Titulación de la relatoría 25.152 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / TÉRMINO PROCESAL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿La demanda se presentó antes de finalizar el término de dos años contado desde el vencimiento del plazo pactado para la liquidación bilateral del convenio 2072 de 2007, es decir, de forma oportuna?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto, toda vez que la controversia sometida a juicio tiene origen en un convenio de apoyo financiero suscrito entre el municipio de Tocaima —entidad territorial—, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Fonade. Igualmente, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 152 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio contra la sentencia del 19 de septiembre de 2019, proferida por el proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en atención a la vocación de doble instancia del proceso, dado que la pretensión mayor valor formulada excede los 500 SMLMV a la fecha de presentación de la demanda(...) [E]l medio de control procedente es el de controversias contractuales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 141 del CPACA, por cuanto en el presente asunto se persigue la declaratoria de incumplimiento del municipio de Tocaima respecto de las obligaciones derivadas del convenio de apoyo financiero (…), suscrito con el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y con Fonade, (...) En cuanto a la oportunidad para ejercer el medio de control de controversias contractuales, la Sala advierte que, (…) la regla general de aplicación inmediata de las normas procesales, al señalar que «los términos que hubieren empezado a correr se regirán por las leyes vigentes en dicho momento». En este contexto, como en el presente asunto el término de caducidad comenzó a correr el 1° de marzo de 2012 —como se explicará más adelante—, cuando aún no había entrado en vigor el CPACA, su cómputo debe efectuarse con base en lo dispuesto por el artículo 136.10 del CCA, que estableció, como regla general, un término de caducidad de 2 años para las acciones contractuales, (…) Esta norma, además, previó unas reglas especiales, dependiendo de si el contrato requería o no liquidación; en caso afirmativo —como ocurre en el sub examine—, el conteo del término de 2 años iniciaría: (i) desde la suscripción del acta de liquidación bilateral, en los casos que las partes de la relación contractual la hubieren realizado de mutuo acuerdo (literal c); (ii) a partir de la ejecutoria del acto administrativo que apruebe la liquidación unilateral, en los eventos en que esta hubiere sido efectuada por la Administración; y (iii) desde el vencimiento del plazo pactado por las partes o, en su defecto, establecido por ley, para liquidar el contrato bilateral o unilateralmente, cuando ninguna de estas se hubiere efectuado. Bajo este marco normativo, se observa que el convenio interadministrativo de apoyo financiero (…) finalizó el 30 de junio de 2011. En aquel se estipuló un plazo de 8 meses para su liquidación bilateral, el cual vencía el 1° de marzo de 2012, sin que se hubiere pactado expresamente un término para la liquidación unilateral. Sin embargo, como no se realizó dicho cruce de cuentas, el término de los 2 años de la caducidad comenzó a correr a partir del vencimiento de los 8 meses para la liquidación bilateral, concluyendo el 2 de marzo de 2014, razón por la cual la demanda presentada el 26 de febrero de 2014 resulta oportuna. Ahora, si bien el aspecto procesal de la caducidad había sido definido por la Subsección C, mediante auto del 29 de septiembre de 2015, en el sentido de que la demanda se había presentado en tiempo, conclusión con la cual coincide la Sala en esta oportunidad, lo cierto es que no se comparten los argumentos que se tuvieron en cuenta para el efecto porque en dicha providencia se plasmó que el referente inicial para el conteo de la caducidad era el vencimiento de los 2 meses previstos en el EGCAP para la liquidación unilateral. Este razonamiento no resulta acertado, dado que, como lo ha sostenido esta Subsección recientemente, «si bien resulta válido que en los convenios interadministrativos las partes acuerden que, ante la falta de liquidación bilateral, una de ellas puede proceder a liquidarlo unilateralmente, lo cierto es que dicha posibilidad debe pactarse expresamente y con claridad, de tal manera que pueda emanar, sin equívocos, el ejercicio de esa facultad unilateral. De ahí que con la sola mención abstracta (…), no es posible entender que las partes hubiesen pactado la facultad de liquidar de manera unilateral el convenio en cuestión, reflejándose, por el contrario, una ausencia de pacto expreso e inequívoco en ese sentido». En este orden de ideas, al no haberse pactado expresamente en el convenio objeto de controversia la facultad de liquidación unilateral, no podía aplicarse de forma supletiva las disposiciones del EGCAP, de modo que la caducidad del medio de dentro de controversias contractuales debía contabilizarse exclusivamente desde el vencimiento del plazo pactado para la liquidación bilateral, como se realizó en esta oportunidad. (...)
