Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: es procedente el decreto de oficio de una nueva prueba pericial para esclarecer puntos dudosos de la presente controversia
Lo que dijo la Sala
No obstante, la orden contenida en la ratio decidendi de la sentencia proferida por esta Subsección el 30 de enero de 2013, en el sentido de que la liquidación de la condena en abstracto debía apoyarse en una prueba pericial, el Tribunal Administrativo de Sucre llevó a cabo por su propia iniciativa la correspondiente liquidación… , desestimó el dictamen pericial para efectos de acreditar la cuantía de los perjuicios ocasionados a la sociedad actora… .
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Síntesis síntesis automática
El juez contencioso administrativo hace uso de las facultades oficiosas prescritas por el artículo 169 del CCA y 179 del CPC para decretar la práctica de pruebas de oficio cuando advierte falencias o puntos oscuros en los dictámenes periciales rendidos en el proceso. En sede de controversias contractuales relativas al incumplimiento del contrato de concesión y a la condena en abstracto, el juzgador debe atenerse estrictamente al principio de congruencia que rige las decisiones judiciales, delimitando el debate procesal a los hechos y pretensiones formulados en la demanda sin alterar el marco fijado por la norma sustancial o municipal que generó la afectación financiera. Por lo tanto, el dictamen pericial ordenado de oficio debe ceñirse exclusivamente al período comprendido entre la entrada en vigencia del decreto respectivo y la finalización del vínculo contractual, descartando extremos temporales ajenos a la litis para garantizar la correcta liquidación de los perjuicios.
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Problema jurídico
¿Es procedente el decreto de oficio de una nueva prueba pericial para esclarecer puntos dudosos de la presente controversia, toda vez que la ordenada en el fallo emitido por esta Corporación fue desestimada por el juez de primera instancia al liquidar la condena en abstracto?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Decreto 01 de 1984, art. 169
- Decreto 1400 de 1970, art. 179
- Decreto 149 de 1998
También resuelve
- ¿En virtud del desequilibrio económico del contrato provocado por el Municipio al modificar la tasa de alumbrado público acordada al suscribir el negocio jurídico…
- ¿El decreto de las pruebas de oficio no es solo una facultad del juez sino también un deber legal del que emana la obligación de adoptar las medidas necesarias para poder fallar con suficiente…
- ¿La parte demandante debe sufragar la totalidad de los gastos que se deriven de la práctica de la prueba, pero tiene derecho a recobrar a la entidad demandada el 50% de los mismos por tratarse de una…
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Titulación de la relatoría 11.876 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / AUTO QUE DECRETA PRUEBAS DE OFICIO / DICTAMEN PERICIAL / SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / CONSEJO DE ESTADO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONDENA EN ABSTRACTO / INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / SOLICITUD DE DICTAMEN PERICIAL / JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA / DECISIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / DESESTIMACIÓN DE LA PRUEBA / PRUEBA PERICIAL / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA DE OFICIO / DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA NUEVA / OBJETO DE LA PRUEBA PERICIAL / TARIFA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO / FORMA DE RENDIR EL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
Problema jurídico:
¿Es procedente el decreto de oficio de una nueva prueba pericial para esclarecer puntos dudosos de la presente controversia, toda vez que la ordenada en el fallo emitido por esta Corporación fue desestimada por el juez de primera instancia al liquidar la condena en abstracto?
