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Consejo de Estado Providencia

Evidencia de la prueba: Sentencia

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Fecha
2022-06-08
Radicado
11001032600020180009200
Número interno
61777
Ponente
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Demandado
ANA CRISTINA SIERRA DE LOMBANA

Síntesis de la providencia

Evidencia de la prueba: Sentencia

Lo que dijo la Sala

Resulta evidente la ligereza con la cual la Auditoría General de la República atendió el proceso de repetición, toda vez que en la demanda se limitó a pedir la declaratoria de responsabilidad de la [demandada], a título de culpa grave, con fundamento en las sentencias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, las cuales… no constituyen prueba del actuar irregular de los servidores públicos. Con la figura de la repetición el legislador no pretendió imponer cargas desproporcionadas a quienes asumen el ejercicio del servicio público, razón por la cual su procedencia está condicionada a que, además de los requisitos objetivos, se acredite con suficiencia que la intervención de los funcionarios en la ocurrencia de daños antijurídicos fue “premeditada, negligente o manifiestamente imprudente”.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La entidad demandante no realiza un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave del servidor público, toda vez que limita su demanda a pedir la declaratoria de responsabilidad con base en sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho, sin aportar pruebas del actuar irregular de los servidores públicos. La figura de la repetición no pretende imponer cargas desproporcionadas a quienes asumen el ejercicio del servicio público, por lo que su procedencia requiere acreditar con suficiencia que la intervención de los funcionarios en la ocurrencia de daños antijurídicos fue premeditada, negligente o manifiestamente imprudente. En este caso, la Auditoría General de la República no demostró la culpa grave del servidor público y se acreditó que la declaratoria de insubsistencia fue adoptada en uso de sus facultades y precedida de un comportamiento diligente, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La entidad demandante realizó un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave de la demandada?

Respuesta: No

También resuelve

  • ¿Las decisiones de la entidad pública demandada fueron debidamente razonadas y su propósito fue preservar los principios que rigen la función pública?
  • ¿La declaratoria de insubsistencia se produjo por la pérdida de confianza en la funcionaria, derivada de unos hechos que evidenciaban su falta de integridad?
  • ¿La declaratoria de insubsistencia de la servidora fue una decisión que se adoptó con la debida diligencia y cuidado?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

EVIDENCIA DE LA PRUEBA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO ACTUACIÓN IRREGULAR DE LA ADMINISTRACIÓN MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN FUNCIÓN LEGISLATIVA CARGAS PÚBLICAS DESEMPEÑO DEL SERVIDOR PÚBLICO PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ACTUACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO DEMOSTRACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO PREMEDITACIÓN RESPONSABILIDAD POR MALICIA O NEGLIGENCIA INSUFICIENCIA PROBATORIA DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD FACULTADES DEL AUDITOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DEBER DE DILIGENCIA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA ORDINARIA FACULTADES DEL NOMINADOR DIRECTIVAS DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PRINCIPIO DE CONFIANZA EN LA RELACIÓN LABORAL CARGO DE CONFIANZA ÁREA MISIONAL FUNCIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA CORRUPCIÓN DEL EMPLEADO PÚBLICO EXTRALIMITACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPRETACIÓN RAZONABLE ASESORÍA TÉCNICA PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DECLARACIÓN DEL TESTIGO FUNCIONES DEL CARGO DE CONFIANZA AGRAVIO A LA INTEGRIDAD MORAL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL RENDICIÓN DEL TESTIMONIO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL CARGO PÚBLICO DEL NIVEL ASESOR RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA CONCEPTO DEL ASESOR JURÍDICO PARTE DEMANDADA AUDITOR GENERAL DE LA REPÚBLICA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA CARGO DEL TRABAJADOR PLANTA GLOBAL DE LA ENTIDAD ESTATAL DESEMPEÑO DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTENIDO DE LA DEMANDA DECISIÓN DE LA SENTENCIA CONTROVERSIA DE LA PRUEBA PROVIDENCIA JUDICIAL DEMOSTRACIÓN DE LA CULPABILIDAD COMISIÓN DEL HECHO CONDENA CONTRA EL ESTADO VIGENCIA DE LA NORMA PROCESAL CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO CULPA GRAVE EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL CONCEPTOS DOCTRINARIOS APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABILIDAD SUBJETIVA VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO PRÁCTICA DE PRUEBA SOLICITUD DE TRASLADO DE LA PRUEBA PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA NORMATIVIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA COPIA DE DOCUMENTO APRECIACIÓN DE LA PRUEBA SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBA PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL INCORPORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL AUDIENCIA DE PRUEBAS TRASLADO DE PRUEBA PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN NORMATIVIDAD DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL TÉRMINO LEGAL PAGO DE LA OBLIGACIÓN VENCIMIENTO DEL TÉRMINO JUDICIAL PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA VIGENCIA DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA JUDICIAL PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA CONTENIDO DE LA PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA DECISIONES DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL PAGO DE LA CONDENA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN

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Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

EVIDENCIA DE LA PRUEBA / AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA / INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA / RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO / ACTUACIÓN IRREGULAR DE LA ADMINISTRACIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FUNCIÓN LEGISLATIVA / CARGAS PÚBLICAS / DESEMPEÑO DEL SERVIDOR PÚBLICO / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ACTUACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO / DEMOSTRACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PREMEDITACIÓN / RESPONSABILIDAD POR MALICIA O NEGLIGENCIA / INSUFICIENCIA PROBATORIA / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / FACULTADES DEL AUDITOR GENERAL DE LA REPÚBLICA / DEBER DE DILIGENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La entidad demandante realizó un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave de la demandada? Respuesta al problema jurídico: No [R]esulta evidente la ligereza con la cual la Auditoría General de la República atendió el proceso de repetición, toda vez que en la demanda se limitó a pedir la declaratoria de responsabilidad de la [demandada], a título de culpa grave, con fundamento en las sentencias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, las cuales [...] no constituyen prueba del actuar irregular de los servidores públicos. [C]on la figura de la repetición el legislador no pretendió imponer cargas desproporcionadas a quienes asumen el ejercicio del servicio público, razón por la cual su procedencia está condicionada a que, además de los requisitos objetivos, se acredite con suficiencia que la intervención de los funcionarios en la ocurrencia de daños antijurídicos fue “premeditada, negligente o manifiestamente imprudente”. [D]ado que la Auditoría General de la República no realizó un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave de la demandada y que, por el contrario, se acreditó que la declaratoria de insubsistencia, además de ser adoptada por la demandada en uso de las facultades que tenía como auditora general de la República, se trató de una decisión precedida de un comportamiento diligente, se negarán las súplicas de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos para el ejercicio del medio de control de repetición, cita: Corte Constitucional, sentencia de unificación SU-259 del 6 de agosto de 2021, M. P. José Fernando Reyes Cuartas. DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA ORDINARIA / FACULTADES DEL NOMINADOR / DIRECTIVAS DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN / PRINCIPIO DE CONFIANZA EN LA RELACIÓN LABORAL / CARGO DE CONFIANZA / ÁREA MISIONAL / FUNCIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO / DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA / CORRUPCIÓN DEL EMPLEADO PÚBLICO / RESPONSABILIDAD POR MALICIA O NEGLIGENCIA / EXTRALIMITACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / INTERPRETACIÓN RAZONABLE / ASESORÍA TÉCNICA / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Problema jurídico: ¿Las decisiones de la entidad pública demandada fueron debidamente razonadas y su propósito fue preservar los principios que rigen la función pública? Respuesta al problema jurídico: Si [C]onsidera la Sala que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de la [servidora] no fue una decisión inconsulta o apresurada, sino que, como quedó visto, se adoptó en uso de su facultad como nominadora, previo consenso con el equipo directivo que la asesoró, luego de analizar los hechos que rodearon la filtración de información y advertir la falta de confianza que generaba la funcionaria, la cual, en su criterio, le impedía cumplir cabalmente con la función misional de la institución. El examen de los hechos aducidos para declarar la insubsistencia del nombramiento de la [funcionaria], apoyado en la función misional de la institución y la lucha contra la corrupción, dista de evidenciar una negligencia en la adopción de la decisión o una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de funciones, pues, aunque el juez de la legalidad consideró que los motivos aducidos en la resolución […] no fueron suficientes, en este proceso se demostró que las conclusiones a las que arribó la demandada en conjunto con su equipo de asesores fueron debidamente razonadas y con el único propósito de preservar los principios que rigen la función pública. MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / INTERPRETACIÓN RAZONABLE / DECLARACIÓN DEL TESTIGO / DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / FUNCIONES DEL CARGO DE CONFIANZA / AGRAVIO A LA INTEGRIDAD MORAL / CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL / RENDICIÓN DEL TESTIMONIO / DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN / PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL / FACULTADES DEL AUDITOR GENERAL DE LA REPÚBLICA / ASESORÍA TÉCNICA / CARGO PÚBLICO DEL NIVEL ASESOR / RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA / CONCEPTO DEL ASESOR JURÍDICO Problema jurídico: ¿La declaratoria de insubsistencia se produjo por la pérdida de confianza en la funcionaria, derivada de unos hechos que evidenciaban su falta de integridad? Respuesta al problema jurídico: Si Al revisar la resolución n.