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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

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Fecha
2025-11-25
Radicado
15001233300020140033601
Número interno
69562
Ponente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-, MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Demandado
MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)

Síntesis de la providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Lo que dijo la Sala

El escenario en el que la Administración ejerce sus competencias contractuales se desarrolla principalmente a través de dos tipos de negocios jurídicos: los contratos y los convenios. Aunque el EGCAP no establece una distinción entre estas figuras, la jurisprudencia y la doctrina se han encargado de perfilar su función jurídica y objetivos, resaltando las características inherentes a cada uno de estos instrumentos como base del análisis de cumplimiento en sede de responsabilidad. Si bien ambos conceptos se fundan en la concurrencia de voluntades, la causa que antecede tal manifestación es el punto central que marca su individualidad y distinción; tal elemento es definido por el ordenamiento jurídico como “el motivo que induce al acto o contrato”

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista y la entidad estatal comparten los beneficios y distribuyen los riesgos en función de sus aportes en un convenio interadministrativo, que se caracteriza por la unidad de causa y fin que vincula a los sujetos parte y cuyo propósito es coordinar y cooperar en la realización de las funciones administrativas asignadas a cada entidad. Estos convenios no son contenedores de prestaciones patrimoniales propias de los contratos conmutativos, sino que buscan cumplir con objetivos atados al interés general en virtud del principio de colaboración. La Sala modificó la interpretación anterior, lo que implica que en adelante se debe entender que en estos convenios priman las regulaciones que acuerdan las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad y de la aplicación preeminente del principio de la buena fe, y que la estructura obligacional acordada es expresión de los medios que cada entidad dispone para alcanzar el objetivo común desde sus competencias públicas.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Las partes vinculadas al negocio jurídico comparten los beneficios y distribuyen los riesgos en función de sus aportes?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 489 de 1998, art. 95
  • Ley 84 de 1873, art. 1524

También resuelve

  • ¿El Municipio desatendió el contenido obligacional a su cargo al no satisfacer los compromisos contemplados en los numerales 15 y 27 de la cláusula tercera del convenio?
  • ¿La nulidad relativa es la sanción que procede frente a una cláusula abusiva como solución
  • ¿La cláusula segunda del convenio celebrado entre las partes constituye una cláusula abusiva que configure una posición dominante y genere un desequilibrio negocial…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Liquidación del contrato Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Contratos y convenios interadministrativos Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 30.714 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Las partes vinculadas al negocio jurídico comparten los beneficios y distribuyen los riesgos en función de sus aportes? Respuesta al problema jurídico: Si El escenario en el que la Administración ejerce sus competencias contractuales se desarrolla principalmente a través de dos tipos de negocios jurídicos: los contratos y los convenios. Aunque el EGCAP no establece una distinción entre estas figuras, la jurisprudencia y la doctrina se han encargado de perfilar su función jurídica y objetivos, resaltando las características inherentes a cada uno de estos instrumentos como base del análisis de cumplimiento en sede de responsabilidad. Si bien ambos conceptos se fundan en la concurrencia de voluntades, la causa que antecede tal manifestación es el punto central que marca su individualidad y distinción; tal elemento es definido por el ordenamiento jurídico como “el motivo que induce al acto o contrato” (art. 1524 del C.C.), configurando el cariz teleológico o la razón jurídica relevante que da origen a una relación negocial. (...) En el caso de los convenios, su razón de ser se dirige a la promoción de objetivos mancomunados entre sus contrayentes y, puntualmente, tratándose de convenios interadministrativos, se revela como instrumento de unión entre dos o más personas de derecho público que apunta al logro de fines y propósitos comunes, en el