Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: no puede el juez de segunda instancia, al resolver la apelación interpuesta únicamente
Lo que dijo la Sala
Es particularmente relevante advertir que, frente a la pretensión encaminada a que se reconocieran las sumas pagadas correspondientes al gravamen sobre los movimientos financieros (GMF) -que el consorcio demandante adujo haber asumido frente a los valores correspondientes a combustibles, herramienta menor, etc-, el tribunal de primera instancia negó esa súplica de la demanda y la parte actora no interpuso recurso de apelación, motivo por el cual quedó definida con la providencia impugnada con efectos de cosa juzgada, sin que la Sala pueda en esta instancia revisar ese aspecto de la controversia en atención a los límites de la apelación formulada por la entidad demandada (artículos 320 y 328 del CGP).
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Síntesis síntesis automática
El juez de segunda instancia no puede revisar lo decidido en primera instancia sobre una pretensión que la parte demandante no apeló ni pidió adicionar, cuando la apelación fue interpuesta únicamente por la entidad demandada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 320 del CGP limita el recurso al examen de los reparos concretos formulados por el apelante; el artículo 328 del CGP obliga a pronunciarse solo sobre los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones de oficio previstas por la ley; y el inciso segundo del artículo 287 del CGP permite complementar la sentencia en lo silenciado solo cuando la parte perjudicada apeló o solicitó su adición. Así, una negativa de primera instancia no impugnada queda con efectos de cosa juzgada y no puede reabrirse en la segunda instancia. Esta regla refleja los límites de la apelación frente a pretensiones que el apelado no controvirtió, y se aplica a los procesos de controversias contractuales en los que la sentencia guarde silencio sobre una pretensión.
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Problema jurídico
¿Puede el juez de segunda instancia, al resolver la apelación interpuesta únicamente por la entidad demandada, revisar la negativa al reconocimiento de las sumas reclamadas por concepto del gravamen sobre los movimientos financieros y complementar la sentencia para decidir la pretensión de liquidación del contrato, si el consorcio demandante no apeló la providencia ni solicitó su adición?
Respuesta: No
Fundamentos
- Ley 1564 de 2012, arts. 287, 320 y 328
También resuelve
- ¿El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para reclamar la indemnización de los perjuicios que una de las partes atribuye al incumplimiento de un contrato estatal?
- ¿Incurre la Agencia Nacional de Infraestructura en incumplimiento del contrato de obra pública al practicar las retenciones por concepto de la contribución especial de obra pública…
- ¿Debe el consorcio demandante asumir las costas de segunda instancia, incluidas las agencias en derecho, si prospera el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de Infraestructura?
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Titulación de la relatoría 11.014 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / OMISIÓN EN LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ
Problema jurídico:
¿Puede el juez de segunda instancia, al resolver la apelación interpuesta únicamente por la entidad demandada, revisar la negativa al reconocimiento de las sumas reclamadas por concepto del gravamen sobre los movimientos financieros y complementar la sentencia para decidir la pretensión de liquidación del contrato, si el consorcio demandante no apeló la providencia ni solicitó su adición?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]s particularmente relevante advertir que, frente a la pretensión encaminada a que se reconocieran las sumas pagadas correspondientes al gravamen sobre los movimientos financieros (GMF) -que el consorcio demandante adujo haber asumido frente a los valores correspondientes a combustibles, herramienta menor, etc-, el tribunal de primera instancia negó esa súplica de la demanda y la parte actora no interpuso recurso de apelación, motivo por el cual quedó definida con la providencia impugnada con efectos de cosa juzgada, sin que la Sala pueda en esta instancia revisar ese aspecto de la controversia en atención a los límites de la apelación formulada por la entidad demandada (artículos 320 y 328 del CGP). Finalmente, debe precisarse que la sentencia de primera instancia guardó silencio frente a la pretensión de liquidación del contrato; sobre el particular, es importante precisar que el inciso segundo del artículo 287 del CGP prevé que el juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior -en lo que haya guardado silencio- siempre que la parte perjudicada con la omisión hay apelado, circunstancia por la cual no es procedente emitir pronunciamiento frente a esa específica pretensión de la demanda, en tanto que la parte actora no impugnó la providencia de primera instancia ni tampoco solicitó su adición o complementación.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 287, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / EXISTENCIA DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO / REVISIÓN DEL CONTRATO / INCREMENTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para reclamar la indemnización de los perjuicios que una de las partes atribuye al incumplimiento de un contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
El inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) prevé que la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones sujetos al derecho administrativo; en esa perspectiva, la causa del daño alegado determina el medio de control jurisdiccional idóneo para su reclamación en sede judicial. El artículo 141 ibidem, por su parte, establece que cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RÉGIMEN TRIBUTARIO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA / ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA / AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA / FACULTADES DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA / IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / RECAUDO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL / APLICACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / ACTIVIDAD GRAVADA / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / HECHO GENERADOR DEL TRIBUTO / BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO / FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / TRIBUTO NACIONAL / TRIBUTO DEPARTAMENTAL / TRIBUTO TERRITORIAL / CONTROVERSIA TRIBUTARIA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / ENTIDAD RECAUDADORA DEL TRIBUTO
Problema jurídico:
¿Incurre la Agencia Nacional de Infraestructura en incumplimiento del contrato de obra pública al practicar las retenciones por concepto de la contribución especial de obra pública, la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia y el impuesto de industria y comercio, si las retenciones se ajustan a la ley y a lo pactado, y el consorcio cuestiona el alcance de esos tributos respecto de las actividades complementarias y los costos reembolsables?
Respuesta al problema jurídico: No
Contrario a la conclusión del tribunal de primera instancia, la Sala advierte que la entidad demandada efectuó las retenciones por concepto de contribución especial, de estampilla pro-Universidad Nacional y, del impuesto de industria y comercio (ICA) de conformidad con lo establecido en las Leyes 1106 de 2006, 1697 de 2013 y 14 de 1983 en concordancia con lo expresamente convenido en los parágrafos segundo y tercero del contrato de obra no. VE-001-2019. (…) En efecto, el contrato no. VE-001-2019 tuvo por objeto esencial y fundamentalmente obligaciones de obra pública y, por lo tanto, entrar a definir si las actividades conexas o complementarias deben estar o no gravadas con los tributos definidos en la ley es un debate que, se insiste, desborda el marco del incumplimiento contractual, motivo por el cual se trasladaría la controversia al plano estrictamente tributario, concretamente frente al contenido y alcance del hecho gravable de los tributos, con el agravante de que en este proceso no se vinculó a las autoridades nacionales encargadas del recaudo y administración de las contribuciones e impuestos. De igual manera, es necesario precisar que el legislador al definir los hechos gravables de las contribuciones especial y pro-Universidad Nacional en los artículos 6 y 8 de las Leyes 1106 de 2006 y 1697 de 2013, respectivamente, no distinguió en tanto que determinó, de manera expresa e inequívoca, que el monto de esos tributos estaría determinado por el valor total del contrato de obra (...). En esa perspectiva, si el legislador no distinguió al momento de establecer el hecho generador y la base gravable del tributo, mal haría el intérprete en introducir un criterio interpretativo diferenciador, más aún en sede contractual, dado que en este escenario no es procedente discutir los elementos de la obligación tributaria sino, por el contrario, definir si las partes se avinieron o no a las obligaciones y prestaciones convenidas en el acuerdo de voluntades. A idéntica conclusión se llega frente al impuesto de industria y comercio (ICA) debido a que en el contrato se estipuló que el contratista pagaría los tributos del orden nacional, departamental y municipal derivados de la celebración y ejecución del contrato; de modo que, entrar a definir si los costos reembolsables estaban o no sometidos a la retención de ese específico tributo desborda el marco contractual y, por ende, traslada la controversia al plano tributario, en cuanto correspondería