Titulación de la relatoría 12.989 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / BALANCE / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿La demanda se instauró de forma extemporánea?
Respuesta al problema jurídico: Si
La controversia gira alrededor de la pretensión de declaratoria de rompimiento del equilibrio económico de un contrato de obra. El a quo declaró que operó la caducidad de la acción de controversias contractuales. La apelante, por su parte, considera que no aconteció dicho fenómeno jurídico procesal, comoquiera que el hito que daba lugar a la contabilización del plazo para demandar era la suscripción del acta de liquidación bilateral del negocio jurídico. […] [A]tendiendo a [la] postura mayoritaria imperante en la época en que se presentó la demanda, y que fue acogida por esta Subsección, la contabilización del plazo para demandar debe hacerse a partir del momento en que aconteció la liquidación del negocio jurídico, aspecto que conduce a dilucidar cuándo ocurrió dicho corte de cuentas en el presente asunto, toda vez que en el expediente obran dos actas denominadas de liquidación del contrato, a saber: el acta 56 del 29 de diciembre de 2003, mediante la cual las partes realizaron el balance del negocio jurídico, salvo algunos aspectos puntuales, y el acta 61 del 25 de julio de 2005, a través de la cual se finiquitaron esos asuntos pendientes. […] El material probatorio […] resulta ilustrativo, porque demuestra que: (i) sí aconteció la liquidación bilateral del contrato; (ii) ésta ocurrió en dos fases o momentos, por medio de la suscripción de las actas ya referidas; y, (iii) las actas del 29 de diciembre de 2003 y del 25 de julio de 2005, aunque se denominaran respectivamente, como “parcial” y “definitiva” por las partes, lo que evidencian es que el contrato fue liquidado bilateralmente, dejando únicamente algunos precisos aspectos pendientes, los cuales, una vez superados, fueron convenidos en la posterior acta de 2005, tal como da cuenta el contenido de ésta última, que se ciñó al establecimiento de los aspectos que quedaron fuera del acuerdo logrado desde diciembre de 2003. […] De modo que al constatar que realmente el balance del contrato aconteció con la suscripción del acta 56 y que el acta 61 se limitó a pronunciarse respecto del saldo que quedaba pendiente en virtud de la retención de la garantía, resulta claro que el plazo para allegar al juez contencioso cualquier pretensión derivada del negocio jurídico, distinta a aquellas que las partes expusieron estaban excluidas del acta de liquidación convenida el 29 de diciembre de 2003, debe contabilizarse desde el día siguiente a la suscripción de esta última. Entenderlo de otra manera equivaldría a ir en contra de la voluntad consignada por las partes en la citada acta, bajo la cual se dio el cierre del negocio solo quedando pendiente los aspectos ya referidos. […] En línea con lo expuesto, el plazo de dos (2) años estatuido para demandar, de conformidad con el numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 199827, se debe contabilizar a partir de la firma del Acta 56, momento en que las partes liquidaron el contrato, salvo por los saldos relativos a la retención de garantía a favor del contratista, asunto que no es objeto de reclamo por la parte demandante en el presente asunto. […] Por ende, como el acta de liquidación bilateral 56 se suscribió el 29 de diciembre de 2003, amén de que en ella no se consignaron salvedades, el plazo ejercer el derecho de acción corrió del 30 de diciembre de ese año al 30 de diciembre de 2005, extendiéndose esta última fecha al primer día hábil siguiente, esto es, al 11 de enero de 2006, dado que feneció durante la época de vacancia judicial; sin embargo, la demanda que dio origen al presente litigio fue presentada el 24 de julio de 2007, es decir, se instauró de forma extemporánea. Por consiguiente y ante la advertencia de que la demanda fue presentada fuera del tiempo previsto en la ley para tal fin, en virtud del examen del contenido de las actas 56 de 2003 y 61 de 2005, dada la naturaleza normativa que estos convenios denotan, en los términos ya desarrollados, la Sala confirmará el fallo apelado, y así lo consignará en la parte resolutiva de esta sentencia.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44
CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EXTINCIÓN DE ACCIONES / ORDEN PÚBLICO / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO PERENTORIO / PLAZO PRECLUSIVO / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
Problema jurídico:
¿El término de caducidad es perentorio y preclusivo, pues corre sin prórrogas y sin interrupciones, y sólo se suspende con la presentación de solicitud de conciliación extrajudicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
La caducidad es la figura por cuya virtud se sancionan los eventos en que determinadas acciones judiciales no son promovidas en los plazos específicos fijados por la ley; de manera que una vez ha transcurrido el límite temporal dentro del cual es posible ejercer el derecho de acción, la caducidad se revela como medio extintivo del mismo. Este fenómeno jurídico, es de orden público y se caracteriza por ser indisponible e irrenunciable, es decir, cuando el juez encuentre probados los supuestos fácticos que conducen a su configuración, debe declararla de oficio y sin considerar la voluntad, aquiescencia o pedido de las partes, ni la etapa o instancia en que avanza el proceso. Además, por su naturaleza objetiva (dado que opera por el solo transcurso del tiempo) se explica que su término sea perentorio y preclusivo, pues corre sin prórrogas y sin interrupciones, y sólo se suspende con la presentación de solicitud de conciliación extrajudicial, de conformidad con lo prescrito en la Ley 640 de 2001.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las generalidades y características de la caducidad de la acción, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de agosto de 2006, rad. 15323, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 640 DE 2001
CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PERENTORIO / PLAZO PRECLUSIVO / SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR MUTUO ACUERDO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Las partes pueden liquidar el contrato de común acuerdo, o la administración hacerlo de manera unilateral, hasta el vencimiento del término de caducidad de la respectiva acción contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
Aunque en su momento la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado manifestó que los plazos establecidos en la legislación para la liquidación unilateral eran de carácter perentorio y preclusivo, de modo que, una vez transcurridos éstos, iniciaba la contabilización del plazo para demandar, sin lugar a su alteración, lo cierto es que un amplio criterio de la Sección Tercera de esta Colegiatura aseguraba –antes de la Ley 1150 de 2007-, que las partes podían liquidar el contrato de común acuerdo, o la administración hacerlo de manera unilateral, hasta el vencimiento del término de caducidad de la respectiva acción contractual, el cual es de dos (2) años contados a partir del vencimiento del término indicativo de seis (6) meses para realizar la liquidación del contrato, escenario bajo el cual, de haberse liquidado el contrato entre ese lapso, la acción caducaría dos (2) años después de la realización del respectivo finiquito negocial. Esta postura fue acogida por la Sección Tercera del Consejo de Estado en auto de unificación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el plazo para liquidar unilateralmente el contrato estatal, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 6 de agosto de 2003, rad. 1453, C. P. Augusto Trejos Jaramillo. Sobre los plazos para la liquidación del contrato de común acuerdo, y de manera unilateral por la administración, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de julio de 2000, rad. 12513, C. P. María Elena Giraldo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de unificación del 1 de agosto de 2019, rad. 62009, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007
CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / CONTRATO / IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO / PARTES DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO / ALCANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRECIO DEL CONTRATO / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO / BALANCE / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES / PRINCIPIOS DEL CONTRATO / BUENA FE CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿La liquidación debe incluir no solo las generalidades del contrato, sino de manera especial, el balance técnico, económico, financiero, administrativo y jurídico del contrato, y los ajustes, revisiones, actualizaciones o reconocimientos a que haya lugar, para poder llegar al cierre definitivo del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
La liquidación consiste en un instrumento por medio del cual se realiza la comprobación definitiva de las cuentas derivadas de la ejecución del negocio jurídico, con el propósito de finalizar dicha relación. En tal ejercicio se admite la inclusión de los acuerdos, conciliaciones y transacciones necesarias para poner fin a las divergencias presentadas y declarar el paz y salvo respecto de las obligaciones adquiridas en virtud de la ejecución contractual. De este modo, la liquidación debe incluir no solo las generalidades del contrato -su identificación, partes, objeto y alcance, así como el precio, plazo, suspensiones y prórrogas- sino de manera especial, el balance técnico, económico, financiero, administrativo y jurídico del contrato, mediante el análisis de lo acontecido durante el curso de su ejecución (previa constatación del porcentaje de cumplimiento de las obligaciones, actas, facturas o cuentas y sumas pendientes de pago, la amortización del anticipo, las multas o sanciones impuestas al contratista, la vigencia de las garantías y su extensión) y los ajustes, revisiones, actualizaciones o reconocimientos a que haya lugar, todo ello en aras de mantener la equivalencia de las prestaciones pactadas, según el mandato del artículo 27 de la Ley 80 de 1993, y poder llegar al cierre definitivo del contrato. […] Por razón de quienes intervengan en la liquidación del contrato estatal, este acto puede ser bilateral, unilateral o judicial. La primera, que atañe al caso concreto, proviene del acuerdo de voluntades, por lo que está contenida en un negocio jurídico derivado un pacto donde las partes hacen un balance de cuentas definitivo de la ejecución del contrato y, en consecuencia, de él se predican los efectos propios de los principios de normatividad de los contratos (artículo 1602 del Código Civil) y de buena fe contractual (artículo 1603 del Código Civil).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los efectos de la liquidación del contrato estatal, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 28 de junio de 2016, rad. 2253, C. P. Álvaro Namén Vargas. Sobre las formas de liquidación del contrato estatal según la voluntad de las partes, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, rad. 15239, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE MALA FE / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas cuando no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes?
Respuesta al problema jurídico: No
En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55