Titulación de la relatoría 21.647 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / CLASES DE CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / CONCEPTO PARA PRECAVER LITIGIOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / FUNCIONES DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / FACULTADES DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / DECISIONES DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO
OBITER DICTUM
[E]s de anotar que la función regulada por el numeral 7º del artículo 112 del CPACA se configura como una proyección especial de la función principal atribuida a la Sala de Consulta y Servicio Civil, como cuerpo supremo consultivo del Gobierno nacional en asuntos de administración. En este sentido, los conceptos emitidos en ejercicio de la función reforzada por la Ley 2080 de 2021 obedecen a su labor consultiva y no tienen alcance jurisdiccional. En consecuencia, dichos conceptos no son obligatorios. Sin embargo, las partes pueden acoger sus conclusiones y llegar, con base en ellas, a una transacción, una conciliación u otra clase de arreglo, pues estos contribuyen para que las entidades en controversia encuentren una fórmula que les permita solucionar su conflicto jurídico. (…) Sobre el objetivo de esta función (…) es importante señalar que, inicialmente, con la expedición de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), la emisión de estos conceptos tenía como finalidad la de «precaver un eventual litigio». Esto significa que, en aquella disposición, el objetivo era evitar que las controversias existentes entre entidades públicas (siempre que estuviera involucrada una entidad del orden nacional) fueran a la Jurisdicción, es decir, evitar que dichas controversias se convirtieran en un litigio judicial. Lo anterior generaba la discusión sobre la facultad que tenía o no la Sala de ejercer esta función en relación con controversias entre entidades públicas que ya estuvieran sub judice. Con la expedición de la Ley 2080 de 2021 se zanjó el debate, pues se precisó que la emisión de conceptos bajo esta función procede «con el fin de precaver un eventual litigio o poner fin a uno existente». (…) [C]on esta modificación, el legislador pretendió que las consultas que se formulen a la Sala de Consulta y Servicio Civil, en ejercicio de esta atribución abarquen, sin duda, aquellas controversias entre entidades públicas que se encuentren en conocimiento de un juez, por haberse trabado un litigio judicial. (…) [R]especto a los efectos que se producen como consecuencia de la solicitud de concepto, el referido numeral 7º establece que dicha petición suspende todos los términos legales, incluida la caducidad del respectivo medio de control y la prescripción, hasta el día siguiente a la fecha de comunicación del concepto.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 112 NUMERAL 7
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA / CAUSACIÓN DE LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA
OBITER DICTUM
La Ley 1697 de 2013 creó la «estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia» (…) [e]n términos generales (…) es posible identificar los siguientes rasgos distintivos de la estampilla: i) Tiene como propósito el fortalecimiento de las universidades del Estado. ii) De acuerdo con el artículo 2º de la Ley 1697 de 2013, se trata de una «contribución parafiscal». Con todo, en la Sentencia C-221 de 2019, la Corte Constitucional señaló que la estampilla no correspondía realmente a una contribución parafiscal, sino a un impuesto con destinación específica. (…) iii) El hecho generador está determinado por el artículo 5º de la Ley 1697 de 2013 (…) iv) De conformidad con el artículo 6º de la Ley 1697 de 2013, el sujeto pasivo de la estampilla es la persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal que tenga la calidad de contratista en el contrato de obra y conexos. v) Por su parte, el sujeto activo de la obligación tributaria es la DIAN. vi) La realización del hecho generador impone una obligación de retención. En tratándose de la estampilla objeto de estudio, esta obligación recae en las entidades contratantes. (…) vii) La base gravable del tributo la establece el artículo 8º de la Ley 1697 de 2013.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 7 de diciembre de 2015, Exp. 2229; Concepto del 12 de diciembre de 2017, Exp. 2324; y Concepto del 5 de septiembre de 2018, Exp. 2386; Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 2019.
