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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el medio de control de controversias contractuales fue interpuesto

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Fecha
2024-10-11
Radicado
23001233300020140005701
Número interno
58883
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOSDE DESARROLLO - FONADE, NACION - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Demandado
MUNICIPIO DE MONTERIA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el medio de control de controversias contractuales fue interpuesto

Lo que dijo la Sala

El negocio jurídico objeto de la presente controversia fue suscrito el 23 de enero de 2006 y en su cláusula quinta se pactó que el plazo sería hasta el 31 de diciembre de 2006. Así mismo, se estipuló que el convenio debía liquidarse de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, manifestando expresamente que lo sería dentro de los 4 meses siguientes a su terminación -cláusula décima sexta-, pero no se acordó nada en relación con la posibilidad de liquidarlo unilateralmente por parte de alguna de las entidades firmantes (f. 19, c. 1).

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Cuando las partes de un convenio interadministrativo acuerdan liquidarlo de común acuerdo y no pactan la posibilidad de una liquidación unilateral, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta desde el día siguiente al vencimiento del plazo estipulado para la liquidación bilateral. Esta regla aplica el numeral iv) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, que contempla esa subregla para los negocios que requieren liquidación. Su fundamento es que la liquidación unilateral solo opera si se pactó expresamente, de modo que, en silencio del convenio, el plazo de caducidad se ancla a la liquidación bilateral. En el caso concreto el convenio se firmó con un plazo de ejecución y una cláusula que remitía a la Ley 80 de 1993 para liquidar dentro de cuatro meses, y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al vencimiento de ese plazo. Por ello la sala modificó la decisión de primera instancia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el término se calcula desde el plazo de liquidación bilateral y no desde la terminación del convenio.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo estipulado para la liquidación bilateral del convenio interadministrativo?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 164 núm. 4
  • Ley 80 de 1993

También resuelve

  • ¿El municipio de Montería incumplió el Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220 de 2006 celebrado con Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (luego Ministerio de Vivienda…
  • ¿Es procedente acceder a la pretensión de restitución del valor de la tubería no instalada?
  • ¿Resulta improcedente la condena en costas por prosperidad parcial del recurso de apelación?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Contratos y convenios interadministrativos Condena en costas y agencias en derecho

