Titulación de la relatoría 13.369 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA / CONTRATO DE OBRA / PRUEBA PERICIAL / PRUEBA PERICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DAÑO ANTIJURÍDICO DERIVADO DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / RECONOCIMIENTO DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / COSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / ADECUADA VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL / CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL / CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / CONCEPTO DE DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CERTEZA DEL DICTAMEN PERICIAL
Problema jurídico:
¿Procede el reconocimiento de perjuicios por mayor duración del contrato cuando el contratista no acredita, mediante prueba pericial sólida y soportes contables verificables, los costos efectivamente asumidos por dicha extensión?
Respuesta al problema jurídico: No
El contratista no demostró los costos en que incurrió por la mayor duración de la ejecución del contrato. La Sala confirmará la decisión de negar las pretensiones de la demanda porque, contrario a lo indicado por el recurrente, el dictamen pericial no acredita los costos asumidos por el contratista con ocasión de la extensión de la ejecución contractual, razón por la cual no se demostró el daño alegado. Preliminarmente, es necesario advertir que, contrario a lo indicado por el Tribunal, no es cierto que los modificatorios hubieran cubierto la reclamación por costos asociados a la mayor duración del contrato causada porque el Departamento no entregó adecuadamente diseños ni se advirtió la necesidad de mover las redes. La Sección Tercera unificó la postura sobre este asunto en los siguientes términos: (…) En el presente caso, es necesario estudiar, entonces, si los modificatorios buscaron regular los asuntos objeto de la presente reclamación. Para ello, se deben tener en cuenta particularmente los acuerdos que modificaron el plazo del contrato, esto es, las Prórrogas 1, 2 y 3, así como los Contratos Adicionales 6 y 7. En todos estos documentos es claro que las partes no buscaron solventar las reclamaciones objeto de la presente controversia. En la Prórroga 1, acordada el 11 de julio de 2012, las partes consideraron que “Que la suscripción de esta prórroga no implica el reconocimiento de contraprestación adicional alguna a favor de EL CONTRATISTA, ni a las reclamaciones formuladas por este”. En el Contrato Adicional No. 6 celebrado el 27 de febrero de 2014, las partes indicaron expresamente que “Que la suscripción del presente contrato adicional no implica el reconocimiento de contraprestación adicional alguna a favor del Contratista, así como tampoco la renuncia ni menoscabo de las reclamaciones formuladas o a formular por éste”. En la parte considerativa de la Prórroga 2, firmada el 7 de febrero de 2014, las partes sostuvieron (…). En la Prórroga 3 celebrada el 27 de febrero de 2014, las partes indicaron expresamente que “Que la suscripción del presente prorroga (sic) No. 3 no implica el reconocimiento de contraprestación adicional alguna a favor del Contratista, así como tampoco la renuncia ni menoscabo de las reclamaciones formuladas o a formular por éste”. Finalmente, en las consideraciones del Contrato Adicional No. 7 del 3 de marzo de 2014, las partes indicaron expresamente que “ Que la suscripción del presente contrato adicional no implica el reconocimiento de contraprestación adicional alguna a favor del Contratista, así como tampoco la renuncia ni menoscabo de las reclamaciones formuladas o a formular por éste”. Cabe indicar que el Contrato Adicional No. 1 se celebró para que el contratista complementara los diseños entregados como insumos por el Departamento de Nariño. Sin embargo, con su celebración no se tenía certeza del tiempo en que se extendería el contrato. En efecto, el Contrato Adicional No. 1 expresamente se indicó lo siguiente acerca del aumento del plazo del contrato: (…) Esto explica, entonces, que este Contrato Adicional fuera celebrado el 28 de julio de 2011, es decir, antes de la Prórroga 1, pues este celebrado el 11 de julio de 2012 fue el documento que concretó el aumento del plazo del contrato. En efecto, en la parte considerativa de la prórroga se indicó lo siguiente: (…). En conclusión, teniendo en cuenta el alcance de lo pactado, las partes no buscaron solventar las reclamaciones por los costos causados por la mayor duración del contrato. Por el contrario, expresamente indicaron que la suscripción de los modificatorios no implicaba que las partes reconocieran las reclamaciones presentadas por el contratista, ni que este renunciara a ellas. En dicho recurso, la parte actora sostiene que el daño sufrido se acredita con un dictamen pericial aportado con la demanda. Para valorar este medio probatorio debe tenerse en cuenta que, al momento de la presentación de la demanda, el dictamen pericial de parte se regía por el texto original del artículo 219 del CPACA, norma que establecía (…). En concordancia con lo expuesto, debe observarse lo dispuesto en el artículo 232 del CGP que regula la valoración del dictamen pericial. Esta norma preceptúa que el “juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso”. Interpretando las normas citadas, la jurisprudencia ha señalado que la peritación debe ser personal y que ha de recurrir directamente a las fuentes de información relevantes; esto es, el peritaje debe estar fundado en los conceptos propios del perito, quien debe dar cuenta de las investigaciones efectuadas. En efecto, la Subsección B de la Sección Tercera del el Consejo de Estado, por medio de la sentencia del 31 de mayo de 2016, señaló lo siguiente: (…). En el mismo sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 9 de octubre de 2023, precisó que el dictamen pericial debe estar acompañado de “específicos documentos que respalden los fundamentos” y que “debe satisfacer los requisitos de claridad, precisión, exhaustividad y detalle de cara a su fuerza demostrativa”. En ese sentido, la jurisprudencia