Titulación de la relatoría 15.941 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la producción del daño ocasionado por la denuncia penal presentada en contra de la demandante por el punible de abuso de confianza calificado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general21, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. (...) La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. En el caso sub examine se estima que la pretensión de reparación directa se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que mediante sentencia del 16 de mayo de 2013, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó el proveído del 8 de febrero de 2013, a través del cual se absolvió a (...) [la demandante] del delito de abuso de confianza calificado y agravado; ii) que dicha decisión cobró ejecutoria con la firmeza del auto del 5 de agosto de 2013, mediante el cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga declaró desierto el recurso extraordinario de casación interpuesto por La Previsora S.A., esto es, el 16 de agosto de 2013; iii) que el 23 de julio de 2015 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, la cual se declaró fallida el 20 de octubre de ese mismo año por falta de ánimo conciliatorio entre las partes; iv) que la demanda se presentó el 21 de octubre de 2015, esto es, dentro del término de dos (2) años previstos para el vencimiento del medio de control.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la institución jurídico procesal de la caducidad, consultar providencias de 30 de enero de 2013, Exp. 22867, C.P. Danilo Rojas Betancourth; y de la Corte Constitucional, de 14 de octubre de 1998, Exp. C-574 de 1998, C.P. Antonio Barrera Carbonell; y de 22 de mayo de 2002, Exp. C-394, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Acerca del derecho al acceso a la administración de justicia, consultar providencia de 23 de febrero de 2006, Exp. 6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres Toro.
CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / TEORÍA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / REQUISITOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FUNDAMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la noción de daño antijurídico, consultar providencias de 11 de noviembre de 1999, Exp. 11499, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 27 de enero de 2000, Exp. 10867, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 2 de marzo de 2000, Exp. 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Referente a la imputación del daño antijurídico, consultar providencia de 18 de mayo de 2017, Exp. 36386, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO AL BUEN NOMBRE / DERECHO AL BUEN NOMBRE / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / DENUNCIA PENAL / PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA PENAL / OBLIGACIÓN DE DENUNCIA PENAL / DEBER DE LA DENUNCIA PENAL / VINCULACIÓN AL PROCESO / VINCULACIÓN AL PROCESO PENAL / ABUSO DE CONFIANZA CALIFICADO / CARGAS PÚBLICAS / COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEBER DE COLABORACIÓN / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se acreditó un daño antijurídico susceptible de ser reparado e indemnizado como consecuencia de la denuncia penal presentada por la Previsora S.A. en contra de la demandante, cuando se observa que había elementos que permitían inferir su posible responsabilidad a título de autor del punible de abuso de confianza calificado?
Respuesta al problema jurídico: No
El 9 de noviembre de 2005, La Previsora S.A. presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra de (…) [la ahora demandante] por el delito de abuso de confianza calificado, argumentando que esta “no entregaba, voluntariamente como debía hacerlo, dentro de los plazos establecidos, los dineros recaudados de los tomadores de las pólizas colectivas”, aunado al hecho que había sido declarada responsable fiscalmente por la Contraloría General de la República. Posteriormente, el 1° de junio de 2007, la Fiscalía 22 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga profirió resolución de acusación (…), como presunta autora del delito de abuso de confianza calificado y agravado. No obstante, mediante sentencia del 8 de febrero de 2013, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Depuración de Bucaramanga absolvió a (…) [la demandante] del delito imputado. Decisión que, a su turno, fue confirmada a través de sentencia del 16 de mayo de 2013, dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. (…) [D]ebe recordarse que el ordenamiento jurídico contempla que todo ciudadano se encuentra sujeto a deberes, obligaciones y cargas procesales. (…) Asimismo, se precisa que los servidores públicos tienen el deber legal de informar sobre los hechos, actos u omisiones que estimen, puedan llegar a ser constitutivos de una falta penal, con el fin de que se adelante la investigación correspondiente y se establezcan las posibles responsabilidades. (…) En este contexto, las investigaciones penales constituyen una carga que, en principio, las personas están obligadas a soportar por el hecho de vivir en una sociedad políticamente organizada. Esta obligación se deriva de lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 95 de la Constitución Política, que establece como deber de todo ciudadano 'colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia'. En consecuencia, la vinculación a un proceso de tipo penal no genera responsabilidad, salvo que se demuestre una afectación mayor, injustificada, indebida, caprichosa o abusiva. (…) En ese orden de ideas, estas denuncias penales que se realizan con algún fundamento y sin que medie arbitrariedad alguna o sin la intención de hacer un señalamiento penal temerario o una persecución personal no pueden calificarse de antijurídicas, de donde la eventual afectación personal del denunciado no puede ser sujeto de amparo en vía de reparación extracontractual de daños, pues el daño no reúne la condición de antijurídico y por ende no es indemnizable. Es por ello que el resultado del juicio penal no determina necesaria ni exclusivamente la antijuricidad del daño consistente en la afectación que sufra quien tenga una denuncia penal en su contra o contra quien se siga un juicio penal. (…) Según lo expuesto, la Subsección no encuentra que la denuncia penal interpuesta por La Previsora S.A. en contra de la demandante estuviera marcada por temeridad o arbitrariedades que comporten un reproche, razón por la cual la afectación sufrida por (…) [la demandante] no es antijurídica, por cuanto el material probatorio evidenció que la decisión de La Previsora S.A. de presentar la denuncia en su contra, estuvo respaldada en fundamentos fácticos y jurídicos que permitían inferir razonablemente la posible comisión del delito de abuso de confianza, aunado a que tal proceder materializó el cumplimiento de un deber legal. En suma, el daño alegado en la demanda no tiene la connotación de antijurídico pues, la señora (…) estaba en el deber de soportar la denuncia penal que se formuló en su contra, en la medida que había elementos que permitían inferir su posible responsabilidad a título de autor del punible de abuso de confianza calificado, de modo que, ante la ausencia de un elemento esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente -la imputación- carece de toda utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad patrimonial de la Administración. Como consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, se confirmará la sentencia apelada, toda vez que no se demostró que la denuncia penal presentada por La Previsora S.A. (…) fuera temeraria o de mala fe.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la frente a la afectación del buen nombre por el trámite de procesos penales o administrativos, consultar providencias de 27 de septiembre de 2000, Exp. 11601, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; y de la Corte Constitucional, C-414 de 1995. Acerca del deber legal de informar sobre los hechos, actos u omisiones que estimen, puedan llegar a ser constitutivos de una falta penal, consultar providencia de 21 de noviembre de 2022, Exp. 59516, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Acerca de la responsabilidad patrimonial del Estado por la vinculación a un proceso de tipo penal, consultar providencia de 28 de octubre de 2022, Exp. 59402, C.P. Fredy Ibarra Martínez. Acerca del daño como primer elemento que se debe analizar para establecer la responsabilidad patrimonial del Estado, consultar providencias de 13 de agosto de 2008, Exp. 16516, C.P. Enrique Gil Botero, Exp. 24633, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 5 de marzo de 2020, Exp. 50264, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E); y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 4 de abril de 1968.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 95 NUMERAL 7, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 146, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 27
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la condena en costas en contra de la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala en la parte resolutiva condenará en costas en segunda instancia a la parte actora, toda vez que el recurso de apelación que interpuso no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso. En relación con las agencias en derecho en segunda instancia, se entienden causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación desplegada por la parte vencedora. A su turno, el Acuerdo 1887 de 2003, vigente para el momento de la presentación de la demanda, determinaba que en los procesos con cuantía tramitados en segunda instancia, podrán fijarse hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. En este sentido, comoquiera que la actuación desplegada por La Previsora S.A. en segunda instancia comprendió el pronunciamiento efectuado respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, habrá lugar al pago de las agencias en derecho a cargo de la parte accionante, las cuales se fijan en el 0,001% del valor de la estimación razonada de la cuantía en la demanda, es decir, por la suma de $2.222.117.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el reconocimiento de las agencias en derecho, consultar providencia de 5 de marzo de 2021, Exp. 51034, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 157, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366