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre competencia funcional y reglas de caducidad en contratación estatal, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 07 de abril de 2016, exp. 43021, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Sobre competencia funcional y reglas de caducidad en contratación estatal ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2019, exp. 66001 23 33 000 2015 0013101 (61429), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 153 DE 1887, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / PRUEBA PERICIAL / DICTAMEN PERICIAL / ADECUADA VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CERTEZA DEL DICTAMEN PERICIAL / CONCEPTO DE DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / DICTAMEN PERICIAL CONTABLE / INTERVENTORÍA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA / REEMBOLSO DEL CAPITAL / FONADE / MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La declaración de un incumplimiento parcial por parte del municipio permite imponer la obligación de reembolsar al Ministerio los recursos transferidos cuando el acervo probatorio demuestra la inversión material de dichos recursos en la ejecución del contrato de obra?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l 4 de julio de 2017, a solicitud de la parte demandante y dentro del trámite procesal de primera instancia, el ingeniero civil [perito] rindió dictamen pericial sobre el grado de cumplimiento del contrato de obra (...), en el cual, luego de efectuar un análisis documental, arribó a las mismas conclusiones del informe final de la interventoría, al señalar que, si bien «el valor del contrato de obra ascendía a $1.310’623.245 (…) la inversión ejecutada acumulada fue por valor de $672’695,948, equivalente al 51,33% del total de la obra, lo que quiere decir que las obras no ejecutadas corresponden al 48,67% por un valor de $637’927.297». Sobre esta prueba pericial, la Sala advierte que será valorada en conjunto con el informe final de interventoría (...), como se verá más adelante, dan cuenta de que los recursos del Ministerio, transferidos por conducto de Fonade al municipio de Tocaima, fueron efectivamente invertidos en la ejecución del contrato de obra (...) [D]e otro lado, la Sala encuentra probado —con fundamento en el informe final de interventoría, en el dictamen pericial practicado y en el balance financiero del proyecto— que los recursos entregados por el Ministerio, a través de Fonade, fueron efectivamente invertidos en el proyecto, pues con ellos se ejecutó la obra en un 51,33% del valor contratado, reflejado en la instalación parcial de la red de conducción, la entrega de más de 7.900 metros lineales de tubería al municipio y la ejecución de diversas obras verificadas. Estos resultados demuestran que los dineros girados se destinaron materialmente al objeto convenido, por lo cual no resulta ajustado afirmar, como lo hace el Ministerio, que la inversión fue inútil o que los recursos se perdieron. En efecto, la falta de operatividad del sistema respondió a factores externos, tales como restricciones prediales y viales, la reformulación del proyecto y la decisión de asignar la segunda fase al Plan Departamental de Aguas, todas circunstancias conocidas y aceptadas por el propio Ministerio y que condujeron a la no entrega de la obra en el plazo pactado. Estas situaciones, aunque revelan un incumplimiento parcial por parte del municipio —el cual fue declarado por el Tribunal a quo, punto que no es objeto de discusión en esta instancia—, no autorizan la conversión del aporte ministerial en una obligación reembolsable.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / REEMBOLSO DEL CAPITAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO / ACUEDUCTO VEREDAL
Problema jurídico:
