Radicado: 18001-23-33-000-2015-00072-01 (63404)
Demandante: Nación – Rama Judicial
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de repetición – Ley 1437 de 2011
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00072-01 (63404)
Demandante: Nación – Rama Judicial
Demandado: Gerardo Rocha Solórzano
Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos durante la vigencia de la
Ley 678 de 2001. Se confirma la sentencia que negó las
pretensiones debido a la falta de demostración de la calidad de
agente estatal del demandado, porque la entidad apelante no
formuló reparos contra esa decisión.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante
contra la sentencia proferida el 1º de noviembre de 2018 por el Trib unal
Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, en la que se negaron las
pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con los artículos
150 y 152 numeral 11 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)1.
El recurso de apelación fue admitido el 7 de marzo de 2019 y se corrió traslado
para alegar de conclusión por medio de auto del 24 de abril de 2019. Las partes
y el Ministerio Público guardaron silencio.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 12 de febrero de
2015 por la Rama Judicial. Se dirigió contra Gerardo Rocha Solórzano para
obtener el reintegro de lo pagado por la entidad el 31 de julio de 2014 , como
1 Estas normas son aplicables en su redacción original, previa a las modificaciones introducidas por los
artículos 26 y 28 de la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con el régimen de vigencia de esa ley.
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consecuencia de la condena impuesta en la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá el 13 de abril de 2011 , y confirmada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado el 2 de agosto de 2012.
2.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:
2.1.- El 22 de enero de 2002 el juez Único Promiscuo de Familia de Puerto Rico,
Caquetá, nombró al señor Pedro Rojas en el cargo de citador grado 03 luego de
que ocupara el primer lugar en el concurso de méritos correspondiente.
2.2.- Por medio de un oficio entregado al señor Rojas el 12 de febrero de 2002,
el juzgado le comunicó el nombramiento, y le informó que tenía ocho (8) días
para aceptarlo, en cuyo caso tendría quince (15) días para posesionarse.
2.3.- El señor Rojas aceptó el nombramiento el 15 de febrero de 2002.
2.4.- El juez Único Promiscuo de Familia de Puerto Rico adoptó las siguientes
decisiones relacionadas con la designación del citador: (i) mediante auto del 7 de
marzo de 2002 revocó el nombramiento porque el interesado dejó vencer el
término para posesionarse sin presentar una excusa ; (ii) por medio de la
Resolución No. 2 del 8 de marzo de 2002 declaró la vacancia del cargo; y (iii) a
través de auto del 8 de abril de 2002 confirmó las anteriores determinaciones.
2.5.- En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Rojas demandó los actos que resultaron en la revocatoria de su nombramiento.
2.6.- El 13 de abril de 2011 el Tribunal Administrativo del Caquetá declaró la
nulidad de los actos administrativos porque el término para posesionarse en el
cargo debía contar se desde la aceptación del nombramiento ; y ese plazo no
había vencido cuando se profirió el auto que lo revocó. El tribunal ordenó
incorporar al señor Rojas y pagarle los emolumentos dejados de percibir.
2.7.- La Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la sentencia
condenatoria el 2 de agosto de 2012.
2.8.- Por medio de las Resoluciones No. 3783 del 26 de junio de 2014 y 4052
del 25 de julio de 2014 la entidad demandante dispuso el pago de la condena
por un valor total de trescientos cuarenta y seis millones setecientos cincuenta y
cuatro mil novecientos cincuenta y siete pesos ($346.754.957), que fue pagada
el 31 de julio de 2014.
3.- La entidad demandante sostuvo que el demandado obró con dolo o culpa
grave y enunció dos de las presunciones contenidas en la Ley 678 de 2001: (i) la
presunción de culpa grave del numeral 1 del artículo 6º, es decir, la << violación
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manifiesta e inexcusable de las normas de derecho>>; y (ii) la presunción de dolo
del numeral 4 del artículo 5º, esto es, << haber sido penal o disciplinariamente
responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento
para la responsabilidad patrimonial del Estado>>. Sin embargo, no explicó por
qué se configuraba alguno de esos grados de culpabilidad ni de qué forma
estaban estructuradas las presunciones2.