civil ha indicado lo siguiente: (…) De acuerdo con lo anterior, el perito debe verificar personalmente los documentos en que se basa la opinión que rinde en el proceso. Además, su peritación debe permitir seguir la línea argumentativa, de forma tal que el juez pueda entender el fundamento de las conclusiones que presenta. En el caso concreto, el demandante aportó un dictamen de parte con la demanda para demostrar los perjuicios sufridos. La prueba fue rendida por el señor (…), en su calidad de administrador de empresas y contador. En ella, se concluyó que el perjuicio consistió en los mayores costos administrativos asumidos por el contratista, de la siguiente manera: El perito indicó que, finalizada la ejecución del contrato, los gastos “administrativos” ascendieron a siete mil ochocientos noventa y siete millones ciento cincuenta y ocho mil cuarenta y tres pesos con ochenta y un centavos ($7.897.158.043,81). Sin embargo, el Departamento no reconoció la totalidad de esos costos. Teniendo en cuenta las actas de obra, el experto calculó que la entidad contratante le pagó a la unión temporal tres mil novecientos sesenta y cinco millones seiscientos ochenta y tres mil setecientos treinta y nueve pesos con sesenta y seis centavos ($3.965'683.739,66), por costos administrativos. Así, el perito le restó la suma pagada por el Departamento al valor total de los costos de administración asumidos por el contratista, con lo cual concluyó que “el sobrecosto soportado por la UT IP 2010 [equivale a] tres mil novecientos treinta y un millones cuatrocientas setenta y cuatro mil trecientos cuatro pesos con quince centavos ($3.931'474.304,15) moneda corriente”. La Sala considera que el dictamen pericial no brinda certeza de los perjuicios sufridos por el contratista por los siguientes motivos: En primer lugar, el perito no constató directamente cuáles fueron los gastos en que incurrió el demandante: El dictamen pericial reconoce que no verificó el fundamento de los costos de administración que presuntamente asumió la unión temporal demandante, cuando indica: (…) El perito, además, reconoció que no había consultado directamente los soportes de los libros contables con fundamento en los cuales emitió su dictamen, en la audiencia de pruebas realizada el 22 de noviembre de 2021. En efecto, en dicha diligencia manifestó lo siguiente: (…) Como se puede observar, el perito reconoce expresamente que no verificó directamente todos los libros contables en los que se basó para determinar los costos administrativos y tampoco revisó los soportes respectivos. Respecto a estos últimos, por el contrario, reconoce que hubiera sido “muy bueno” haber realizado esta constatación, pero “nosotros no lo hicimos”. Esta conclusión se refuerza si se tiene en cuenta que, dentro de los anexos aportados por el perito, no están los soportes contables que admitió no haber revisado de manera completa. Solo aporta unos archivos Excel elaborados por el propio perito que contienen una tabla con unas celdas que indican: “cuenta”, “descripción”, meses del año y la sumatoria de esos costos. No obstante, no se aportan los documentos con base en los cuales el perito estableció esos costos. En segundo lugar, el dictamen pericial no fue coherente. De hecho, hay una contradicción grave entre lo indicado en la experticia y en lo sustentado por el perito en la audiencia de pruebas. En el dictamen los sobrecostos obedecieron a costos administrativos. De hecho, para calcular el valor que el Departamento había pagado a la parte actora por este concepto, el perito dedujo la cifra al calcular un porcentaje sobre el costo directo de la obra, así: (…). No obstante, en la audiencia de contradicción, el perito reconoció que, para calcular los sobrecostos de la unión temporal, no sólo tuvo en cuenta los costos de administración, sino también los directos de la obra, así: (…). Como se observa, estas afirmaciones son contradictorias con lo indicado en el dictamen, de acuerdo con el cual solo se habían calculado costos administrativos por el mayor tiempo de ejecución de la obra. Esta circunstancia es altamente problemática por una razón adicional: para efectos del valor que debe reconocerse al contratista, el perito incluye los costos directos de la obra, sin embargo, para efectos de restar lo que el Departamento le pagó a la unión temporal no tiene en cuenta esos costos directos. Como se pudo constatar, la prueba pericial aportada no acredita los costos en los que incurrió el contratista como consecuencia de la mayor duración de la ejecución del contrato, así como tampoco lo hace elemento probatorio alguno dentro del expediente. Por ello, la Sala confirma la sentencia de primera instancia que desestimó las pretensiones del contratista.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el deber del juez de estudiar la voluntad de las partes durante la ejecución de un contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 27 de julio de 2023, exp. 39121, C.P. Guillermo Sánchez Luque. Sobre la eficacia probatoria del dictamen de expertos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de 2016, exp. 37684, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre el dictamen pericial y la especificidad de documentos, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 9 de octubre de 2023, exp. SC364-2023, M.P. Luis Alonso Rico Puerta.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 219, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 232
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas y agencias en derecho cuando la apelación no prospera, conforme al artículo 188 del CPACA y los artículos 365 y 366 del CGP?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como el recurso de apelación no prospera, los apelantes deben ser condenados en costas y agencias en derecho de conformidad con lo ordenado en el artículo 188 del CPACA. Las costas serán tasadas y liquidadas en forma concentrada por el tribunal de primera instancia, de acuerdo con los artículos 365 y 366 del CGP.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366