marco de las funciones que la ley asigna a cada una de ellas. Bajo esta tipología, cada entidad estatal desarrolla las funciones públicas a su cargo y, a su vez, se beneficia de la realización conjunta de las competencias de los demás contrayentes en procura de llevar a buen término un proyecto. Esta alianza genera una dinámica que potencializa el quehacer administrativo, siendo que todas ellas trenzan sus esfuerzos en una expresión única y objetiva del interés general que por esta vía se robustece. Por ello, el talante de los convenios interadministrativos lo erige en un mecanismo de gestión conjunta de atribuciones públicas que se caracteriza por la unidad de causa y fin que vincula a los sujetos parte, y cuyo propósito es coordinar y cooperar en la realización de las funciones administrativas asignadas a cada entidad. De ahí que estos convenios no son contenedores de prestaciones patrimoniales propias de los contratos conmutativos, ni hablan de intereses puramente económicos, con ellos se busca primordialmente cumplir con objetivos atados al interés general en virtud del principio de colaboración de que trata el art. 95 de la Ley 489 de 1998. A pesar de que en nuestra legislación no existe una reglamentación específica que los desarrolle, se debe entender que en éstos priman las regulaciones que acuerdan las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad y de la aplicación preeminente del principio de la buena fe. Estos postulados, si bien están presentes en la teoría de los negocios jurídicos, aquí son exaltados como guía de entendimiento de los compromisos adquiridos y de su examen de cumplimiento, en la medida que este análisis no puede desprenderse de la naturaleza que atañe a esta relación convencional en la que no emergen intereses contrapuestos, sino unívocos. Este punto de partida y también de llegada es elemento medular para resolver los conflictos que con ocasión de este tipo de acuerdos se originan, y permite entender que la estructura obligacional acordada es expresión de los medios que cada entidad dispone para alcanzar el objetivo común desde sus competencias públicas, se itera, con una sola dirección, pero a través de tareas concatenadas. Al final de cuentas son sujetos que son parte de la administración. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la naturaleza y características de los convenios interadministrativos, consultar sentencia de 21 de febrero de 2025, Exp. 25000-23-36-000-2019-00270-01(68280), C.P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1524 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO DE APOYO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿El Municipio desatendió el contenido obligacional a su cargo al no satisfacer los compromisos contemplados en los numerales 15 y 27 de la cláusula tercera del convenio? Respuesta al problema jurídico: No Aunque la Sala constata que no se logró culminar la totalidad del proyecto acordado, y que el contrato derivado 226 de 2009 no fue liquidado en vigencia del convenio sub examine, estas situaciones, por sí mismas, no consolidan el incumplimiento del Municipio respecto de las estipulaciones en las que el actor funda sus reproches. La Sala anuncia que los cargos relacionados con el incumplimiento de las obligaciones pactadas bajo la cláusula tercera no están llamados a prosperar, como se desprende de la lectura integral del acuerdo negocial, de su ejecución y de su naturaleza, como se pasa a explicar. (...) La Sala constata que los demandantes no probaron que el Municipio se abstuviera de acoger las recomendaciones que le formularon para el desarrollo del negocio jurídico, ni que ello hubiese constituido la causa por la cual no se culminó el proyecto, en tanto se limitaron a aportar comunicaciones enviadas antes de que feneciera su plazo , sin dar a conocer la correlativa respuesta de la entidad territorial para precisar las circunstancias acontecidas; tal señalamiento, por sí solo, no soporta de manera fehaciente un reproche de incumplimiento, pues sería tanto como atribuir responsabilidad por la existencia de una misiva de la que directamente se predique un resultado, sin reparar en el tipo de obligación y si la conducta realmente es antijurídica. (...) Las pruebas evidencian que para atender las recomendaciones efectuadas, el Municipio planteó fórmulas de solución tales como la consecución de recursos para mitigar el efecto patrimonial de actividades no previstas en el componente eléctrico y de otras afectaciones anotadas, así que no ignoró ni desistió de su propósito de llevar a buen término el objeto pactado; por el contrario, adelantó gestiones para lograr la actualización de la