establecer si por cuenta de esas actividades el contratista generaba o no una actividad comercial gravada con el impuesto. Asimismo, debe insistirse en el hecho de que en este proceso no se vinculó al proceso a las autoridades que administran y recaudan los tributos nacionales y territoriales; por lo tanto, cualquier decisión que pudiera adoptar la Sala sobre el contenido y alcance de los elementos de las obligaciones tributarias requeriría la participación de esas entidades para garantizar los principios constitucionales fundamentales del debido proceso y de defensa ya que, se podría afectar el recaudo de los tributos y no solo el patrimonio de la entidad que fungió como agente retenedor, en este caso la ANI. Como se advierte, la parte actora no demostró la desatención de las obligaciones incorporadas en el contrato, circunstancia por la cual no es posible atribuirle responsabilidad patrimonial contractual a la entidad demandada en los términos de los artículos 90 de la Constitución Política y 50 de la Ley 80 de 1993, por la sencilla pero suficiente razón de que la entidad contratante se limitó a efectuar las retenciones previstas en la ley y consignadas en el contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la obligación de la entidad contratante de practicar la retención por concepto de la estampilla Pro Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de septiembre de 2021, exp. 61365, C.P. Martín Bermúdez Muñoz; sentencia del 8 de septiembre de 2021, exp. 58593, C.P. Martín Bermúdez Muñoz. Corte Constitucional, sentencia C 127 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 1106 DE 2006 - ARTÍCULO 6, LEY 1106 DE 2006 - ARTÍCULO 8, LEY 14 DE 1983, LEY 1697 DE 2013, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 50
CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Debe el consorcio demandante asumir las costas de segunda instancia, incluidas las agencias en derecho, si prospera el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de Infraestructura?
Respuesta al problema jurídico: Si
En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 4) del CGP, como prospera el recurso de apelación de la parte demandada, la ANI, la parte actora asumirá las costas procesales de la segunda instancia, las cuales deberán ser liquidadas en forma concentrada por el tribunal de primera instancia en los precisos términos de los artículos 365 y 366 del CGP, incluidas las agencias en derecho.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
Texto extraído del PDF oficial 57.522 caracteres
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, cinco (5) de octubre de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-36-000-2023-00413-01 (74.617)
Demandante: CONSORCIO IBINES
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
- ANI
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – PAGO DE
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL Y ESTAMPILLA
PRO UNIVERSIDAD NACIONAL
Síntesis del caso: el consorcio Ibines demanda a la Agencia Nacional de Infraestructura
para que se declare el incumplimiento del contrato de obra celebrado entre las partes, por
el hecho de haber efectuado la retención por concepto de la contribución especial de la Ley
1106 de 2006 y la estampilla pro -Universidad Nacional a la totalidad del valor negocio
jurídico, sin tener en cuenta que coexistían actividades de obra con otras de naturaleza
distinta (conexas). El tribunal de primera instancia accedió parcialmente a las súplicas de
la demanda. La entidad demandada apela, sostiene que el contratista desconoció el
principio de buena fe objetiva por no haber alegado esa ci rcunstancia en la etapa
precontractual ni tampoco al momento de la firma del contrato; de igual manera, sostiene
que no es la entidad legitimada en la causa por pasiva. La sentencia impugnada se revoca.
Temas: medio de control de controversias contractuales / contrato de obra con actividades
conexas y complementarias – contribución especial Ley 1106 de 2006 – estampilla pro-
universidades estatales – retención sobre la totalidad del valor del contrato – no se probó
el incumplimiento.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), en contra de la sentencia de l 20 de marzo de 2026 proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (índice 37 SAMAI, primera instancia ) en la cual se decidió lo
siguiente:
“FALLA:
PRIMERO. DECLARAR que en el contrato no. LP -VE-001-2019
coexisten actividades de obra pública y actividades de naturaleza distinta
-administración del corredor férreo, vigilancia, señalización, control de
tráfico y programas socioambientales - y que, por consiguiente, estas
últimas no podían ser objeto de retención por concepto de la contribución
especial conforme al artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, por cuanto no se
configura a su respecto el hecho generador de dicho tributo.
