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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: a la presente instancia decisoria le corresponde pronunciarse sobre los reparos concretos presentados con el recurso de apelación

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Fecha
2025-07-11
Radicado
13001233300020150060201
Número interno
72639
Ponente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
ESE HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO
Demandado
LAUDELINA CELY QUIROZ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: a la presente instancia decisoria le corresponde pronunciarse sobre los reparos concretos presentados con el recurso de apelación

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Regla de decisión

A la presente instancia decisoria le corresponde pronunciarse sobre los reparos concretos presentados con el recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado, los cuales establecen la competencia del ad quem para ventilar la controversia, salvo situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El juez de segunda instancia circunscribe su competencia decisoria a los reparos concretos y argumentos conceptuales expuestos en el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, de modo que los aspectos ajenos a dichos cuestionamientos escapan de su conocimiento salvo los asuntos de carácter oficioso. En este proceso de repetición bajo la Ley 678 de 2001, la Sala confirma la sentencia absolutoria al constatar que la imputación de responsabilidad patrimonial se formuló exclusivamente por conducta dolosa y desviación de poder en la demanda y en la apelación, impidiendo al ad quem pronunciarse simultáneamente sobre culpa grave al no haberse planteado pretensiones principales y subsidiarias debidas.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El juez de segunda instancia puede pronunciarse sobre una imputación de responsabilidad patrimonial formulada de manera simultánea por dolo y culpa grave, cuando dicha imputación no se presenta como pretensión principal y subsidiaria y los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación sustentan, de forma exclusiva, una conducta dolosa por desviación de poder?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 678 de 2001, art. 5 núm. 1

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

A la presente instancia decisoria le corresponde pronunciarse sobre los reparos concretos presentados con el recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad quem para ventilar la controversia, salvo situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa. La Sala ha establecido que el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN RECURSO DE APELACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DOLO CULPA GRAVE PRETENSIÓN PRINCIPAL PRETENSIÓN SUBSIDIARIA EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA ARGUMENTO EN LA DEMANDA ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN PRESUNCIÓN DE DOLO LEY 678 DE 2001 DESVIACIÓN DE PODER CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ELEMENTO OBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN AGENTE DEL ESTADO CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO VICIOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO VICIOS EN LA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDAD PENAL RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA PRESUNCIÓN LEGAL GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE DAÑO ANTIJURÍDICO DEMANDADO RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA DESVIACIÓN DE PODER FECHA DE COMISIÓN DEL HECHO EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA SENTENCIA CONDENATORIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORMA VIGENTE REGULACIÓN NORMATIVA CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTO ADMINISTRATIVO ANULADO JUEZ NATURAL DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SENTENCIA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES JUICIO DE LEGALIDAD REESTRUCTURACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER INEXISTENCIA DE ABUSO DE AUTORIDAD PÚBLICA CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN MÉDICO PLANTA DE PERSONAL RÉGIMEN DE EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA INAPLICACIÓN DE LA NORMA RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA EXSERVIDOR PÚBLICO FALTA DE PRUEBA CONDENA JUDICIAL RESARCIMIENTO DEL DAÑO FINALIDAD DE LA DESVIACIÓN DE PODER RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO JUNTA DIRECTIVA CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL ERROR EN EL ACTO ADMINISTRATIVO INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA COSTAS PROCESALES NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES INTERÉS PÚBLICO ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES

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MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DOLO / CULPA GRAVE / PRETENSIÓN PRINCIPAL / PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA / ARGUMENTO EN LA DEMANDA / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / PRESUNCIÓN DE DOLO / LEY 678 DE 2001 / DESVIACIÓN DE PODER Problema jurídico: ¿El juez de segunda instancia puede pronunciarse sobre una imputación de responsabilidad patrimonial formulada de manera simultánea por dolo y culpa grave, cuando dicha imputación no se presenta como pretensión principal y subsidiaria y los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación sustentan, de forma exclusiva, una conducta dolosa por desviación de poder? Respuesta al problema jurídico: No A la presente instancia decisoria le corresponde pronunciarse sobre los reparos concretos presentados con el recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad quem para ventilar la controversia, salvo situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa. La Sala ha establecido que el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior. Ahora bien, esta Subsección ha sido enfática en señalar que una imputación en la que se alegue que el demandado incurrió en dolo y en culpa grave de forma concomitante no es procedente, por cuanto no es posible que un funcionario de manera consciente y voluntaria quiera un resultado ajeno a las finalidades del servicio (dolo) y, al mismo tiempo, no pretenda desmejorarlo; no obstante, si se considera que el caso concreto permite una doble atribución de responsabilidad, la parte interesada deberá plantear las distintas imputaciones de forma separada (como pretensión principal y subsidiaria) y sustentarlas, ya que solo así se garantiza el ejercicio del derecho de defensa por parte del demandado. En el presente asunto, la Sala evidencia que en las pretensiones de la demanda la actora solicitó “Que se declare patrimonialmente responsable a la Dra. (…) [demandada], por la conducta gravemente dolosas (sic) y culposa que desplego, al resultar condenada patrimonialmente la E.S.E”. Es decir, planteó de manera concomitante dos modalidades de imputación de la responsabilidad. Sin embargo, los esfuerzos argumentativos en el libelo introductorio y en el recurso de alzada se orientaron a estructurar la presunción de dolo prevista en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001. En particular, en el escrito inicial indicó que resultaba configurada “una desviación de poder y falsa motivación, conducta desplegada por (…) [la demandada]. En el mismo sentido, adujo en la alzada que “Los argumentos o motivos aducidos por la exgerente de la ESE demandante en la Resolución 142 de fecha la 5 de septiembre de 2008, para declarar insubsistente el nombramiento de la Doctora (…), contrario a lo argumentado en la sentencia recurrida, la resolución 142 mencionada es contraria a derecho, por claro desconocimiento del ordenamiento jurídico, están fundadas en falsa motivación y violación del debido proceso”. En ese orden de ideas, se considera que la imputación realizada por la entidad solo puede ser analizada bajo la óptica de una conducta dolosa por desviación de poder, ya que, de una lectura integral de la demanda y del recurso de apelación, así se concluye. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia, consultar la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, proferida el 6 de abril de 2018, exp. 46.005, C.P. Danilo Rojas Betancourth. En igual sentido, ver las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 9 de febrero de 2012, exp. 21060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; el 22 de octubre de 2021, exp. 59925, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la inviabilidad de imputar, de manera concomitante, culpa grave y dolo, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 22 de octubre de 2021, exp. 62110, C.P. María Adriana Marín; el 15 de septiembre de 2023, exp. 67371, C.P. María Adriana Marín; el 3 de marzo de 2023, exp. 68569, C.P. María Adriana Marín; del 21 de abril de 2022, exp. 67609, C.P. María Adriana Marín; el 7 de diciembre de 2021, exp. 58163; C.P. María Adriana Marín; el 21 de noviembre de 2022, exp. 62364, C.P. María Adriana Marín; y, el 21 de febrero de 2025, exp. 71440, C.P. Fernando Pardo Flórez. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / ELEMENTO OBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / LEY 678 DE 2001 / DESVIACIÓN DE PODER / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VICIOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VICIOS EN LA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD PENAL / RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA / PRESUNCIÓN LEGAL / GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / DAÑO ANTIJURÍDICO / EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA / DEMANDADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA DESVIACIÓN DE PODER Problema jurídico: ¿El Estado puede ejercer la acción de repetición contra su agente o ex agente público cuando compruebe que la condena por reparación de un daño antijurídico se fundamenta en una conducta dolosa o gravemente culposa; aplique las presunciones legales previstas en la Ley 678 de 2001; y, garantice el derecho de defensa del demandado? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 90 superior prevé que en los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño antijurídico, está llamado a repetir contra su agente cuando la condena haya sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de éste, de igual manera, la figura ha tenido desarrollo legal en la Ley 678 de 2001, Ley 1437 de 2011 y recientemente en la Ley 2195 de 2022. Según se estableció en el artículo 2° de la Ley 678 de 2001, la repetición se considera como “una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto”. La jurisprudencia de esta Corporación ha determinado los presupuestos para la prosperidad de la pretensión de repetición, a saber: (i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; (ii) el pago efectivo a la víctima del daño; (iii) la calidad de agente o exagente estatal de los demandados – (elementos objetivos), y, (iv) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena (elemento subjetivo). En punto del elemento subjetivo respecto del medio de control de repetición, la entidad demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de los hechos, la conducta del agente o ex agente del Estado fue dolosa o gravemente culposa. Al respecto la Sala considera que, una imputación de responsabilidad patrimonial a título de dolo requiere que el juez de la repetición constate que el servicio del Estado fue transgredido de manera consciente y voluntaria, es decir, con conocimiento de la irregularidad del comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas que ello implica. La mencionada disposición normativa -Ley 678 de 2001- consagró unas presunciones legales con incidencia en la carga probatoria dentro del proceso. Por ello en el artículo 5° de la citada ley, se prevé que la conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio. Asimismo, dispone que se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas: (i) obrar con desviación de poder; (ii) haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento; (iii) haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración; (iv) haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado; y (v) haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial. Sin embargo, es importante precisar que esta Subsección, reiteradamente ha señalado que las presunciones que contempló la Ley 678 de 2001, en sus artículos 5 y 6, son legales -que admiten prueba en contrario-, con lo cual se garantiza el ejercicio del derecho de defensa, pues, de haber sido calificadas como presunciones de derecho, al demandado se le habría privado de la posibilidad de demostrar que la conducta cuestionada no ocurrió a título de culpa grave o de dolo. Por lo tanto, en tratándose de las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001, quien las invoque en el proceso de repetición debe acreditar el hecho base que las sustenta, sin perjuicio de que la parte contraria desvirtúe la conclusión que se presume, en garantía del derecho de defensa. En el mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia de unificación 354 de 2020 indicó que las presunciones legales de dolo y culpa grave, contempladas en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, no relevan a la entidad actora de probar ante el juez contencioso administrativo que el daño antijurídico tuvo su origen en una acción u omisión atribuible al demandado, y que tal actuación se enmarca en alguno de los supuestos legales (como por ejemplo la desviación de poder), pues “está prohibida la posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado contenidas en la providencia condenatoria a la administración”, toda vez que la determinación de la responsabilidad del agente debe sustentarse en los elementos de juicio allegados al proceso de repetición, en el cual el demandado tenga la oportunidad real de ejercer su derecho de defensa. Respecto de la causal de desviación de poder, la Subsección ha sostenido que tiene lugar cuando un acto administrativo que fue expedido por un órgano o una autoridad competente persigue fines diferentes a los que ha fijado el ordenamiento jurídico, como, por ejemplo, cuando con su expedición no se pretende satisfacer el interés general, la búsqueda del bien común o el mejoramiento del servicio público. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos para la prosperidad de la pretensión de repetición, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 27 de septiembre de 2024, exp. 71.165, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. Sobre el elemento subjetivo respecto del medio de control de repetición, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 21 de febrero de 2025, exp. 71440, C.P Fernando Alexei. Pardo Flórez. Sobre la imputación de responsabilidad patrimonial a título de dolo, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 04 de abril de 2025, exp. 71.828, C.P Fernando Alexei Pardo Flórez. Sobre las presunciones legales contempladas en la Ley 678 de 2001, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 7 de agosto de 2017, exp. 42777, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y el 17 de junio de 2024, exp. 69864, C.P. Nicolás Yepes Corrales. Sobre la carga probatoria que tiene la entidad de acreditar que el daño antijurídico tuvo su origen en una acción u omisión atribuible al demandado, consultar la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU-354 del 26 de agosto de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero. Sobre la oportunidad que tiene el demandado de ejercer el derecho de defensa en el proceso de repetición, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 1 de marzo de 2024, exp. 70456, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la procedencia de la causal de desviación de poder, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 1 de octubre de 2018, exp. 46.994, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; el 3 de diciembre de 2020, exp. 53.635, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y, el 13 de noviembre de 2018, exp. 49809, C.P Marta Nubia Velásquez Rico; el 22 de octubre de 2021, exp. 62.571, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. En igual sentido, ver la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, proferida el 9 de julio de 2015, exp. 0596-14, C.P. Sandra Lisset Ibarra. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 1437 DE 2011, LEY 2195 DE 2022, LEY 678 DE 2001, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FECHA DE COMISIÓN DEL HECHO / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / SENTENCIA CONDENATORIA / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / NORMA VIGENTE / REGULACIÓN NORMATIVA / LEY 678 DE 2001 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Al presente asunto le resultan aplicables las Leyes 678 de 2001 y 1437 de 2011, por tratarse de las disposiciones sustanciales y procesales vigentes a la fecha del hecho que dio lugar a la condena en contra de la E.S.E.? Respuesta al problema jurídico: Si [C]omo en el sub examine los hechos que dieron lugar a la condena contra la E.S.E. ocurrieron el 5 de septiembre de 2008,-fecha en la que se expidió el acto que declaró la insubsistencia de la (…) [médico general], el régimen aplicable al medio de control de repetición es el previsto en las Leyes 678 de 2001 y 1437 de 2011, sin que para los efectos pueda tenerse en cuenta la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022, toda vez que esta última normativa no estaba vigente al momento de los hechos. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011, LEY 2195 DE 2022, LEY 678 DE 2001 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO ANULADO / JUEZ NATURAL / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DOLO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / SENTENCIA / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES / JUICIO DE LEGALIDAD / REESTRUCTURACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / INEXISTENCIA DE ABUSO DE AUTORIDAD PÚBLICA / CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA / CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / MÉDICO / PLANTA DE PERSONAL / RÉGIMEN DE EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / INAPLICACIÓN DE LA NORMA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE / GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Resulta procedente declarar la responsabilidad patrimonial de la funcionaria que expidió la Resolución No. 142 de 2008, por medio de cual se declaró la insubsistencia de una médico general de la E.S.E. Hospital Manuel Elkin Patarroyo, cuando la nulidad del acto administrativo se produjo por razones de ilegalidad objetiva, sin que se haya acreditado una conducta dolosa, culposa o de desviación de poder en su actuación? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala considera pertinente señalar que, a diferencia de lo sostenido por la parte demandante, la acción de repetición no tiene por objeto rebatir el juicio sobre la legalidad del acto anulado (y a la postre detonante de la condena), toda vez que esta cuestión ya fue zanjada por el juez competente. Pues como se dijo de manera previa, la acción de repetición tiene naturaleza eminentemente patrimonial y persigue establecer la responsabilidad civil del agente estatal. En consecuencia, la declaratoria de nulidad de un acto no implica, per se, la configuración de dolo en la actuación del servidor público que lo profirió, ya que ello exige un análisis autónomo del comportamiento desplegado. En el caso concreto, si bien en las sentencias de nulidad y restablecimiento se reconoció la afectación de los derechos laborales de la demandante, ello obedeció a un juicio estrictamente legal sobre el proceso de reestructuración, sin que se hubiese establecido desviación de poder o abuso de autoridad por parte de la funcionaria que suscribió la resolución No.142 de 2008. La declaratoria de nulidad del acto en cita, obedeció a que éste se fundamentó en el inciso segundo del artículo 49 del Acuerdo 003 del 27 de julio de 2000, disposición que resultaba contraria a la Constitución Política al clasificar como de libre nombramiento y remoción el cargo de médico general, con base exclusivamente en el criterio jerárquico dentro de la planta de personal. Tanto el juez de primera instancia como el Tribunal Administrativo de Bolívar coincidieron en que dicha clasificación vulneraba el régimen constitucional de carrera administrativa, por apartarse de los parámetros fijados en la sentencia C-387 de 1996 de la Corte Constitucional. En consecuencia, la norma fue inaplicada con efectos restringidos al caso concreto. Sin embargo, debe destacarse que, en las decisiones judiciales en comento no se realizó imputación alguna de responsabilidad a título personal contra la entonces gerente de la E.S.E. (…). El juicio que dio lugar a la nulidad del acto administrativo -se reitera- se centró exclusivamente en la ilegalidad del fundamento normativo invocado para la declaratoria de insubsistencia, sin que se hiciera referencia alguna a una actuación dolosa o a una intención desviada por parte de la funcionaria que lo suscribió. Por lo tanto, con fundamento en las razones precedentes, la Sala resolverá de forma desfavorable el primer cargo formulado por el recurrente mediante el cual, se reprocha al Iudex de primer grado, por no declarar la responsabilidad de la demandada (vía repetición) teniendo como fuente la aplicación directa de la nulidad del acto generador de la condena. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / EXSERVIDOR PÚBLICO / GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE PRUEBA / DOLO / CONDENA JUDICIAL / RESARCIMIENTO DEL DAÑO / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DESVIACIÓN DE PODER / FINALIDAD DE LA DESVIACIÓN DE PODER / RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO / JUNTA DIRECTIVA / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO / DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO / REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL / ERROR EN EL ACTO ADMINISTRATIVO / CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / PLANTA DE PERSONAL / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Resulta procedente atribuir responsabilidad patrimonial a la exgerente de la E.S.E. Hospital Manuel Elkin Patarroyo, con fundamento en el artículo 5º de la Ley 678 de 2001, cuando no se acreditó una voluntad consciente y premeditada de transgredir el ordenamiento jurídico y su actuación se basó en actos administrativos proferidos con anterioridad por órganos competentes de la entidad, los cuales contenían errores sustanciales reiterados? Respuesta al problema jurídico: No Se advierte de entrada que, la entidad demandante se limitó a exponer las razones por las cuales consideraba que el acto administrativo se encontraba viciado de nulidad, sin aportar elementos de juicio -probatorios ni argumentativos- que permitieran acreditar el actuar doloso de la demandada. Por el contrario, asumió que la sola existencia de la condena judicial implicaba, per se, la obligación del agente estatal de resarcir el daño, desconociendo que en la acción de repetición resulta indispensable acreditar los presupuestos subjetivos de la responsabilidad, conforme lo exige la Ley 678 de 2001. Por lo anterior, la Sala reitera que no en todos los casos en que se alegue un vicio de desviación de poder puede predicarse, sin más, la existencia de dolo por parte del agente estatal. Por lo tanto, la desviación de poder supone una discrepancia entre los fines reales perseguidos por el funcionario y los fines jurídicos definidos por el legislador, pero no siempre implica un propósito deliberado de violar el ordenamiento jurídico. La responsabilidad patrimonial del servidor exige verificar, más allá del vicio de legalidad, si su actuación estuvo guiada por una voluntad consciente y premeditada de transgredir el orden jurídico, circunstancia que debe ser demostrada de manera específica. Así las cosas, se encuentra acreditado en el expediente que la Resolución 142 de 2008, acto cuya nulidad dio lugar a la condena en contra de la E.S.E., se fundamentó principalmente en el contenido del Acuerdo 003 de 2000 (art. 49), la Ley 909 de 2004, la Resolución 900 de diciembre de 2005 y el estudio técnico de modificación y actualización de la estructura y planta de cargos, todos ellos expedidos con anterioridad a la designación de (…) [la demandada] como gerente de la entidad. En particular, se observa que el Acuerdo 003 de 2000 fue adoptado por la Junta Directiva de la E.S.E., órgano competente para definir la estructura organizacional y la clasificación de los empleos de la entidad, incluyendo la determinación del cargo de médico general de la unidad de partos y hospitalización como de libre nombramiento y remoción. Se advierte que, si bien la (…) [demandada] ejercía funciones como secretaria técnica de dicho órgano, lo hacía sin voz ni voto, razón por la cual no puede atribuírsele participación decisoria ni responsabilidad en la expedición de dicho acuerdo. En ese sentido, resulta importante realizar hincapié que, individualmente considerada la conducta de la demandada, esta no habría tenido la suficiencia necesaria para generar algún daño patrimonial a la E.S.E, pues como ya se dijo, la reestructuración de la planta de personal se dio por iniciativa de la junta directiva de la entidad y fue ese órgano colegiado el que clasificó los empleos de la planta de personal de la E.S.E. Vale advertir que, dichos actos administrativos, proferidos por la junta directiva de la entidad, contenían un error sustancial en cuanto a la clasificación de determinados cargos como de libre nombramiento y remoción, calificación que fue incorporada desde el Acuerdo 003 de 2000 y reiterada sistemáticamente en los actos subsiguientes mediante los cuales se fijó la planta de personal, entonces, esta deficiencia también se trasladó a la resolución 142 de 2008, acto cuya expedición dio lugar a la condena contra la E.S.E., pero que en su contenido reflejaba una cadena de errores administrativos que precedieron a la gestión de la entonces gerente. En consonancia con lo anterior, debe señalarse que