normativa vigente, a la vez que adoptó medidas relacionadas con el cambio de punto de conexión que fue variado por la EBSA, y avanzó en los nuevos trazados y diseños que ello impuso. Aspecto que no desconoció el actor, pero sí catalogó como incumplimiento del Municipio. (...) De otra parte, no se demostró que el Municipio desatendiera definitivamente su compromiso de liquidar el contrato derivado, como se avizora del derrotero negocial que siguió aquel acuerdo (...) Como el objeto de reproche anida en la omisión del demandado de liquidar el contrato 226 de cara al marco temporal pactado en el convenio, hay que señalar que el Municipio liquidó de forma unilateral dicho negocio jurídico mediante la Resolución 497 del 12 de diciembre de 2015, precisando que el consorcio no ejecutó obra por el monto de $609’202.750,91 y que, en virtud de lo pagado y las prestaciones efectivamente realizadas, se concretó un saldo a favor de la entidad territorial por la cifra de $200’800.282,82. De manera que no se contravino una de las obligaciones adquiridas por el Municipio, concerniente a “liquidar los contratos que suscriba en desarrollo del objeto de este convenio”, pues en efecto lo hizo; así que, incluso de considerarse posterior al convenio, tal circunstancia carece de entidad para erigirse en un incumplimiento del que se puedan derivar las consecuencias pretendidas en la demanda. (...) Así las cosas, bajo la óptica con la que debe examinarse el cumplimiento de los convenios interadministrativos, se evidencia que el cúmulo de los aportes de los contrayentes conduciría, como una obligación de medio, al éxito del fin que los vinculó. Al advertirse que todos los sujetos tenían a su cargo actividades necesarias para la consecución de ese fin común, y las incorrecciones provinieron de la sumatoria de responsabilidades de cada entidad, en especial aquellos de tipo administrativo y técnico, es claro que todas las partes deben asumir las resultas de su proyecto compartido, sea o no exitoso. Por ende, no hay lugar a reprochar el incumplimiento de las obligaciones de que trata la cláusula tercera a cargo del Municipio demandado. Las vicisitudes inherentes a los múltiples riesgos se distribuyen entre los suscribientes y se establecen reglas para su asunción y administración de cara a la naturaleza de este tipo de negocio jurídico; por consiguiente, no se declarará la prosperidad del reproche ni, por ende, de la pretensión basada en la inobservancia de los compromisos vertidos en la cláusula tercera del convenio. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CLÁUSULA ABUSIVA / ABUSO DEL DERECHO / NULIDAD ABSOLUTA DE LA CLÁUSULA ABUSIVA / CONTRATACIÓN ESTATAL / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO OBITER DICTUM [L]a figura de las cláusulas abusivas hace referencia al posicionamiento negocial preponderante de uno de los sujetos sobre otro, conforme al cual se pacta una estipulación asimétrica cuyo abuso es generador de un daño; estos elementos llevan a identificar tres momentos en el iter de configuración de las cláusulas abusivas, que permiten comprender su noción, como adelante explicará la Sala. Si bien en la legislación moderna se han definido algunos criterios objetivos de identificación de estas cláusulas, a través de las denominadas “listas negras”, lo cierto es que esta caracterización no agota el panorama de este instituto, pues está circunscrita a ciertas materias asociadas a la protección del consumidor –en particular, aquellas atinentes a la posición jurídica del consumidor financiero y al ámbito de los servicios públicos domiciliarios, entre otros– por lo que, bueno sea decirlo, la generalidad de las relaciones jurídico negociales está desprovista de esos lineamientos objetivos, es decir, aquellos llevados a una norma, lo que significa que le corresponde a la autoridad judicial apreciar su configuración. En estos términos, considera la Sala necesario recoger los diversos matices y perspectivas bajo las cuales se ha explicado la figura de las cláusulas abusivas, pues partiendo de su génesis –que corresponde al instituto del abuso del derecho– ha de seguirse la lógica en que hacen presencia sus elementos definitorios: posición de negociación dominante, estipulación asimétrica, y ejercicio abusivo del derecho; esta trilogía identifica, a su vez, los momentos del itinerario contractual que cimientan el instituto de las cláusulas abusivas. (...) la teoría de las cláusulas abusivas tiene cabida en la contratación estatal, pero no mediante una reproducción automática de la caracterización que le dio origen en el derecho privado, pues su aplicación en los negocios públicos debe adecuarse a la