FUENTE FORMAL:
LEY 1697 DE 2013 - ARTÍCULO 2, LEY 1697 DE 2013 - ARTÍCULO 5, LEY 1697 DE 2013 - ARTÍCULO 6, LEY 1697 DE 2013 - ARTÍCULO 8
NEGOCIO FIDUCIARIO / CONTRATO DE FIDUCIA PÚBLICA / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE FIDUCIA PÚBLICA / ENCARGO FIDUCIARIO / CARACTERÍSTICAS DEL ENCARGO FIDUCIARIO / CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL
OBITER DICTUM
[E]n el ámbito de la contratación estatal, el numeral 5º del artículo 32 del estatuto general de la contratación regula los encargos fiduciarios y la fiducia pública, negocios fiduciarios respecto de los cuales es posible señalar lo siguiente: i) Los encargos fiduciarios que celebren las entidades estatales tienen como objeto «la administración o el manejo de los recursos vinculados a los contratos que tales entidades celebren». ii) Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia pública únicamente pueden celebrarse por las entidades estatales para objetos y plazos precisamente determinados, y con estricta aplicación de lo dispuesto en el estatuto. iii) La fiducia pública no conlleva la trasferencia del derecho de dominio sobre los bienes o recursos estatales. (…) iv) Son aplicables las normas del Código de Comercio a la fiducia pública, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. v) No puede acudirse a un encargo fiduciario o a una fiducia pública con la finalidad de realizar actos o contratos que no pueda celebrar directamente el fideicomitente de acuerdo con lo establecido en la ley. (…) vi) De acuerdo con la citada circular [Circular Básica Jurídica 29 de la Superintendencia Financiera], «a las entidades estatales, entendiendo por tales las señaladas en el numeral 1 del art. 2 de la Ley 80 de 1993, las normas a ellas aplicables reconocen expresamente la posibilidad de celebrar, en calidad de fideicomitentes, única y exclusivamente contratos de fiducia pública y encargos fiduciarios». Con todo, esta regla no es absoluta, pues pueden existir situaciones en las cuales una entidad pública se encuentra facultada para celebrar contratos de fiducia mercantil. Justamente, un ejemplo de esta excepción se presenta en el caso objeto de estudio, pues el artículo 23 de la Ley 1469 de 2011 ordena a FONVIVIENDA celebrar contratos de fiducia mercantil para cumplir las funciones asignadas por la mencionada ley.
NOTA DE RELATORÍA:
En la decisión se expone la clasificación de los negocios fiduciarios en función de la finalidad que persiguen, de conformidad con la Circular Básica Jurídica 29 del 3 de octubre de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia. También se presentan las diferencias que existen entre el encargo fiduciario y la fiducia mercantil, y entre esta última y la fiducia pública.
FUENTE FORMAL:
LEY 1469 DE 2011 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32
CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / CONCEPTO DE CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / OBJETO DEL CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / ALCANCE DEL CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / EFECTOS DEL CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL
OBITER DICTUM
[E]l contrato de fiducia mercantil conlleva la transferencia real y efectiva de uno o más bienes; la realización de un encargo (de administración o enajenación); la determinación de una finalidad establecida por el constituyente y la remuneración del fiduciario. El contrato de fiducia mercantil tiene las siguientes características: i) Se trata de un negocio jurídico que permite la consecución de múltiples propósitos, lo que ha llevado a la jurisprudencia a denominarlo un negocio jurídico «dinámico» o «elástico». (…) ii) Conlleva la participación de tres intervinientes: a) el fiduciante o fideicomitente; b) el fiduciario y c) el fideicomisario o beneficiario (…) iii) El fiduciante o fideicomitente transfiere al fiduciario el derecho de dominio de un conjunto de bienes, de tal suerte que estos salen real y jurídicamente del patrimonio del primero. (…) iv) Con los bienes transferidos se constituye un patrimonio autónomo. v) La fiduciaria es la administradora y vocera del patrimonio autónomo. Dentro de este marco, la fiduciaria «tiene la «personería» del patrimonio autónomo en todas las actuaciones para proteger y defender los bienes que lo conforman contra actos de terceros, del beneficiario y aún del mismo constituyente» (…) vi) Los bienes que constituyen el patrimonio autónomo deben utilizarse para la satisfacción de una finalidad específica, ya sea en beneficio del fideicomitente o de un tercero. vii) El patrimonio autónomo no corresponde a una persona natural, jurídica o sociedad de hecho. viii) Asimismo, por expreso mandato legal, los bienes que integran el patrimonio autónomo no hacen parte del patrimonio de la fiduciaria, no integran la garantía general de sus acreedores y únicamente garantizan las obligaciones contraídas para el cumplimiento de la finalidad perseguida. (…) ix) Como consecuencia de la celebración del contrato de fiducia, el fideicomitente adquiere derechos fiduciarios, entendidos estos como «bienes inmateriales que representan la participación de este en el patrimonio autónomo».