la sola suscripción de la Resolución 142 de 2008 por parte de (…) [la demandada] no constituye, por sí misma, prueba de una actuación dolosa. Aunado a lo anterior, no obra en el expediente evidencia alguna, ni siquiera de carácter indiciario, que permita inferir que su conducta estuvo guiada por una intención desviada o contraria a los fines del servicio público. En efecto, el hecho de que se haya incurrido en desaciertos en la clasificación jerárquica de los cargos no constituye, por sí solo, una actuación dolosa, como lo sostiene la entidad demandante. Puesto que no se acreditó que la (…) [demandada] hubiese actuado con la intención premeditada de apartarse del ordenamiento jurídico, ni que mediara un interés indebido que motivara la expedición de la resolución 142 del 5 de septiembre de 2008. Por el contrario, se evidenció -como ya se expuso- que dicha decisión se sustentó en una cadena de actos administrativos proferidos con antelación por las directivas de la entidad, los cuales contenían yerros estructurales que fueron reiteradamente reproducidos. En ese contexto, la suscripción de la resolución 142 obedeció a una aplicación equivocada de la norma – la cual se había declarado inconstitucional- en el marco de un proceso de reestructuración institucional, cuyos errores se originaron en decisiones previas adoptadas por otros funcionarios. Entonces, se determina que en el sub lite, no obra en el expediente prueba alguna que permita establecer que la conducta de la (…) [demandada] haya estado dirigida, de manera dolosa, a apartarse de los fines previstos por la ley al declarar la insubsistencia del nombramiento de la señora Conrado Estrada. El único elemento de convicción allegado por la parte actora sobre este aspecto corresponde a las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en las cuales se expuso la continuidad del error por parte de la junta directiva, lo que -se reitera- no acredita por sí solo el dolo del agente. En adición, en materia de repetición y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que se invocan como fundamento de sus pretensiones. En el presente caso, la omisión de la parte demandante en sustentar debidamente dicho presupuesto impide tener por configurado uno de los elementos estructurales del medio de control, esto es, el elemento subjetivo. En suma, la Sala concluye, que la E.S.E. Hospital Manuel Elkin Patarroyo no acreditó, en sede de repetición, la conducta dolosa que -con fundamento en el artículo 5º, numeral 1º, de la Ley 678 de 2001- le imputó a la aquí demandada. En efecto, los elementos probatorios allegados al proceso no permiten concluir que su actuación haya estado guiada por la intención de realizar un hecho contrario a los fines del servicio público. Pues no se trata, de demostrar una simple equivocación o un error funcional; tampoco basta con acreditar la vulneración del ordenamiento jurídico. En uno y otro caso, es indispensable probar la gravedad de la conducta. En consecuencia, se desvirtúa el segundo reproche que motivó la alzada, lo cual sustrae a la Sala de realizar cualquier análisis adicional, ya que de lo probado se puede concluir que, el Tribunal al no acreditar en el caso bajo estudio la existencia del elemento subjetivo de la responsabilidad, no incurrió en ningún yerro probatorio, por lo tanto, su decisión se mantendrá incólume. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el examen integral de la conducta desplegada por el agente estatal, a fin de establecer si puede ser calificada como dolosa, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 22 de octubre de 2021, exp. 62.571, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la procedencia de la causal de desviación de poder, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 1 de marzo de 2024, exp. 70456, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 678 DE 2001, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1 COSTAS PROCESALES / NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / INTERÉS PÚBLICO / ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas en el medio de control de repetición, debido al interés público que se debate en esta clase de procesos? Respuesta al problema jurídico: No El artículo 188 del CPACA dispone que, salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. Esta Subsección, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-832 de 2001, ha considerado que el proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues se busca la protección del patrimonio público, por lo tanto, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la E.S.E. Hospital Manuel Elkin Patarroyo. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el interés público en el proceso de repetición, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 11 de abril de 2019, exp. 59139, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; el 12 de agosto de 2019, exp. 63519, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; el 20 de febrero de 2020, exp. 51949, C.P. María Adriana Marín; y, el 7 de mayo de 2021, exp. 58503, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. En igual sentido, ver la sentencia de la Corte Constitucional, C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=130012333000201500602011100103