especial naturaleza, prerrogativas y finalidades que prevé el estatuto público de contratación; lo anterior, sin perder de vista, como ya se explicó, que para considerar una estipulación como abusiva es necesario que provenga del ejercicio de la posición de predominio de un sujeto en la formación del contrato y ella materialice una asimetría injustificada para la parte débil que revele la configuración de aquel abuso –no de una regla de poder–, pues para estos casos, es decir para controlar las expresiones de poder, el legislador dispuso las causales de nulidad de los actos y contratos estatales. (...) Comoquiera que técnicamente se observa la carencia de una pauta general para sancionar la configuración de una cláusula abusiva, la salvaguarda de la justicia negocial que se le adjudica al juez del contrato, impone el uso de los instrumentos del ordenamiento jurídico que acojan de mejor manera la solución al conflicto planteado. De esta manera, si bien el enjuiciamiento de tales cláusulas se inscribe en el plano de la responsabilidad contractual, lo cierto es que no existe una regla que establezca la consecuencia de su configuración –salvo los casos en que el legislador le ha asignado directamente el efecto, positivizándolo–. (...) a Sala precisa que no solamente se edifica la responsabilidad contractual por incumplimiento del contenido objetivo del negocio jurídico, comportamiento antijurídico a través del cual el contratante desconoce o se separa del marco obligacional contraído bajo el pacto, sino que también acoge e indemniza el daño que genera el abuso del derecho producto de la declaración de una cláusula como abusiva. Esta distinción permite razonar que habrá responsabilidad contractual en los casos en que se desatienden los términos concertados en tal instrumento –bajo el principio de normatividad del contrato que pregona que éste es ley para las partes (art. 1.602 del C.C.)–; a la vez, habrá eventos en los que no se reclama la observancia de lo estipulado, al contrario, se reprocha el abuso como ingrediente de la cláusula, que sea generador de un perjuicio injustificado a la parte débil de la relación, de modo que en estos casos se afecta el elemento subjetivo del pacto, por lo que, conforme al instituto de la responsabilidad, sus efectos negativos son susceptibles de resarcimiento. NOTA DE RELATORÍA: Referente a las cláusulas abusivas, consultar sentencia de 18 de julio de 2012, Exp. 21573, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia de 14 de marzo de 2013 , Exp. 20524, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CLÁUSULA ABUSIVA / NULIDAD RELATIVA / NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO / NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE NULIDAD RELATIVA / RESTITUCIONES MUTUAS / PROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS Problema jurídico: ¿La nulidad relativa es la sanción que procede frente a una cláusula abusiva como solución integradora ante falta de determinación de la ley? Respuesta al problema jurídico: Si El art. 46 de la Ley 80 de 1993 establece que las nulidades relativas en la contratación estatal albergan todos aquellos vicios que no se adecuan a ninguno de los casos de invalidez absoluta previstos tanto en el régimen privado como el público y, por tanto, en principio, pueden sanearse por ratificación expresa o por el transcurso de dos años a partir de su ocurrencia. Este supuesto normativo es consonante con el tercer inciso del art. 1741 del C.C., ya explicado, que dispone que “cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa”, lo que incluye defectos de orden subjetivo como el que controla el poder de negociación cuando se abusa de éste (la sanción de ineficacia de pleno derecho sólo tiene lugar por mandato de la ley, en tanto es el propio ordenamiento jurídico que define los eventos en que se configura ya que no requiere declaración judicial). En el marco descrito, el defecto que emerge de las cláusulas abusivas, ciertamente afecta la libertad del sujeto que es disminuido en la estructura pactada, lo que se traduce en un vicio de orden subjetivo y posicional en la negociación, en tanto que el abuso de un derecho configurado en el contexto negocial rompe injustificadamente la paridad de los sujetos en la estructuración de las reglas que gobiernan sus acuerdos. Por tanto, al no tener cabida, en principio, dentro del catálogo de causales de invalidez absoluta, ni de la ineficacia, este defecto se sitúa en el plano de la nulidad relativa; no por la presencia de un pacto ilícito, sino porque es la medida residual que establece la ley frente a cualquiera y todos los demás vicios; tesis que se respalda en los