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la separación de los bienes fideicomitidos del resto del patrimonio del fiduciario ver: Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 3 de septiembre de 2020. Radicación número: 25000-23-37-000-2012-00328-00(20611).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1226
PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA / COMPETENCIA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA / ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA / ELEMENTOS DEL TRIBUTO
OBITER DICTUM
El principio de legalidad de los tributos se encuentra previsto en los artículos 150 y 338 de la Constitución política, según los cuales los tributos deben ser establecidos por la ley, una ordenanza o un acuerdo. En desarrollo de lo anterior, corresponde al Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales, según sea el caso, determinar con precisión y claridad los elementos esenciales de la obligación tributaria. (…) Dentro de este marco, se ha determinado que el principio de legalidad en materia tributaria conlleva: i) la competencia para decretar, modificar o suprimir tributos en tiempo de paz es competencia exclusiva de los órganos de representación popular pluralistas; ii) el deber de estos órganos de predeterminar con claridad y certeza los elementos mínimos de la obligación tributaria y iii) la prohibición a las entidades territoriales de establecer contribuciones en contravención a lo dispuesto en la Constitución y la ley. En la misma línea, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se ha pronunciado sobre el particular al considerar que el señalado principio supone que tanto los contribuyentes como las autoridades administrativas y judiciales, al cumplir sus obligaciones o exigir sus derechos respecto de la liquidación, declaración, pago y recaudo de los tributos, entre otros, deben sujetarse a los mandatos de la ley.
NOTA DE RELATORÍA:
La decisión expone en qué consiste cada uno de los elementos esenciales del tributo, a saber: los sujetos activo y pasivo, el hecho y la base gravable, y la tarifa a cobrar con la obligación tributaria. Sobre el principio de legalidad de los tributos ver: Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 25 de agosto de 2014. Exp. 2199.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 150, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 338
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA / NATURALEZA JURÍDICA DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
OBITER DICTUM
FONVIVIENDA fue creado a través del Decreto Ley 555 de 2003 como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni planta de personal propia; sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden nacional y estará adscrito al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En el marco de sus objetivos, corresponde a FONVIVIENDA consolidar el Sistema Nacional de Vivienda y ejecutar las políticas del Gobierno nacional en materia de vivienda de interés social urbana. Para ello, administra los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación en inversión para vivienda de interés urbana, así como los recursos apropiados para la formulación, organización, promoción, desarrollo, mantenimiento y consolidación del Sistema Nacional de Información de Vivienda, y demás bienes y recursos mencionados en el Decreto. (…) Para la administración de sus fondos, FONVIVIENDA se encuentra autorizado, por expreso mandato legal, para celebrar, entre otros, contratos de fiducia o encargos fiduciarios. (…) Por expreso mandato del artículo 23 de la Ley 1469 de 2011 (…) FONVIVIENDA «deberá» ejercer las facultades otorgadas en el mencionado artículo 22 [de la Ley 1469 de 2011] a través de contratos de fiducia mercantil, sometidos a las reglas generales y de derecho comercial, los cuales se encuentran además excluidos de las limitaciones y restricciones consagradas en el numeral 5º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.
NOTA DE RELATORÍA:
La decisión describe los dos principales programas de vivienda que desarrolla FONVIVIENDA, a saber: programa de vivienda gratuita y programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 555 DE 2003, LEY 1469 DE 2011
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA / CAUSACIÓN DE LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA / HECHO GENERADOR DE LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD
Problema jurídico:
¿Es posible señalar que en los contratos de obra de derecho privado suscritos por una fiduciaria en calidad de vocera de un patrimonio autónomo se configura el hecho generador de la estampilla "Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia"?
Respuesta al problema jurídico: No
En el caso de los contratos de obra y conexos, suscritos en desarrollo de un contrato de fiducia mercantil celebrado entre el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) y una sociedad fiduciaria, no se configura el hecho generador de la estampilla «Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia», pues: i) Dichos contratos de obra y conexos son celebrados por la sociedad fiduciaria, en calidad de vocera y administradora del correspondiente patrimonio autónomo; ii) El Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) no es parte en dichos contratos, pues por el mandato legal, consagrado en el artículo 23 de la Ley 1469 de 2011, dicha entidad debe ejecutar la estructuración de planes de vivienda de interés social y otros, mediante la celebración de contratos de fiducia mercantil, con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial, y iii) El patrimonio autónomo no tiene la calidad de entidad estatal, en los términos del artículo 2º de la Ley 80 de 1993.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el hecho generador de la estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia, ver: Sección Cuarta. Sentencia del 7 de abril de 2022. Radicación número: 11001-03-27-000-2021-00016-00 (25500).
