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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: debe negarse la solicitud de nulidad absoluta del contrato

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Fecha
2024-10-25
Radicado
44001334000020140010501
Número interno
68940
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
OBSERVATORIO DE COYUNTURA ECONOMICA POLITICA AMBIENTAL Y SOCIAL LIMITADA - OCEPAYS
Demandado
MUNICIPIO DE MANAURE (GUAJIRA)

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: debe negarse la solicitud de nulidad absoluta del contrato

Lo que dijo la Sala

La Sala encuentra que, en virtud del contrato, el municipio de Manaure no delegó al contratista funciones administrativas tributarias, como las señaladas en la Ley 1386 de 2010. Tampoco se delegaron al Observatorio funciones administrativas de otra naturaleza. Por tanto, no se configuró una causal de nulidad del contrato por objeto ilícito o por violación de los artículos 110 y 111 de la Ley 489 de 1998.… En el expediente no se encuentra ninguna documentación que acredite el registro presupuestal necesario para iniciar la ejecución del contrato en 2009. Tampoco obran autorizaciones del concejo municipal para comprometer vigencias futuras ordinarias.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede solicitar la nulidad absoluta del contrato por el desconocimiento de las normas presupuestales que regulan el pago de las obligaciones dinerarias, ya que la Ley 80 de 1993 y las normas orgánicas del presupuesto no establecen esta causal de nulidad, aunque la transgresión de estas normas pueda implicar reproches disciplinarios para los responsables y efectos presupuestales adversos para el ente territorial. La entidad estatal no delegó al contratista funciones administrativas tributarias ni obran en el expediente pruebas que acrediten el registro presupuestal necesario para iniciar la ejecución del contrato, ni autorizaciones del concejo municipal para comprometer vigencias futuras ordinarias, lo que implica que la solicitud de nulidad absoluta es improcedente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Debe negarse la solicitud de nulidad absoluta del contrato, toda vez que el desconocimiento de las normas presupuestales que disciplinan el pago de las obligaciones dinerarias que surgen del contrato estatal no constituye una de dichas causales de nulidad?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1386 de 2010
  • Ley 489 de 1998, arts. 110 y 111
  • Ley 80 de 1993

También resuelve

  • ¿El municipio, a través del concejo, puede determinar los sujetos pasivos y las tarifas de la obligación tributaria sustancial…
  • ¿El municipio, en ejercicio de sus funciones administrativas, está facultado para ejecutar la liquidación y cobro del impuesto predial?
  • ¿Se acreditó la delegación de las funciones administrativas de liquidación, cobro y recaudación del impuesto predial, en la ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito para fortalecer…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBJETO ILÍCITO NORMATIVA DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA INEXISTENCIA DEL VICIO DE NULIDAD ALEGADO CONTRATO ADMINISTRATIVO OBLIGACIÓN DINERARIA DELEGACIÓN DE FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA IMPROCEDENCIA DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA REQUISITOS DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EXIGIBILIDAD DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INEXISTENCIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO DE CUANTÍA INDETERMINABLE FUNCIONES DEL MUNICIPIO AUTONOMÍA TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO IMPUESTO A LA PROPIEDAD INMUEBLE BIEN GRAVADO CON IMPUESTO ENTIDAD AUTORIZADA PARA EL RECAUDO DEL IMPUESTO CONTROL AL RECAUDO DE RENTA POR EL MUNICIPIO SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN RESGUARDO INDÍGENA PROPIEDAD COLECTIVA DEL RESGUARDO INDÍGENA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO PAGO DE LA COMPENSACIÓN FUNCIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI AVALÚO DEL PREDIO ACTIVIDAD CATASTRAL FUNCIÓN CATASTRAL FACULTADES DEL CONCEJO MUNICIPAL FIJACIÓN DE LA TARIFA DEL IMPUESTO BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO BASE GRAVABLE DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA LÍMITES DE LA FACULTAD IMPOSITIVA DEL MUNICIPIO FALTA DE COMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL