Titulación de la relatoría 27.925 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONTRATO DE CONCESIÓN / ALUMBRADO PÚBLICO / RED DE ALUMBRADO PÚBLICO / SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO / MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA / NORMATIVA DEL CONTRATO / LEY APLICABLE AL CONTRATO / ENTIDAD TERRITORIAL / CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD TERRITORIAL
Problema jurídico:
¿El régimen aplicable al contrato de concesión suscrito para el mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público, es el contenido en la Ley 80 de 1993 y sus reformas, no solo porque dicho servicio no se encuentra incorporado dentro del régimen de la Ley 142 de 1994 ateniente a los servicios públicos domiciliarios, sino también porque fue suscrito por una entidad estatal territorial?
Respuesta al problema jurídico: Si
En consideración a que el contrato de concesión del 28 de febrero de 1997 tuvo por objeto el mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público en toda la ciudad, incluyendo el suministro y la instalación de luminarias, su régimen es el contenido en la Ley 80 de 1993 y sus reformas —Estatuto General de Contratación de la Administración Pública—, no solo porque dicho servicio no se encuentra incorporado dentro del régimen de la Ley 142 de 1994 ateniente a los servicios públicos domiciliarios, sino también porque fue suscrito por una entidad estatal territorial, en los términos de los artículos 2 y 32 del primer estatuto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen de el régimen de los contratos cuyo objeto versa sobre el servicio de alumbrado público, consultar providencias de 15 de agosto de 2007, Exp. 25000-23-26-000-2003-00689-01(AP), C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 3 de agosto de 2017, Exp. 08001-23-31-000-2005-02501-01(52285), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 142 DE 1994, LEY 80 DE 1933 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 1 LITERAL A, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La acción de controversias contractuales resulta procedente para solicitar la declaratoria de incumplimiento del contrato de concesión objeto de estudio?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 del CCA, subrogado por el artículo 17 del Decreto 2304 de 1989 —norma vigente a la fecha de la interposición de las demandas—, la acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal. Como en este caso las pretensiones se encaminan a la declaratoria de incumplimiento del contrato de concesión objeto de estudio —responsabilidad contractual—, sin duda alguna la acción procedente es la contractual.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, DECRETO 2304 DE 1989 - ARTÍCULO 17
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN / PARTES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / PARTES DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra en cabeza de las partes del contrato de concesión, de modo que el municipio de Sincelejo y Electro Atlántico Ltda. poseen el interés jurídico que se debate en el presente asunto?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del CCA —antes de la subrogación de la Ley 446 de 1998—, la legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra en cabeza de las partes del contrato, de modo que el municipio de Sincelejo y Electro Atlántico Ltda. poseen el interés jurídico que se debate en el presente asunto y se encuentran legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, porque son los extremos de la relación contractual que suscitó la controversia en esta sede judicial. (...) Igualmente, cabe señalar que a la Electrificadora de Sucre S.A. E.S.P. le asiste interés en este proceso, pues fue vinculada a la litis como llamada en garantía por petición de la parte demandada, mediante auto del 10 de febrero de 19994.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / APLICABILIDAD DE LA REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL
Problema jurídico:
¿Cuentan con valor probatorio los documentos allegados al proceso en copia simple?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el expediente reposan varios documentos en copia auténtica y otros en copia simple. Estos últimos serán analizados, siempre que no hayan sido tachados de falsedad por alguna de las partes o exista alguna disposición que haga exigible el requisito de las copias auténticas o de una determinada copia, de conformidad con lo dispuesto por esta Corporación en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013.
NOTA DE RELATORÍA:
: Sobre el valor probatorio de las copias simples, consultar providencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.
