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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la Sala, contrario a lo señalado por el Tribunal a quo no es viable rechazar la demanda en este juicio

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Fecha
2025-09-17
Radicado
54001233300020230018901
Número interno
71072
Ponente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
UNIÓN TEMPORAL DADLE VOSOTROS DE COMER
Demandado
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la Sala, contrario a lo señalado por el Tribunal a quo no es viable rechazar la demanda en este juicio

Regla de decisión

El artículo 30 de la Ley 1563 de 2012, prevé que la decisión que adopte el panel arbitral sobre su propia competencia en la primera audiencia de trámite puede ser impugnada mediante el recurso de reposición.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista no debe rechazarse por falta de jurisdicción la demanda que en ejercicio del medio de control de controversias contractuales se presentó contra el municipio, cuando el Tribunal Arbitral que conoció en virtud de cláusula compromisoria declaró su falta de competencia frente a valores de naturaleza tributaria, en la controversia que gira en torno al incumplimiento, desequilibrio económico y liquidación judicial de un convenio de asociación. La Sala sostiene que, en ausencia de un juez competente, la decisión del tribunal arbitral sobre su propia competencia prevalece sobre cualquier otra proferida por un juez ordinario o contencioso administrativo, en virtud del principio kompetenz-kompetenz. Esto implica que, si el tribunal arbitral declara su falta de competencia, la demanda debe ser devuelta a la parte interesada para que promueva el proceso arbitral, salvo que la controversia sea de naturaleza tributaria, en cuyo caso corresponde a la justicia contenciosa administrativa. Esta decisión reitera y matiza precedentes, estableciendo que la competencia del tribunal arbitral se limita a los asuntos de libre disposición y excluye aquellos que la ley reserva a la justicia estatal, como los tributos.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Debe rechazarse, por falta de jurisdicción, la demanda que en ejercicio del medio de control de controversias contractuales se presentó contra el municipio de San José de Cúcuta, cuando el Tribunal Arbitral que conoció en virtud de claúsula compromisoria declaró su falta de competencia frente a valores de naturaleza tributaria, en la controversia que, gira en torno al incumplimiento, desequilibrio económico y liquidación judicial de un convenio de asociación?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Decreto 1818 de 1998, art. 147 núm. 2
  • Ley 1437 de 2011, art. 168
  • Ley 1563 de 2012, arts. 29, 30 y 41

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Lo que dijo la Sala

La Sala, de entrada, advierte que, contrario a lo señalado por el Tribunal a quo, no es viable rechazar la demanda en este juicio. La conclusión que se acaba de anunciar se sustenta en las razones que se pasan a explicar: En primer lugar, porque en los casos de falta de jurisdicción o competencia, el efecto no es que el asunto no sea susceptible de control judicial y, que, por consiguiente, la demanda deba ser rechazada, sino la remisión del proceso al juez competente, en caso de que este existiere, en los términos del artículo 168 del CPACA. Sin embargo, como en los eventos en que se pacta una cláusula compromisoria no hay lugar a esta consecuencia, porque el panel que estaría llamado a decidir el asunto aún no está constituido y dicha actividad depende de la voluntad del interesado en promover el respectivo trámite arbitral, por corresponder a una administración de justicia transitoria y excepcional.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Titulación de la relatoría 14.935 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DEL AUTO / CONTROL JUDICIAL / FALTA DE JURISDICCIÓN / AUTO QUE DECLARA LA FALTA DE JURISDICCIÓN / CLÁUSULA COMPROMISORIA / PROCESO ARBITRAL / CONVENIO DE ASOCIACIÓN / UNIÓN TEMPORAL / MUNICIPIO / TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / FALTA DE COMPETENCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / OBLIGACIÓN TRIBUTARIA / RECAUDACIÓN DEL TRIBUTO / RECAUDO DEL IMPUESTO / COBRO DEL IMPUESTO / FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / LÍMITES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE RECHAZA LA DEMANDA / REVOCATORIA DEL AUTO / COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / PROCEDENCIA DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA / ÁRBITRO / FACULTADES DEL ÁRBITRO / COMPETENCIA DEL