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clave: "consejo_estado:providencia:15001233300020140033601-69562-sentencia"
titulo: "Medio de control de controversias contractuales: Sentencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-11-25"
radicado: "15001233300020140033601"
numero: "69562"
ponente: "JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020140033601-69562-sentencia"
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# Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-11-25
- **Radicado:** 15001233300020140033601
- **Número interno:** 69562
- **Ponente:** JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-, MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
- **Demandado:** MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020140033601-69562-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/15001233300020140033601/E06483AB1E7D807CFF18D2D53140F9D02A94A7F712D2EE4241D4202290DDA59C/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=150012333000201400336011100103

## Problema jurídico

¿Las partes vinculadas al negocio jurídico comparten los beneficios y distribuyen los riesgos en función de sus aportes?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿El Municipio desatendió el contenido obligacional a su cargo al no satisfacer los compromisos contemplados en los numerales 15 y 27 de la cláusula tercera del convenio?
- ¿La nulidad relativa es la sanción que procede frente a una cláusula abusiva como solución
- ¿La cláusula segunda del convenio celebrado entre las partes constituye una cláusula abusiva que configure una posición dominante y genere un desequilibrio negocial…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 489 de 1998, art. 95
- Ley 84 de 1873, art. 1524

## Extracto

El escenario en el que la Administración ejerce sus competencias contractuales se desarrolla principalmente a través de dos tipos de negocios jurídicos: los contratos y los convenios. Aunque el EGCAP no establece una distinción entre estas figuras, la jurisprudencia y la doctrina se han encargado de perfilar su función jurídica y objetivos, resaltando las características inherentes a cada uno de estos instrumentos como base del análisis de cumplimiento en sede de responsabilidad. Si bien ambos conceptos se fundan en la concurrencia de voluntades, la causa que antecede tal manifestación es el punto central que marca su individualidad y distinción; tal elemento es definido por el ordenamiento jurídico como “el motivo que induce al acto o contrato”