° 14 del 11 de enero de 2008, se observa que dicho acto administrativo se motivó de manera detallada, así como también que las razones que ahí se consignaron daban cuenta de las circunstancias que llevaron a adoptar esa decisión. Como se indicó en la referida resolución y lo corroboraron los testigos que declararon en este proceso, la declaratoria de insubsistencia se produjo por la pérdida de confianza en la funcionaria, derivada de unos hechos que evidenciaban su falta de integridad y ponían en tela de juicio el cabal cumplimiento de la función misional de la entidad. [C]omo lo manifestaron los testigos que declararon en este asunto, conocida la filtración de información sobre un proceso de responsabilidad fiscal que se adelantó en la seccional VII con sede en Armenia, la auditora general de la República se reunió en varias oportunidades con su grupo asesor, conformado, entre otros, por las directoras de talento humano y de la oficina asesora jurídica. PARTE DEMANDADA / AUDITOR GENERAL DE LA REPÚBLICA / FACULTADES DEL AUDITOR GENERAL DE LA REPÚBLICA / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / CARGO DEL TRABAJADOR / PLANTA GLOBAL DE LA ENTIDAD ESTATAL / DESEMPEÑO DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CONTENIDO DE LA DEMANDA / RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / DECISIÓN DE LA SENTENCIA / CONTROVERSIA DE LA PRUEBA / PROVIDENCIA JUDICIAL / INSUFICIENCIA PROBATORIA / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPABILIDAD / DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / DEBER DE DILIGENCIA Problema jurídico: ¿La declaratoria de insubsistencia de la servidora fue una decisión que se adoptó con la debida diligencia y cuidado? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a [demandada], en su condición de auditora general de la República, expidió la resolución […] por medio de la cual se declaró insubsistente el nombramiento de la [funcionaria] en el cargo de profesional especializado grado 3 de la planta global de dicha entidad, el cual ocupaba en provisionalidad, así como también que dicha decisión fue anulada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado n.° 2008-0015700, promovido por la afectada. Según la entidad demandante, la [demandada] debía ser declarada responsable, a título de culpa grave, con fundamento en las sentencias que se dictaron en el referido proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo anterior fue controvertido por la [demandada], al considerar que dichas providencias resultaban insuficientes para demostrar su culpabilidad y que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de la [servidora] fue una decisión que se adoptó con la debida diligencia y cuidado y en atención a las circunstancias particulares que rodearon el caso. COMISIÓN DEL HECHO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA / VIGENCIA DE LA NORMA PROCESAL / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL / CONCEPTOS DOCTRINARIOS / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO / VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO / RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE Problema jurídico: ¿Para fundamentar el medio de control de repetición se requiere de la comprobación de la gravedad de la conducta del demandado? Respuesta al problema jurídico: Si [C]omo los hechos por los cuales resultó condenada la Auditoría General de la República ocurrieron […] después de la entrada en vigor de la Ley 678 de 2001, el examen de la conducta de la [demandada], calificada por la entidad demandante como gravemente culposa, se realizará con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de dicha disposición normativa […]. Lo anterior, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción, se acuda excepcionalmente al Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial de los funcionarios, siempre y cuando no resulte incompatible con la Ley 678 de 2001 y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política). Se trata, entonces, de una responsabilidad subjetiva en la que el análisis del comportamiento del sujeto pasivo resulta determinante en materia de repetición, de ahí que, como lo ha sostenido la Sección Tercera del Consejo de Estado, no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permita atribuirle responsabilidad, dado que se requiere de la comprobación de la gravedad de su conducta. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las pruebas aportadas para establecer la conducta de los demandados, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de julio de 1997, rad. 9894, C. P. Ricardo Hoyos Duque; y sentencia del 28 de enero de 2015, rad. 38094, C. P. Hernán Andrade Rincón. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, 90, 121, 122 Y 124, LEY 57 DE 1887, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 PRÁCTICA DE PRUEBA / SOLICITUD DE TRASLADO DE LA PRUEBA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA / NORMATIVIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA / COPIA DE DOCUMENTO / APRECIACIÓN DE LA PRUEBA / SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBA / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA / INCORPORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / AUDIENCIA DE PRUEBAS / TRASLADO DE PRUEBA / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN Problema jurídico: ¿Se llevó a cabo el traslado a las partes de los documentos del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho para que ejercieran su derecho de contradicción? Respuesta al problema jurídico: Si Según lo dispuesto en el artículo 174 del CGP, las pruebas practicadas válidamente en un proceso pueden trasladarse a otro en copia y ser apreciadas sin más formalidades, siempre y cuando se hubieren practicado a petición de la parte contra la cual se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. La Sala valorará los documentos que conforman el proceso n.° 2008-0015700, porque, pese a que en dicho proceso se practicaron únicamente con audiencia de la Auditoría General de la República, su incorporación como medios de prueba de este proceso se llevó a cabo en la audiencia del 24 de marzo de 2022, diligencia en la cual se llevó a cabo su traslado a las partes para que ejercieran su derecho de contradicción, sin que alguna de ellas manifestara su oposición. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la valoración de la prueba trasladada, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de septiembre 11 de 2013, rad. 20601, C. P. Danilo Rojas Betancourth. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 174 NORMATIVIDAD DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO LEGAL / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / VENCIMIENTO DEL TÉRMINO JUDICIAL / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / VIGENCIA DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA / CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA JUDICIAL / PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA / CONTENIDO DE LA PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA / DECISIONES DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PAGO DE LA CONDENA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿El medio de control se ejerció de manera oportuna? Respuesta al problema jurídico: Si En atención a lo dispuesto en el literal l) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, las demandas de repetición deben instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para pagar las condenas, “de conformidad con lo previsto en este Código”. [C]omo la condena por la que hoy se repite se profirió en un proceso de nulidad y restablecimiento tramitado en vigencia del CCA, la Auditoría General de la República debía cumplirla en el plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 de dicho cuerpo normativo, como se dispuso expresamente en la parte resolutiva de la sentencia […] proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío […]. [E]l término de caducidad corrió a partir del día siguiente de aquel en que se realizó el pago, desde el 22 de diciembre de 2017 hasta el 22 de diciembre de 2019, y la demanda se presentó el 26 de junio de 2018, se impone concluir que el medio de control se ejerció de manera oportuna. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL I
