciones de los eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense coordinado por el Consejo Superior de Policía, es imputable al contratista en el marco del manejo de los negocios privados con los artistas y, por tanto, deben ser asumidos bajo su propio riesgo financiero.
Sentencia — Sentencia
2024-06-28
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 15001233300020150079701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La causa de las cancelaciones de los eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense coordinado por el Consejo Superior de Policía, es imputable al contratista en el marco del manejo de los negocios privados con los artistas y, por tanto, deben ser asumidos bajo su propio riesgo financiero? Sí
El contratista asume el riesgo financiero de las cancelaciones de eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense, ya que las gestiones para la presentación de los artistas no garantizaban el cumplimiento de los contratos, y el pago del Consejo Superior de Policía no estaba condicionado a la realización efectiva de los eventos. La Sala establece que el incumplimiento del pago por parte del Consejo no genera responsabilidad indemnizatoria para este, dado que el contratista no pudo garantizar la presentación de los artistas en las fechas acordadas. Además, la corporación determina que el Consejo Superior de Policía es una persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, lo que implica que el conocimiento del recurso de apelación corresponde a la jurisdicción ordinaria, en cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo Superior de Policía es una institución cívico social, sin ánimo de lucro con personería jurídica y patrimonio propio…
¿En cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al resolver el conflicto negativo de jurisdicciones…
¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio, al no haber sido parte de los contratos enjuiciados…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La demandante se encuentra legitimada en la causa por activa para pedir la nulidad de la declaratoria de desierta
Sentencia — Sentencia
2021-09-23
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 08001233100019980003601
ACCION CONTRACTUAL
¿La demandante se encuentra legitimada en la causa por activa para pedir la nulidad de la declaratoria de desierta de una licitación al ser uno de los proponentes que participaron en el proceso de selección, y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla está legitimado por pasiva al ser la entidad que adoptó dicha decisión? Sí
El contratista está legitimado en la causa por activa para demandar la nulidad de la declaratoria de desierta de una licitación cuando acredita que el acto administrativo le ha lesionado sus derechos, como ocurre con los proponentes que participaron en el proceso de selección. A su vez, la entidad estatal que adoptó la decisión de declarar desierta la licitación está legitimada por pasiva. Sin embargo, la entidad no está legitimada por pasiva frente a la pretensión de nulidad de las propuestas presentadas por los oferentes, ya que estas no las formuló. La Sala reitera que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es procedente contra el acto de declaratoria de desierta, y que las copias simples de documentos aportadas en la demanda cuentan con valor probatorio, según la jurisprudencia de la Sección Tercera.síntesis automática
También resuelve:
¿El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla está legitimado en la causa por pasiva frente a la pretensión de nulidad de las propuestas presentadas por varios oferentes?
¿La demandante está legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del acto que adjudicó por contratación directa el contrato de prestación del servicio de vigilancia?
¿Procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar el acto que declara desierta una licitación pública?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
La autorización para contratar directamente no opera frente a contratos de obra
Sentencia — Sentencia
2024-11-18
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 63001233300020190025201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las entidades públicas están facultadas para celebrar contratos interadministrativos bajo la modalidad de contratación directa siempre que las obligaciones que emanan del negocio jurídico tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora? Sí
El contratista puede celebrar contratos interadministrativos mediante contratación directa siempre que las obligaciones del contrato estén relacionadas con el objeto de la entidad ejecutora, según lo establecido por el literal c), numeral 4°, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado parcialmente por los artículos 92 y 95 de la Ley 1474 de 2011. Esta regla permite a las entidades públicas contratar directamente cuando las obligaciones del contrato tienen relación directa con su objeto, pero excluye esta modalidad para ciertas instituciones como las de educación superior, sociedades de economía mixta con participación mayoritaria estatal, asociaciones de entidades públicas sin ánimo de lucro o federaciones de entes territoriales. La Sala reitera esta posición, lo que implica que las entidades estatales deben considerar cuidadosamente los requisitos y excepciones establecidos para la contratación directa en contratos interadministrativos.síntesis automática
También resuelve:
¿La contribución por valorización es una prestación impositiva que se origina a partir de la realización actual o potencial de una obra o actividad de interés colectivo?
¿La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia como sociedad de responsabilidad limitada puede tener un objeto social indeterminado?
¿Las obligaciones derivadas del contrato interadministrativo tienen relación directa con el objeto social de la contratista?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del medio de control de repetición
Sentencia — Sentencia
2023-04-13
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 20001233900020150054301
LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del medio de control de repetición? Sí
La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 142 CPACA y el inciso 1º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos, de conformidad con el inciso 2º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 150 CPACA, modificado por el artículo 615 CGP.
