Radicado: 23001-23-33-000-2012-00111-01 (62514)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de repetición – Ley 1437 de 2011
Radicación: 23001-23-33-000-2012-00111-01 (62514)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
Demandado: Roger Manuel Anaya Pérez
Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos durante la vigencia de la
Ley 678 de 2001. Se modifica la sentencia apelada para condenar
al demandado a reintegrar el valor total pagado por concepto de
capital, debido a que el daño por el cual la entidad fue condenada
en el proceso de reparación directa fue causado integralmente por
la conducta del demandado.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante
contra la sentencia proferida el 10 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo
de Córdoba, en la que se dispuso lo siguiente:
<<PRIMERO: CONDÉNESE al señor Roger Manuel Anaya Pérez al pago del
valor correspondiente al 50% de la indemnización cancelada por la
administración, esto es, el monto de $194.216.335, por la indemnización pagada
por el hoy accionante por concepto de perjuicios materiales y mor ales a los
señores Margoth Galván Ortega y otros, suma que deberá ser rembolsada a la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, de acuerdo a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NIÉGUENSE las demás súplicas de la demanda.
TERCERO: ABSTÉNGASE de condenar en costas, de conformidad con lo
esbozado en las consideraciones.
CUARTO: De no ser apelada la presente providencia, efectúese el archivo del
expediente, previas las anotaciones en el libro radicador y en el sistema siglo
XXI>>.
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La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con los artículos
150 y 152, numeral 11, de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)1.
El recurso de apelación fue admitido el 22 de octubre de 2018 y se corrió traslado
para alegar de conclusión por medio de auto del 5 de diciembre de 2018. El
demandado alegó de conclusión en segunda instancia. La entidad demandante y
el Ministerio Público guardaron silencio.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 26 de octubre de
2012 por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional. Se
dirigió contra Roger Manuel Anaya Pérez para obtener el reintegro de lo pagado
por la entidad el 27 de agosto de 2010 , como consecuencia de la condena
impuesta en la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de
Montería el 14 de mayo de 2009 y confirmada por el Tribunal Administrativo de
Córdoba el 6 de agosto de 2009.
2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
<<1. Que el señor ROGER ANAYA PÉREZ es responsable por culpa grave o
dolo en su actuar el día 26 de noviembre de 2005, derivando con su
comportamiento que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Montería
en primera instanc ia y el Tribunal Administrativo de Córdoba en segunda
instancia declarara responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL por la muerte del soldado regular Robinson Antonio
Álvarez Galván, condenando a pagar al accionante una indemnizac ión que a la
fecha de ejecutoria de la providencia en mención ascendió por perjuicios morales
y materiales a la suma de $389.004.192,oo, cancelada en mayor (sic) por
sumatoria de intereses de $485.452.985,55.
2. Que como consecuencia de la anterior declar ación se condene a ROGER
ANAYA PÉREZ al pago total de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MILLONES CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/C
($389.004.192,oo), valor al cual ascendió la condena impuesta y que la NACIÓN
– MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL pagó en mayor valor a
los perjudicados, de acuerdo a lo ordenado en la sentencia de fecha 14 de mayo
de 2009, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Montería
y confirmada por el Tribunal Administrativo de Córdoba, pago que deberá
efectuar a favor de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL.
3. Que la sentencia que ponga fin al proceso sea de aquellas que reúna los
requisitos de los arts. 99 y 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de
1 Estas normas son aplicables en su redacción original, previa a las modificaciones introducidas por los
artículos 26 y 28 de la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con el régimen de vigencia de esa ley.
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lo Contencioso Administrat ivo (Ley 1437 de 2011), que en ella conste una
obligación clara, expresa y actualmente exigible a fin de que preste mérito
ejecutivo.
4. Que el monto de la condena que se profiera contra el demandado se a
actualizado hasta el monto del pago efectivo de con formidad con las normas
legales>>.
3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El demandado Roger Manuel Anaya Pérez prestaba servicio militar
obligatorio como soldado regular en el Batallón de Infantería No. 31 <<Rifles>>
del Ejército Nacional.