FUENTE FORMAL:
LEY 1697 DE 2013 - ARTÍCULO 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2
PATRIMONIO AUTÓNOMO / NATURALEZA JURÍDICA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO / CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / CAUSACIÓN DE LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA / RETENCIÓN DEL TRIBUTO
Problema jurídico:
¿Los patrimonios autónomos derivados de los contratos de fiducia mercantil celebrados por FONVIVIENDA pueden asimilarse a una entidad estatal del orden nacional de las establecidas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 y, por consiguiente, puede una entidad pública exigirles que retengan las sumas de dinero correspondientes a la estampilla "Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia" en los contratos de obra de derecho privado que suscriba su vocera?
Respuesta al problema jurídico: No
Tampoco es posible considerar que los mencionados patrimonios autónomos tienen la calidad de «entidad estatal», teniendo en cuenta que: a) Independientemente de si los recursos aportados y manejados mediante el patrimonio autónomo mantienen la calidad de recurso público, lo cierto es que tal carácter no convierte a dicho patrimonio en entidad estatal, lo cual se concluye del contenido del artículo 2º de la Ley 80 de 1993. b) Al tratarse de una norma de competencia para celebrar contratos, su interpretación es restrictiva, de tal suerte que únicamente tienen la calidad de entidad estatal los entes allí señalados. En suma, es dable concluir que en los contratos de obra y conexos, suscritos en desarrollo de un contrato de fiducia mercantil celebrado entre FONVIVIENDA y una sociedad fiduciaria, no se configura el hecho generador de la estampilla «Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia», pues: i) Dichos contratos de obra y conexos son celebrados por la sociedad fiduciaria, en calidad de vocera y administradora del correspondiente patrimonio autónomo; ii) FONVIVIENDA no es parte en dichos contratos, y iii) El patrimonio autónomo no tiene la calidad de entidad estatal, en los términos del artículo 2º de la Ley 80 de 1993. Al no configurarse el hecho generador, el patrimonio autónomo no tiene la obligación de retener el tributo. Asimismo, tampoco puede una entidad pública exigirle dicha retención.
NOTA DE RELATORÍA:
La decisión expone el concepto de entidad estatal desde diversos ámbitos, a saber: a) la organización administrativa (Ley 489 de 1998); b) la jurisdicción contencioso administrativa (artículos 104 de la Ley 1437 de 2011 y 46 de la Ley 1563 de 2012), y c) los contratos estatales (artículo 2 de la Ley 80 de 1993). Sobre la naturaleza jurídica de los patrimonios autónomos que se derivan de los contratos de fiducia mercantil, ver: Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 14 de diciembre de 2005. Radicación número: 11001-03-06-000-2005-01705-00; Consejo De Estado. Sección Tercera. Sentencia del 16 de septiembre de 2021. Exp. 66091. Radicación número: 11001-03-26-000-2020-00076-00(66091)A; Consejo De Estado. Sección Tercera. Sentencia del 18 de diciembre de 2020. Radicación número: 11001-03-26-000-2019-00091-00(64129); Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 2 de octubre de 2019. Exp. 62199.
FUENTE FORMAL:
LEY 1697 DE 2013 - ARTÍCULO 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2
HECHO GENERADOR DE LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD / APLICACIÓN DE LA ANALOGÍA / PRINCIPIO DE RESERVA LEGAL / PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA
Problema jurídico:
Teniendo en cuenta que la Ley 1697 de 2013 establece que el hecho generador está constituido por todo contrato de obra pública que suscriban las entidades del orden nacional, ¿es posible con base en Ia analogía o en interpretaciones extender el hecho generador de la estampilla "Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia" a contratos de obra no suscritos por entidades del orden nacional definidas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 sin vulnerar el principio de reserva legal de los tributos?
Respuesta al problema jurídico: No
Con fundamento en el principio de legalidad del tributo, no resulta válido, a través de la analogía o una interpretación extensiva, ampliar el hecho generador de la estampilla «Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia» con el propósito de incluir en el hecho generador los contratos de obra no suscritos por entidades del orden nacional, entendidas estas en los términos del artículo 2º de la Ley 80 de 1993.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 150, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 338
HECHO GENERADOR DE LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD / DECRETO REGLAMENTARIO / PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA
Problema jurídico:
¿Puede ser ampliado el hecho generador de la estampilla "Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia" vía decreto reglamentario pese a lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución Política?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con el principio de legalidad del tributo consagrado en el artículo 338 de la Constitución Política, no es posible ampliar el hecho generador de la estampilla «Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia» a través de un decreto reglamentario.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 150, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 338
EXHORTO
OBITER DICTUM
La Sala de Consulta y Servicio Civil exhorta al Gobierno nacional a presentar al Congreso de la República, si a así lo considera pertinente, un proyecto de ley dirigido a incorporar el principio de transparencia tributaria en el ámbito de la Ley 1697 de 2013.