¿Procede exigir al municipio de Tocaima la devolución de los recursos transferidos en el convenio de apoyo financiero 2072140 de 2007 ante un incumplimiento parcial del proyecto, pese a no existir estipulación contractual o fundamento normativo que imponga dicha obligación?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]sta Subsección advierte, de entrada, que no comparte los argumentos de la parte recurrente, por cuanto, de una parte, el convenio objeto de análisis no incorporó estipulación alguna que supeditara la transferencia de recursos a su eventual reembolso en caso de incumplimiento total o parcial, ni tampoco existe disposición normativa que permita derivar dicha consecuencia en el marco de un convenio de naturaleza interadministrativa, el cual, por esencia, se edifica sobre la colaboración y concurrencia de esfuerzos entre entidades públicas para alcanzar un fin común; y, de otra, porque se demostró que los recursos transferidos por el Ministerio, a través de Fonade, fueron efectivamente invertidos por el municipio en la ejecución del proyecto de acueducto veredal. Al punto, se observa que en el texto convencional se pactó expresamente que, en caso de producirse un incumplimiento por parte del municipio de Tocaima, podrían ejercerse contra él mecanismos sancionatorios y resarcitorios propios del EGCAP, previstos en la cláusula décimo segunda, tales como la cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del aporte estatal, y la facultad de exigir indemnización plena de perjuicios, previa acreditación del daño. Estos remedios excluyen la posibilidad de adicionar, por vía interpretativa, una consecuencia no prevista en el evento de un incumplimiento, como la restitución integral de los aportes entregados, (...), lo pactado en el contrato es ley para las partes, con lo cual se materializa el principio de autonomía de la voluntad, en tanto en el acuerdo de voluntades los sujetos contratantes fijan sus propias reglas de conducta, de ahí que, en lo que atañe a este caso, si no se plasmó un pacto en el sentido de que ante un incumplimiento se restituyeran los aportes entregados, no existe forma, al amparo de lo pactado, de exigir la devolución de esos recursos. Debe recordarse, adicionalmente, que uno de los pilares del principio de legalidad en materia sancionatoria contractual es la tipicidad de la conducta, la cual impide extender las consecuencias jurídicas más allá de lo expresamente pactado. En este sentido, ha de señalarse que su lectura da cuenta de que lo que se establece en tal pacto es un deber técnico de resultado en materia de calidad de las obras, pero en ningún caso puede interpretarse como una obligación patrimonial de restitución de recursos. Entenderlo de otro modo supondría desnaturalizar el alcance de la disposición y transformar un deber de cumplimiento técnico en un compromiso de reembolso carente de respaldo contractual y normativo. (...) En efecto, la falta de operatividad del sistema respondió a factores externos, tales como restricciones prediales y viales, la reformulación del proyecto y la decisión de asignar la segunda fase al Plan Departamental de Aguas, todas circunstancias conocidas y aceptadas por el propio Ministerio y que condujeron a la no entrega de la obra en el plazo pactado. Estas situaciones, aunque revelan un incumplimiento parcial por parte del municipio —el cual fue declarado por el Tribunal a quo, punto que no es objeto de discusión en esta instancia—, no autorizan la conversión del aporte ministerial en una obligación reembolsable. De lo anterior se sigue que la finalidad pública prevista en el convenio, aunque no alcanzada en su totalidad, no permite imponer la restitución de los recursos, toda vez que estos aportes no tenían la connotación de un crédito ni configuraban una relación conmutativa, sino un compromiso de concurrencia para un fin público común, por lo que el incumplimiento parcial del resultado no transforma la transferencia realizada por el Ministerio, por conducto de Fonade, en un recurso exigible en devolución, salvo estipulación expresa en ese sentido, la cual no existió. Por consiguiente, la consecuencia que podría derivarse del incumplimiento del municipio era únicamente la aplicación de la cláusula penal pactada —ya ordenada por el a quo, y sobre la cual no hay lugar a pronunciarse en esta instancia, porque no fue un punto apelado— o, en su defecto, la reclamación de perjuicios debidamente probados, mas no la restitución integral de los $600’000.000, toda vez que no tiene fuente convencional ni legal y, por ende, no puede imponerse válidamente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las diferencias entre contratos y convenios interadministrativos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de agosto de 2025, exp. 44001-23-40-000-2014-00081-01 (68897), C.P. Nicolás Yepes Corrales; Sobre los criterios para diferenciar el contrato