3.2.- El 26 de noviembre de 2005 la patrulla a la que pertenecía el demandado
se dirigía a ejecutar la misión táctica No. 60 de la operación <<Escorpión>>, cuyo
objetivo era destruir caletas con alucinógenos pertenecientes a grupos armados
al margen de la ley. El comandante le ordenó al demandado transportar la
ametralladora M-60 con su cañón de repuesto.
3.3.- Cuando el demandado se dirigía a recoger el arma, el soldado regular
Robinson Antonio Álvarez Galván le recordó que debía llevar el cañón de
repuesto. Como reacción a ese comentario el demandado le disparó al soldado
Álvarez Galván con su fusil de dotación oficial, lo que le causó la muerte.
3.4.- Por estos hechos se adelantó un proceso penal contra el demandado. El 3
de julio de 2007 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Montelíbano, Córdoba, lo
condenó como responsable del delito de homicidio a la pena de ciento sesenta y
ocho (168) meses de prisión, la interdicción de derechos y funciones públicas, y
al pago de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes ( 4 SMLMV ) a
favor de los herederos de la víctima2.
3.5.- En ejercicio de la acción de reparación directa, los familiares del soldado
Álvarez Galván demandaron al Ejército Nacional para obtener la indemniz ación
de los perjuicios causados con la muerte de la víctima directa.
3.6.- El 14 de mayo de 2009 el Juzgado Quinto Administrativo de Montería
condenó al Ejército Nacional. El juzgado consideró que debido a que la víctima
era un soldado conscripto y el daño fue causado por otro soldado con un arma
de dotación oficial, la entidad era responsable en forma objetiva.
3.7.- En sentencia del 6 de agosto de 2009 el Tribunal Administrativo de
Córdoba, en grado jurisdiccional de consulta, confirmó la condena. Sin embargo,
2 De acuerdo con la certificación proferida por la secretaria del juzgado el 3 de octubre de 2012, la sentencia
penal fue debidamente notificada y quedó ejecutoriada (fl. 46 vuelto c. 1).
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sostuvo que el daño fue causado por una << falla del servicio >> atribuible a la
entidad, porque envió a los soldados regulares a realizar labores de guerra con
armas de dotación oficial, las cuales excedían las actividades que los conscriptos
podían desempeñar.
3.8.- Por medio de la Resolución No. 4528 del 19 de agosto de 2010, la entidad
demandante dispuso el pago de la condena por un valor total de cuatrocientos
ochenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta
y cinco pesos con cincuenta y cinco centavos ($485.452.985,55), de los cuales
trescientos ochenta y nueve millones cuatro mil ciento noventa y d os pesos
($389.004.192) corresponden a capital, y el resto a intereses.
3.9.- La condena fue pagada el 27 de agosto de 2010.
4.- La entidad demandante sostuvo que el demandado obró con dolo o con culpa
grave porque disparó contra el soldado Álvarez Galván, a pesar de que había
recibido capacitación en el manejo de las armas de fuego. La entidad c itó los
artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001; aunque no invocó expresamente alguna
de las presunciones de dolo o culpa grave contenidas en esas normas, manifestó
que el demandado fue condenado penalmente por los mismos hechos.
B.- Posición de la parte demandada
5.- El demandado contestó la demanda por medio de curador ad litem 3, quien
manifestó atenerse a lo que resultara probado. Sin embargo, pidió determinar las
circunstancias en las que se produjo la muerte de l soldado Álvarez Galván ,
porque podía inferirse que el demandado sufrió un trastorno momentáneo cuando
le disparó a su compañero.
C.- Sentencia recurrida
6.- En la sentencia del 10 de mayo de 2018, el Tribunal Administrativo de Córdoba
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda con fundamento en las
siguientes consideraciones:
6.1.- La calidad de agente estatal del demandado se demostró con la
constancia expedida por el jefe de personal del Batallón de Infantería No. 31,
3 La entidad ac
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