Respuesta al problema jurídico: Si
No obstante, la orden contenida en la ratio decidendi de la sentencia proferida por esta Subsección el 30 de enero de 2013, en el sentido de que la liquidación de la condena en abstracto debía apoyarse en una prueba pericial, el Tribunal Administrativo de Sucre llevó a cabo por su propia iniciativa la correspondiente liquidación (…), desestimó el dictamen pericial para efectos de acreditar la cuantía de los perjuicios ocasionados a la sociedad actora (…). [D]adas las falencias advertidas por el Tribunal Administrativo de Sucre respecto al dictamen pericial rendido por el perito economista el 31 de octubre de 2014, así como los reparos formulados por las partes en el recurso de apelación contra la liquidación que llevó a cabo el a quo por su propia iniciativa, el Despacho se ve obligado a hacer uso del poder de instrucción del juez en su labor de administrar justicia y de las facultades oficiosas prescritas por el artículo 169 del CCA y 179 del CPC y, por tal razón, dispondrá el decreto de un nuevo dictamen pericial, que propenda a esclarecer los puntos oscuros o difusos de la contienda. Lo anterior, en la medida que concurren los requisitos legales y las condiciones prescritas por la Corte Constitucional para el decreto oficioso de pruebas, toda vez que, a pesar del esfuerzo probatorio de los extremos procesales en el trámite del incidente de liquidación de la condena en abstracto, subsisten dudas e imprecisiones que deber ser clarificadas para adoptar una decisión que emerja con nitidez en el propósito de llegar a la verdad material en el asunto bajo estudio. En consecuencia, el Despacho decretará, de oficio, un nuevo dictamen pericial que, atendiendo los parámetros que fueron fijados en la sentencia proferida por esta Subsección el 30 de enero de 2013, tendrá por objeto calcular la suma resultante de la diferencia existente entre el valor de la tarifa mínima a recibir por usuario y por sector y las sumas recibidas por Electro Atlántico como consecuencia de la modificación de las tarifas que hizo el Municipio con el Decreto No. 149 de 1998.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 169, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 179, DECRETO 149 DE 1998
CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / FORMA DE RENDIR EL DICTAMEN PERICIAL / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN ABSTRACTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / ENTIDAD TERRITORIAL / FORMACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO / TARIFA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO / MODIFICACIÓN DE LA TARIFA DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECRETO MUNICIPAL / FACULTAD DE DETERMINACIÓN DEL TRIBUTO / FACULTADES DEL MUNICIPIO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / MECANISMOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRÁCTICA DEL DICTAMEN PERICIAL / VIGENCIA DEL DECRETO / TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿En virtud del desequilibrio económico del contrato provocado por el Municipio al modificar la tasa de alumbrado público acordada al suscribir el negocio jurídico, los peritos al liquidar la condena en favor de contratista, deben tener en cuenta el período comprendido entre la fecha en la que empezó a regir el Decreto 149 de 1998 y el momento en que finalizó el contrato de concesión?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l incumplimiento del contrato de concesión y el consecuente restablecimiento del equilibrio financiero se circunscriben a la modificación de la tasa de alumbrado público, que provenía del Decreto Municipal No. 268 de 1996, norma que rigió la contratación que dio lugar al negocio jurídico objeto de esta litis, en la medida que los porcentajes allí previstos hicieron parte de la estructuración financiera del negocio, de donde se deduce que el perjuicio a liquidar, surge única y exclusivamente con la entrada en vigor del Decreto Municipal No. 149 de 30 de junio de 1998, ya que fue precisamente con su expedición que se configuró el incumplimiento contractual y se afectó el equilibrio financiero establecido al momento de suscribir el contrato. El Despacho advierte que en los hechos y pretensiones de la demanda, la parte actora no hizo ningún planteamiento general o concreto en relación con el incumplimiento contractual por el no pago oportuno de la contraprestación al concesionario, es decir, que esa cuestión nunca fue objeto del debate procesal. Por tal razón, y atendiendo el principio de congruencia que rige las sentencias judiciales, el marco que delimitó la decisión que adoptó la Subsección fue el referido al incumplimiento del contrato y el consecuente restablecimiento del equilibrio financiero pretendido, que tenían como única causa la expedición del Decreto Municipal No. 149 de 1998, lo que claramente descarta la necesidad de comprender en el cálculo el lucro cesante con anterioridad a la entrada en vigencia de esa norma, tal como lo interpretó el Tribunal Administrativo de Sucre. Conforme a lo expuesto, el parámetro que deberá atender el perito para efectos de liquidar la condena proferida el 30 de enero de 2013 por esta Corporación, comprende el período entre el 30 de junio de 1998, fecha en que entró a regir el Decreto Municipal No. 149 de 1998 y hasta el momento en que finalizó el contrato de concesión.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el principio de congruencia, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002, rad. 12668, C. P. Juan Ángel Palacio Hincapié; sentencia de 21 de noviembre de 2007, rad. 15770, C. P. María Inés Ortiz Barbosa; sentencia de 29 de octubre de 2009, rad. 17003, C. P. Héctor Romero Díaz.