CONTRATO DE CONCESIÓN / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PÓLIZA DE SEGURO EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN / VALIDEZ DE LA PÓLIZA DE SEGURO EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN / CONDICIONES DE LA PÓLIZA DE SEGURO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El contrato de concesión se perfeccionó, pese a que las pólizas de garantía aportadas al expediente no reunían las condiciones estipuladas al no especificar los porcentajes como se debía, al no contar con la nota de recibido por parte de la alcaldía de Sincelejo y al no demostrarse que estuvieran autorizadas por la Superintendencia Bancaria?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Tribunal a quo consideró que el contrato de concesión no se perfeccionó, en la medida en que las pólizas de garantía aportadas al expediente no reunían las condiciones estipuladas, al no especificar los porcentajes como se debía, al no contar con la nota de recibido por parte de la alcaldía de Sincelejo y al no demostrarse que estuvieran autorizadas por la Superintendencia Bancaria. En contraste con lo expuesto en la sentencia de primera instancia, en el recurso de apelación se indicó que el a quo realizó una lectura indebida de la Ley, confundiendo el concepto de perfeccionamiento del contrato estatal con el de ejecución. (...) Contextualizado lo anterior, la Sala precisa que, según el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 —norma vigente para la época en que se celebró el contrato de concesión—, los contratos estatales se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y que se eleve a escrito (inciso primero), estableciendo, además, que para su ejecución se requiere de la aprobación de la garantía y de la existencia de disponibilidades presupuestales (inciso segundo). De tiempo atrás, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado reiteradamente que la lectura del artículo ibídem no ofrece complejidad, en tanto establece y distingue de manera clara el momento y los requisitos del perfeccionamiento del contrato con los de ejecución. Mientras que los negocios jurídicos estatales existen y se perfeccionan una vez se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación (elementos sustanciales) y además se consigne por escrito (elemento formal de la esencia), para la correspondiente ejecución se necesita de la aprobación de la garantía y de la existencia de disponibilidades presupuestales, significando esto último que la ausencia de garantía o de registro presupuestal no son condiciones de la existencia del negocio jurídico. (...) Precisado lo anterior, la Sala concluye que le asiste razón al recurrente, pues en efecto el Tribunal a quo confundió los requisitos de perfeccionamiento del contrato estatal con los de ejecución. En efecto, en el fallo de primera instancia se sostuvo que el negocio jurídico en cuestión no se perfeccionó, en tanto las pólizas de garantía no cumplieron con ciertas condiciones, afirmación que no se acompasa con las previsiones contenidas en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, porque, precisamente, las garantías atañen a un requisito de ejecución del contrato, mas no de su perfeccionamiento. Lo anterior, ya que este último se concreta con el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, elevándose a escrito. Ciertamente, en la cláusula décima primera del contrato de concesión objeto de estudio, se pactó que el negocio jurídico se entendería perfeccionado con la firma del documento correspondiente y que para su ejecución se requería de la aprobación de garantías y de la publicación en la gaceta municipal, distinguiendo así, conforme lo prevé la Ley, el perfeccionamiento y la ejecución (...). En tal sentido, contrario a lo concluido por el Tribunal, para la Sala no existe duda que el contrato de concesión suscrito el 28 de febrero de 1997 entre el municipio de Sincelejo y Electro Atlántico Ltda. sí se perfeccionó, porque, además de que se elevó a escrito, hubo acuerdo sobre el objeto y la contraprestación (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el perfeccionamiento del contrato estatal, consultar providencias de 30 de julio de 2008, Exp. 15079, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; y de 10 de septiembre de 2014, Exp. 28079, C.P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Los elementos principales de la responsabilidad contractual de la administración pública son el incumplimiento de una obligación surgida del contrato imputable a la Administración Pública, el daño antijurídico sufrido por el contratista o el menoscabo de su derecho a la prestación y, el nexo causal entre el daño antijurídico sufrido por el contratista y el incumplimiento de la obligación imputable a la Administración Pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como lo ha precisado esta Subsección, la responsabilidad civil contractual se funda en la existencia de una obligación derivada de un contrato, cuyo cumplimiento haya sido omitido por el demandado, ocasionando con ello un menoscabo a un interés jurídicamente protegido en cabeza del demandante y, a su turno, la responsabilidad contractual de la administración requiere la existencia de una obligación surgida de un contrato, cuyo cumplimiento sea imputable a la administración contratante y haya ocasionado el menoscabo de su derecho a la prestación. (...) En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha establecido que los elementos principales de la responsabilidad contractual de la administración pública son: “a) [e]l incumplimiento de una obligación surgida del contrato, imputable a la Administración Pública. b) [e]l daño antijurídico sufrido por el contratista o el menoscabo de su derecho a la prestación. c) [el] nexo causal entre el daño antijurídico sufrido por el contratista y el incumplimiento de la obligación imputable a la Administración Pública”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los elementos de la responsabilidad contractual, consultar providencias de 25 de febrero de 2009, Exp. 16103, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 28 de octubre de 2019, Exp. 40992, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 4 de julio de 1992, Exp. 6461.