ÁRBITRO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / JURISDICCIÓN COMPETENTE Problema jurídico: ¿Debe rechazarse, por falta de jurisdicción, la demanda que en ejercicio del medio de control de controversias contractuales se presentó contra el municipio de San José de Cúcuta, cuando el Tribunal Arbitral que conoció en virtud de claúsula compromisoria declaró su falta de competencia frente a valores de naturaleza tributaria, en la controversia que, gira en torno al incumplimiento, desequilibrio económico y liquidación judicial de un convenio de asociación? Respuesta al problema jurídico: No La Sala, de entrada, advierte que, contrario a lo señalado por el Tribunal a quo, no es viable rechazar la demanda en este juicio. La conclusión que se acaba de anunciar se sustenta en las razones que se pasan a explicar: En primer lugar, porque en los casos de falta de jurisdicción o competencia, el efecto no es que el asunto no sea susceptible de control judicial y, que, por consiguiente, la demanda deba ser rechazada, sino la remisión del proceso al juez competente, en caso de que este existiere, en los términos del artículo 168 del CPACA. Sin embargo, como en los eventos en que se pacta una cláusula compromisoria no hay lugar a esta consecuencia, porque el panel que estaría llamado a decidir el asunto aún no está constituido y dicha actividad depende de la voluntad del interesado en promover el respectivo trámite arbitral, por corresponder a una administración de justicia transitoria y excepcional. Por lo anterior, en los casos de falta de jurisdicción o competencia al existir una cláusula compromisoria, la consecuencia será el decreto de la terminación del proceso, así como la devolución de la demanda con los anexos a la demandante, evento en el cual, la parte interesada cuenta con veinte días hábiles desde la ejecutoria de la providencia para promover el proceso arbitral, so pena de que opere la caducidad. Lo anterior, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 95-4 del CGP y el inciso cuarto del artículo 101-2 del mismo estatuto, que regulan el trámite y decisión de la excepción previa de “cláusula compromisoria”. No obstante lo anterior, en el presente asunto es claro que aunque en el Convenio de Asociación No. 0133 de 2016, celebrado entre la UT y el Municipio el 19 de febrero de 2016, las partes acordaron una cláusula compromisoria que somete la controversia al conocimiento de la justicia arbitral, en lo que concierne a las pretensiones relativas a las retenciones tributarias mal aplicadas y realizadas de forma errónea, el Tribunal Arbitral que en su oportunidad se integró para dirimir la controversia entre las partes declaró su falta de competencia al considerar que estas son “competencia privativa de la Justicia Contenciosa administrativa o de las técnicas encargadas de pronunciarse sobre la recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias” y que “los tributos no son materia de libre disposición o acuerdo entre las partes pues su origen y recaudación están definidos en la ley”. (…) En ese orden, la Sala advierte que la demanda presentada el 8 de septiembre de 2023, pretende la declaratoria de incumplimiento y desequilibrio económico del Convenio de Asociación No. 0133 de 2016, así como su liquidación judicial, únicamente con ocasión de los valores de naturaleza tributaria que supuestamente fueron descontados arbitrariamente y de manera errónea e ilegal por el Municipio. Sobre dichos aspectos el Tribunal Arbitral contrastó la voluntad de las partes expresada en la cláusula compromisoria con los asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autoriza someter a su conocimiento, para declarar su falta de competencia. La decisión del panel arbitral respecto de la competencia para asumir el presente asunto, en principio, prevalece sobre cualquier otra proferida en sentido contrario por un juez ordinario o contencioso administrativo, en razón del principio kompetenz-kompetenz, el cual se encuentra consagrado en el ordenamiento jurídico colombiano en el artículo 29 de la Ley 1563 de 2012 (…) En virtud del principio kompetenz-kompetenz, los árbitros tienen la potestad de definir su propia competencia y resolver si, conforme lo convenido en el pacto arbitral (acuerdo de voluntades) y lo dispuesto en la Constitución Política y las leyes vigentes, asumen el conocimiento de una determinada pretensión que origina el conflicto entre las partes. Lo anterior implica que la decisión de los árbitros sobre su propia competencia prevalece sobre las decisiones de las demás autoridades judiciales y cualquier cuestionamiento al respecto debe plantearse, ante el propio tribunal en la primera audiencia de trámite, ya que este