Texto extraído del PDF oficial 90.671 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A Consejera Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintidós (2022) Radicación: 11001-02-26-000-2018-00092-00 (61.777) Actor: AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Demandado: ANA CRISTINA SIERRA DE LOMBANA Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Temas: FIJACIÓN DEL LITIGIO – facultades de las partes del proceso / DEMANDA DE REPETICIÓN - presupuestos - juicio de responsabilidad civil patrimonial / Ley 678 de 2001 – la entidad demandante tiene que alegar y acreditar con suficiencia que la intervención de los funcionarios en la ocurrencia de daños antijurídicos fue premeditada, negligente o manifiestamente imprudente – CULPA GRAVE – no se acreditó. La Sala decide, en única instancia, la demanda de repetición presentada por la Auditoría General de la República contra la señora Ana Cristina Sierra de Lombana. I. SÍNTESIS DEL CASO Se demandó en repetición a la señora Ana Cristina Sierra de Lombana para que se la condenara a reintegrar la suma de dinero que dicha entidad tuvo que pagar en cumplimiento de una sentencia judicial dictada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se anuló la resolución n.° 14 del 11 de enero de 2008, por medio de la cual la aquí demandada, en su condición de auditora general de la República, declaró insubsistente el nombramiento de la señora Rosa Marianny Polanía Reyes en el cargo de profesional especializado grado 3 de la planta global de la entidad con sede en Armenia, el cual ocupaba en provisionalidad. II. ANTECEDENTES 1. La demanda En escrito presentado el 26 de junio de 20181, la Auditoría General de la República, a través de apoderada judicial, interpuso demanda de repetición en contra de la 1 Folio 1 del cuaderno de primera instancia. Radicación: 11001-03-26-000-2018-00092 00 (61.777) Actor: Auditoría General de la República Demandado: Ana Cristina Sierra de Lombana Referencia: Medio de control de repetición 2 señora Ana Cristina Sierra de Lombana, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por la condena impuesta a dicha en tidad en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado n.° 2008-0015700, promovido por la señora Rosa Mariany Polanía Reyes. En concreto, solicitó lo siguiente (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos): Primera. Declarar patrimonialmente responsable a la exauditora Ana Cristina Sierra de Lombana, identificada con c.c. (…) por los daños y perjuicios causados a la Nación – Auditoría General de la República como consecuencia de la declaratoria de insubsistencia de la señora Rosa Mariany Polanía Reyes mediante resolución n.° 14 del 11 de enero de 2008, la cual fue declarada nula mediante sentencia judicial debidamente ejecutoriada, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Armenia el 5 de septiembre de 20 11 y confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Quindío mediante sentencia del fecha 29 de junio de 2017. Segunda. Condenar a la exauditora Ana Cristina Sierra de Lombana a pagar a favor de la Nación – Auditoría General de la Repúb lica la suma de sesenta y nueve millones trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos treinta y nueve pesos con sesenta y un centavos ($69’385.439,61) como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto de insubsistencia de la señora Rosa Mariany Polanía Reyes. Acto proferido por la demandada en su calidad de auditora general de la República, para la época de los hechos. Tercera. Condenar a la doctora Ana Cristina Sierra de Lombana a pagar a favor de la Nación – Auditoría General de la República los intereses comerciales desde la fecha de ejecutoria de la providencia que ponga fin a este proceso, hasta que dicho pago se haga efectivo sobre la suma de sesenta y nueve millones trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos treinta y nueve pesos con sesenta y un centavos ($69’385.439,61). 2. Hechos Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró lo siguiente: Mediante resolución n.° 14 del 11 de enero de 2008, la señora Ana Cristina Sierra de Lombana, en su condición de auditora general de la República, declaró insubsistente el nombramiento de la señora Rosa Mariany Polanía Reyes, quien se desempeñaba como profesional especializado grado 3, en provisionalidad, de la planta global de la gerencia seccional VII con sede en Armenia. Se indicó que los motivos para declarar la insubsistencia del nombramiento obedecieron a que, de un lado, la señora Rosa Mariany Polanía no reportó oportunamente su divorcio con el señor Rodrigo Osorio Belalcázar, elegido el 10 de enero de 2008 como contra lor municipal y, de otra parte, porque filtró información reservada al periódico La Crónica de esa ciudad, relacionada con uno de los integrantes de la terna a contralor municipal, con quien competía su exesposo. Radicación: 11001-03-26-000-2018-00092 00 (61.777) Actor: Auditoría General de la República Demandado: Ana Cristina Sierra de Lombana Referencia: Medio de control de repetición 3 Por lo anterior, la señora Rosa Mariany Po lanía Reyes promovió un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de que se anulara la resolución n.