Radicado: 66001-23-33-000-2016-00674-02 (67694)
Demandante: Beatriz Helena Mejía Londoño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Controversias contractuales
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00674-02 (67694)
Demandante: Beatriz Helena Mejía Londoño
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema: Consecuencias de la declaratoria de nulidad de la cláusula de prórrogas
automáticas. Se confirma la sentencia de primera instancia en cuanto negó
las pretensiones de reparación de perjuicios causados con la ocupación del
inmueble porque la declaratoria de nulidad de la cláusula de prórrogas
automáticas no implicaba la ocupación de hecho del inmueble por parte de
la entidad. Las prestaciones ejecutadas en el contrato de tracto sucesivo
se reconocen y pagan de conformidad con lo acordado en el contrato.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden lo actuado, procede la Sala a
resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia
proferida el 27 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que declaró
la nulidad de la cláusula de prórrogas automáticas del contrato de arrendamiento
celebrado entre la demandante y la Procuraduría General de la Nación y negó las
pretensiones de la demanda. La parte resolutiva de la sentencia es del siguiente tenor:
<< 1. DECLARAR la nulidad absoluta del parágrafo contenido en la cláusula tercera del
contrato de arrendamiento 030 de septiembre de 2004, relativos a “Este plazo se
entenderá prorrogado por períodos de un año calendario en forma sucesiva y automática,
si con treinta (30) días calendario de anticipación a su vencimiento, ninguna de las partes
contratantes manifiesta por escrito su voluntad de darlo por terminado”.
2. NEGAR las pretensiones de la demanda.
3. Sin condena en costas en esta instancia.
4. Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente>>.
Esta Subsección es competente para conocer del recurso de apelación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. El Tribunal Administrativo de Risaralda era competente para
conocer el proceso en primera instancia en razón la cuantía y de acuerdo con el numeral
5 del artículo 152 del CPACA.
El recurso de apelación fue admitido mediante providencia del 1° de febrero de 2022. De
conformidad con el numeral 4 del artículo 247 del CPACA , las partes tenían la
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oportunidad de pronunciarse sobre el recurso hasta la ejecutoria del auto admisorio de la
apelación. Dentro del término respectivo la Procuraduría General de la Nación emitió
pronunciamiento. El Ministerio Público guardó silencio.
El consejero Fredy Ibarra Martínez manifestó su impedimento para conocer del presente
asunto, fundado en las causales 3 y 5 del artículo 130 del CPACA, debido a que su
<<cónyuge ostenta la calidad de Asesora Grado 24 de la Procuraduría Tercera Delegada
ante el Consejo de Estado, dependencia de la Procuraduría General de la Nación, entidad
que funge como parte pasiva de la controversia.part ícipe en la decisión de primera
instancia>>. Este impedimento será aceptado en la parte resolutiva de la presente
decisión
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- El 2 de septiembre de 2016 Beatriz Helena Mejía Londoño (en adelante , la
<<demandante>> o la <<arrendadora>> ) presentó demanda contra la Procuraduría
General de la Nación (en adelan te la <<entidad>> o la <<demandada>> o la
<<arrendataria>>), con las siguientes pretensiones:
<<Primero: Se declare la responsabilidad administrativa de la Procuraduría General de la
Nación, por haber mantenido ocupado para la prestación del servicio público a su cargo, por
un valor ostensiblemente menor al comercial, los inmuebles identificados con matrícula
inmobiliarias No. 290 - 71714, 290 - 71715 y 290-71719 de la ciudad de Pereira, sin tener
contrato debidamente legalizado.