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL JUEZ
Problema jurídico:
¿Cuando no exista suficiente claridad o precisión en cuanto al alcance y contenido del documento contractual o se evidencie una contradicción entre las estipulaciones contenidas en el acuerdo de voluntades, e incluso cuando existe claridad en el lenguaje utilizado pero las partes le atribuyen un significado divergente, corresponde al juez adelantar la labor de interpretación del negocio jurídico con miras a establecer la real intención de los contratantes y el contenido genuino de lo estipulado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]uandoquiera que no exista suficiente claridad o precisión en cuanto al alcance y contenido del documento contractual o se evidencie una contradicción entre las estipulaciones contenidas en el acuerdo de voluntades, e incluso cuando existe claridad en el lenguaje utilizado pero las partes le atribuyen un significado divergente, corresponde al juez adelantar la labor de interpretación del negocio jurídico con miras a establecer la real intención de los contratantes y el contenido genuino de lo estipulado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1618 del Código Civil, según el cual “conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”. En tal sentido, el contrato debe ser interpretado de acuerdo con la naturaleza del negocio celebrado, en forma sistemática, racional y lógica, con el fin de establecer la voluntad común de los contratantes o dándole a cada cláusula el sentido que mejor convenga en su totalidad o deberá estarse a la interpretación que mejor encuadre con su naturaleza.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / ALUMBRADO PÚBLICO / RED DE ALUMBRADO PÚBLICO / SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO / MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO / REMUNERACIÓN EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN / TASA / TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO / COBRO DE LA TASA / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN DEL PAGO DEL TRIBUTO / OBLIGADOS A RESPONDER POR EL PAGO DEL TRIBUTO / SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Debe declararse la responsabilidad contractual del municipio de Sincelejo, dado que, durante el periodo comprendido entre el 28 de febrero de 1997 y el 30 de abril de 1998, incumplió el contrato de concesión al no pagar la retribución acordada como contraprestación y omitió consignar los valores recaudados en la cuenta destinada para tal fin?
Respuesta al problema jurídico: No
El 28 de febrero de 1997, el municipio de Sincelejo —concedente— y la sociedad Electro Atlántico —concesionario— suscribieron un contrato de concesión para el mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público en toda la ciudad, incluyendo el suministro y la instalación de luminarias. En la cláusula novena del negocio jurídico, concerniente a la forma y a las condiciones de remuneración, se pactó que el ente territorial debería retribuir al concesionario el costo mensual de sus obligaciones —de suministro, operación y mantenimiento—, con el recaudo del ingreso del servicio alumbrado público, cediendo en consecuencia el Municipio y a favor de Electro Atlántico Ltda. los derechos sobre la tasa respectiva. En dicha cláusula, también se acordó que la facturación y el recaudo del alumbrado público estarían a cargo de la Electrificadora de Sucre S.A. E.S.P., y que dicho recaudo sería canalizado por una fiduciaria que debía contratar el concesionario. Posteriormente, el 30 de agosto de 1997, el municipio de Sincelejo y la Electrificadora de Sucre S.A. E.S.P, de acuerdo con lo establecido en la cláusula novena del contrato de concesión, celebraron un convenio interadministrativo en el cual, entre otros, se estipuló que la electrificadora debía facturar la tasa de alumbrado público y recaudar y trasladar los dineros recaudados a la fiduciaria Fidugan S.A. El 27 de marzo de 1998, en virtud de lo acordado en el contrato de concesión, Electro Atlántico Ltda. y la fiduciaria Fidugan S.A., suscribieron un contrato de fiducia mercantil, con la finalidad de constituir un patrimonio autónomo conformado por recursos provenientes del recaudo del alumbrado público. En ejercicio de la acción de controversias contractuales, Electro Atlántico Ltda. solicita que se declare que el municipio de Sincelejo incumplió el contrato, porque —según se afirma en la demanda—, durante el período comprendido entre el 28 de febrero de 1997 —fecha en que se suscribió el contrato de concesión— y el 30 de abril de 1998, el ente territorial no le pagó al concesionario la contraprestación por los servicios a su cargo y porque no garantizó el traslado de los dineros recaudados a la cuenta destinada para tal fin. (…) La responsabilidad contractual que Electro Atlántico Ltda. pretende endilgarle al municipio de Sincelejo se centra en la forma y condiciones de la remuneración acordada en el contrato de concesión (…). [E]n el presente caso emerge con