## Síntesis temática

El contratista y la entidad estatal comparten los beneficios y distribuyen los riesgos en función de sus aportes en un convenio interadministrativo, que se caracteriza por la unidad de causa y fin que vincula a los sujetos parte y cuyo propósito es coordinar y cooperar en la realización de las funciones administrativas asignadas a cada entidad. Estos convenios no son contenedores de prestaciones patrimoniales propias de los contratos conmutativos, sino que buscan cumplir con objetivos atados al interés general en virtud del principio de colaboración. La Sala modificó la interpretación anterior, lo que implica que en adelante se debe entender que en estos convenios priman las regulaciones que acuerdan las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad y de la aplicación preeminente del principio de la buena fe, y que la estructura obligacional acordada es expresión de los medios que cada entidad dispone para alcanzar el objetivo común desde sus competencias públicas.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CONVENIO DE APOYO, INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CLÁUSULA ABUSIVA, ABUSO DEL DERECHO, NULIDAD ABSOLUTA DE LA CLÁUSULA ABUSIVA, CONTRATACIÓN ESTATAL, CLÁUSULAS DEL CONTRATO, CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL, RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO, NULIDAD RELATIVA, NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO, NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO ESTATAL, DECLARACIÓN DE NULIDAD RELATIVA, RESTITUCIONES MUTUAS, PROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, ABUSO DEL DERECHO POR POSICIÓN DOMINANTE, DESVIACIÓN DE PODER, INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER, INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Las partes vinculadas al negocio jurídico comparten los beneficios y distribuyen los riesgos en función de sus aportes?
Respuesta al problema jurídico: Si
El escenario en el que la Administración ejerce sus competencias contractuales se desarrolla principalmente a través de dos tipos de negocios jurídicos: los contratos y los convenios. Aunque el EGCAP no establece una distinción entre estas figuras, la jurisprudencia y la doctrina se han encargado de perfilar su función jurídica y objetivos, resaltando las características inherentes a cada uno de estos instrumentos como base del análisis de cumplimiento en sede de responsabilidad. Si bien ambos conceptos se fundan en la concurrencia de voluntades, la causa que antecede tal manifestación es el punto central que marca su individualidad y distinción; tal elemento es definido por el ordenamiento jurídico como “el motivo que induce al acto o contrato” (art. 1524 del C.C.), configurando el cariz teleológico o la razón jurídica relevante que da origen a una relación negocial. (...) En el caso de los convenios, su razón de ser se dirige a la promoción de objetivos mancomunados entre sus contrayentes y, puntualmente, tratándose de convenios interadministrativos, se revela como instrumento de unión entre dos o más personas de derecho público que apunta al logro de fines y propósitos comunes, en el marco de las funciones que la ley asigna a cada una de ellas. Bajo esta tipología, cada entidad estatal desarrolla las funciones públicas a su cargo y, a su vez, se beneficia de la realización conjunta de las competencias de los demás contrayentes en procura de llevar a buen término un proyecto. Esta alianza genera una dinámica que potencializa el quehacer administrativo, siendo que todas ellas trenzan sus esfuerzos en una expresión única y objetiva del interés general que por esta vía se robustece. Por ello, el talante de los convenios interadministrativos lo erige en un mecanismo de gestión conjunta de atribuciones públicas que se caracteriza por la unidad de causa y fin que vincula a los sujetos parte, y cuyo propósito es coordinar y cooperar en la realización de las funciones administrativas asignadas a cada entidad. De ahí que estos convenios no son contenedores de prestaciones patrimoniales propias de los contratos conmutativos, ni hablan de intereses puramente económicos, con ellos se busca primordialmente cumplir con objetivos atados al interés general en virtud del principio de colaboración de que trata el art. 95 de la Ley 489 de 1998. A pesar de que en nuestra legislación no existe una reglamentación específica que los desarrolle, se debe entender que en éstos priman las regulaciones que acuerdan las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad y de la aplicación preeminente del principio de la buena fe. Estos postulados, si bien están presentes en la teoría de los negocios jurídicos, aquí son exaltados como