B.- Posición de la parte demandada
4.- El demandado se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las
siguientes excepciones: (i) inexistencia de dolo o culpa grave , porque los actos
que dejaron sin efectos el nombramiento del señor Rojas se fundamentaron en
una constancia del secretario del juzgado acerca del vencimiento del término
para la posesión; (ii) inexistencia de responsabilidad por la presunción de buena
fe, debido a que los actos del demandado estuvieron motivados por el buen
servicio, ya que se requería con urgencia el apoyo del empleado nombrado como
citador; y (iii) falta de prueba del pago , pues no se allegó una constancia de
recibo por parte del beneficiario.
C.- Sentencia recurrida
5.- En la sentencia del 1º de noviembre de 2018 el Tribunal Administrativo del
Caquetá adoptó las siguientes decisiones:
5.1.- Negó las pretensiones de la demanda porque no se probó la calidad de
agente estatal del demandado, por las siguientes razones: (i) la entidad no aportó
una certificación laboral, los actos de nombramiento o posesión del accionado,
los actos que fueron declarados nulos o algún otro documento que evidenciara
que el demandado se desempeñó como juez Único Promiscuo de Familia de
Puerto Rico para la época de los hechos; y (ii) aunque el demandado aceptó la
mayoría de los hechos de la demanda, es ta circunstancia tampoco permite
concluir que fuera agente de la Rama Judicial para la época de los hechos.
5.2.- Condenó en costas a la entidad demandante de conformidad con el artículo
188 del CPACA.
D.- Recurso de apelación
6.- La entidad demandante solicita que se revoque la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se condene al demandado. En la apelación la entidad se
limita a reiterar los fundamentos de derecho de la demanda , e indica que la
2 En la demanda se indicó que la culpabilidad estaba acredit ada porque << el actuar de este funcionario
estatal contribuyó en la producción del daño antijurídico al causar sin razón alguna las lesiones a uno de sus
compañeros vulnerando su derecho fundamental a la integridad >>, lo que no se relaciona con los hechos
narrados en la demanda (fl. 6 c. 1).
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actuación del juez Único Promiscuo de Familia de Puerto Rico consistió en
revocar el nombramiento del señor Pedro Rojas y declarar la vacancia del cargo.
II. CONSIDERACIONES
E.- Asuntos procesales y decisión
7.- La Sala se pronunciará de fondo porque la demanda fue presentada
oportunamente, como se explica a continuación:
7.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) del
CPACA3, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2)
años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice
el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que
contaba la entidad para pagar.
7.2.- En este caso el pago se realizó el 31 de julio de 2014 , después del
vencimiento del plazo anterior 4, por lo que para determinar el término de
caducidad debe tenerse en cuenta la fecha del vencimiento del plazo para pagar.
Como este venció el 6 de abril de 2014, la demanda presentada el 12 de febrero
de 20155 se radicó oportunamente.
8.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia porque la parte actora,
que fue la única apelante, no formuló algún reparo contra la decisión de negar
las pretensiones por no encontrar probada la calidad de agente estatal del
demandado.
9.- La entidad demandante reprodujo en la apelación los fundamentos de la
demanda, pero no señaló las razones por las cuales debía revocarse la
sentencia; se limitó a enunciar algunas normas relacionadas con la acción de
repetición y a relacionar las actuaciones adelantadas por el juez Único Promiscuo
de Familia de Puerto Rico, sin explicar de qué forma se acreditó que el
demandado ocupaba ese cargo.
10.- El artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), aplicable por remisión
del artículo 306 del CPACA, dispone que <<el juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
3 Esta norma es aplicable en su redacción original, previa a la modificación introducida por el artículo 43 de
la Ley 2195 de 2022, porque esta solo aplica para las condenas ejecutoriadas con posterioridad a la entrada
en vigencia de esa ley.
4 La sentencia de segunda instancia fue notificada mediante edicto fijado entre el 28 de septiembre y el 2 de
octubre
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