claridad que la voluntad de las partes, reflejada en las cláusulas primera y novena del contrato de concesión, en concordancia con lo estipulado en las cláusulas primera y segunda del convenio interadministrativo, consistió en que el Municipio, a través del recaudo efectivo del servicio de alumbrado público, retribuiría al concesionario por las labores a su cargo, recaudo que, por demás, llevaría a cabo la Electrificadora de Sucre S.A. E.S.P., quien posteriormente trasladaría los recursos a la fiduciaria Fidugan S.A., frente a lo cual cabe agregar que la alcaldía de Sincelejo, a efectos de concretar la remuneración, le cedió a Electro Atlántico Ltda., durante el término de la concesión, los derechos que tenía sobre la tasa. En pocas palabras, aunque el Municipio no estaba obligado a efectuar un pago directo al concesionario, pues su valor se trasladó a los usuarios en forma de tributo —tasa—, sí estaba en el deber de retribuir al contratista por medio del recaudo efectivo del servicio de alumbrado público que realizara la Electrificadora de Sucre S.A. E.S.P., es decir, que estaba en el deber de garantizar que los valores efectivamente recaudados fueron trasladados a la fiducia destinada por el consorcio para tal fin. (…) Es así que en el sub lite, (…) las partes acordaron trasladar a los usuarios el valor de la retribución del contrato a favor del consorcio, en forma de tributo, el cual sería recaudado a través de la respectiva facturación como única fuente de recursos, remuneración que se percibe de los usuarios del servicio, frente a los cuales el concesionario estaba facultado para ejercer las acciones legales a efectos de cobrar los valores que estos dejaran de pagar (parágrafo de la cláusula quinta del convenio interadministrativo), de ahí que en los términos señalados por el recurrente, al ente territorial no le era dable pagar o reconocer algún valor como retribución a favor del demandante, porque en el contrato —más allá del recaudo del servicio de alumbrado público, trasladado en forma de tasa a los usuarios, como forma de remuneración— no se pactaron subvenciones ni garantías mínimas a cargo de la Administración, aspecto que se acompasa con la naturaleza del contrato de concesión que se celebró, que se caracteriza, entre otros, porque el concesionario es quien asume la gestión y riesgo de un servicio que corresponde al Estado. (…) Bajo el anterior contexto, la Sala estima que al municipio de Sincelejo, en los términos inicialmente señalados en la demanda, no se le puede atribuir un incumplimiento por el no pago de un valor directo como retribución entre el 28 de febrero de 1997 y el 30 de abril de 1998, toda vez que, como quedó visto, el pago de los valores a recaudar correspondía directamente a los usuarios del servicio, siendo esta la única fuente de recursos de la concesión, en tanto el ente territorial no se comprometió a poner dinero de su presupuesto para ajustar, completar o compensar los pagos que se hacían al concesionario. (…) [Ahora bien,] aunque el Municipio no estaba obligado a efectuar un pago directo al concesionario, sí estaba en el deber de retribuir al contratista por medio del recaudo efectivo de la tasa —labor a cargo de la Electrificadora de Sucre S.A. E.S.P. —, para lo cual debía garantizar que los valores efectivamente recaudados fueron trasladados a la cuenta de la fiducia destinada para tal fin. En ese sentido, la Sala observa que, aunque el contrato de concesión fue perfeccionado el 28 de febrero de 1997 (...), en el proceso no existen pruebas que permitan corroborar que el contrato se hubiera ejecutado entre el 28 de febrero de 1997 y el 30 de abril de 1998. Así, de la lectura del acta del 26 de junio de 1997, suscrita entre las partes (...), se desprende que para esa fecha el contrato no se había ejecutado, pues de su contenido se logra extraer que las partes en un principio acordaron modificar el plazo de iniciación del mismo —para el 26 de junio de 1997 y posteriormente para el 28 de agosto de 1997—, con fundamento en que aún no se había suscrito el convenio interadministrativo entre el Municipio y la Electrificadora de Sucre S.A. E.S.P. (…) En el mismo sentido, tras examinar el acta de reinicio del 10 de septiembre de 1997, suscrita entre las partes (...), igualmente se observa que para esa fecha el negocio jurídico no se había ejecutado (…). Ahora bien, en este contexto, podría considerarse que, con la suscripción del acta de reinicio del 10 de septiembre de 1997 el contrato de concesión comenzó a ejecutarse, de no ser porque del contenido del acta se desprende que para ese momento ni siquiera estaban dados los requisitos de ejecución del contrato, pues allí se indicó que, tras su firma, se procedería a verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución, para lo cual las partes acordaron que el contratista debería allegar “[…] los documentos y pólizas de garantía exigidos en el contrato de concesión, como requisitos legales, para lo cual se fija un plazo de ocho (8) días a partir de la