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Se confirmará la providencia del 16 de noviembre de 2023
Titulación de la relatoría 10.932 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo estipulado para la liquidación bilateral del convenio interadministrativo? Respuesta al problema jurídico: Si El negocio jurídico objeto de la presente controversia fue suscrito el 23 de enero de 2006 y en su cláusula quinta se pactó que el plazo sería hasta el 31 de diciembre de 2006. Así mismo, se estipuló que el convenio debía liquidarse de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, manifestando expresamente que lo sería dentro de los 4 meses siguientes a su terminación -cláusula décima sexta-, pero no se acordó nada en relación con la posibilidad de liquidarlo unilateralmente por parte de alguna de las entidades firmantes (f. 19, c. 1). Teniendo en cuenta que las partes acordaron liquidar el convenio de común acuerdo, para efectos de la contabilización del término de caducidad resulta aplicable lo dispuesto en el numeral iv) del literal j) del ordinal 2 del artículo 164 del CPACA, razón por la cual el término de caducidad debe contabilizarse a partir del día siguiente al vencimiento del plazo estipulado para la liquidación bilateral del negocio jurídico. Para tales efectos, debe tenerse en cuenta que el plazo de ejecución fue prorrogado en seis oportunidades, siendo la última la suscrita el 23 de diciembre de 2010, cuando se extendió hasta el 30 de junio de 2011 y se dejó claro que, en ningún caso, el plazo de este convenio podría exceder la duración del Convenio Marco 194048 suscrito entre FONADE y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (...) teniendo en cuenta que la fecha de finalización del convenio -según su última prórroga- era el día 30 de junio de 2011 y que las partes tenían 8 meses a partir de ese momento para liquidar de común acuerdo el negocio jurídico, término que empezaba a correr, por lo tanto, a partir del día siguiente a dicha terminación -1º de julio de 2011-, el plazo para ello vencía el 1º de marzo de 2012, hecho que no sucedió y dio lugar, por lo tanto, a la pretensión quinta de la demanda en la que se pidió su liquidación judicial . A partir del día siguiente, es decir, del 2 de marzo de 2012, empezó a correr el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, que, por lo tanto, vencía el 2 de marzo de 2014. Toda vez que la demanda fue presentada el 21 de febrero de 2014, resulta evidente que la misma fue oportuna. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 4 LITERAL J, LEY 80 DE 1993 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO / FONADE / ASOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO DE APOYO / DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO / CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿El municipio de Montería incumplió el Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220 de 2006 celebrado con Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (luego Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, por no haber entregado completas y en funcionamiento las obras de construcción de la primera etapa del sistema de alcantarillado sanitario de la margen izquierda de la ciudad de Montería, Córdoba? Respuesta al problema jurídico: No [C]onsidera la Sala que los argumentos planteados por las entidades apelantes en sus recursos carecen de la fuerza de convicción necesaria como para desestimar lo decidido por el a-quo en relación con el cumplimiento, por parte del municipio de Montería, de las obligaciones que en virtud del convenio interadministrativo de apoyo financiero fueron radicadas en cabeza de esta entidad territorial. En efecto, lo primero que resulta necesario observar es que el negocio jurídico en torno al cual gira la presente controversia no fue un contrato del que se hubieran derivado prestaciones y contraprestaciones a cargo de las partes que se pudieran ver como equivalentes y en el que el cumplimiento de las obligaciones radicadas en cabeza de cada una de ellas, pueda mirarse como necesario para la obtención del fin individual y subjetivo perseguido por la contratante y por el contratista, quienes se hallan, por lo tanto, en una contraposición de intereses disímiles, que se busca satisfacer mediante la celebración del acuerdo de voluntades. Por el contrario, se trata de un convenio interadministrativo de los regulados en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, figura concebida por el ordenamiento jurídico como pasible de ser utilizada por las entidades estatales con el objeto de aunar esfuerzos en aras de la obtención de un resultado de interés común para ellas, que apunta al logro de una misma finalidad perseguida por las entidades involucradas en el acuerdo de voluntades y que converge, en últimas, en la satisfacción del interés público o general, a la que apunta toda la actividad administrativa del Estado. (...) De acuerdo con lo expuesto, no se puede afirmar que, mediante el convenio de apoyo objeto de la presente controversia, el hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONADE se hayan comprometido a pagar unos recursos, a título de contraprestación, a cambio de obtener, de parte del municipio de Montería, la construcción de una determinada obra, sino que se trató de la colaboración pactada entre las tres entidades, desde el ámbito de sus propias competencias y cometidos, en virtud de la cual se repartieron las distintas responsabilidades de conformidad con las funciones y posibilidades de acción de cada una de ellas, con la finalidad de satisfacer una necesidad de interés público, como lo era dotar de alcantarillado a la población del municipio. (...) Desde esta perspectiva, se advierte que se probó en el plenario que el municipio de Montería, a través de su concesionario Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P., cumplió con la obligación consignada en el Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220 de 2006 de celebrar los contratos necesarios para la ejecución de las obras correspondientes al proyecto (...) Y de acuerdo con lo expuesto y lo que resultó probado en el proceso, considera la Sala que, en el presente evento, si bien no se logró la realización total del objeto del Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220 de 2006, ello no sucedió por razones que sean imputables al incumplimiento de las obligaciones a cargo del municipio de Montería sino a causas atribuibles al actuar del otro extremo de la relación convencional, en la medida en que la obra fundamental, según el perito, para el funcionamiento total del proyecto, que lo era el colector El Dorado y que aún no había servido para lo que fue construida, había sido expresamente excluida de los contratos a cargo del municipio -a través de Proactiva- con autorización de las entidades demandantes quienes, por lo tanto, fueron co-generadoras de la causa eficiente de la falta de funcionalidad integral del proyecto, adicional a que dicha obra fue ejecutada por un tercero: la Corporación Autónoma Regional de los Valles de los ríos Sinú y San Jorge CVS. (...) Por lo tanto, a pesar de que se constató que el proyecto en su integridad no estaba funcionando, las circunstancias que dieron lugar a esta consecuencia impiden imputarle responsabilidad patrimonial a la entidad territorial demandada y, por lo tanto, no había lugar a acceder a la pretensión de devolución del 100% de los recursos entregados por el ministerio para la ejecución del referido convenio ni la tendiente a obtener la efectividad de la cláusula penal pecuniaria, por lo que esa decisión del tribunal merece ser confirmada. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la diferencia entre contrato interadministrativo y convenio interadministrativo, consultar sentencia de 31 de marzo de 2023, Exp. (58623), C.P. José Roberto Sáchica Méndez y sentencia de 30 de agosto de 2024, Exp. 05001-23-33-000-2016-00392-01(70771), C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. FUENTE FORMAL: LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95 CONVENIO DE APOYO / FONADE / DEVOLUCIÓN DE DINERO / RESTITUCIÓN DE DINERO / MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Problema jurídico: ¿Es procedente acceder a la pretensión de restitución del valor de la tubería no instalada? Respuesta al problema jurídico: Si [A]l estar acreditada la adquisición de esa cantidad de tubería de 36” -289,5 ml- con recursos provenientes del ministerio y que no fue instalada en las obras sino que quedó en poder de Proactiva, y teniendo en cuenta que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no es una entidad ejecutora de proyectos y su participación, en el presente caso, consistió fundamentalmente en el aporte de los recursos necesarios para llevar a cabo las obras de alcantarillado que fueron objeto del convenio de apoyo financiero en torno al cual gira la controversia, a juicio de la Sala, resulta procedente acceder a la pretensión de restitución del valor de la tubería no instalada. Lo anterior, por cuanto sobre la entidad territorial recaía la obligación específica de invertir en el proyecto los recursos girados por el Ministerio a través de Fonade, de donde se deduce que los valores que no fueran efectivamente destinados al mismo, debían se restituidos al Ministerio, por lo cual, como está probado que la tubería no se instaló, no puede sostenerse que los recursos que se destinaron para adquirirla se hubieren invertido en las obras y, por tanto, deben devolverse. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Resulta improcedente la condena en costas por prosperidad parcial del recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y los numerales 1 y 5 del artículo 365 del CGP, no hay lugar a condenar en costas, debido a que el recurso prosperó parcialmente y así mismo se acogieron algunas de las pretensiones de la demanda. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 5

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=230012333000201400057011100103