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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la caducidad corresponde a una figura jurídica de orden público

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Fecha
2025-04-04
Radicado
68001233100020080036101
Número interno
68402
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL INCODER EN LIQUIDACION
Demandado
COOPERATIVA DE TRABAJADORES del INCORA -HIMAT LTDA -CORFEINCO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la caducidad corresponde a una figura jurídica de orden público

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Regla de decisión

La caducidad corresponde a una figura jurídica de orden público, a través de la cual el legislador limita el espacio temporal en que puede accederse a la jurisdicción en ejercicio del derecho de acción.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede acceder a la jurisdicción para ejercer su derecho de acción una vez que ha transcurrido el límite temporal establecido por la ley, ya que la caducidad es una figura jurídica de orden público que limita el espacio temporal en que se puede ejercer el derecho de acción, protegiendo así la seguridad jurídica y el debido proceso. En el caso específico, la demanda fue presentada catorce años después de la configuración de la caducidad, lo que la hace inadmisible, ya que el cómputo del término de caducidad se rige por la ley vigente al momento de iniciarse el plazo, no por la que esté en vigor al momento de presentar la demanda. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 para determinar la norma aplicable al cómputo del término de caducidad, lo que implica que las partes deben ser conscientes de la importancia de presentar sus demandas dentro del plazo establecido por la ley vigente al momento de la ocurrencia del hecho que da lugar a la acción.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La caducidad corresponde a una figura jurídica de orden público, a través de la cual el legislador limita el espacio temporal en que puede accederse a la jurisdicción en ejercicio del derecho de acción?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 1 de 1984, art. 164