estatal del convenio interadministrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de junio de 2019, exp. 05001-23-33-000-2014-01007-02 (66170); Sobre la naturaleza jurídica y el régimen aplicable a los convenios interadministrativos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2021, exp. 25000-23-36-000-2015-01315-01 (57822), C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Sobre la facultad del juez para declarar la nulidad de los convenios interadministrativos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2019, exp. 66001-23-33-000-2015-00131-01 (61429), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Sobre la finalidad y naturaleza jurídica del convenio interadministrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, exp. 66001-23-31-000-1998-00261-01 (17860), C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Sobre los elementos estructurales del convenio interadministrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2024, exp. 52001-23-33-000-2017-00470-01 (70405), C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez; Sobre la distinción funcional entre contrato estatal y convenio interadministrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de octubre de 2024, exp. 70001-23-33-000-2017-00174-01 (63983); Sobre el control judicial de los convenios interadministrativos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 3 de febrero de 2025, exp. 15001-23-33-000-2019-00280-01 (66572), C.P. Nicolás Yepes Corrales; Sobre la improcedencia de la nulidad cuando el negocio jurídico no desnaturaliza la figura contractual, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de noviembre de 2008, exp. 68001-23-31-000-1996-02081-01 (17009), C.P. Enrique de Jesús Gil Botero.Sobre improcedencia de convertir aportes de convenios interadministrativos en créditos reembolsables, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, 11 de agosto de 2025, exp. 68897, C. P. Nicolas Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas al Ministerio por haberse resuelto de forma desfavorable su recurso de apelación y existir prueba de su causación, así como fijar las agencias en derecho conforme a las tarifas vigentes?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l artículo 361 del CGP dispone que «las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho». A su turno, los artículos 365 (numerales 1 y 8) y 366 ejusdem — aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA— prevén que procede la condena en costas contra la parte a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, siempre que en el expediente obre prueba de su causación; y, en tal evento, corresponde a la secretaría del a quo realizar la liquidación de manera concentrada, quedando en cabeza del juzgador de segunda instancia únicamente la fijación de las agencias en derecho, conforme a las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. En este contexto, la Sala impondrá condena en costas al Ministerio, al habérsele resuelto de manera desfavorable el recurso de apelación interpuesto y teniendo en cuenta que su contraparte intervino activamente en el trámite de la segunda instancia mediante la presentación de alegatos de conclusión. Para tal efecto, corresponderá al Tribunal de origen efectuar la liquidación y tasación de las costas, debiendo considerar que en esta oportunidad se fijan agencias en derecho por el 0,5% del valor de las pretensiones desestimadas, con fundamento en las tarifas fijadas en el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre cómputo de caducidad cuando no hay pacto de liquidación unilateral, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 17 de septiembre de 2025, exp. 66170, C.P. Adriana Pulidora Castillo.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / SERVICIOS PÚBLICOS / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN / RECURSOS PÚBLICOS / FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / CONVENIO DE APOYO / DIFERENCIA ENTRE CONVENIO DE APOYO Y CONVENIO DE COLABORACIÓN / OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿El convenio de apoyo financiero admite clasificación dentro de un régimen jurídico específico que permita determinar si procede imputar al municipio de Tocaima la obligación de reembolsar los recursos entregados ante su incumplimiento parcial?