FUENTE FORMAL:
DECRETO MUNICIPAL 149 DE 1998, DECRETO MUNICIPAL 268 DE 1996
FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / NECESIDAD DE LA PRUEBA DE OFICIO / PRUEBA DE OFICIO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRÁCTICA DE PRUEBA DE OFICIO / DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / CONDICIONES PARA EL DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / GARANTÍAS DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHO A LA VERDAD / PERTINENCIA DE LA PRUEBA / UTILIDAD DE LA PRUEBA / CONDUCENCIA DE LA PRUEBA / IMPROCEDENCIA DEL RECURSO JUDICIAL / DEBERES DEL JUEZ / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PRINCIPIO DE EQUIDAD
Problema jurídico:
¿El decreto de las pruebas de oficio no es solo una facultad del juez sino también un deber legal del que emana la obligación de adoptar las medidas necesarias para poder fallar con suficiente conocimiento de causa, en eventos en que es necesario esclarecer puntos dudosos de la controversia?
Respuesta al problema jurídico: Si
Comoquiera que el Estado a través de la administración de justicia busca o tiene como finalidad primordial, no sólo el esclarecimiento de la verdad, sino también lograr la efectividad de los derechos de las personas, el ordenamiento jurídico ha dotado al juez de mecanismos y herramientas procesales para que la verdad procesal coincida con la verdad real, y para ello, ha consagrado la institución procesal de la prueba oficiosa, que es aquella que el juez decreta y practica no a petición de parte, sino porque considera conducente, pertinente y útil a la verificación de los hechos. (…) [E]l Código Contencioso Administrativo dispone la posibilidad de decretar pruebas de oficio en cualquiera de las instancias, mediante auto frente al cual no procede ningún recurso, cuando se consideren necesarias para el esclarecimiento de puntos oscuros o dudosos de la contienda, con la finalidad de tener certeza sobre la realidad fáctica del litigio, sin que la ley haya impuesto restricciones materiales al decreto de pruebas por parte del juez, como sí ocurre en el caso de las partes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia del decreto de pruebas de oficio, ver: Corte Constitucional, sentencia C 807 de 2002, M. P. Jaime Araujo Rentería; sentencia SU 768 de 2014, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio; sentencia C 666 de 1996, M. P. Jorge Gregorio Hernández Galindo; sentencia T 599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 169, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 214, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 179
DESIGNACIÓN DE PERITO / CUALIDADES DEL PERITO / FUNCIONES DEL PERITO / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA / FORMA DE RENDIR EL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TARIFA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO / GASTOS DEL DICTAMEN PERICIAL / PRINCIPIO DE CELERIDAD / PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL / PRÁCTICA OFICIOSA DEL DICTAMEN PERICIAL / DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / PRUEBA DE OFICIO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONSIGNACIÓN DE LOS GASTOS DEL PROCESO / PARTE DEMANDANTE / PARTE DEMANDADA
Problema jurídico:
¿La parte demandante debe sufragar la totalidad de los gastos que se deriven de la práctica de la prueba, pero tiene derecho a recobrar a la entidad demandada el 50% de los mismos por tratarse de una prueba de oficio?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n orden a designar un perito para que rinda el dictamen decretado como prueba, el Despacho, en los términos del inciso 3o del artículo 243 del CPC ordenará que, por Secretaría, se oficie a los Rectora de la Universidad Nacional de Colombia, para que en el término de 10 días contados a partir de la notificación del presente auto, designe un experto de la planta profesoral de la facultad de Ciencias Económicas de dicha universidad, para que rinda el dictamen pericial con destino a este proceso. Lo anterior, de conformidad con los lineamientos definidos en el fallo judicial proferido el 30 de enero de 2013 por esta Subsección, y con el objeto de calcular la suma resultante de la diferencia existente entre el valor de la tarifa mínima a recibir por usuario y por sector, y las sumas recibidas por Electro Atlántico como consecuencia de la modificación de las tarifas que hizo el municipio de Sincelejo con el Decreto No. 149 de 1998. Dentro del plazo otorgado para la designación del funcionario que rendirá el dictamen, la Rectora de la Universidad Nacional de Colombia, podrá solicitar que se suministre el dinero correspondiente a los gastos en que se incurrirá para la práctica de la prueba, los cuales deberán justificarse y acreditarse dentro del expediente. En firme el auto que aprueba los gastos, serán pagados por la parte actora en un plazo máximo de 3 días, en atención a los principios de celeridad y economía procesal . La parte actora deberá sufragar la totalidad de los gastos que se deriven de la práctica de la prueba, pero tendrá derecho a recobrar a la entidad demandada el 50% de los mismos por tratarse de una prueba de oficio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 243 INCISO 3, DECRETO 149 DE 1998