FUNCIÓN ADMINISTRATIVA LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL ACTO DE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL COBRO COACTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL FACTURA DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO PAGO DE LA DEUDA FISCAL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL DEBERES DEL CONTRATISTA LINDEROS METODOLOGÍA DEL AVALÚO DEL BIEN PAGO DEL TRIBUTO CONTRATO DE GESTIÓN TRIBUTARIA AUMENTO DE LA TARIFA DEL IMPUESTO INGRESO QUE INCREMENTA EL PATRIMONIO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA FALTA DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GESTIÓN PÚBLICA INTERVENCIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA POTESTAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRIBUTO PAGO AL CONTRATISTA VIGENCIA FISCAL CARGA DE LA PRUEBA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO VIGENCIA FISCAL EXPIRADA CAUSACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL FACTURA DE COBRO INGRESOS DEL CONTRATISTA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA HONORARIOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRECIO DE MERCADO INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATO ESTATAL DE EJECUCIÓN SUCESIVA VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL RECAUDO DEL IMPUESTO OBLIGACIÓN CONDICIONAL EN EL CONTRATO ESTATAL ACTIVIDAD ENERGÉTICA EXPLOTACIÓN DE MINERALES PREDIO RURAL DESTINADO A EXPLOTACIÓN MINERA PROYECTO CERREJÓN ZONA NORTE ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN FACTURA DE COBRO FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CATASTRAL REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL ENTIDAD TERRITORIAL RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO MORA EN EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA LIQUIDACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA TASA DE INTERÉS MORATORIO

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Titulación de la relatoría 19.942 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / OBJETO ILÍCITO / NORMATIVA DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA / INEXISTENCIA DEL VICIO DE NULIDAD ALEGADO / CONTRATO ADMINISTRATIVO / OBLIGACIÓN DINERARIA / DELEGACIÓN DE FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / IMPROCEDENCIA DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / REQUISITOS DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / EXIGIBILIDAD DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / INEXISTENCIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL / CONTRATO DE CUANTÍA INDETERMINABLE Problema jurídico: ¿Debe negarse la solicitud de nulidad absoluta del contrato, toda vez que el desconocimiento de las normas presupuestales que disciplinan el pago de las obligaciones dinerarias que surgen del contrato estatal no constituye una de dichas causales de nulidad? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala encuentra que, en virtud del contrato, el municipio de Manaure no delegó al contratista funciones administrativas tributarias, como las señaladas en la Ley 1386 de 2010. Tampoco se delegaron al Observatorio funciones administrativas de otra naturaleza. Por tanto, no se configuró una causal de nulidad del contrato por objeto ilícito o por violación de los artículos 110 y 111 de la Ley 489 de 1998. (…) En el expediente no se encuentra ninguna documentación que acredite el registro presupuestal necesario para iniciar la ejecución del contrato en 2009. Tampoco obran autorizaciones del concejo municipal para comprometer vigencias futuras ordinarias. El único documento que reposa en el expediente sobre el manejo presupuestal del contrato es el registro presupuestal 386, emitido en noviembre de 2011 por el municipio de Manaure para efectuar un pago de (...) al Observatorio por el incremento del recaudo derivado de las compensaciones efectuadas por la Nación al municipio. (…) Más allá de la ausencia de pruebas que permitan apuntalar una conclusión clara sobre este punto, la Sala debe reiterar que el desconocimiento de las normas presupuestales que disciplinan el pago de las obligaciones dinerarias que surgen del contrato estatal no constituye una causal de nulidad absoluta, porque esa consecuencia no está prevista en Ley 80 de 1993 ni en las normas orgánicas del presupuesto. Esto se entiende sin perjuicio de que la transgresión de estas normas pueda dar lugar a reproches disciplinarios para aquellos que los ejecutan, con posibles efectos presupuestales adversos para el ente territorial. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la aplicación de las normas presupuestales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de agosto de 2014, rad. 28565, C. P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: LEY 1386 DE 2010, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 110, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 111, LEY 80 DE 1993 FUNCIONES DEL MUNICIPIO / AUTONOMÍA TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO / IMPUESTO A LA PROPIEDAD INMUEBLE / BIEN GRAVADO CON IMPUESTO / ENTIDAD AUTORIZADA PARA EL RECAUDO DEL IMPUESTO / CONTROL AL RECAUDO DE RENTA POR EL MUNICIPIO / SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN / RESGUARDO INDÍGENA / PROPIEDAD COLECTIVA DEL RESGUARDO INDÍGENA / BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO / PAGO DE LA COMPENSACIÓN / FUNCIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI / AVALÚO DEL PREDIO / ACTIVIDAD CATASTRAL / FUNCIÓN CATASTRAL / FACULTADES DEL CONCEJO MUNICIPAL / FIJACIÓN DE LA TARIFA DEL IMPUESTO / BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO / BASE GRAVABLE DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA / LÍMITES DE LA FACULTAD IMPOSITIVA DEL MUNICIPIO / FALTA DE COMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL Problema jurídico: ¿El municipio, a través del concejo, puede determinar los sujetos pasivos y las tarifas de la obligación tributaria sustancial, pero en cuanto a la base gravable no es titular de una función que le permitiera establecerla, ya que las atribuciones como autoridad catastral para determinar el avalúo de los predios situados en su jurisdicción recae sobre el IGAC? Respuesta al problema jurídico: Si En la fecha en que el municipio de Manaure y el Observatorio celebraron el contrato, los elementos del impuesto predial estaban regulados principalmente por la Ley 44 de 1990. De acuerdo con sus artículos 13 y 14, el hecho generador del impuesto consistía en la existencia del predio y en la propiedad o posesión ejercida sobre el mismo. Por otra parte, el artículo 2 determinaba que el sujeto activo de la obligación era el municipio donde se ubicaba el inmueble. (…) En cuanto a los sujetos pasivos del impuesto, cabe resaltar que el artículo 44 de la Ley 44 de 1990, modificado por la Ley 223 de 1995, estableció que la Nación, con cargo a su presupuesto, debía girar anualmente a los municipios donde existieran resguardos indígenas las sumas equivalentes a lo que estos dejaban de percibir por concepto del impuesto predial unificado, según certificación del tesorero municipal. De esta manera, aunque el hecho generador del tributo se verificara en relación con el resguardo indígena -predios de propiedad colectiva de comunidades indígenas-, el pago era asumido por la Nación. Asimismo, dicha norma dispuso que el IGAC debía formar los catastros correspondientes en el término de un año a partir de la vigencia de la Ley 223 de 1995, para facilitar la compensación económica de la Nación a los municipios. (…) [E]n relación con la definición de los elementos de la obligación tributaria sustancial, el municipio, a través del concejo, podía determinar algunos elementos de la obligación tributaria sustancial, como los sujetos pasivos y las tarifas. Sin embargo, en cuanto a la base gravable, el municipio no era titular de una función que le permitiera establecerla, ya que no tenía atribuciones como autoridad catastral y, por tanto, no estaba facultado para determinar el avalúo de los predios situados en su jurisdicción. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la determinación del sujeto pasivo del impuesto predial, ver: Consejo de Estado, Sección Cuarta, rad. 19220, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; Corte Constitucional, sentencia de 27 de marzo de 2014, C 517 de 2007. FUENTE FORMAL: LEY 223 DE 1995, LEY 44 DE 1990 - ARTÍCULO 13, LEY 44 DE 1990 - ARTÍCULO 14, LEY 44 DE 1990 - ARTÍCULO 2, LEY 44 DE 1990 - ARTÍCULO 44 FUNCIONES DEL MUNICIPIO / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL / ACTO DE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL / COBRO COACTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL / FACTURA DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO / PAGO DE LA DEUDA FISCAL Problema jurídico: ¿El municipio, en ejercicio de sus funciones administrativas, está facultado para ejecutar la liquidación y cobro del impuesto predial? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l municipio de Manaure sí desempeñaba funciones administrativas para (i) la liquidación del valor a pagar por cada sujeto pasivo del impuesto predial y (ii) el cobro de dichas sumas. La primera función estaba prevista en el artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, posteriormente modificada por la Ley 1430 de 2010, que autorizó a los municipios a utilizar el sistema de facturación como medio para la liquidación oficial del impuesto predial. La segunda función derivaba del artículo 59 de la Ley 788 de 2002, el cual establecía que los municipios aplicarían los procedimientos previstos en el libro V del Estatuto Tributario Nacional para la administración y cobro de los impuestos que administraran, incluyendo la prerrogativa de cobrar coactivamente las deudas fiscales regulada en su título VIII. FUENTE FORMAL: LEY 1111 DE 2006 - ARTÍCULO 69, LEY 1430 DE 2010, LEY 788 DE 2002 - ARTÍCULO 59 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO / PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL / RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL / PROPIEDAD COLECTIVA DEL RESGUARDO INDÍGENA / DEBERES DEL CONTRATISTA / LINDEROS / METODOLOGÍA DEL AVALÚO DEL BIEN / PAGO DEL TRIBUTO / CONTRATO DE GESTIÓN TRIBUTARIA / LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL / FIJACIÓN DE LA TARIFA DEL IMPUESTO / AUMENTO DE LA TARIFA DEL IMPUESTO / INGRESO QUE INCREMENTA EL PATRIMONIO / IMPROCEDENCIA DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / COBRO COACTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL / FALTA DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / GESTIÓN PÚBLICA / INTERVENCIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA / POTESTAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRIBUTO Problema jurídico: ¿Se acreditó la delegación de las funciones administrativas de liquidación, cobro y recaudación del impuesto predial, en la ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito para fortalecer la gestión administrativa de las entidades públicas encargadas del recaudo? Respuesta al problema jurídico: No La Sala advierte que las obligaciones que el Observatorio asumió con el municipio tenían como objetivo incrementar sus ingresos tributarios a través de tres vías diferentes. Primero, mediante la actualización de las formaciones catastrales y los avalúos de los predios de propiedad colectiva de comunidades indígenas y de los predios destinados a actividades minero-energéticas. Para lograrlo, el contratista debía alinderar estos predios y coordinar sus gestiones con otras autoridades catastrales distintas al IGAC. Segundo, a través de gestiones ante la Nación para recibir el pago del gravamen sobre los terrenos del resguardo indígena. En este sentido, el Observatorio debía elaborar una liquidación que sirviera como soporte para la certificación que el tesorero municipal debía remitir al Ministerio de Hacienda. Tercero, mediante la elaboración de una propuesta de acuerdo para presentar al concejo municipal, con el propósito de incrementar la tarifa del impuesto y establecer mecanismos alternativos para la liquidación del impuesto predial, distintos al sistema de facturación. El análisis del estudio previo y del contrato evidencia que el municipio no delegó al Observatorio las funciones de liquidación, cobro y recaudación del impuesto predial. (…) El Observatorio asumió obligaciones propias de un contrato de prestación de servicios, cuyo objetivo es fortalecer la gestión administrativa y el funcionamiento de las entidades públicas, sin que ello implique el traslado de funciones públicas. Este tipo de contratos busca proporcionar el soporte o acompañamiento necesario para cumplir con los objetivos de las entidades cuando, por sí solas y mediante sus medios ordinarios, no pueden satisfacer sus necesidades, debido a la complejidad de las actividades o a la necesidad de conocimientos especializados. IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / PAGO AL CONTRATISTA / VIGENCIA FISCAL / INEXISTENCIA DEL VICIO DE NULIDAD ALEGADO / CARGA DE LA PRUEBA / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA / CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / VIGENCIA FISCAL EXPIRADA / CAUSACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL / FACTURA DE COBRO / INGRESO QUE INCREMENTA EL PATRIMONIO / INGRESOS DEL CONTRATISTA / UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / HONORARIOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / PRECIO DE MERCADO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La remuneración de los servicios prestados por el contratista en función de los mayores ingresos obtenidos por la entidad contratante, tiene un origen lícito y no representa una onerosidad que configure una causal de nulidad del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con los artículos 1742 del Código Civil y 141 del CPACA, la Sala tiene la facultad de declarar de oficio la nulidad del contrato, pero esta potestad se ejerce únicamente cuando el vicio que fundamenta la causal de nulidad es evidente y está plenamente demostrado, lo cual no ocurre en este caso. Las condiciones para que se causara la remuneración del contratista respecto de las estimaciones para los años 2008 y 2009 no eran las mismas. Esto se debe a que, en la fecha de celebración del contrato, ya había finalizado la vigencia del año 2008, se había causado el impuesto predial y se debían haber realizado las gestiones de cobro mediante la expedición de las facturas. Por lo tanto, el incremento de los ingresos del municipio para esa vigencia no dependía únicamente de la actualización de los avalúos catastrales antes de la facturación del impuesto a los sujetos pasivos, sino también de actuaciones adicionales, como, por ejemplo, la reliquidación de estos en los casos en que fuera legalmente procedente. (…) Además, la remuneración de los servicios prestados por el contratista en función de los mayores ingresos obtenidos por la entidad contratante no está prohibida por la ley; es decir, no tiene un objeto ilícito. La ley tampoco establece parámetros únicos sobre la proporcionalidad de una remuneración variable como la acordada en este caso, y en el expediente no existen estudios que permitan inferir que el porcentaje pactado superó injustificadamente los precios de mercado. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1742 LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL DE EJECUCIÓN SUCESIVA / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / PAGO AL CONTRATISTA / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / RECAUDO DEL IMPUESTO / INGRESO QUE INCREMENTA EL PATRIMONIO / RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL / VIGENCIA FISCAL / OBLIGACIÓN CONDICIONAL EN EL CONTRATO ESTATAL / ACTIVIDAD ENERGÉTICA / EXPLOTACIÓN DE MINERALES / PREDIO RURAL DESTINADO A EXPLOTACIÓN MINERA / PROYECTO CERREJÓN ZONA NORTE / ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN FACTURA DE COBRO / FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CATASTRAL / REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿En relación con las gestiones adelantadas por el contratista para incrementar el recaudo del impuesto sobre los predios explotados por Cerrejón, se probó el cumplimiento de la condición para exigir al municipio el pago de la remuneración, consistente en el pago efectivo de las facturas de cobro? Respuesta al problema jurídico: No Los presupuestos para liquidar judicialmente el contrato se cumplen, ya que: (i) el contrato terminó por vencimiento del plazo; (ii) se trata de un contrato sujeto a liquidación por ser de ejecución diferida, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993; (iii) las partes no liquidaron el contrato de mutuo acuerdo y la entidad tampoco lo liquidó unilateralmente en el término legal; y, (iv) el Observatorio solicitó la liquidación en las pretensiones de la demanda oportunamente radicada, indicando que había unos pagos pendientes a su favor. En consecuencia, la Sala declarará judicialmente liquidado el contrato. (…) Para establecer el ajuste final de cuentas y determinar si efectivamente el municipio de Manaure adeuda alguna suma al Observatorio por los servicios prestados, la Sala analiz[ó] la forma de pago convenida por las partes y, (…) si se produjo un incremento en el recaudo del impuesto predial (…) En el expediente no hay prueba de cuáles sumas recaudó efectivamente el municipio por concepto del impuesto predial pagado por Cerrejón respecto de las vigencias de 2008 y 2009. Por lo tanto, no se acreditó el nacimiento de una obligación dineraria a cargo del municipio que no haya sido satisfecha. (…) En el expediente