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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: se garantizó el debido proceso en la declaratoria de incumplimiento y posterior terminación unilateral del convenio

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Fecha
2025-05-19
Radicado
52001233300020160025201
Número interno
70884
Ponente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
SUFIANZA S.A.S.
Demandado
MUNICIPIO DE SANDONÁ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: se garantizó el debido proceso en la declaratoria de incumplimiento y posterior terminación unilateral del convenio

Lo que dijo la Sala

La discusión planteada en el recurso de apelación versa sobre la citación efectiva de Sufianza S.A.S. a la audiencia del 16 de enero de 2015, en la que la entidad declaró el incumplimiento y ordenó la terminación unilateral del convenio de asociación, actuación que la Sala encuentra acreditada.… En el sub lite, en atención a su condición de garante, bastaba con que se le permitiera a Sufianza S.A.S. conocer la actuación y controvertir los fundamentos de la actuación con fundamento en la cual se declaró el incumplimiento y se exigió el pago de los perjuicios causados. Estos propósitos que, al margen de no ser obligatoria, eran pasibles de ser materializados a través de una audiencia en la que se pusiera de presente la situación, sus eventuales consecuencias, se diera la oportunidad de rendir descargos, de solicitar pruebas y de recurrir la determinación adoptada.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Cuando la entidad declara el incumplimiento y ordena la terminación unilateral de un convenio, debe permitirse al garante conocer la actuación y controvertir sus fundamentos, aunque la audiencia de citación no sea obligatoria. La regla se apoya en que el garante, por su condición, debe poder conocer la actuación con base en la cual se declara el incumplimiento y se exige el pago de perjuicios, y en que esa posibilidad de contradicción se materializa mediante la notificación o la audiencia que pone en conocimiento la situación, sus eventos y consecuencias. Con ello se protege el debido proceso en el procedimiento sancionatorio. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, la citación efectiva del garante a la audiencia se encontraba acreditada, y la sentencia de primera instancia se revocó. Como consecuencia práctica, la entidad que termina unilateralmente un convenio debe documentar que el garante tuvo oportunidad real de intervenir antes de exigirle el pago de perjuicios.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se garantizó el debido proceso en la declaratoria de incumplimiento y posterior terminación unilateral del convenio?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿La competencia del juez de segunda instancia la delimitan los cargos planteados contra la decisión recurrida?
  • ¿Los cuestionamientos contra la decisión del a quo se deben formular dentro del término establecido para apelar, para que puedan ser analizados por el juez de segunda instancia y deben hacer parte de…
  • ¿La Subsección, en aplicación del principio pro actione, en garantía de acceso y protección a los derechos de contradicción y defensa…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES APELACIÓN DE LA SENTENCIA CONVENIO DE ASOCIACIÓN INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO SEGURO DE FIANZA AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO REVOCATORIA DE LA SENTENCIA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN FUNDAMENTOS DE HECHO FUNDAMENTOS DE DERECHO RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN FINALIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN PRINCIPIO PRO ACTIONE INTERPRETACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DERECHO DE DEFENSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA REQUISITOS DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA FIANZA NORMATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CONTRATO DE GARANTÍA PERSONAL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES OBLIGACIÓN ACCESORIA RESPONSABILIDAD DEL FIADOR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL GARANTÍA PERSONAL EN EL CONTRATO ESTATAL GARANTÍAS CONTRACTUALES REQUISITOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ NORMA DE DERECHO PRIVADO PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA PRESUPUESTO PÚBLICO DERECHO PRIVADO ACTO ADMINISTRATIVO ACTO CONTRACTUAL APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES

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Titulación de la relatoría 22.167 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONVENIO DE ASOCIACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO / SEGURO DE FIANZA / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se garantizó el debido proceso en la declaratoria de incumplimiento y posterior terminación unilateral del convenio? Respuesta al problema jurídico: Si La discusión planteada en el recurso de apelación versa sobre la citación efectiva de Sufianza S.A.S. a la audiencia del 16 de enero de 2015, en la que la entidad declaró el incumplimiento y ordenó la terminación unilateral del convenio de asociación, actuación que la Sala encuentra acreditada. […] [E]n el sub lite, en atención a su condición de garante, bastaba con que se le permitiera a Sufianza S.A.S. conocer la actuación y controvertir los fundamentos de la actuación con fundamento en la cual se declaró el incumplimiento y se exigió el pago de los perjuicios causados. Estos propósitos que, al margen de no ser obligatoria, eran pasibles de ser materializados a través de una audiencia en la que se pusiera de presente la situación, sus eventuales consecuencias, se diera la oportunidad de rendir descargos, de solicitar pruebas y de recurrir la determinación adoptada. Etapas que se agotaron en el caso bajo examen en la diligencia del 16 de enero de 2015, pero la actora no compareció para ejercer su derecho de defensa y contradicción. Cuestión distinta es la situación de la Corporación Vivienda Digna, que no promovió el proceso de la referencia ni fue vinculada por el Tribunal a quo, motivo por el cual no corresponde efectuar ningún pronunciamiento sobre este punto. En línea con lo anterior, la Sala precisa que no era exigible una citación con las características que consideró el a quo, consistentes en indicar de manera expresa el grado de incumplimiento y la estimación de los perjuicios […]. No obstante, la Subsección advierte que, en la comunicación del 27 de diciembre de 2014, enviada a la demandante, se detallaron los aspectos relevantes como el estado de ejecución del convenio, los incumplimientos detectados, el avance físico de las obras y los resultados de las visitas técnicas, elementos suficientes para que la convocada entendiera el alcance de la actuación y ejerciera su derecho de defensa. […] [L]a Sala concluye que el municipio de Sandoná no vulneró de forma alguna el debido proceso de la demandante en el procedimiento que culminó con la declaratoria de incumplimiento, terminación anticipada y liquidación oficial de la garantía del convenio de asociación objeto de discusión (del cual la accionante era garante, en virtud de la fianza constituida para tal fin), lo que desvirtúa las razones del a quo para acceder parcialmente a las pretensiones formuladas en el libelo introductorio, de ahí que se imponga la revocatoria de su decisión. En consecuencia, se releva la Subsección de pronunciarse sobre los problemas jurídicos derivados y/o consecuenciales fijados en el itinerario de análisis de la alzada. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la facultad de terminación unilateral del convenio de asociación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, rad. 59507, sentencia de 26 de julio de 2021, C. P. Martín Bermúdez Muñoz. Con relación al deber de comunicar las actuaciones administrativas a terceros, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de agosto de 2018, rad. 57122, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. Respecto del deber oficioso para corregir los errores planteados en primera instancia con relación a la calificación de los actos proferidos por la entidad, los cuales constituyen actos jurídicos contractuales de derecho privado y no actos administrativos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de junio de 2024, rad. 69488, C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez. COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / FUNDAMENTOS DE HECHO / FUNDAMENTOS DE DERECHO Problema jurídico: ¿La competencia del juez de segunda instancia la delimitan los cargos planteados contra la decisión recurrida? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 320 del CGP, la competencia del juez de segunda instancia la delimitan los cargos planteados contra la decisión recurrida, sin que la carga de sustentación se entienda satisfecha con la mera manifestación de inconformidad, ni tampoco con la llana petición de revocatoria de la decisión pertinente. Para ello es necesario el ataque concreto de los fundamentos de hecho y/o de derecho de los que se disiente, pues al superior no le corresponde “suponer las razones de inconformidad de la parte apelante frente a la sentencia y, por esa vía, de suplir las cargas que legalmente le han sido impuestas a ella”. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia del juez de segunda instancia para resolver el recurso de apelación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 16 de agosto de 2022, rad. 54120, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 24 de septiembre de 2020, rad. 44707, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320 RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / FINALIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS Problema jurídico: ¿Los cuestionamientos contra la decisión del a quo se deben formular dentro del término establecido para apelar, para que puedan ser analizados por el juez de segunda instancia y deben hacer parte de la controversia? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala aclara que, no se incluirá en el examen de la alzada, lo señalado por la entidad en sus alegatos de conclusión de segunda instancia, frente a las facultades del garante para cuestionar la liquidación del contrato, porque los cuestionamientos contra la decisión del a quo se debieron formular dentro del término establecido para apelar y, en todo caso, lo referente a la liquidación del convenio no hace parte de la controversia, dado que esta tiene como eje la legalidad de la declaratoria de incumplimiento, así como de las determinaciones por medio de las cuales se estableció la suma a pagar por la garante. COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO PRO ACTIONE / INTERPRETACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / DERECHO DE DEFENSA Problema jurídico: ¿La Subsección, en aplicación del principio pro actione, en garantía de acceso y protección a los derechos de contradicción y defensa, puede interpretar el recurso de apelación que de manera general denota una oposición frente a lo señalado por el Tribunal? Respuesta al problema jurídico: Si [S]i bien la demandada no se pronunció de manera específica en su recurso frente a la obligación reprochada por el a quo de incluir, entre otros, en la citación a la audiencia, el grado de incumplimiento y los perjuicios que ello generó, lo cierto es que sí sostuvo que le brindó a la accionante la información necesaria y determinante para adoptar la decisión cuestionada. Esta argumentación, aunque formulada de manera general, denota una oposición frente a lo señalado por el tribunal, razón por la cual la Subsección abordará este aspecto, en tanto fue efectivamente debatido, aunque no desarrollado en amplitud y con el rigor técnico deseable. Al respecto, resulta de especial relevancia el principio pro actione, aplicable en materia de interpretación de recursos, en garantía de acceso y protección a los derechos de contradicción y defensa. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / REQUISITOS DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FIANZA / SEGURO DE FIANZA / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / NORMATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / CONTRATO DE GARANTÍA PERSONAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / OBLIGACIÓN ACCESORIA / RESPONSABILIDAD DEL FIADOR Problema jurídico: ¿Sufianza S.A.S., se encuentra legitimada para cuestionar, vía controversias contractuales, la declaratoria de incumplimiento, con la consecuente orden de hacer efectiva la garantía? Respuesta al problema jurídico: Si Si bien, se ha considerado que, tratándose de garantes, solo las aseguradoras están habilitadas para ejercer la acción de controversias contractuales, la Sala estima que, en este caso, esa legitimación también es atribuible a Sufianza S.A.S., pues, a pesar de no tener la calidad citada, otorgó una fianza no bancaria […], con cargo a la cual el municipio de Sandoná pretende hacer efectiva la indemnización derivada del incumplimiento de la Corporación Vivienda Digna. Precisamente, lo que se cuestiona en este caso son las determinaciones mediante las cuales la entidad le ordenó a la accionante, en su condición de fiadora, asumir las consecuencias patrimoniales del proceder de tal Corporación. Esta situación implica una carga que, de resultar procedente, debe ser satisfecha con su propio patrimonio, por tratarse de una garantía de naturaleza personal, según lo previsto en el artículo 65 del Código Civil. […] En ese contexto, frente a la demandante existe una relación directa con la obligación principal, cuyo incumplimiento se declaró, lo que le otorga un interés jurídicamente relevante para cuestionar la legalidad de dicha determinación, en defensa de los efectos económicos directos que puedan derivarse de su calidad de fiadora, los cuales, se reitera, implican el riesgo de su propio patrimonio. […] Así las cosas, no puede restringirse la legitimación del fiador cuando lo que está en discusión es la legalidad de la resolución que declaró el incumplimiento y ordenó la efectividad de una garantía de naturaleza personal, aunado a que fue en tales términos que se ordenó la subsanación de la demanda y, en estos términos, fue tramitado el proceso. La restricción de la posibilidad de cuestionamiento judicial frente al fiador desconocería los principios de contradicción y de defensa, así como las consecuencias derivadas del alcance de la fianza. FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 65 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / GARANTÍA PERSONAL EN EL CONTRATO ESTATAL / GARANTÍAS CONTRACTUALES / FIANZA / SEGURO DE FIANZA / RESPONSABILIDAD DEL FIADOR Problema jurídico: ¿La fianza supone una relación accesoria cuya existencia y exigibilidad están directamente vinculadas al cumplimiento o incumplimiento del deudor principal? Respuesta al problema jurídico: Si La fianza, a diferencia de otras garantías, como la bancaria a primer requerimiento, no constituye una obligación autónoma, ni incondicional. Esta última es exigible sin necesidad de requerimiento previo ni audiencia del garante, por sustentarse en una relación jurídica independiente, de ahí que solo se requiera la reclamación del beneficiario. La fianza supone