guía de entendimiento de los compromisos adquiridos y de su examen de cumplimiento, en la medida que este análisis no puede desprenderse de la naturaleza que atañe a esta relación convencional en la que no emergen intereses contrapuestos, sino unívocos. Este punto de partida y también de llegada es elemento medular para resolver los conflictos que con ocasión de este tipo de acuerdos se originan, y permite entender que la estructura obligacional acordada es expresión de los medios que cada entidad dispone para alcanzar el objetivo común desde sus competencias públicas, se itera, con una sola dirección, pero a través de tareas concatenadas. Al final de cuentas son sujetos que son parte de la administración.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la naturaleza y características de los convenios interadministrativos, consultar sentencia de 21 de febrero de 2025, Exp. 25000-23-36-000-2019-00270-01(68280), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1524
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO DE APOYO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El Municipio desatendió el contenido obligacional a su cargo al no satisfacer los compromisos contemplados en los numerales 15 y 27 de la cláusula tercera del convenio?
Respuesta al problema jurídico: No
Aunque la Sala constata que no se logró culminar la totalidad del proyecto acordado, y que el contrato derivado 226 de 2009 no fue liquidado en vigencia del convenio sub examine, estas situaciones, por sí mismas, no consolidan el incumplimiento del Municipio respecto de las estipulaciones en las que el actor funda sus reproches. La Sala anuncia que los cargos relacionados con el incumplimiento de las obligaciones pactadas bajo la cláusula tercera no están llamados a prosperar, como se desprende de la lectura integral del acuerdo negocial, de su ejecución y de su naturaleza, como se pasa a explicar. (...) La Sala constata que los demandantes no probaron que el Municipio se abstuviera de acoger las recomendaciones que le formularon para el desarrollo del negocio jurídico, ni que ello hubiese constituido la causa por la cual no se culminó el proyecto, en tanto se limitaron a aportar comunicaciones enviadas antes de que feneciera su plazo , sin dar a conocer la correlativa respuesta de la entidad territorial para precisar las circunstancias acontecidas; tal señalamiento, por sí solo, no soporta de manera fehaciente un reproche de incumplimiento, pues sería tanto como atribuir responsabilidad por la existencia de una misiva de la que directamente se predique un resultado, sin reparar en el tipo de obligación y si la conducta realmente es antijurídica. (...) Las pruebas evidencian que para atender las recomendaciones efectuadas, el Municipio planteó fórmulas de solución tales como la consecución de recursos para mitigar el efecto patrimonial de actividades no previstas en el componente eléctrico y de otras afectaciones anotadas, así que no ignoró ni desistió de su propósito de llevar a buen término el objeto pactado; por el contrario, adelantó gestiones para lograr la actualización de la normativa vigente, a la vez que adoptó medidas relacionadas con el cambio de punto de conexión que fue variado por la EBSA, y avanzó en los nuevos trazados y diseños que ello impuso. Aspecto que no desconoció el actor, pero sí catalogó como incumplimiento del Municipio. (...) De otra parte, no se demostró que el Municipio desatendiera definitivamente su compromiso de liquidar el contrato derivado, como se avizora del derrotero negocial que siguió aquel acuerdo (...) Como el objeto de reproche anida en la omisión del demandado de liquidar el contrato 226 de cara al marco temporal pactado en el convenio, hay que señalar que el Municipio liquidó de forma unilateral dicho negocio jurídico mediante la Resolución 497 del 12 de diciembre de 2015, precisando que el consorcio no ejecutó obra por el monto de $609’202.750,91 y que, en virtud de lo pagado y las prestaciones efectivamente realizadas, se concretó un saldo a favor de la entidad territorial por la cifra de $200’800.282,82. De manera que no se contravino una de las obligaciones adquiridas por el Municipio, concerniente a “liquidar los contratos que suscriba en desarrollo del objeto de este convenio”, pues en efecto lo hizo; así que, incluso de considerarse posterior al convenio, tal circunstancia carece de entidad para erigirse en un incumplimiento del que se puedan derivar las consecuencias pretendidas en la demanda. (...) Así las cosas, bajo la óptica con la que debe examinarse el cumplimiento de los convenios interadministrativos, se evidencia que el cúmulo de los aportes de los contrayentes conduciría, como una obligación