parámetros de protección que confiere el art. 1740 del C.C. que prevé expresamente la afectación al estado de una de las partes del negocio jurídico, en este caso, ante el ejercicio desmesurado del derecho de un contrayente en perjuicio del otro, y que explica que el citado art. 1741 ib. disponga que cualquier otro vicio produce nulidad relativa “y da derecho a la rescisión del acto o contrato. Sanción concordante con el hecho de que la transgresión que genera una cláusula abusiva debe ser propuesta por quien sufre la presión indebida pues, como fue analizado líneas atrás, a la vez que una cláusula puede contener una asimetría específica, es posible que en la integralidad del negocio jurídico se encuentre equilibrada con otras prestaciones que remontan a su favor. De modo que sólo el sujeto negocial potencialmente afectado, es quien tiene el interés jurídico para determinar la existencia o no del abuso, y bien puede pasar por alto tal desbalance ante la contrapartida que le reporta la generalidad de ese acuerdo, o incluso de otros entre las mismas partes; ello explica que no pueda declarase su nulidad de manera oficiosa por el juez. (...) El art. 46 de la Ley 80 de 1993, prescribe que el instituto de la nulidad relativa se remite a los desarrollos que en la materia trae el derecho común –siempre que sean compatibles con el EGCAP–. En este punto, y ante los vacíos que se propuso superar la Sala, la tesis planteada adquiere mayor respaldo al constatar que el Código Civil tiene, además, previstas hipótesis en las que si uno de los contratantes es quien provoca la nulidad, como ocurre en las cláusulas abusivas, está obligado tanto a las restituciones como a la indemnización, siempre que se den los supuestos de estas figuras. De allí que la Sala no encuentre la incompatibilidad que se predica entre ambos institutos como un canon absoluto y, por el contrario, se decanta por hacer estas precisiones en el entendimiento de la responsabilidad contractual que es posible derivar con fuente en las cláusulas abusivas. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 46, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1741 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / ABUSO DEL DERECHO / CLÁUSULA ABUSIVA / ABUSO DEL DERECHO POR POSICIÓN DOMINANTE / NULIDAD ABSOLUTA DE LA CLÁUSULA ABUSIVA / DESVIACIÓN DE PODER / INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER Problema jurídico: ¿La cláusula segunda del convenio celebrado entre las partes constituye una cláusula abusiva que configure una posición dominante y genere un desequilibrio negocial, susceptible de la sanción de nulidad absoluta prevista en el artículo 44.3 de la Ley 80 de 1993? Respuesta al problema jurídico: No Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra razones para descartar la abusividad que el a quo aseguró afectaba a la cláusula en estudio, así como el efecto sancionador que impuso (nulidad absoluta), pues al analizar sus elementos, en conjunto con el examen integral del acuerdo, la Subsección observa que el objeto y finalidad de dicha estipulación sí tiene una interpretación en el contexto negocial, que desdice de las consideraciones expresadas por el Tribunal, y sin que en ella se advierta un vicio de nulidad absoluta. Para razonar sobre este cargo la Sala trae de presente el contenido de ese pacto, en tanto reviste la concreción de la posición de dominio que se adujo abusiva, y para descifrar el alcance de los compromisos pactados. (...) El alcance y entendimiento de la cláusula segunda junto con las demás prestaciones que componen el convenio, no llevan a sostener la conclusión del a quo de corresponder a una cláusula abusiva susceptible de la sanción prevista en el art. 44.3 de la Ley 80 de 1993, como atrás fue advertido. Las partes se desenvolvieron en un plano de igualdad y equivalencia, donde el ejercicio de las funciones propias de cada una confluyó en el logro del propósito mancomunado; es decir, se trató de una relación que descartó la existencia de una parte dominante y otra débil en la relación jurídica. Este punto da cuenta que desde su génesis se constituyó un despliegue negocial en el que el factor de financiamiento no constituyó un evento que detonara una inequidad negocial, lo que no se modifica por la estructura subjetiva de las partes y el manejo inherente a los recursos asignados. Por el contrario, se observa que todas las partes asumieron un rol en el que sus funciones encajan y coinciden en procura de las diversas actividades y compromisos pactados; y, además, no se revela el pacto de una atribución o potestad a favor del Ministerio o el Fondo, sino el efecto de la inobservancia de unos