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]os convenios interadministrativos, previstos en el artículo 95 de la Ley 489 de 1995, son instrumentos de cooperación entre entidades públicas, celebrados con el propósito de cumplir conjuntamente funciones administrativas o garantizar la prestación de un servicio público. Su esencia radica en un ánimo de asociación y colaboración que excluye la contraposición de intereses propia de los contratos conmutativos, caracterizados por la existencia de contraprestación o remuneración, lo cual no significa que los compromisos derivados de tales convenios carezcan de contenido patrimonial, pues con frecuencia implican aportes económicos destinados a la consecución de un fin común de interés público y no a la retribución individual de las entidades participantes; de ser así, se estaría frente a verdaderos contratos administrativos (…) la finalidad del acuerdo radicó en la concurrencia de esfuerzos institucionales para la realización de un propósito común y no en la equivalencia de contraprestaciones, lo que permite calificarlo como un convenio interadministrativo de apoyo financiero —correctamente rotulado como tal—, regido, ante todo, por las estipulaciones contenidas en sus propias cláusulas y, de manera supletiva, por los principios que gobiernan la función administrativa y la contratación estatal. (…) esta Subsección advierte, de entrada, que no comparte los argumentos de la parte recurrente, por cuanto, de una parte, el convenio objeto de análisis no incorporó estipulación alguna que supeditara la transferencia de recursos a su eventual reembolso en caso de incumplimiento total o parcial, ni tampoco existe disposición normativa que permita derivar dicha consecuencia en el marco de un convenio de naturaleza interadministrativa, el cual, por esencia, se edifica sobre la colaboración y concurrencia de esfuerzos entre entidades públicas para alcanzar un fin común; y, de otra, porque se demostró que los recursos transferidos por el Ministerio, a través de Fonade, fueron efectivamente invertidos por el municipio en la ejecución del proyecto de acueducto veredal. (…) Al punto, se observa que en el texto convencional se pactó expresamente que, en caso de producirse un incumplimiento por parte del municipio de Tocaima, podrían ejercerse contra él mecanismos sancionatorios y resarcitorios propios del EGCAP previstos en la cláusula décimo segunda, tales como la cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del aporte estatal, y la facultad de exigir indemnización plena de perjuicios, previa acreditación del daño. Estos remedios excluyen la posibilidad de adicionar, por vía interpretativa, una consecuencia no prevista en el evento de un incumplimiento, como la restitución integral de los aportes entregados, (...), [L]o pactado en el contrato es ley para las partes, con lo cual se materializa el principio de autonomía de la voluntad, en tanto en el acuerdo de voluntades los sujetos contratantes fijan sus propias reglas de conducta, de ahí que, en lo que atañe a este caso, si no se plasmó un pacto en el sentido de que ante un incumplimiento se restituyeran los aportes entregados, no existe forma, al amparo de lo pactado, de exigir la devolución de esos recursos. (…) sigue que la finalidad pública prevista en el convenio, aunque no alcanzada en su totalidad, no permite imponer la restitución de los recursos, toda vez que estos aportes no tenían la connotación de un crédito ni configuraban una relación conmutativa, sino un compromiso de concurrencia para un fin público común, por lo que el incumplimiento parcial del resultado no transforma la transferencia realizada por el Ministerio, por conducto de Fonade, en un recurso exigible en devolución, salvo estipulación expresa en ese sentido, la cual no existió. Por consiguiente, la consecuencia que podría derivarse del incumplimiento del municipio era únicamente la aplicación de la cláusula penal pactada —ya ordenada por el a quo, y sobre la cual no hay lugar a pronunciarse en esta instancia, porque no fue un punto apelado— o, en su defecto, la reclamación de perjuicios debidamente probados, mas no la restitución integral de los $600’000.000, toda vez que no tiene fuente convencional ni legal y, por ende, no puede imponerse válidamente.
FUENTE FORMAL:
LEY 489 DE 1995 - ARTÍCULO 95, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602