de medio, al éxito del fin que los vinculó. Al advertirse que todos los sujetos tenían a su cargo actividades necesarias para la consecución de ese fin común, y las incorrecciones provinieron de la sumatoria de responsabilidades de cada entidad, en especial aquellos de tipo administrativo y técnico, es claro que todas las partes deben asumir las resultas de su proyecto compartido, sea o no exitoso. Por ende, no hay lugar a reprochar el incumplimiento de las obligaciones de que trata la cláusula tercera a cargo del Municipio demandado. Las vicisitudes inherentes a los múltiples riesgos se distribuyen entre los suscribientes y se establecen reglas para su asunción y administración de cara a la naturaleza de este tipo de negocio jurídico; por consiguiente, no se declarará la prosperidad del reproche ni, por ende, de la pretensión basada en la inobservancia de los compromisos vertidos en la cláusula tercera del convenio.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CLÁUSULA ABUSIVA / ABUSO DEL DERECHO / NULIDAD ABSOLUTA DE LA CLÁUSULA ABUSIVA / CONTRATACIÓN ESTATAL / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO
OBITER DICTUM
[L]a figura de las cláusulas abusivas hace referencia al posicionamiento negocial preponderante de uno de los sujetos sobre otro, conforme al cual se pacta una estipulación asimétrica cuyo abuso es generador de un daño; estos elementos llevan a identificar tres momentos en el iter de configuración de las cláusulas abusivas, que permiten comprender su noción, como adelante explicará la Sala. Si bien en la legislación moderna se han definido algunos criterios objetivos de identificación de estas cláusulas, a través de las denominadas “listas negras”, lo cierto es que esta caracterización no agota el panorama de este instituto, pues está circunscrita a ciertas materias asociadas a la protección del consumidor –en particular, aquellas atinentes a la posición jurídica del consumidor financiero y al ámbito de los servicios públicos domiciliarios, entre otros– por lo que, bueno sea decirlo, la generalidad de las relaciones jurídico negociales está desprovista de esos lineamientos objetivos, es decir, aquellos llevados a una norma, lo que significa que le corresponde a la autoridad judicial apreciar su configuración. En estos términos, considera la Sala necesario recoger los diversos matices y perspectivas bajo las cuales se ha explicado la figura de las cláusulas abusivas, pues partiendo de su génesis –que corresponde al instituto del abuso del derecho– ha de seguirse la lógica en que hacen presencia sus elementos definitorios: posición de negociación dominante, estipulación asimétrica, y ejercicio abusivo del derecho; esta trilogía identifica, a su vez, los momentos del itinerario contractual que cimientan el instituto de las cláusulas abusivas. (...) la teoría de las cláusulas abusivas tiene cabida en la contratación estatal, pero no mediante una reproducción automática de la caracterización que le dio origen en el derecho privado, pues su aplicación en los negocios públicos debe adecuarse a la especial naturaleza, prerrogativas y finalidades que prevé el estatuto público de contratación; lo anterior, sin perder de vista, como ya se explicó, que para considerar una estipulación como abusiva es necesario que provenga del ejercicio de la posición de predominio de un sujeto en la formación del contrato y ella materialice una asimetría injustificada para la parte débil que revele la configuración de aquel abuso –no de una regla de poder–, pues para estos casos, es decir para controlar las expresiones de poder, el legislador dispuso las causales de nulidad de los actos y contratos estatales. (...) Comoquiera que técnicamente se observa la carencia de una pauta general para sancionar la configuración de una cláusula abusiva, la salvaguarda de la justicia negocial que se le adjudica al juez del contrato, impone el uso de los instrumentos del ordenamiento jurídico que acojan de mejor manera la solución al conflicto planteado. De esta manera, si bien el enjuiciamiento de tales cláusulas se inscribe en el plano de la responsabilidad contractual, lo cierto es que no existe una regla que establezca la consecuencia de su configuración –salvo los casos en que el legislador le ha asignado directamente el efecto, positivizándolo–. (...) a Sala precisa que no solamente se edifica la responsabilidad contractual por incumplimiento del contenido objetivo del negocio jurídico, comportamiento antijurídico a través del cual el contratante desconoce o se separa del marco obligacional contraído bajo el pacto, sino que también acoge e indemniza el daño que genera el abuso del derecho producto de la declaración de una cláusula como