También resuelve:
¿El medio de control de repetición es procedente para buscar establecer la responsabilidad patrimonial del agente que con su conducta dolosa o gravemente culposa haya generado una condena contra el…
¿El término para interponer el medio de control de repetición es de dos años contabilizados a partir del día siguiente al de la fecha de la realización del pago por parte de la entidad?
¿Los demandados están legitimados en la causa al desempeñarse como alcalde y alcalde encargado al momento de suscribir el contrato de obra del cual se derivó la condena contra la entidad demandante?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se advierte la facultad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto
Sentencia — Sentencia
2023-11-01
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 20001233300020140003501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda contra los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento de un contrato de obra? Sí
El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo idóneo para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales una entidad declara el incumplimiento de un contrato estatal, y que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de ellos por tratarse de un acto de una entidad pública, conforme a los artículos 104 y 141 del CPACA. Una razón es que el artículo 141 permite a cualquiera de las partes pedir la declaratoria de incumplimiento, la indemnización de perjuicios y las demás declaraciones consecuenciales, de modo que la nulidad del acto que declara el incumplimiento se encauza por esa vía y no por la de nulidad y restablecimiento. Otra razón es que la competencia de segunda instancia depende de la cuantía, que en el caso superaba los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, según los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. En el caso, el tribunal había resuelto la demanda contra la resolución que declaró el incumplimiento de un contrato de obra, y el Consejo de Estado confirmó la decisión. Su consecuencia práctica es que la impugnación del acto de incumplimiento debe tramitarse como controversia contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de controversias contractual resulta procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra?
¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Forzoso resulta concluir que los hoy demandados no sabían ni tenían cómo prever el atentado del 29 de enero de 1997
Sentencia Conflicto Armado — Sentencia
2024-06-17
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 05001233300020150249001
LEY 1437 REPETICION
¿Los demandados incurrieron en una conducta dolosa o gravemente culposa que provocara el daño? No
Cuando la entidad pública repite contra sus servidores por una condena derivada de un atentado terrorista, la responsabilidad personal exige probar que el agente actuó con dolo o culpa grave, lo que no ocurre si el daño no era previsible y no se acredita que la conducta funcional lo causara. La regla se sostiene en tres razones: no se probó que los funcionarios conocieran denuncias sobre actividades ilegales en el sector, no se estableció si la asociación de vigilancia privada tenía sede en el lugar del ataque ni si estaba realizando actividades ilegales al momento de la explosión, y no existen pruebas directas que demuestren que los funcionarios conocían la situación y omitieron medidas para evitarla. En el caso, el alcalde y el secretario de gobierno demandados no fueron declarados responsables, y se confirmó la negativa de las pretensiones de la demanda. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que la entidad que pretende la repetición debe aportar pruebas directas del conocimiento previo y de la omisión del funcionario.síntesis automática
También resuelve:
¿Se probó que los hoy demandados en sus calidades de alcalde y secretario de gobierno tuvieran conocimiento de denuncias de actividades ilegales y no hubieran tomado las medidas pertinentes para…
¿Se probó alguna conducta de los demandados a título de dolo o culpa grave que diera lugar al daño por el cual fue condenada la demandante?
¿Culpa grave es aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, en tanto que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar un daño a una persona o a su…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La elaboración de estudios previos es una obligación legal en todos los procesos de selección
Sentencia — Sentencia
2023-06-20
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 05001233300020130029501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La elaboración de estudios previos es una obligación legal en todos los procesos de selección de los contratos sometidos al régimen jurídico del Estatuto General de Contratación y omitir la realización de estos vicia de nulidad el negocio jurídico? Sí
La elaboración de los estudios previos es una obligación legal de ineludible cumplimiento en todos los procesos de selección, incluida la contratación directa, y su omisión sustenta la nulidad absoluta del negocio jurídico. La regla se apoya en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que imponen esos estudios como condición previa a la celebración de los contratos estatales, y en que la necesidad y la conveniencia de enajenar el bien deben quedar determinadas en ellos. Además, la identificación errónea de la norma violada no altera la causa de la pretensión, de modo que el análisis no vulnera el debido proceso ni el principio de congruencia. En el asunto, la pretensión de nulidad absoluta del contrato de aporte y venta de un predio se fundó en la ausencia de esos estudios, y la Sala modificó la sentencia apelada. En la práctica, la entidad que contrata sin estudios previos expone el negocio a la nulidad absoluta, aun si la parte demandante invoca mal la norma aplicable.síntesis automática
También resuelve:
¿El Juez en segunda instancia está facultado para referirse a los aspectos que sean objeto del recurso de apelación?
¿Para la celebración del contrato de enajenación de bien inmueble, el Alcalde necesitaba la autorización expresa del Concejo Municipal?
¿Era obligatorio que previo a la celebración del contrato se agotara el procedimiento de selección abreviada?
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