no está acreditado que las facturas para el cobro del impuesto, que constituyen auténticos actos administrativos, hubieran quedado en firme y que, por tanto, tuvieran la fuerza ejecutiva y ejecutoria que les es propia. Por tanto, no se probó que hubiera nacido el derecho del municipio a exigir el pago de la deuda incluso contra la voluntad del contribuyente. (…) [E]l IGAC expidió la Resolución 44-000-0022000, mediante la cual revocó las resoluciones que efectuaron la inscripción catastral de la línea férrea y la carretera del Cerrejón. Estas resoluciones catastrales eran el fundamento de derecho de las facturas expedidas por la entidad territorial. Como consecuencia de su revocatoria, los actos de cobro del impuesto predial perdieron su fuerza ejecutoria, ya que, en los términos del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo -vigente en ese entonces- sus fundamentos jurídicos desaparecieron. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 66, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / PAGO AL CONTRATISTA / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / VIGENCIA FISCAL / PROPIEDAD COLECTIVA DEL RESGUARDO INDÍGENA / COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL / ENTIDAD TERRITORIAL / INGRESO QUE INCREMENTA EL PATRIMONIO Problema jurídico: ¿La remuneración a la que tiene derecho el contratista se limita al aumento del recaudo por el impuesto predial causado en la vigencia fiscal de 2009? Respuesta al problema jurídico: Si En relación con la vigencia de 2008, no está probado que se haya aumentado el recaudo. (…) Con respecto a la vigencia 2009, la Sala nota que en el expediente reposa un certificado del municipio que indica que, según lo aprobado en el Acuerdo 026 de 2008, para el año 2009 se presupuestó la suma de $63’500.000 en la cuenta 1110015 por concepto del impuesto predial y sobretasa ambiental. Además, obra una certificación del tesorero municipal que indica que el valor efectivamente “dejado de recaudar por concepto del impuesto predial (…) de los predios pertenecientes a los resguardos indígenas” en la vigencia 2009 fue de $70.980.385, lo que genera una diferencia de $7.480.385. (…) La Sala tampoco pasa por alto que en el expediente reposa una constancia del pago realizado por el Ministerio de Hacienda al municipio para la vigencia de 2010 por compensación del impuesto predial del resguardo indígena. Sin embargo, el Observatorio no tiene derecho a un porcentaje del aumento del recaudo que se produjo en esa vigencia. (…) Al restar la estimación hecha por el municipio ($63.500.000) del valor efectivamente recaudado por concepto de impuesto predial y la sobretasa ambiental en la vigencia de 2009 ($70.980.385), se obtiene una diferencia de $7.480.385. Sobre esta diferencia se calcula la remuneración del contratista, que equivale al 15%, es decir, $1.122.058. RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO / OBLIGACIÓN DINERARIA / MORA EN EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / OBLIGACIÓN CONDICIONAL EN EL CONTRATO ESTATAL / RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL / LIQUIDACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA / TASA DE INTERÉS MORATORIO Problema jurídico: ¿Procede el reconocimiento de los intereses de mora causados por el no pago oportuno de la remuneración a la que era acreedor el contratista? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n la pretensión 2.5 de la demanda, el Observatorio pidió que se liquiden intereses de mora sobre las sumas adeudadas por el municipio. Como ya se indicó, la obligación dineraria a cargo de la entidad territorial nacía en el momento en que se cumpliera la condición de que se recaudara una suma mayor a la estimada para la vigencia fiscal de 2009. Sin embargo, en el contrato no se fijó un plazo suspensivo para el pago una vez causada la obligación. Por lo tanto, de acuerdo con el numeral 3º del artículo 1608 del Código Civil y el artículo 94 del Código General del Proceso (CGP), la liquidación de los intereses de mora se hará a partir del día siguiente al 17 de septiembre de 2014, fecha de notificación del auto admisorio de la demanda. Dado que las partes no pactaron una tasa de interés moratorio, según lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 94, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1608 NUMERAL 3

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=440013340000201400105011100103