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Lo que dijo la Sala

Esta Corporación ha explicado que la caducidad corresponde a una figura jurídica de orden público, a través de la cual el legislador limita el espacio temporal en que puede accederse a la jurisdicción en ejercicio del derecho de acción, evitando que las situaciones jurídicas respecto de las cuales exista una controversia permanezcan indefinidas en el tiempo; de manera que, una vez transcurrido el límite temporal dentro del cual es posible presentar la demanda, la caducidad opera como medio extintivo del derecho de acción.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿La caducidad corresponde a una figura jurídica de orden público, a través de la cual el legislador limita el espacio temporal en que puede accederse a la jurisdicción en ejercicio del derecho de acción? Respuesta al problema jurídico: Si Esta Corporación ha explicado que la caducidad corresponde a una figura jurídica de orden público, a través de la cual el legislador limita el espacio temporal en que puede accederse a la jurisdicción en ejercicio del derecho de acción, evitando que las situaciones jurídicas respecto de las cuales exista una controversia permanezcan indefinidas en el tiempo; de manera que, una vez transcurrido el límite temporal dentro del cual es posible presentar la demanda, la caducidad opera como medio extintivo del derecho de acción. Como institución procesal de orden público, la figura de la caducidad busca la protección del interés general representado en la seguridad jurídica, la confianza legítima y el debido proceso, al determinar que el derecho al acceso a la administración de justicia, exige a su vez un ejercicio oportuno y diligente de la acción, por lo que en aquellos casos en que la misma se ha configurado, no puede iniciarse el proceso ante la pérdida de la facultad de acceder a la jurisdicción. Por tanto, la demanda en tiempo corresponde a un presupuesto del derecho de acción, invariable, irrenunciable, improrrogable e insubsanable, sujeto únicamente a la ocurrencia del hecho definido en la ley y el consecuente paso del tiempo, y que, por tanto, debe ser estudiado por el juez al momento de dictar sentencia como verificación de un elemento esencial y preexistente para poder decidir el fondo del asunto, y que incluso es susceptible de ser analizado y advertido de oficio19, tal como es dispuesto por el artículo 164 del CCA. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la caducidad, revisar: sentencia de 19 de julio de 2017, rad. 57932, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia de 7 de febrero de 2013, rad. 0833-10, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila y sentencia de 17 de agosto de 2017, rad. 51667, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: DECRETO 1 DE 1984 - ARTÍCULO 164 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PROCEDENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿Se presentó de forma oportuna la declaración de nulidad absoluta del contrato de comodato 045 del 19 de abril de 1990, celebrado entre el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y la Cooperativa de Trabajadores del INCORA – HIMAT LTDA. ? Respuesta al problema jurídico: No En el caso bajo estudio, la parte actora pretende que se declare la nulidad absoluta del contrato de comodato celebrado con CORFEINCO al haberse celebrado por un tiempo superior al autorizado en la ley, vicio que por definición es originario del acuerdo de voluntades, como producto de una transgresión o desconocimiento de las normas que regularon su formación y sus requisitos esenciales. Esta circunstancia determina que el momento para iniciar el cómputo del término para incoar la acción no puede ser uno distinto al perfeccionamiento del acuerdo de voluntades, única ocasión en que el vicio que sustenta la pretensión pudo surgir. En el caso concreto, ello ocurrió con la suscripción del negocio jurídico y la formalización de la entrega del bien objeto del comodato conforme al artículo 2.200 del Código Civil, lo cual ocurrió el mismo día -19 de abril de 1990- según consta en el clausulado del contrato y en el “ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEL PREDIO TABLANCA" que obra en el expediente. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. No obstante, los términos que hubieren empezado a correr se rigen por la ley vigente al tiempo de su iniciación, de manera que, en consideración a que el contrato fue celebrado y perfeccionado el 19 de abril de 1990 -aspecto que no se discute por las partes y momento en que inició el conteo del plazo para demandar-, la norma de caducidad aplicable corresponde a la del texto del CCA antes de las modificaciones introducidas por la Ley 446 de 1998, conforme al cual, las partes, el Ministerio Público y quienes demuestren interés directo en el negocio jurídico pueden solicitar su nulidad absoluta bajo la acción contractual, dentro de los dos (2) años siguientes al hecho que dé lugar a ella. En consecuencia, como el término de caducidad inició el 19 de abril de 1990 según se ha expuesto, los dos (2) años que previó la norma vencieron el 20 de abril de 1992, evidenciando que la demanda en el caso concreto, en tanto fue radicada el 1 de noviembre de 2007, se instauró catorce (14) años después de haberse configurado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción. Debe indicarse que la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta corporación , particularmente la de esta Subsección, ha reconocido la aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 para efectos de determinar la norma con fundamento en la cual se debe calcular el término de caducidad de la acción o del medio de control, artículo que sujeta a la ley vigente al tiempo de su iniciación, no solo los términos judiciales, sino en general todos aquellos hubieran empezado a correr, por lo que la oportunidad de la demanda debe contabilizarse de acuerdo a la norma en vigor al momento en que inició el plazo para entablar la acción, sin que ello se altere por el hecho de que esto ocurra en vigencia de otra legislación procesal. En este último evento, la nueva norma no gobernará la caducidad, en razón a que su cómputo inició con anterioridad a esa nueva ley y “por elementales razones de seguridad jurídica y de aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se impone su observancia preferente” . Por tanto, como en el caso concreto el término de caducidad de la pretensión de nulidad absoluta empezó a correr y feneció en vigencia del texto del CCA previo a las modificaciones introducidas por la Ley 446 de 1998, el término de caducidad de la acción no puede definirse a partir de las reglas fijadas por esta última norma. Desconocer que el término de caducidad se rige por la ley vigente al momento del inicio de su cómputo, y que por ende, éste no se ve alterado por reformas legislativas posteriores, redundaría en una afrenta a la seguridad jurídica por la que propende esa institución al otorgar certeza a los términos en que resulta procedente acudir ante la jurisdicción, pues pese a que bajo el imperio de la norma vigente al momento de los hechos que suscitan la controversia la acción hubiere caducado, si en el nuevo régimen no se hubiere dado este fenómeno, el tránsito normativo posibilitaría demandar y obtener una decisión de fondo reviviendo o reiniciando el término de acciones ya caducadas, y por ende, haciendo posible alterar relaciones jurídicas ya consolidadas, lo que a su vez conlleva incerteza y desconfianza tanto en el tráfico jurídico como en las expectativas de los usuarios de la administración de justicia. Con base en lo expuesto, estando acreditada la extemporaneidad de la demanda interpuesta, la Sala revocará la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Santander y declarará probada la excepción caducidad de la acción. Sin perjuicio de lo anterior, el expediente muestra que la pretensión de nulidad del negocio jurídico corresponde a una situación fáctica y jurídica ya definida, toda vez que el contrato de comodato 45 del 19 de abril de 1990 fue terminado mediante la Resolución 801 del 22 de agosto de 2007, en la que se declaró que éste “adolece de objeto ilícito por contrariar una expresa prohibición legal, la prevista en el artículo 38 de la Ley 9 de 1989 y en consecuencia tal acuerdo está afectado de nulidad absoluta”. Esta determinación que obra en un acto administrativo dotado de presunción de legalidad, es reconocida por CORFEINCO en la contestación de la demanda. En este sentido, extraña la Sala la existencia de un conflicto sobre l2 validez del contrato que debiere ser llevado ante la jurisdicción. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la caducidad, revisar: sentencia de 9 de febrero de 2011, rad. 15684, C. P. Gladys Agudelo Ordóñez, sentencia de 23 de enero de 2017, rad. 56014, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia de 21 de septiembre de 2016, rad. 57821, C. P. Hernan Andrade Rincon, sentencia de 20 de septiembre de 2017. rad. 58570, C. P. Marta Nubia Velasquez Rico, sentencia de 21 de junio de 2018, rad. 37086, C. P. Maria Adriana Marin, sentencia de 27 de octubre de 2023, rad. 60666, C. P. Jose Roberto Sachica Mendez, sentencia de 28 de junio de 2024, rad. 68433, C. P. Jose Roberto Sachica Mendez, sentencia de 23 de enero de 2017, rad. 56014, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, auto de 5 de marzo de 2015, rad. 49307, C. P. Marta Nubia Velasquez Rico, auto de 12 de junio de 2017, rad. 58800, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, auto de 17 de febrero de 2016, rad. 54671, C. P. Marta Nubia Velasquez Rico, auto de 25 de mayo de 2017, rad. 55758, C. P. Hernan Andrade Rincon y auto de 16 de agosto de 2018, rad. 59693, C. P. Marta Nubia Velasquez Rico. FUENTE FORMAL: DECRETO 1 DE 1984, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 446 DE 1998, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2200, LEY 9 DE 1989 - ARTÍCULO 38 COSTAS PROCESALES / CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / LEY DE COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / MALA FE / INEXISTENCIA DE MALA FE / TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD PROCESAL Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas en los eventos en que no prospera la demanda? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 171 del CCA, la conducta de las partes ha de tenerse en cuenta para resolver sobre la procedencia de la condena en costas a la parte vencida. Por tanto, en consideración a que no se evidenció que los recurrentes hayan actuado temerariamente, o que de cualquier otra forma atentaran contra la lealtad procesal, no habrá lugar a su imposición. FUENTE FORMAL: DECRETO 1 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012331000200800361011100103