una relación accesoria cuya existencia y exigibilidad están directamente vinculadas al cumplimiento o incumplimiento del deudor principal, es decir, el fiador asume el riesgo de responder como deudor si se prueba la inobservancia de lo acordado. Además, no tiene un respaldo real (como la hipoteca, la prenda o un depósito), no recae sobre un objeto determinado, sino, se insiste, sobre los bienes del fiador. El artículo 2361 del ejusdem define la fianza […]. En concordancia, el artículo 2369 ejusdem señala que “[a]fianzando un hecho ajeno se afianza sólo la indemnización en que el hecho por su inejecución se resuelva”. Es decir, no se garantiza que la obligación se cumpla, sino la indemnización de los perjuicios que se generen. FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 2361, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 2369 CONVENIO DE ASOCIACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / NORMATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / REQUISITOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿Conforme a la naturaleza del acuerdo amparado, es procedente realizar de manera oficiosa un análisis de licitud del objeto pactado, a pesar de que el contratista no haya sido vinculado al sub lite? Respuesta al problema jurídico: No [L]a garantía otorgada por Sufianza S.A.S. y sobre cual versa la litis, tuvo como fundamento el convenio de asociación que la Corporación Vivienda Digna y el municipio de Sandoná celebraron al amparo del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, que autoriza a las entidades estatales para asociarse con personas jurídicas particulares para el desarrollo de sus cometidos, naturaleza que en este caso no fue objeto de discusión ante el a quo, ni a través de la alzada. En todo caso, la falta de discusión acerca de la naturaleza y alcance del acuerdo no sería impedimento para que la Sala, en ejercicio de sus facultades oficiosas, abordara tales puntos, incluido el análisis de licitud del objeto pactado. Sin embargo, tal estudio no es procedente, en cuanto la Corporación Vivienda Digna -contratista- no fue vinculada al sub lite, dado que el litigio fue promovido únicamente por la garante Sufianza S.A.S. contra el municipio de Sandoná, sin que se hubieran efectuado vinculaciones adicionales. FUENTE FORMAL: LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 96 CONVENIO DE ASOCIACIÓN / NORMATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / REQUISITOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / NORMA DE DERECHO PRIVADO / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PRESUPUESTO PÚBLICO Problema jurídico: ¿El Régimen jurídico del convenio de asociación suscrito entre la Corporación de Vivienda Digna y el municipio de Sandoná, es el de derecho privado? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l el régimen del convenio de asociación que dio origen al proceso de la referencia estaba integrado por: i) el derecho privado, y ii) lo regulado expresamente por el Decreto 777 de 1992, incluido el tipo de garantías (pero no su exigibilidad), la facultad de terminación unilateral por incumplimiento y lo referente a las cláusulas excepcionales. Además, estaba sujeto a los principios de la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, así como a las reglas fiscales de ejecución de los presupuestos públicos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen jurídico aplicable a los convenios de asociación, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 7 de marzo de 2025, rad. 63262, C. P. María Adriana Marín; auto de 3 de diciembre de 2014, rad. 51832, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz, sentencia de 2 de agosto de 2018, rad. 57122, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. Respecto del control judicial de reglamentos autónomos, ver: Corte Constitucional, C-324 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez; C-400 de 2013, M. P. Nilson Pinilla Pinilla. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, DECRETO 777 DE 1992 CONVENIO DE ASOCIACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / NORMATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / REQUISITOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / DERECHO PRIVADO / NORMA DE DERECHO PRIVADO / ACTO ADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD DEL FIADOR / FIANZA / ACTO CONTRACTUAL / SEGURO DE FIANZA / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL / OBLIGACIÓN ACCESORIA / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Problema jurídico: ¿La entidad estatal estaba habilitada para terminar unilateralmente el convenio de asociación? Respuesta al problema jurídico: Si La citada Resolución 018 de 2015 constituye acto administrativo por haber sido proferida en virtud de las prerrogativas establecidas en el artículo 15 del Decreto 777 de 1992, que, como se ha explicado, habilitaba a la entidad para terminar unilateralmente el convenio de asociación por incumplimiento, y “exigir el pago de los perjuicios a que haya lugar” […]. A su vez, las determinaciones contenidas en las Resoluciones Nos. 010 del 11 de