Radicado: 25000-23-36-000-2015-00653-01 (60991)
Demandante: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de repetición – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-36-000-2015-00653-01 (60991)
Demandante: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
Demandados: Juan Antonio Liévano Rangel, María Hortencia Colmenares
Faccini, María del Pilar Rubio Talero, Patricia Rojas Rubio,
Rodrigo Suárez Giraldo e Ituca Helena Marrugo Pérez
Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos antes y después de la
entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001. Se confirma la decisión
de negar las pretensiones porque el pago realizado por concepto
de la reliquidación de cesantías no proviene de un daño causado
por el Estado a un particular, y el reconocimiento de intereses
moratorios no fue causado por la culpa grave de los demandados.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invalid en la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante
contra la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B , en la que se
negaron las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con los artículos
150 y 152, numeral 11, de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)1.
El recurso de apelación fue admitido el 20 de marzo de 2019 y se corrió traslado
para alegar de conclusión por medio de auto del 6 de mayo de 2019. La entidad
demandante y los demandados Rodrigo Suárez Giraldo, Juan Antonio Liévano
Rangel, Patricia Rojas Rubio e Ituca Helena Marrugo Pérez alegaron de
conclusión en segunda instancia. Las otras personas demandadas y el Ministerio
Público guardaron silencio.
1 Estas normas son aplicables en su redacción original, previa a las modificaciones introducidas por los
artículos 26 y 28 de la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con el régimen de vigencia de esa ley.
Radicado: 25000-23-36-000-2015-00653-01 (60991)
Demandante: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
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I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 3 de marzo de 2014
por la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores . Se dirigió contra Juan
Antonio Liévano Rangel, María Hortencia Colmenares Faccini, María del Pilar
Rubio Talero, Patricia Rojas Rubio, Rodrigo Suárez Giraldo e Ituca Helena
Marrugo Pérez para obtener el reintegro de lo pagado por la entidad como
consecuencia de la conciliación extrajudicial celebrada el 26 de diciembre de
2012 y aprobada mediante auto del 4 de abril de 2013 , proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
2.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las p iezas procesales allegadas
por la parte actora, se extrae que:
2.1.- El señor Julio Londoño Paredes estuvo vinculado a la carrera diplomática y
consular entre el 30 de enero de 1969 y el 9 de septiembre de 1998, y entre el
3 de diciembre de 1998 y el 9 de marzo de 2010.
2.2.- Hasta 2004, para liquidar las cesantías de los funcionarios que prestaban
servicios en el exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores tomaba como base
el salario correspondiente al cargo equivalente de la planta interna, y no el salario
que realmente recibían como parte de la planta externa.
2.3.- Luego de que la Corte Constitucional declarara inexequibles las normas en
las que se basaba esa forma de liquidar las cesantías, el señor Londoño Paredes
solicitó reliquidarlas con base en el salario realmente devengado.
2.4.- La petición del funcionario fue negada mediante el oficio No. DITH -57552
del 29 de agosto de 2012 porque las cesantías fueron liquidadas con base en
las normas vigentes para el momento en que se causaron.
2.5.- El señor Londoño Paredes presentó una solicitud de conciliación
extrajudicial contra el ministerio para que le fuera reconocida la reliquidación ,
previa a una eventual demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.6.- En audiencia de conciliación del 26 de diciembre de 2012 la entidad acordó
pagarle al señor Londoño Paredes la diferencia correspondiente a las cesantías
reliquidadas por el periodo comprendido entre 1998 y 2003, más intereses
moratorios. Ese acuerdo fue aprobado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante auto del 4 de abril de 2013.
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Demandante: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
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2.7.- Por medio de la Resolución No. 3767 del 21 de junio de 2013 la entidad
demandante dispuso el pago de la condena por un valor total de trescientos
cincuenta y un millones doscientos noventa y nueve mil setecientos cuarenta y
ocho pesos ($351.299.748), de los cuales noventa y cinco millones cuatrocientos
cincuenta y nueve mil ochocientos veintiséis pesos ($95.459.826) corresponden
a la reliquidación de las cesantías, y doscientos cincuenta y cinco millones
ochocientos treinta y nueve mil novecientos veintidós pesos ( $255.839.922) a
intereses moratorios. Esas sumas fueron pagadas el 26 de junio de 2013.