compromisos determinados, cuyas bases y entendimiento son los que deben ser analizados. Tampoco se probó que la aludida cláusula no fuese objeto de negociación o que hubiera sido impuesta por las demandantes; como la misma provino de un pacto entre los contrayentes, con efectos vinculantes, se colige que tuvo fuente en la expresión libre y autónoma de su voluntad, y no hay prueba que demuestre lo contrario. Asimismo, escapa de los insumos probatorios la acreditación de un comportamiento constitutivo de mala fe, es decir, desleal o deshonesto por parte del Ministerio y el FONADE; por el contrario, las razones dadas para su inclusión corresponden con la finalidad conjunta que se pretendía alcanzar mediante la celebración del convenio, sin que la misma se materialice en una medida injustificada, de espaldas al desarrollo del negocio, por cuanto esta estipulación reafirmó los compromisos que los contrayentes adquirieron (en especial el Municipio) desde el inicio del convenio –como adelante se explica–, lo que desdice del supuesto aprovechamiento en que incurrieron el Ministerio y FONADE al momento de su proposición, por cuanto, de ninguna forma, resultan ajenas o separadas al contexto negocial, ni le imponen a la entidad territorial una consecuencia desproporcionada, pues su entendimiento sistemático, de la mano las demás estipulaciones, no arroja el desenlace desmesurado aludido. En esa medida, no se puede categorizar a la mencionada cláusula como abusiva y, por tanto, no cabe la imposición de sanción alguna de cara a la misma, por lo que la decisión de abusividad declarada por el a quo en ese sentido, será revocada. Sumado a lo anterior, no era dable encuadrar a la cláusula en examen en la causal de abuso o desviación de poder, de que trata el art. 44.3 de la Ley 80 de 1993 y, como consecuencia, declarar su nulidad absoluta, pues su pacto no evidenció el ejercicio de las funciones asignadas al Ministerio y a FONADE de forma separada al contenido que les atribuye el ordenamiento jurídico o las bases mismas del convenio. La estipulación analizada no evidencia que las demandantes hubieren actuado de forma ajena a los mandatos institucionales que dirigen su actuar negocial, ya sea mediante su alejamiento con fines corruptos o persuadidos de intereses diferentes al objetivo que les fue provisto legalmente. Esta causal –de aplicación e interpretación taxativa– no acoge eventos de aprovechamiento de la posición negocial de un sujeto frente a otro, en tanto emerge como correctivo de la desviación de los fines institucionales a propósitos distintos para los cuales fueron concebidos. Pero hay más, ni siquiera bajo la calificación atribuida por el a quo a la estipulación que tildó como abusiva, ello autorizaba a declarar su nulidad, menos oficiosa, dado que este supuesto no encuadra en ninguno de los eventos de nulidad absoluta y tampoco fue pedido por las partes, que es presupuesto para la activación de la sanción de nulidad relativa, aplicable a los pactos que se ciñen de tal carácter. No se observa que el Ministerio, en su calidad de aportante de la mayoría de la financiación, hubiere utilizado esta posición en aras de imponer un compromiso alejado de los fines que enlazaron a las tres entidades para el logro de la causa común, comoquiera que las prestaciones pactadas en la cláusula segunda de la prórroga No. 4 reafirman los compromisos que éstas ya habían adquirido (en especial el Municipio) desde el inicio del convenio, como atrás quedó visto, lo que desdice del supuesto aprovechamiento en que incurrió el Ministerio y FONADE al momento de su proposición, por cuanto su alcance no resulta ajeno o separado del contexto negocial, como adelante se precisará. En esa medida, no se puede categorizar a la mencionada cláusula como abusiva, ni hay prueba que respalde tal supuesto. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 3 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Es procedente ordenar al Municipio el reintegro de la totalidad de los recursos transferidos por el Ministerio, a través del FONADE, en aplicación de la cláusula convencional, pese a haberse acreditado el cumplimiento de los compromisos asumidos y la ejecución total de los recursos en el proyecto? Respuesta al problema jurídico: No La citada estipulación negocial está conformada por dos ejes prestacionales que dan lugar al efecto jurídico acordado; de un lado, el Municipio se comprometió a conseguir los recursos necesarios (primera prestación), con el fin de instalar los equipos durante la vigencia del acuerdo negocial (segundo compromiso), de modo que se garantizara la funcionalidad del proyecto (objetivo) y en caso de que esto no aconteciera se planteó el reintegro de la totalidad de los recursos asignados por el Ministerio (consecuencia jurídica). (...) Ante la acreditación de que la entidad territorial observó los compromisos previstos en esa regla convencional, no procede la activación del desenlace definido por la falta de prestación de aquellos; de modo que, no hay lugar a ordenar al Municipio restituir la totalidad de los recursos girados por el Ministerio, a través del FONADE, para el desarrollo del proyecto, pues lo cierto es que todos fueron ejecutados en la obra, según fue afirmado en el informe final de interventoría del Convenio, sin oposición del Ministerio en ello. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Se acoge el corte de cuentas del convenio efectuado por el juez de primer grado? Respuesta al problema jurídico: Si Las demandantes pidieron que en el finiquito del negocio se incluya la devolución por parte del Municipio de la totalidad de los recursos desembolsados para la concreción del proyecto, con sustento en el supuesto incumplimiento en que éste incurrió, en relación con las cláusulas tercera del convenio y segunda de su prórroga 4. La Sala comparte la decisión del a quo de liquidar el negocio jurídico en ceros, es decir, sin establecer un crédito a cargo de alguno de los contrayentes, porque dicha determinación se sujeta a lo concluido en apartes previos sobre la ausencia de acreditación de los incumplimientos endilgados al Municipio y guarda coherencia con los valores que el FONADE certificó como desembolsados al contratista, en consonancia con el porcentaje de avance del convenio que fue acreditado en el sub-lite. En su informe final, FONADE indicó que cobró por su gestión gerencial la suma de $118’235.273, desembolsó al contratista el monto de $2.525’895.984, quedando un saldo pendiente por pagar al consorcio de $358’868.473, para completar los $3.003’000.000 de aportes a los que se comprometió el Ministerio. Como el saldo a favor del contratista se derivaba del porcentaje de ejecución del convenio que no se alcanzó, no corresponde ordenar pagos a favor de alguno de los contrayentes del convenio pues los desembolsos efectuados se acompasaron con el desarrollo negocial acreditado en el plenario. Se aclara, así mismo, que la cláusula penal pactada por las partes y reclamada en las pretensiones como una suma a incluirse en la liquidación judicial, no procede en el sub examine, en la medida que no se atribuyó a sujeto alguno una conducta culpable generadora de un menoscabo frente a los demás contrayentes; en efecto, la no consecución del 100% del objeto convenido devino pese a la articulación conjunta de funciones desplegadas para tal fin, por lo que la afectación derivada de dicho resultado se debe asumir de forma congregada por todos los participantes, escenario que restringe, dada la naturaleza sancionatoria de la cláusula penal, su imposición respecto de alguno de tales sujetos. En virtud de todo lo expuesto, la Sala modificará la sentencia objeto de alzada, manteniendo la liquidación efectuada por el a quo, y revocará la declaratoria de nulidad absoluta de la cláusula contractual examinada; negando las demás súplicas de incumplimiento aducidas en la demanda e insistidas en la apelación con fundamento en las razones desarrolladas en esta providencia. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Es procedente imponer condena en costas en esta instancia a cargo del Ministerio, pese a que la demanda prosperó de manera parcial y la liquidación judicial del convenio arrojó un resultado distinto al pretendido por las demandantes? Respuesta al problema jurídico: No En los términos del artículo 188 del CPACA, resulta aplicable lo previsto en el Código General del Proceso en relación con la condena en costas, normativa que consagra, en su artículo 365 -numeral 1-, que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación que haya propuesto, lo que conduciría a imponer costas por esta instancia a cargo del Ministerio (a quien se le resolvió de forma desfavorable la alzada); sin embargo, como prosperó parcialmente la demanda, al accederse a la liquidación judicial pedida, pero con un resultado diverso al peticionado, la Sala aplicará el supuesto de que trata el numeral 5 del mencionado art. 365, que autoriza al juez a abstenerse a condenar en costas a las partes, aserto fundado en la constatación de que los recursos aportados al convenio sí fueron invertidos y, además, se logró un avance certificado en la consecución del cometido pactado. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 5

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=150012333000201400336011100103