2
Expediente: 25000-23-36-000-2023-00413-01 (74.617)
Actor: Consorcio Ibines
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR EN
ABSTRACTO a la Agencia Nacional de Infraestructura a reintegrar al
Consorcio Ibines: (i) el valor de las retenciones de contribución especial
practicadas indebidamente sobre el componente de administración -
facturas CIA y CIAE - y (ii) el valor de l as retenciones de estampilla Pro -
Universidad Nacional practicadas sobre los subcomponentes distintos
de la operación ferroviaria -administración del corredor, vigilancia,
señalización, control de tráfico y programas socioambientales -, valores
que deberán determinarse en el incidente de liquidación.
TERCERO. DECLARAR que en la ejecución del contrato no. LP-VE-001-
2019 existieron actividades -combustibles, herramienta menor, otros
gastos de administración, vigilancia, programas socioambientales y póliza
todo riesgo- ejecutadas bajo la modalidad de reembolso de gastos, sin
margen de utilidad para el Consorcio Ibines, que no constituyeron
ingresos propios derivados del ejercicio de la actividad económica
gravada y que, por ende, no podían ser gravadas con el im puesto de
industria y comercio conforme al artículo 32 de la Ley 14 de 1983.
CUARTO. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR,
con condena en abstracto, a la Agencia Nacional de Infraestructura a
reintegrar al Consorcio Ibines, el valor del ICA retenido indebidamente
sobre los ítems reembolsables. El valor definitivo se determinará en el
incidente de que trata el ordinal siguiente.
QUINTO. En aplicación del artículo 193 del Código General del Proceso,
aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, las sumas reconocidas
se determinarán en los términos señalados en la parte considerativa de la
presente providencia de conformidad con los artículos 192, 193 y
siguientes del CPACA, en concordancia con el artículo 283 del CGP, para
tal efecto, se le otorga a la parte actora un término de 60 días contados a
partir de la ejecutoria de esta decisión para que adelante el respectivo
incidente de liquidación de perjuicios.
SEXTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SÉPTIMO. CONDENAR EN CO STAS de primera instancia a la parte
demandada y a favor de la parte actora. Su liquidación se realizará por la
secretaría del a quo y en la misma se incluirán como agencias en derecho
en primera instancia el equivalente al 3% de las pretensiones de la
demanda.
OCTAVO. Por Secretaría de la Sección, NOTIFICAR el presente proveído
(…) (índice 37 SAMAI, primera instancia – negrillas y mayúsculas fijas del
original).
I. ANTECEDENTES
La demanda
Mediante escrito del 23 de agosto de 20 23, el consorcio Ibines a través de
apoderado judicial (índice 2 SAMAI, primera instancia )1 presentó demanda en
1 Archivo: “7_ED_20230823DEMANDA(.pdf) NroActua 2”.
3
Expediente: 25000-23-36-000-2023-00413-01 (74.617)
Actor: Consorcio Ibines
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
ejercicio del medio de control jurisdiccional de controversias contractuales en contra
de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que se acceda a las siguientes
súplicas:
“1. Pretensiones declarativas
1.1 Pretensiones relativas al pago de la ‘Contribución Especial’ y de
la ‘Estampilla’
1.1.1 Que se declare que en el marco del Contrato no. VE -001 de 2019
las partes pactaron una serie de obligaciones a cargo del contratista de
las cuales algunas correspondían a actividades de obra y otras de
diferente naturaleza que no eran de actividades obra propiamente dicha.