3.- La entidad demandante sostuvo que el daño que originó la conciliación fue
causado por los demandados, quienes tenían la función de notificar
personalmente los actos administrativos de liquidación anual de las cesantías, y
no lo hicieron. Al omitir esta función, no se configuró la prescripción trienal de las
liquidaciones ni la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, por lo que la entidad debió reliquidar las cesantías y reconocer intereses
moratorios. Según el ministerio, los demandados obraron con culpa grave porque
incumplieron los deberes que les eran exigibles de acuerdo con sus cargos, sus
condiciones personales y profesionales.
4.- Al subsanar la demanda 2, la entidad distribuyó la responsabilidad de los
demandados de la siguiente manera, de acuerdo con los cargos que ocuparon y
los periodos en que se causaron las cesantías:
Periodo Responsable Monto
1998 Juan Antonio Liévano Rangel (subdirector de Recursos Humanos) $3.732.363
1999
Solidaridad entre María Hortencia Colmenares Faccini
(directora general de Desarrollo del Talento Humano ) y
María del Pilar Rubio Talero (jefe de la División de
Capacitación, Bienestar Social y Prestaciones Sociales)
$61.743.582
2000
Solidaridad entre María Hortencia Colmenares Faccini
(directora general de Desarrollo del Talent o Humano ) y
Patricia Rojas Rubio (jefe de la División de Capacitación,
Bienestar Social y Prestaciones Sociales)
$66.981.536
2001
Solidaridad entre María Hortencia Colmenares Faccini
(directora general de Desarrollo del Talento Humano ) y
Patricia Rojas Rubio (coordinadora del Grupo Interno de
Nóminas y Prestaciones)
$66.696.628
2002
Solidaridad entre Rodrigo Suárez Giraldo (director de
Talento Humano ) e Ituca Helena Marrugo Pérez
(coordinadora del Grupo de Nóminas y Prestaciones)
$78.652.326
2003 Rodrigo Suárez Giraldo (director de Talento Humano) $73.493.314
TOTAL $351.299.748
2 Fl. 136-137 c. 1.
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B.- Posición de la parte demandada
5.- Los demandados se opusieron a las pretensiones de la demanda. Como
argumentos de defensa expusieron los siguientes:
5.1.- Juan Antonio Liévano Rangel, Patricia Rojas Rubio e Ituca Helena Marrugo
Pérez3 sostuvieron que: (i) la conciliación no implicó un reconocimiento
indemnizatorio, porque la fuente del pago de las cesantías reliquidadas fue la
vinculación laboral del señor Londoñ o Paredes; (ii) la entidad demandante no
aportó al proceso los actos administrativos que los demandados habrían debido
notificar; (iii) esa labor no estaba asignada a algún funcionario específico; (iv) la
prescripción trienal solo podía contarse desde la sentencia C -535 de 2005,
cuando la Corte Constitucional cambió la forma de liquidar las cesantías; (v) no
podía exigírseles a los demandados notificar personalmente las liquidaciones a
funcionarios en el exterior, pues les resultaba imposible ; y (vi) con base en los
anteriores argumentos formularon varias <<excepciones de mérito>>.
5.2.- Rodrigo Suárez Giraldo afirmó que: (i) su responsabilidad no se puede
establecer solo por el hecho de haber ejercido un cargo, ni puede imputársele
simultáneamente con quienes ejercieron cargos diferentes; (ii) a los demandados
no se les asignó la función de notificar las liquidaciones anuales de cesantías;
(iii) antes de que se profiriera la sentencia C -535 de 2005 , el Ministerio de
Relaciones Exteriores había pedido recursos al Ministerio de Hacienda para
pagar las cesantías con base en los salarios realmente devengados, pero este
se negó; (iv) al ser una prestación unitaria, las cesantías definitivas solo se
pagaban al terminarse la relación laboral; (v) el Consejo de Estado ha señalado
que, aun si el acto administrativo de liquidación anual de cesantías fue notificado
y estaba ejecutoriado, el funcionario podía pedir la reliquidación si surgía una
expectativa legítima de incremento de la base; y (vi) a partir de estos argumentos
formuló múltiples <<excepciones>> para descartar su responsabilidad.
5.3.- María del Pilar Rubio Talero fue representada por curador ad litem4, quien
manifestó atenerse a lo que resultara probado.
5.4.- María Hortencia Colmenares Faccini no contestó la demanda ni compareció
al trámite, a pesar de haber sido notificada5.
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