es el facultado por la ley para definir el asunto. El referido postulado, confiere a los árbitros cierto margen interpretativo autónomo para definir el alcance de su propia competencia, que se funda en el supuesto según el cual las partes habilitantes han confiado en la capacidad de los árbitros de adoptar decisiones definitivas en las controversias que someten a su consideración (...) cuando exista pacto arbitral y se demande directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa o la Ordinaria, el juez institucional -prima facie- no solamente está facultado para verificar la intención de las partes en el sentido de sustraer de la jurisdicción determinado asunto, sino que tiene competencia pronunciarse previamente acerca de la existencia, validez y eficacia del pacto arbitral, sin perjuicio del pronunciamiento posterior prevalente que pueda llegar a emitir el Tribunal Arbitral que eventualmente se constituya para dirimir la controversia. Así, la facultad de los árbitros para decidir sobre su propia competencia goza de “prioridad temporal respecto de la justicia estatal para dirimir toda controversia relativa a la competencia arbitral” y no es exclusiva sino preliminar pues, en cualquier caso, su decisión será revisable judicialmente. De tal forma que, a pesar de la existencia de una decisión del tribunal arbitral en punto de su competencia, el ordenamiento jurídico dispone de mecanismos procesales para revisar tal determinación en aras de establecer si obró en el marco del pacto arbitral, la Constitución y las leyes vigentes. En ese contexto, el artículo 30 de la Ley 1563 de 2012, prevé que la decisión que adopte el panel arbitral sobre su propia competencia en la primera audiencia de trámite puede ser impugnada mediante el recurso de reposición. En el caso en que dicho recurso de reposición sea decidido desfavorablemente, en razón a que el tribunal declara que es competente para estudiar el asunto, el mecanismo procesal para controvertir la competencia del panel arbitral es el recurso extraordinario de anulación -con base en las causales contenidas en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012-, e incluso, excepcionalmente, la acción de tutela56. Lo expuesto implica que, si el árbitro se declara incompetente, tal decisión prevalece sobre la del juez ordinario o contencioso administrativo conforme se desprende del citado artículo 29 del estatuto arbitral y, por lo tanto, no habrá lugar a determinar que en estos eventos el operador judicial carece de competencia por la existencia del pacto arbitral, sin perjuicio que la decisión del tribunal sobre su propia competencia también pueda ser objeto de recursos judiciales, como en efecto ocurrió en este asunto, a través del recurso extraordinario de anulación. Por virtud de lo expuesto, y dado que en consideración al criterio subjetivo establecido en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, se le atribuyó a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la competencia para el conocimiento de las controversias y litigios originados en contratos cuando se encuentre involucrada una entidad pública, con independencia del régimen jurídico que las cobije y, que, en este caso, la controversia gira en torno al incumplimiento, desequilibrio económico y liquidación judicial de un convenio de asociación, que celebró el Municipio de San José de Cúcuta, entidad pública del orden territorial, con la Unión Temporal Dadle Vosotros de Comer, con ocasión -únicamente- de las retenciones efectuadas por concepto de tributos mal aplicados respecto de los cuales la Jurisdicción Arbitral declaró su falta de competencia, es entonces esta Jurisdicción la competente para conocer y decidir el presente asunto. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la consecuencia de la declaratoria de falta de jurisdicción o competencia, consultar el auto del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferido el 9 de agosto de 2024, exp. 70528, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. Sobre la prevalencia de la decisión del Tribunal de Arbitramento, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-174 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; sentencia T-1224 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y en sentencia C-765 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos. Sobre el efecto positivo y negativo del principio kompetenz-kompetenz, ver: sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C del 14 de julio de 2025, exp. 51679, C.P. Willam Edgardo Barrera Muñoz. En igual sentido se pueden consultar las sentencias T-288 de 2013 y T-186 de 2015 de la Corte Constitucional. Sobre los mecanismos