1.1.2 Que se declare que aquellas actividades del contrato VE -001 de
2019 que no correspondían a actividades de obra no podían ser
consideradas como base gravable para efectos de aplicación de la
‘contribución especial’ a que hace referencia la Ley 1106 de 2006 ni para
efectos de la aplicación de la ‘estampilla’ prevista en la Ley 1697 de 2013.
1.1.3 Que se declare que, al momento de realizar los pagos relativos al
contrato no. VE -001 de 2019, la ANI solo podía hacer aplicación de la
‘contribución especial’ y de la ‘estampilla’ respecto de aquellos pagos
relacionados con las actividades de obra del contrato.
1.1.4 Que por lo mismo, se declare que la ANI incumplió la ley y el contrato
al aplicar descuentos a título de ‘contribución especial’ y de ‘estampilla’
respecto de aquellos pagos relacionados con actividades que no eran de
obra en el marco del contrato no. VE-001 de 2019.
1.1.5 Que se ordene a la ANI reintegrar y/o pagar al consorcio Ibines las
sumas que la misma no debió descontar ni retener a título de ‘contribución
especial’ y de ‘estampilla’ en los pagos realizados por el contrato no. VE-
001 de 2019, de acuerdo con lo que resulte probado en el proceso.
1.2 Pretensiones declarativas relativas al pago de las actividades
reembolsables
1.2.1 Que se declare que dentro de las actividades y/o tareas que debía
ejecutar el con tratista en el marco del contrato no. VE -001 de 2019, se
encontraban algunas que se debían tramitar por la ANI bajo la modalidad
de reembolso de gastos.
1.2.2 Que, por tratarse de actividades que se reembolsarían, a estos
reembolsos la ANI no debía ni pod ía darles tratamiento de pagos o
ingresos a favor del consorcio Ibines.
1.2.3 Que se declare que la ANI debe reintegrar al consorcio Ibines el
valor del impuesto que el consorcio tuvo que pagar respecto de los
reembolsos de gastos que, por disposición de la ANI, se debieron tramitar
en la facturación del contrato y terminaron construyendo ingreso del
consorcio.
1.2.4 Que, sumado a lo anterior, se declare que la ANI debía realizar los
reembolsos de gastos netos, lo que implicaba pagar el valor del reembolso
y de los demás costos y gastos asociados a estos, lo que incluye, además,
4
Expediente: 25000-23-36-000-2023-00413-01 (74.617)
Actor: Consorcio Ibines
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
el valor del gravamen al movimiento financiero (GMF) que se generaba al
momento del reembolso por parte de la ANI y a favor del consorcio.
1.2.5 Que se declare que la ANI debe reintegrar al consorcio el valor del
GMF que se aplicó al recibir los reembolsos de gastos y que terminaron
siendo un menor valor del reembolso que debía recibir.
1.2.6 Que, teniendo en cuenta que el consorcio ha cumplido a cabalidad
con todas y cada una de las obligaciones del contrato (…) se ordene a la
ANI liquidar el contrato.
2. Pretensiones de condena
2.1 Que se condene a la ANI al pago de las siguientes sumas:
Contrato VE 001 de 2019
Contribución especial $3.157´897.591
Estampilla $1.263´159.036
ICA $34´935.473
GMF $84´883.538
TOTAL $4.540´875.638
(i) La suma de tres mil ciento cincuenta y siete millones ochocientos
noventa y siete mil quinientos noventa y un pesos colombianos
($3.157´897.591) que corresponde a las sumas retenidas a título de
‘contribución especial’ y que se deriva de la eventual prosperidad de la
pretensión 1.1.5.
(ii) La suma de mil doscientos sesenta y tres millones ciento cincuenta y
nueve mil treinta y seis pesos colombianos ($1.263´159.036) que
corresponde a las sumas retenidas a título de ‘estampilla’ y que se deriva
de la eventual prosperidad de la pretensión 1.1.5.
(i
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