Segundo: Se declare que en virtud de que no se perfeccionaron los contratos de
arrendamiento para los años subsiguientes al 8 de septiembre de 2005 y hasta el 30 de
noviembre de 2015, el precio comercial por metro cuadrado que debió haber pagado la
Procuraduría General de la Nación por el uso de los inmuebles identificados con matrícula
No. 290 - 71714, 290 - 71715 y 290-71719, es el siguiente:
PERIODO
OCUPADO POR LA
PROCURADURÍA
SIN CONTRATO
LEGALIZADO MT 2
MT2 Arrendamiento mensual
estimado según avalúo*
Pesos por metro cuadrado
según avalúo
Septiembre 8 de
2005 a Septiembre
7 de 2006
526 $6.018.261 $11.442
Septiembre 8 de
2006 a Septiembre
7 de 2007
526 $6.349.265 $12.071
Septiembre 8 de
2007 a Septiembre
7 de 2008
526 $6.657.204 $12.656
Septiembre 8 de
2008 a Septiembre
7 de 2009
526 $6.955.447 $13.223
Septiembre 8 de
2009 a Septiembre
7 de 2010
526 $7.351.212 $13.976
Septiembre 8 de
2010 a Septiembre
7 de 2011
526 $7.915.050 $15.048
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Septiembre 8 de
2011 a Septiembre
7 de 2012
526 $8.073.351 $15.349
Septiembre 8 de
2012 a Septiembre
7 de 2013
526 $8.329.276 $15.835
Septiembre 8 de
2013 a Septiembre
7 de 2014
526 $8.639.958 $16.426
Septiembre 8 de
2014 a Septiembre
7 de 2015
526 8.850.773 $16.827
Septiembre 8 a
Noviembre 30 de
2015
526 $9.022.478 $17.153
Tercera: Como consecuencia de lo anterior, se ordene al demandado a pagar a los
propietarios demandantes, la suma de $ 598.415.049 resultante de calcular la diferencia
entre el valor comercial y el reconocido por la Procuraduría General de la Nación por la
ocupación de los inmuebles identificados con matrícula No. 290 - 71714, 290 - 71715 y 290-
71719 sin contrato debidamente perfeccionado. La suma tiene en cuenta todo el término en
que el inmueble estuvo ocupado sin contrato debidamente legalizado, esto es desde el 8 de
septiembre de 2005 (fecha de vencimiento del contrato celebrado) al 30 de noviembre de
2015 (fecha en que se desocupan los inmuebles) por valor de $598.415.049.
En subsidio de la pretensión tercera
Si no se accediere a la anterior pretensión, se ordene a la Procuraduría General de la Nación,
a pagar la suma de $ 85.785.787 resultante de calcular la diferencia entre el valor comercial
de los inmuebles y el valor reconocido por su ocupación para la prestación del servicio
público a cargo de la Procuraduría General de la Nación, en el lapso comprendido entre el 8
de septiembre de 2014 y el 30 de noviembre de 2015, época para la cual la Procuraduría
General de la Nación ocupó el inmueble contra expresa voluntad de los propietarios.
Año o periodo Canon
mensual
pagado
Canon según
avalúo
Total pagado
en el periodo
Total que se
debió pagar
Diferencia a
reconocer
Sep 8 de 2014
a Sep 7 de
$3.065.693 $8.850.773 $36.788.316 $106.209.276 $69.420.960
Sep 8de 2015
a Nov 30 de
2015
$3.177.897 $9.022.478 $8.898.112 $27.067.434 $16.364.827
TOTAL $85.785.787
Las sumas reconocidas serán indexadas de conformidad con lo dispuesto en el art 187 del
C.P.A.C.A en concordancia con la jurisprudencia que sobre la materia tiene sentada el
Consejo de Estado.
Cuarta. Se reconozcan intereses comerciales
Se condene en costas a la parte demandada>>.
2.- La demandante fundamentó sus pretensiones en las afirmaciones que se resumen a
continuación:
2.1.- El 8 de septiembre de 2004 suscribió con la Procuraduría General de la Nación un
contrato de arrendamiento de las oficinas 301, 302 y 502 ubicadas en la calle 19 con carrera
7 Bis, edificio Londoño de la ciudad de Pereira. El contrato se pactó con plazo de un (1)
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año, y en su cláusula tercera se estableció su prórroga automática, en caso de que ninguna
de las partes lo diera por terminado mediante escrito enviado a la otra parte 30 días antes
del vencimiento del plazo anual. El valor del canon se pactó en un total de dos millones
cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinto pesos ($2.054.645).
2.2.- En la cláusula vigésimo primera del contrato se pactó que el canon de arrendamiento
se reajustaría de conformidad con el porcentaje autorizado por la Ley 617 de 2000 . La
estipulación contractual igualmente preveía que el valor del canon se podía reajustar por
acuerdo de las partes.
2.3.- El contrato se prorrogó de manera automática y sucesiva, hasta que se terminó en el
mes de noviembre de 2015.
2.4.- Mediante comunicación de l 28 de julio de 2014 la arrendataria manifestó a la
Procuraduría General de la Nación su intención de darlo por terminado el 7 de septiembre
de 2014.
a.- En dicha comunicación, la arrendadora indicó a la Procuraduría que si exisía intención
de continuar con el arrendamiento , debía suscribirse un nuevo contrato, en el cual se
modificara e l valor del canon. Esto, por cuanto de conformidad con los cánones de
arrendamiento de la zona, el valor del metro cuadrado era de veinte mil pesos ($20.000) y
las oficinas estaban siendo ocupadas por la Procuraduría por un valor de seis mil
trescientos cuarenta y cinco pesos ($6.345) por metro cuadrado.
b.- Igualmente, propuso un incremento anual del canon del diez por ciento (10%) para llegar
a un valor más acorde con el de la realidad del sector.
2.5.- La Procuraduría respondió a la arrendadora que el aumento del canon no era viable
por ser superior al índice de precios al consumidor ( IPC). Adicional
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.