° 14 del 11 de enero de 2008 y se ordenara su reintegro al cargo que ocupaba en la entidad. El proceso fue asignado con el radic ado n.° 2008 -0015700 y su conocimiento le correspondió en primera instancia al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia, autoridad judicial que declaró la nulidad de la resolución n.° 14 del 11 de enero de 2008 y, como restablecimiento del derecho, ordenó la reincorporación de la actora al cargo que ocupaba en provisionalidad, así como también el pago de una indemnización equivalente a 24 salarios mínimos legales mensuales vigentes, decisión que fue confirmada el 29 de junio de 2017 por el Tri bunal Administrativo del Quindío. El 21 de diciembre de 2017, la Auditoría General de la República pagó la suma de $69’385.439,61 a la señora Polanía Reyes. De acuerdo con la parte actora, la señora Ana Cristina Sierra de Lombana debía ser declarada responsable, a título de culpa grave, porque, de conformidad con las sentencias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyos apartes se transcribieron en la demanda, la resolución n.° 14 del 11 de enero de 2008 se expidió con falsa motivación2. 3. Trámite de única instancia La demanda se admitió mediante proveído del 9 de agosto de 2019 3, decisión que fue debidamente notificada a la demandada4 y al Ministerio Público5. La señora Ana Cristina Sierra de Lombana contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. Aseguró que la entidad demandante presumía un actuar gravemente culposo de su parte por el hecho de que la jurisdicción de lo contenc ioso administrativo anuló el acto administrativo de insubsistencia de la señora Polanía Reyes, sin tener en cuenta que durante sus actuaciones como auditora general siempre obró con la 2 Se deja constancia de que la parte actora limitó su imputación a dicha afirmación, acompañada de la cita textual de algunos apartes de las referidas providencias. 3 Folio 91 del cuaderno de primera instancia. 4 Índice 38 del sistema de gestión SAMAI. 5 Folio 94 del cuaderno de primera instancia. Radicación: 11001-03-26-000-2018-00092 00 (61.777) Actor: Auditoría General de la República Demandado: Ana Cristina Sierra de Lombana Referencia: Medio de control de repetición 4 diligencia y el cuidado que ameritaba su cargo, de ahí que hubiese moti vado debidamente su decisión. Advirtió que las sentencias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho resultaban insuficientes para declarar su responsabilidad, pues la jurisprudencia del Consejo de Estado era clara en señalar que la entidad tenía que acreditar la gravedad de su conducta en el respectivo proceso de repetición. Con fundamento en lo anterior, propuso las siguientes excepciones: - Falta de legitimación en la causa por activa, por considerar que, si se demostraba que el acto administrativo se expidió con la firme convicción de su legalidad, la Auditoría General de la República no podía demandar a la señora Sierra de Lombana en repetición, debido a la ausencia de dolo o culpa grave. - Inexistencia de culpa grave y la que denominó como simple o falsa motivación que no deviene en una presunción de dolo o culpa, con fundamento en que la decisión de declarar insubsistente el nombramiento de la señora Polanía Reyes se motivó debidamente y con observancia de las situaciones part iculares que se presentaron con la funcionaria, de ahí que la declaratoria de nulidad del referido acto administrativo no implicara automáticamente su responsabilidad6. El 11 de noviembre de 2021 se realizó la audiencia inicial, diligencia en la cual la magistrada ponente concluyó que no había situaciones por sanear y respecto de las excepciones formuladas por la demandada señaló que se trataba de asuntos de fondo que debían ser resueltos en la sentencia. A continuación, procedió a fijar el litigio en los siguientes términos: De la confrontación de la demanda con su contestación, el despacho advierte que no existe controversia en torno a los siguientes supuestos de la pretensión de repetición: i) la existencia de la condena judicial invocada en la demanda; ii) su pago; iii) la calidad de Auditora General de la República de la hoy demandada para la época de los hechos. Por su parte, el debate se centra en el elemento subjetivo, dado que la demandante considera que la señora Ana Cristina Sierra de Lombana incurrió en una conducta gravemente culposa, argumento que ella no acepta, bajo el entendido de que actuó con la d

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https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201800092001100103