fecha […]”, aspectos frente a los cuales no obra prueba en el plenario, de ahí que no se pueda colegir que el contrato en efecto se ejecutó con posterioridad a esta fecha, pues ni siquiera se acreditó que estuvieran dados los requisitos para tal efecto. (…) Así las cosas, y teniendo en cuenta que en el proceso no existen pruebas que conduzcan a concluir con plena certeza que el contrato de concesión se hubiera ejecutado durante el periodo comprendido entre el 28 de febrero de 1997 y el 30 de abril de 1998, para la Sala resulta claro que el cargo alegado no está llamado prosperar, pues no es dable endilgarle al Municipio el incumplimiento de un contrato frente al cual no se probó su ejecución. Con todo, en el hipotético evento en el que se considerara que el contrato de concesión se ejecutó durante el periodo reclamado, es decir, entre el 28 de febrero de 1997 —o por lo menos desde el 10 de septiembre de 1997— y hasta el 30 de abril de 1998, en el presente caso no habría lugar a atribuirle responsabilidad contractual alguna al Municipio. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el proceso no está probada la premisa sobre la cual se fundamenta el incumplimiento alegado por la parte demandante, esto es, que durante el interregno de tiempo referido se hubiera recaudado efectivamente algún valor por concepto de la tasa; si no se acreditó el recaudo, no habría lugar a exigirle al Municipio que garantizara su giro a la cuenta destinada para tal fin. (…) Según se observa, la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, (…) de donde la premisa que soporta la circunstancia alegada requiere de prueba, en cuanto a que la parte demandada no garantizó el giro del recaudo a la cuenta destinada para tal fin, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal onus, impide su declaratoria.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el antecedente jurisprudencial en el que se demandó la alteración del equilibrio económico del contrato al modificarse la tasa de alumbrado prevista en el Decreto No. 268 de 1996, que fue la base para estructurar la concesión, entre las mismas partes del litigio que ahora nos ocupa, consultar providencia de 30 de enero de 2013, Exp. 24020, C.P. Enrique Gil Botero. Respecto del pago del servicio de alumbrado público, consultar providencias de 30 de enero de 2013, Exp. 24020, C.P. Enrique Gil Botero; de 23 de octubre de 2017, Exp. 2013-00468, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Acerca de la distinción entre los requisitos para el perfeccionamiento del contrato y los elementos para su ejecución, consultar providencia de 24 de abril de 2023, Exp. 41001-23-33 000-2017-00303-01(69023), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 4
PRUEBA PERICIAL / DICTAMEN PERICIAL / ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / INEXISTENCIA DEL ERROR GRAVE / REQUISITOS DE LA PRUEBA PERICIAL / REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la objeción por error grave presentada por el municipio de Sincelejo contra el dictamen pericial practicado en el proceso con radicado No. 08001-23-31-000-1998 00748-01, que se incorporó al proceso de la referencia por auto del 2 de marzo de 2015 dictado en el trámite de la segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: No
El municipio de Sincelejo presentó objeción por error grave contra el dictamen pericial practicado en el proceso con radicado No. 08001-23-31-000-1998 00748-01, que se incorporó al proceso de la referencia por auto del 2 de marzo de 2015 dictado en el trámite de la segunda instancia, al considerar: (i) que no existen documentos o soportes que den cuenta de la idoneidad de los peritos; (ii) que los peritos no fueron seleccionados objetivamente; y (iii) que las cifras arrogadas en la experticia no corresponden con la realidad, pues se basaron en datos relativos al consumo. Según el artículo 238-4 del CPC las partes podrán objetar el dictamen por error grave, siempre que este haya sido determinante para las conclusiones de los peritos. De conformidad con la jurisprudencia de esta Sección, el error grave se presenta cuando se cambian las cualidades propias del objeto examinado o se toma por objeto de observación una cosa fundamentalmente distinta a la que es materia del dictamen, pues al apreciarse equivocadamente el objeto, necesariamente las conclusiones son erróneas En el presente caso, la Sala advierte que las razones aducidas por el Municipio para objetar el dictamen pericial practicado en el proceso con radicado No. 08001-23-31 000-1998-00748-01 no se refieren a errores en el objeto de la prueba, sino a un desacuerdo respecto de los requisitos del dictamen y del análisis y conclusiones a las que llegaron los peritos, de tal suerte que la misma no tiene la vocación de prosperar, razón por la cual se negará.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la objeción por error grave, consultar providencia de 22 de septiembre de 2021, Exp. 28061, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 238 NUMERAL 4