agosto de 2015 y 011 del 20 de octubre de la misma anualidad, a través de las cuales la entidad estableció el monto que, a su juicio, debía ser asumido por la fiadora, corresponden a actos jurídicos contractuales privados, en atención al régimen aplicable a los convenios de asociación. En este asunto la Corporación Vivienda Digna constituyó una fianza no bancaria, la cual fue otorgada el 17 de septiembre de 2010 por Sufianza S.A.S., sociedad que no tenía la calidad de aseguradora, ni de entidad bancaria, y que se obligó con fundamento en el Código Civil […]. Así las cosas, en el presente asunto se otorgó una fianza en las condiciones enunciadas, y con sujeción al Código Civil, el cual regula este tipo de garantía en los artículos 2361 a 2408, normativa que de cara a su efectividad no establece ningún procedimiento especial, sino que para tal fin basta con el respectivo requerimiento de pago. […] [E]n materia de garantías, tratándose de convenios de asociación y del régimen privado aplicable en ese punto, los requerimientos de pago formulados por las entidades deben entenderse como una mera reclamación, que no goza de los atributos propios de los actos administrativos, como el carácter ejecutivo y su consecuente capacidad de producir efectos, incluso, contra la voluntad de su destinatario. […] En todo caso, en los contratos con valor inferior a 100 smmlv serían aceptables “otras garantías reales o personales”, que la entidad estimara suficientes. Una de las garantías de tipo personal consagradas en nuestro ordenamiento jurídico es la fianza. El artículo 65 del Código Civil la califica como un tipo de caución, por tratarse de una obligación que se adquiere para asegurar otra. A su vez, el artículo 2361 ejusdem la define como “una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte, si el deudor principal no la cumple” […]. El convenio sub examine, tuvo un valor superior a 100 smmlv, por tanto, no eran procedentes “otras garantías reales o personales”, sino que las aplicables eran la póliza de seguros de compañía habilitada o la fianza de bancos. En este caso, se optó por la primera de las citadas, para lo cual las partes pactaron que la Corporación Vivienda Digna aportaría tal garantía […]. No obstante […], la Corporación Vivienda Digna constituyó una garantía distinta a la que correspondía: una fianza no bancaria. La Sala se abstendrá de adoptar alguna determinación sobre esta falencia, en atención a la ausencia de pretensiones en tal sentido […]. En todo caso, los errores en el aporte y aprobación de las garantías no comprometen la validez del convenio, pues corresponden a situaciones propias de su etapa de ejecución. Además, la accionante no puede beneficiarse de la situación advertida, habida cuenta de que fue su decisión amparar un negocio jurídico para el que carecía de habilitación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia para declarar unilateralmente la terminación del contrato y exigir el pago de perjuicios en un convenio de asociación, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 2 de agosto de 2018, rad. 57122, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. Con relación al alcance de la fianza, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 15 de agosto de 2008, rad. 11001-31-03-016-1994-03216-01, M. P. Pedro Octavio Munar Cadena; sentencia sustitutiva de 15 de agosto de 2008, rad. 11001-31-03-016-1994-03216-01, M. P. Pedro Octavio Munar Cadena. FUENTE FORMAL: DECRETO 777 DE 1992 - ARTÍCULO 15, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 2361 A 2408, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 65 CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES Problema jurídico: ¿Resulta procedente la condena en costas de primera instancia, aunque no se hubiesen acreditado gastos al respecto y procede la condena en costas en ambas instancias, dada la revocatoria de la sentencia dictada por el a quo? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el numeral 4 del artículo 365 del C.G.P., la Sala condenará en costas a la parte demandante por ambas instancias, dada la revocatoria de la sentencia dictada por el a quo. Las costas incluyen las agencias en derecho, que, según el artículo 366 ejusdem, se fijan a partir de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, así como con observancia de la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o por la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales. Así las cosas, la Subsección, con observancia de la actuación desplegada por el apoderado de la entidad demandada durante el trámite del presente proceso, fijará en su favor y a cargo de la parte accionante, las agencias en derecho, en los siguientes términos: (i) por la primera instancia, el 2%63 de las pretensiones negadas […], y (ii) por la segunda, el 1% de lo pedido […], para un total del 3% […]. Finalmente, en cumplimiento del artículo 366 del CGP, la liquidación de las costas, con inclusión de las agencias en derecho, se efectuará de manera concentrada en la primera instancia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=520012333000201600252011100103