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

se ciñen de tal carácter. No se observa que el Ministerio, en su calidad de aportante de la mayoría de la financiación, hubiere utilizado esta posición en aras de imponer un compromiso alejado de los fines que enlazaron a las tres entidades para el logro de la causa común, comoquiera que las prestaciones pactadas en la cláusula segunda de la prórroga No. 4 reafirman los compromisos que éstas ya habían adquirido (en especial el Municipio) desde el inicio del convenio, como atrás quedó visto, lo que desdice del supuesto aprovechamiento en que incurrió el Ministerio y FONADE al momento de su proposición, por cuanto su alcance no resulta ajeno o separado del contexto negocial, como adelante se precisará. En esa medida, no se puede categorizar a la mencionada cláusula como abusiva, ni hay prueba que respalde tal supuesto.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 3
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Es procedente ordenar al Municipio el reintegro de la totalidad de los recursos transferidos por el Ministerio, a través del FONADE, en aplicación de la cláusula convencional, pese a haberse acreditado el cumplimiento de los compromisos asumidos y la ejecución total de los recursos en el proyecto?
Respuesta al problema jurídico: No
La citada estipulación negocial está conformada por dos ejes prestacionales que dan lugar al efecto jurídico acordado; de un lado, el Municipio se comprometió a conseguir los recursos necesarios (primera prestación), con el fin de instalar los equipos durante la vigencia del acuerdo negocial (segundo compromiso), de modo que se garantizara la funcionalidad del proyecto (objetivo) y en caso de que esto no aconteciera se planteó el reintegro de la totalidad de los recursos asignados por el Ministerio (consecuencia jurídica). (...) Ante la acreditación de que la entidad territorial observó los compromisos previstos en esa regla convencional, no procede la activación del desenlace definido por la falta de prestación de aquellos; de modo que, no hay lugar a ordenar al Municipio restituir la totalidad de los recursos girados por el Ministerio, a través del FONADE, para el desarrollo del proyecto, pues lo cierto es que todos fueron ejecutados en la obra, según fue afirmado en el informe final de interventoría del Convenio, sin oposición del Ministerio en ello.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Se acoge el corte de cuentas del convenio efectuado por el juez de primer grado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las demandantes pidieron que en el finiquito del negocio se incluya la devolución por parte del Municipio de la totalidad de los recursos desembolsados para la concreción del proyecto, con sustento en el supuesto incumplimiento en que éste incurrió, en relación con las cláusulas tercera del convenio y segunda de su prórroga 4. La Sala comparte la decisión del a quo de liquidar el negocio jurídico en ceros, es decir, sin establecer un crédito a cargo de alguno de los contrayentes, porque dicha determinación se sujeta a lo concluido en apartes previos sobre la ausencia de acreditación de los incumplimientos endilgados al Municipio y guarda coherencia con los valores que el FONADE certificó como desembolsados al contratista, en consonancia con el porcentaje de avance del convenio que fue acreditado en el sub-lite. En su informe final, FONADE indicó que cobró por su gestión gerencial la suma de $118’235.273, desembolsó al contratista el monto de $2.525’895.984, quedando un saldo pendiente por pagar al consorcio de $358’868.473, para completar los $3.003’000.000 de aportes a los que se comprometió el Ministerio. Como el saldo a favor del contratista se derivaba del porcentaje de ejecución del convenio que no se alcanzó, no corresponde ordenar pagos a favor de alguno de los contrayentes del convenio pues los desembolsos efectuados se acompasaron con el desarrollo negocial acreditado en el plenario. Se aclara, así mismo, que la cláusula penal pactada por las partes y reclamada en las pretensiones como una suma a incluirse en la liquidación judicial, no procede en el sub examine, en la medida que no se atribuyó a sujeto alguno una conducta culpable generadora de un menoscabo frente a los demás contrayentes; en efecto, la no consecución del 100% del objeto convenido devino pese a la articulación conjunta de funciones desplegadas para tal fin, por lo que la afectación derivada de dicho resultado se debe asumir de forma congregada por todos los participantes, escenario que restringe, dada la naturaleza sancionatoria de la cláusula penal, su imposición respecto de alguno de tales sujetos. En virtud de todo lo expuesto, la Sala modificará la sentencia objeto de alzada, manteniendo la liquidación efectuada por el a quo, y revocará la declaratoria de nulidad absoluta de la cláusula contractual examinada; negando las demás súplicas de incumplimiento aducidas en la demanda e insistidas en la apelación con fundamento en las razones desarrolladas en esta providencia.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Es procedente imponer condena en costas en esta instancia a cargo del Ministerio, pese a que la demanda prosperó de manera parcial y la liquidación judicial del convenio arrojó un resultado distinto al pretendido por las demandantes?
Respuesta al problema jurídico: No
En los términos del artículo 188 del CPACA, resulta aplicable lo previsto en el Código General del Proceso en relación con la condena en costas, normativa que consagra, en su artículo 365 -numeral 1-, que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación que haya propuesto, lo que conduciría a imponer costas por esta instancia a cargo del Ministerio (a quien se le resolvió de forma desfavorable la alzada); sin embargo, como prosperó parcialmente la demanda, al accederse a la liquidación judicial pedida, pero con un resultado diverso al peticionado, la Sala aplicará el supuesto de que trata el numeral 5 del mencionado art. 365, que autoriza al juez a abstenerse a condenar en costas a las partes, aserto fundado en la constatación de que los recursos aportados al convenio sí fueron invertidos y, además, se logró un avance certificado en la consecución del cometido pactado.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 5

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-11-25. C.P. JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ. Rad. 15001233300020140033601. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020140033601-69562-sentencia).