de revisón judicial de las decisiones del Tribunal Arbitral, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 13 de abril de 2016, exp. 54405, C.P. Guillermo Sanchez Luque. Sobbre la procedencia excepcional de la tutela frente a la decisión arbitral, ver: Corte Constitucional, sentencia C-572A de 2014 FUENTE FORMAL: DECRETO 1818 DE 1998 - ARTÍCULO 147 NUMERAL 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 168 , LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 29 , LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 30, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 101 INCISO 4 NUMERAL 2, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 95 NUMERAL 4 ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / APLICACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ASUNTOS TRIBUTARIOS / ASUNTOS NO CONCILIABLES EN MATERIA TRIBUTARIA / ASUNTOS NO CONCILIABLES / INEXISTENCIA DEL DERECHO A LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES / LÍMITES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / REVOCATORIA DEL AUTO / AUTO QUE RECHAZA LA DEMANDA / ESTUDIO DE LA DEMANDA / PROCEDENCIA DEL ESTUDIO DE LA DEMANDA / REQUISITOS DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Puede vulnerarse el acceso a la administración de justicia si la jurisdicción de lo contencioso administrativo no asume la competencia, cuando el Tribunal de Arbitramento ya declaró su incompetencia ya que las controversias referentes a asuntos tributarios no son susceptibles de arbitraje, por lo que el Tribunal debe examinar los requisitos de admisión de la demanda? Respuesta al problema jurídico: Si Al margen de lo anterior, se tiene que conforme al artículo 2º del Decreto 1716 de 2009 compilado por el artículo 2.2.4.3.1.1.2. del Decreto 1069 de 2015, así como el artículo 90-2 de la Ley 2022 de 2022, los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario no son de libre disposición, lo que implica que no son susceptibles de conciliación en materia contencioso administrativa. De igual forma, las controversias referentes a asuntos tributarios tampoco son susceptibles de arbitraje, al ser cuestiones que son de interés público no disponibles por los particulares. Sobre este particular, el artículo 1º de la Ley 1563 de 2012 dispone que los asuntos que pueden someterse a la solución de los árbitros son aquellas controversias relativas a asuntos de libre disposición. (...) En esas condiciones, la Sala considera que la decisión del tribunal a quo de rechazar la demanda bajo el argumento de que el asunto objeto de la litis no es susceptible de control judicial por parte de esta jurisdicción, no resulta acertada. Ello porque el tribunal arbitral se pronunció previamente respecto de la misma controversia que hoy es objeto de conocimiento por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y declaró su falta de competencia frente a un asunto no disponible o transigible. Por lo anterior y en virtud del principio kompetenz-kompetenz, consagrado en el artículo 29 de la Ley 1563 de 2012, la decisión del tribunal arbitral prevalece sobre la del juez institucional. En consecuencia, correspondía al Tribunal Administrativo de Norte de Santander asumir el conocimiento del presente proceso. Es más, una decisión en sentido contrario vulneraría el derecho de la parte actora al acceso a la administración de justicia (artículo 29 de la CN), ya que el sub lite no sería asumido por la justicia arbitral, ni tampoco por parte de esta jurisdicción. Por lo expuesto la Sala considera que en el caso concreto se torna necesario revocar el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 26 de octubre de 2023 que rechazó la demanda de controversias contractuales bajo examen y ordenará que, en su lugar, se acuda a la facultad prevista en el artículo 171 del CPACA para examinar el cumplimiento de los requisitos de admisión de la demanda formulada, consagrados en el artículo 161 y siguientes del CPACA. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el acceso a la admnistración de justicia, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 10 de marzo de 2011, exp. 11001-03-15-000- 2010-01061-01(AC). FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, DECRETO 1069 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.4.3.1.1.2., DECRETO 1716 DE 2009 - ARTÍCULO 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 161, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 171, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 1, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 29, LEY 2022 DE 2022 - ARTÍCULO 90 NUMERAL 2

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=540012333000202300189011100103